El director de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó este lunes que 52 de los 64 niños haitianos que permanecían sin ubicación confirmada ya fueron encontrados, y que todos están escolarizados, ingresados al sistema de salud y con un adulto con quien mantienen "una vinculación directa". Defendió el procedimiento institucional con un detalle minucioso: actas de entrega firmadas con pasaporte y dirección del adulto receptor, verificación cruzada de identidad, y derivación a Mejor Niñez y a los tribunales de familia cuando no existe vínculo acreditado. La pregunta que esa misma descripción deja abierta es inevitable: si el procedimiento siempre funcionó con ese nivel de control, ¿por qué hizo falta una fuerza de tarea presidencial para "seguir ubicando" a decenas de niños cuyo paradero, según la propia Contraloría, no podía establecerse?

Lo que Cerna confirmó: 52 de 64, todos con vínculo y escolarizados

El director de la Policía de Investigaciones entregó este lunes, tras el comité policial habitual, el balance más actualizado disponible sobre la búsqueda de menores haitianos: de los 64 niños que la fuerza de tarea liderada por la ministra Wulf tenía como objetivo de localización, 52 ya fueron ubicados. "Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Están con padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan", declaró Cerna.

Sobre los 12 niños que aún no aparecen en este recuento, fue escueto pero directo: "Seguimos ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están." No ofreció plazo ni detalle adicional sobre esos casos pendientes, que son, en definitiva, los que concentran ahora la mayor preocupación de cualquier seguimiento riguroso de este proceso.

La defensa institucional más detallada hasta ahora

Lo más relevante de la intervención de Cerna no es solo el balance numérico, sino la descripción exhaustiva que ofreció del procedimiento que, según su versión, la PDI aplica de manera sistemática a cada ingreso de un menor bajo la figura de reunificación familiar. Es la explicación más completa que esta cobertura ha podido reconstruir sobre cómo opera, en teoría, el control fronterizo en estos casos.

Según Cerna, el proceso comienza con la revisión de "los antecedentes que traen sus carpetas, que son los mismos que ellos ingresaron, los adultos que piden la reunificación en la página del Servicio de Migraciones." A partir de esa documentación, "se verifica que es él, el adulto, y se hace un acta de entrega." En esa acta, explicó, "firma el adulto con sus datos, con su pasaporte, con su dirección, dónde va a estar, y a la vez firma el oficial a cargo o el agente policial a cargo de esa actuación para que quede constancia de ello. Y así se hizo en estos casos."

La frase que Cerna usó para descartar cualquier escenario de descontrol en el aeropuerto fue categórica: "Siempre el menor se ha entregado a un adulto", agregando que "no es que el menor entre, chequee, y se pasee por el aeropuerto como que es invisible. No, es tremendamente visible." Y detalló el protocolo de contingencia para los casos en que esa vinculación no puede acreditarse: "Si no hubiese ninguna vinculación se comunica con Mejor Niñez y con el juzgado de familia y con Migraciones para que se resuelva el caso de ese menor. Y una vez resuelto, se le entrega a quien corresponda. Siempre hay un proceso."

La pregunta que la propia descripción de Cerna deja sin responder

Aquí es donde corresponde aplicar el mismo rigor analítico que esta cobertura ha sostenido durante todo el seguimiento de este caso. La descripción que entrega Cerna es la de un sistema de control que, en el papel, parece sólido: verificación documental, acta firmada con identificación y dirección, doble firma del adulto y del agente policial, y derivación judicial cuando no hay vínculo acreditado.

Si ese procedimiento se aplicó "siempre", como sostiene Cerna, entonces, ¿por qué la propia Contraloría, en su pre informe de 71 páginas ya documentado por esta cobertura, concluyó que "los hechos descritos implican la vulneración por parte de la PDI del principio de control"? ¿Por qué hizo falta que el Presidente Kast convocara a los tres poderes del Estado y designara una fuerza de tarea presidencial específicamente para "ubicar" a niños que, según la versión de Cerna, nunca debieron estar perdidos porque cada uno fue entregado bajo acta firmada con dirección registrada?

La respuesta más plausible, y la que esta cobertura ya documentó a través de la propia explicación de la académica Francisca Vargas, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, es que el problema no estaba necesariamente en el momento de la entrega en el aeropuerto, sino en lo que ocurría después: si la dirección que el adulto declaró en el acta era real, si esa dirección quedaba efectivamente registrada y actualizada en los sistemas de Migraciones, y si alguna institución hacía seguimiento posterior para verificar que el menor seguía efectivamente en esa dirección con el tiempo. Cerna describe con detalle el momento de la entrega. No explica, en esta intervención, por qué hizo falta movilizar un operativo nacional de búsqueda casa por casa, con 184 direcciones remitidas a las Oficinas Locales de la Niñez de cada comuna, si esas direcciones ya estaban, según su propio relato, registradas y firmadas desde el inicio.

Lo positivo que esta actualización confirma

Dicho lo anterior, es necesario reconocer con la misma honestidad analítica el aspecto genuinamente positivo de esta actualización: 52 de 64 niños ya están ubicados, escolarizados, con acceso al sistema de salud, y con un adulto con quien mantienen vínculo directo. Es una cifra que, sumada a los hallazgos anteriores en Estación Central y Graneros ya documentados por esta cobertura, confirma que una parte sustancial de los menores que generaron alarma pública corresponden a casos de registro desactualizado o de seguimiento institucional insuficiente, no necesariamente a situaciones de explotación o desaparición efectiva.

Eso no resuelve, sin embargo, la pregunta de fondo sobre los 12 niños que Cerna reconoció que la PDI "sigue ubicando." Mientras esos casos permanezcan abiertos, la pregunta más urgente de todo este proceso —si efectivamente todos los menores ingresados bajo reunificación familiar pueden ser ubicados con certeza— sigue, en sentido estricto, sin respuesta definitiva.

Lo que falta: la explicación sobre el origen, no solo sobre el desenlace

La intervención de Cerna responde, con un detalle considerable, a la pregunta de qué hace la PDI cuando un menor ingresa al país. No responde la pregunta que esta cobertura ha sostenido como la más relevante desde el inicio del caso: por qué, si el procedimiento siempre fue tan riguroso como él describe, la Contraloría detectó que 12 adultos se repitieron como responsables de 486 niños distintos en múltiples viajes, incluyendo un caso de 34 menores bajo la responsabilidad de una sola persona en un único vuelo, sin que ese patrón evidente activara ninguna alerta cruzada entre instituciones durante años.

Cerna defiende, con razón, que cada entrega individual cumplió el protocolo: documentación revisada, acta firmada, vínculo declarado. Lo que su explicación no aborda es el patrón agregado que, según la propia Contraloría, debió encender alarmas que nunca se encendieron a tiempo. Son dos preguntas distintas, y la PDI, hasta ahora, solo ha respondido la primera.