ELLA, LA DEL SUBORDINADO VIOLADOR: TOHÁ LE DICE A QUIROZ QUE "NO SABE LO QUE ES LA INTELIGENCIA"
Subtítulo: Carolina Tohá, exministra del Interior del gobierno de Boric, salió a criticar al ministro Quiroz por su postura sobre el alzamiento del secreto bancario, afirmando que "no sabe lo que es la inteligencia." Es la misma Tohá que encabezó el ministerio donde Héctor Monsalve —su subsecretario, su subordinado directo— abusó sexualmente de una funcionaria. Que tuvo a Monsalve en su gabinete durante meses mientras el caso se gestaba. Y que administró el silencio institucional que cubrió al "violador de La Moneda" hasta que la información no pudo contenerse más. Que Tohá critique a Quiroz sobre inteligencia tiene una ironía que merece ser nombrada.
Carolina Tohá tiene razón en lo que dice sobre el secreto bancario y la inteligencia económica. Tiene razón técnica, tiene razón de política pública y tiene razón comparativa: efectivamente, en los países de la OCDE, con la única excepción de Australia, el alzamiento del secreto bancario para operaciones de inteligencia financiera no pasa por autorización judicial. Esa autorización judicial que el gobierno de Kast —presionado por la derechita cobarde de RN— aceptó incorporar como condición es, en los términos en que Tohá lo describe, una traba que reduce la eficacia del instrumento para combatir el crimen organizado.
Todo eso es correcto. Y VDI Global lo dice sin ambigüedad.
Pero hay una dimensión del caso Tohá que la nota de La Tercera no menciona y que cualquier análisis honesto de esta situación tiene la obligación de incluir. Tohá fue ministra del Interior del gobierno de Boric desde el primer día hasta el último. Durante esos cuatro años, su subsecretario del Interior fue Héctor Monsalve. Ese hombre —su subordinado directo, el segundo de su propio ministerio— abusó sexualmente de una funcionaria del Estado.
Eso ocurrió bajo la conducción de Tohá. En su ministerio. Con su subordinado. Y el gobierno de Boric, del que ella era parte central, gestionó el caso con los silencios que VDI Global ha documentado. Monsalve fue el "violador de La Moneda." Tohá era la ministra del palacio.
LO QUE TOHÁ DICE Y POR QUÉ TIENE RAZÓN TÉCNICA
Antes de la parte incómoda, hay que darle a Tohá lo que le corresponde. Su análisis sobre el secreto bancario y la inteligencia económica es sustancialmente correcto.
El martes en el Senado se produjo un inusual tercer empate en la votación sobre la norma que habilita el alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. La resistencia vino de los comités que son fuerza de gobierno. Es decir, la derechita cobarde —en el Senado— bloqueó una herramienta que el propio gobierno de Kast necesita para perseguir el lavado de activos del crimen organizado.
Quiroz, después del empate, mostró apertura a buscar alternativas que mantuvieran la potestad judicial. Tohá respondió con precisión: "No entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal."
Es la distinción más importante del debate y es la que los senadores de la coalición de gobierno que bloquearon la norma tampoco comprenden —o fingen no comprender. La inteligencia financiera no es una investigación penal. No busca condenar a nadie. Busca detectar patrones, identificar redes, comprender cómo funciona el crimen organizado para poder anticiparlo y golpearlo en su cadena de financiamiento.
Para eso la UAF no necesita prueba de delito ni orden judicial. Necesita acceso a información que le permita construir el mapa de cómo se mueve el dinero. Y ese acceso, si requiere pasar por un juez cada vez, se vuelve lento, reactivo y fácilmente eludible: el crimen organizado tiene más velocidad para mover activos que el sistema judicial para autorizar la consulta de cuentas.
La Operación Tokio lo demostró. El Tren de Aragua usó seis bancos, 100 cuentas distintas y criptomonedas para lavar 84 millones de dólares durante cuatro años. Un sistema de inteligencia financiera sin trabas judiciales habría detectado ese patrón antes. Un sistema que requiere autorización judicial para cada consulta difícilmente lo habría detectado a tiempo.
Tohá tiene razón. Y lo dice con la autoridad de quien pasó cuatro años en el ministerio más directamente vinculado a la seguridad interior del Estado.
EL PROBLEMA: QUIÉN LO DICE Y DESDE QUÉ POSICIÓN
Que Tohá tenga razón técnica no borra el problema político que su aparición en el debate genera. Y ese problema tiene nombre: Héctor Monsalve.
Monsalve fue subsecretario del Interior bajo Tohá desde los primeros días del gobierno de Boric. Era su segundo. Su hombre de confianza en el ministerio. El ejecutor de las políticas de seguridad interior que Tohá diseñaba como ministra. Un funcionario que dependía directamente de ella en la estructura del ministerio.
Ese hombre abusó sexualmente de una funcionaria del Estado. El caso fue denominado en la esfera pública el caso del "violador de La Moneda." Es el caso que VDI Global ha documentado en informes previos como uno de los episodios más graves de la gestión del gobierno de Boric: no solo por el delito en sí —que es de una gravedad que no requiere adjetivos adicionales— sino por la gestión institucional del conocimiento de ese delito durante meses, antes de que la información saliera al dominio público.
