Este lunes, un grupo de encapuchados rompió las puertas de los baños del Instituto Nacional, salió al exterior del establecimiento, lanzó bombas molotov contra Carabineros e instaló barricadas incendiarias que obligaron a cerrar la Alameda hacia el oriente. Las clases de la mañana quedaron suspendidas. Si esta secuencia de hechos suena repetida, es porque lo es: es, al menos, el cuarto episodio de este tipo en el mismo establecimiento en menos de diez meses, y ha ocurrido bajo dos gobiernos distintos, con protocolos casi idénticos de respuesta y el mismo resultado de fondo: nadie ha resuelto el problema.

Cuatro episodios, el mismo guion

El 3 de octubre de 2025, más de 20 encapuchados lanzaron elementos incendiarios hacia el interior y el exterior del liceo, generando focos de fuego en el patio central y daños significativos en las instalaciones. Un alumno resultó herido y debió ser trasladado a un centro asistencial; varios funcionarios se vieron afectados y algunas estudiantes sufrieron desmayos por el impacto de los hechos. Ese episodio ocurrió bajo el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric.

El 23 de marzo de 2026 —doce días después de que José Antonio Kast asumiera la Presidencia—, un grupo de encapuchados se enfrentó a Carabineros en calle Arturo Prat durante el primer recreo, y luego ingresó al establecimiento para romper vidrios y percutar extintores. Las clases de la mañana fueron suspendidas y los estudiantes evacuados por los accesos de San Diego y Alonso Ovalle. Según la información policial disponible en ese momento, no hubo detenidos.

El 14 de abril de 2026, apenas tres semanas después, los encapuchados volvieron a actuar: esta vez con 14 bombas molotov y dos elementos de pirotecnia. El Servicio Local de Educación emitió un comunicado condenando "todo acto de violencia que afecte la convivencia" y anunciando acciones legales contra los responsables. Las clases de la mañana, otra vez, fueron suspendidas.

Y este 6 de julio, en el primer día de clases tras las vacaciones de invierno, el ciclo se repitió una vez más: rotura de puertas, salida al exterior, bombas molotov contra Carabineros, barricadas en la Alameda, suspensión de la jornada matutina.

Cuatro episodios. Dos gobiernos. Un mismo patrón de violencia, y una misma secuencia de respuesta institucional que, hasta ahora, no ha logrado interrumpir el ciclo.

El protocolo que se repite, y lo que nunca llega después

Lo que resulta más revelador de este patrón no es la violencia en sí —dolorosamente conocida en Chile desde hace más de una década en los llamados "liceos emblemáticos"—, sino la uniformidad casi mecánica de la respuesta institucional, y la ausencia igualmente uniforme de consecuencias verificables.

En los cuatro episodios documentados, la secuencia es prácticamente idéntica: comunicado oficial del establecimiento o del Servicio Local, aplicación de "protocolo correspondiente", suspensión de la jornada de la mañana, evacuación de estudiantes por accesos específicos, y —en al menos un caso— un anuncio de que se "presentarán acciones legales para los sujetos que resulten responsables". Lo que no aparece en ninguno de los comunicados públicos disponibles es un seguimiento posterior: ¿cuántas de esas "acciones legales" anunciadas en abril se concretaron? ¿Hubo identificación de los responsables del episodio de octubre de 2025, cuando un estudiante terminó hospitalizado? La información pública, hasta donde se puede verificar, no responde esas preguntas, y esa ausencia de trazabilidad es en sí misma parte del problema.

Un protocolo de emergencia que se activa correctamente —suspender clases, evacuar, resguardar a la comunidad— es necesario y probablemente esté salvando vidas cada vez que se aplica. Pero un protocolo de emergencia no es una política de prevención. Cuatro repeticiones del mismo patrón en menos de un año indican que la respuesta ha quedado atrapada en la gestión de la crisis puntual, sin que exista, hasta donde la información pública permite verificar, una intervención estructural que aborde por qué un grupo de encapuchados puede introducir y usar de forma reiterada bombas molotov y elementos incendiarios dentro de uno de los establecimientos educacionales más grandes y vigilados del país.

Un problema que no distingue de gobierno

Uno de los elementos más incómodos de este patrón, y quizás el más importante desde el punto de vista del análisis político, es que no se puede atribuir a un solo color político. El episodio de octubre de 2025 ocurrió en el tramo final del gobierno de Boric. Los tres episodios siguientes —marzo, abril y julio de 2026— ocurrieron ya bajo la administración de Kast, un gobierno que llegó al poder con la seguridad como uno de los ejes centrales de su promesa de campaña.

Esa continuidad a través del cambio de gobierno es, en sí misma, la evidencia más contundente de que se trata de un problema estructural y no de la negligencia particular de una administración. Sería fácil, y cómodo, para cualquier sector político usar este patrón para atacar al gobierno de turno como si el problema hubiese nacido con él. No es así: el Instituto Nacional viene arrastrando episodios de violencia interna —tomas, enfrentamientos con Fuerzas Especiales, daños a la infraestructura— desde hace más de una década, bajo administraciones de todos los signos políticos, municipales primero y luego bajo los Servicios Locales de Educación creados por la reforma de desmunicipalización.

Eso no exime de responsabilidad a nadie. Al contrario: si el problema atraviesa gobiernos, la pregunta que corresponde hacerle al actual —como se le habría hecho a cualquier otro— es por qué, a diez meses del primer episodio de esta serie y a casi cuatro meses de asumir con seguridad como bandera, la administración Kast no ha logrado revertir un patrón que se repite en el mismo establecimiento con la misma mecánica.

Lo que falta: una respuesta que vaya más allá del comunicado

El Instituto Nacional es un caso extremo, pero no aislado: sirve como termómetro de un problema más amplio de seguridad en establecimientos educacionales emblemáticos, donde conviven una matrícula masiva, un historial de movilización estudiantil politizada, y —según muestra la reiteración de estos episodios— una capacidad de control perimetral e interno que sigue siendo insuficiente pese a los protocolos existentes.

Una respuesta estructural exigiría, como mínimo, información pública sobre los resultados de las investigaciones de cada episodio anterior —cuántos identificados, cuántas formalizaciones, cuántas condenas—, una explicación clara de por qué elementos incendiarios como bombas molotov pueden ingresar reiteradamente a un recinto que ya ha sufrido cuatro episodios de este tipo en menos de un año, y una coordinación efectiva y verificable entre el establecimiento, el Servicio Local de Educación, Carabineros, la PDI y el Ministerio de Educación que vaya más allá del comunicado posterior a cada hecho.

Mientras esa respuesta no exista o no se transparente, cada nuevo episodio —y todo indica, a la luz del patrón de los últimos diez meses, que habrá uno— será recibido con el mismo comunicado, la misma suspensión de clases, y la misma pregunta sin responder: por qué, otra vez, nadie lo evitó.