Tohá no cometió el delito. Eso hay que decirlo con claridad. Pero Tohá era la ministra. El responsable de la seguridad de las personas que trabajaban en el ministerio era su gobierno. Y el manejo del caso —los silencios, los tiempos, las decisiones sobre cuándo y cómo comunicar— fue parte de la gestión del ministerio que ella encabezaba.
"CHILE ES UN PAÍS DONDE NO HAY INTELIGENCIA DE VERDAD"
La frase más irónica de toda la intervención de Tohá no es la que apunta directamente a Quiroz. Es esta: "Chile es un país donde no hay inteligencia de verdad."
Ese diagnóstico es correcto en términos de política pública. Chile tiene déficits históricos en materia de inteligencia del Estado que la ley que creó el Sistema de Inteligencia del Estado en el último período buscó corregir.
Pero la ironía es perfecta en su inadvertencia: Tohá critica la falta de inteligencia institucional en Chile desde la posición de quien encabezó el ministerio donde su propio subsecretario fue un agresor sexual que operó durante meses sin que los mecanismos de supervisión interna lo detectaran o actuaran. Si en el propio ministerio del Interior —el ministerio de la persona que ahora diagnostica la falta de inteligencia del Estado— el segundo de a bordo podía abusar de una funcionaria sin consecuencias inmediatas, algo dice sobre la calidad de la inteligencia institucional que ese ministerio tenía hacia adentro.
LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL Y EL ARGUMENTO DE AUSTRALIA
El argumento técnico más sólido de Tohá es el comparativo. En los países de la OCDE, con la única excepción de Australia, el alzamiento del secreto bancario para operaciones de la unidad de inteligencia financiera no requiere autorización judicial.
Es un dato verificable que el gobierno de Kast debería tomar en serio. Quiroz, al insistir en que la autorización judicial es necesaria, está adoptando el estándar más restrictivo disponible entre los países desarrollados. En un contexto donde el crimen organizado opera con velocidad y sofisticación crecientes —como demostró la Operación Tokio— ese estándar más restrictivo tiene un costo operacional real.
La pregunta que el debate sobre el secreto bancario debe responder no es si se debe proteger la privacidad financiera de los ciudadanos —por supuesto que sí— sino qué tipo de protección es proporcional al riesgo que representa el crimen organizado. Y la evidencia comparativa que Tohá cita sugiere que la autorización judicial para cada operación de inteligencia financiera es desproporcionada en el sentido equivocado: protege demasiado al criminal y demasiado poco al Estado.
EL SECRETO BANCARIO Y LA DERECHITA COBARDE: EL PROBLEMA REAL
El debate sobre el secreto bancario tiene una capa que Tohá no menciona pero que es central para entender por qué el tercer empate en el Senado fue posible: la derechita cobarde de RN volvió a operar.
La norma que habilita el alzamiento del secreto bancario sin autorización judicial fue bloqueada por senadores de la coalición de gobierno. No por la oposición. Por los propios. Las ausencias estratégicas de los senadores Órdenes y Walker —que VDI Global documentó en un análisis previo— fueron el mecanismo. No votaron en contra. Simplemente no aparecieron.
Ese patrón —la derechita cobarde operando a través de ausencias, libertades de acción y bloqueos silenciosos— es el verdadero obstáculo para la agenda de seguridad del gobierno de Kast en el Senado. Tohá lo señala como un problema de Quiroz. En realidad es un problema de coalición.
Quiroz puede tener la posición correcta sobre el secreto bancario —que debería alzarse sin autorización judicial, como ocurre en casi todos los países de la OCDE— y aun así no tener los votos para aprobarlo porque sus propios aliados senatoriales lo bloquean. El problema no es que Quiroz no sepa lo que es la inteligencia. El problema es que la derechita cobarde sabe exactamente lo que es y prefiere no habilitarla.
LO QUE EL GOBIERNO DEBE HACER
El gobierno de Kast tiene que resolver el problema del secreto bancario con los instrumentos que tiene disponibles. Si la norma no puede avanzar sin la autorización judicial que RN exige, hay dos opciones.
La primera es negociar un mecanismo de autorización judicial que sea lo más expedito posible —un procedimiento de urgencia que resuelva en horas, no en días o semanas— de modo que la traba procesal sea mínima. Eso no es lo óptimo, pero es mejor que no tener el instrumento.
La segunda es recomponer la posición de los senadores de la coalición que bloquearon la norma. Eso requiere que el gobierno haga explícito el costo político de la ausencia y del bloqueo: que los ciudadanos sepan quiénes son los senadores que impidieron que el Estado tuviera las herramientas necesarias para combatir el lavado de activos del Tren de Aragua.
Tohá tiene razón sobre el fondo. El gobierno tiene la obligación de actuar sobre el problema. Y la derechita cobarde tiene la responsabilidad que ninguno de sus integrantes quiere asumir públicamente.
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