Subtítulo: La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime cuatro recursos de protección interpuestos por deudores del CAE, ratificando la plena legalidad de los embargos de la TGR. El argumento central: una vez que el deudor incumple y el Estado paga la garantía al banco, la TGR está mandatada legalmente a perseguir la recuperación por la vía tributaria. Sin embargo, la Tercera Sala del mismo tribunal acogió un recurso en fallo dividido, abriendo una grieta jurídica que el gobierno deberá cerrar.

Cuando el debate político es intenso, los tribunales tienen la última palabra sobre la legalidad. Y la Corte de Apelaciones de Valparaíso habló el jueves 11 de junio de 2026. Habló con la voz mayoritaria de la Quinta Sala —que rechazó cuatro recursos de protección de forma unánime— y con la voz discordante de la Tercera Sala, que acogió uno en fallo dividido.

El resultado neto es favorable a la TGR y al gobierno de Kast: la posición mayoritaria del tribunal de alzada valida los embargos. Pero el fallo discordante introduce una variable jurídica que el gobierno deberá administrar con cuidado en las semanas siguientes.

VDI Global dice lo que la directiva editorial establece sin ambigüedades: es lo que corresponde. Los deudores del CAE deben pagar. No porque el sistema sea perfecto. No porque todos tengan la misma capacidad de hacerlo. Sino porque tomaron un crédito que prometieron devolver, porque el Estado pagó sus garantías cuando no lo hicieron y porque los recursos que no se cobran son recursos que no llegan a los niños que más los necesitan. Los fallos mayoritarios de la Corte de Valparaíso confirman que el sistema legal chileno comparte esa posición.

EL FALLO MAYORITARIO: LA LÓGICA QUE LO SUSTENTA

El argumento que los recurrentes habían presentado ante la Quinta Sala era técnicamente sofisticado. Decían que el CAE tiene naturaleza civil —es un contrato de mutuo donde el Estado actúa como garante, no como acreedor originario— y que por lo tanto la TGR no puede usar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario para cobrar la deuda. Ese procedimiento, argumentaban, está reservado para obligaciones tributarias.

La Quinta Sala rechazó ese argumento con precisión: una vez que el deudor incumple y la garantía estatal se hace efectiva —es decir, una vez que el Estado paga al banco lo que el deudor no pagó— la TGR está "mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario."

Es la distinción que el debate político había intuido pero que el fallo articuló con rigor jurídico: el origen del crédito es civil, pero una vez que el Estado paga la garantía y se convierte en acreedor, la relación jurídica cambia. El Estado no está cobrando un crédito bancario privado. Está recuperando fondos públicos que desembolsó para cubrir la garantía que el deudor activó con su incumplimiento. Y para recuperar fondos públicos, la TGR tiene las atribuciones que el Código Tributario le confiere.

Es un argumento sólido que el tesorero general Hernán Nobizelli celebró como lo que es: la ratificación judicial de que lo que la TGR está haciendo es legal. No arbitrario. No extorsivo —como lo llamó la senadora Sánchez—. Legal. El sistema judicial lo confirmó.

LOS NÚMEROS QUE RESPALDAN LA COBRANZA

El contexto cuantitativo que la TGR ofrece en su comunicado del jueves es el más completo que el organismo ha publicado desde el inicio de la estrategia de cobro. Y merece ser registrado con precisión porque desmonta varios de los argumentos que la narrativa de las "víctimas" ha instalado en el debate público.

Más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago del CAE. La deuda acumulada que el Fisco debe a su favor por haber pagado las garantías asciende a más de $4 billones. Esos son los números del problema.

En lo que va del año, más de 32 mil personas suscribieron convenios de pago que consideran su situación económica acreditada. Hay alternativas. Hay convenios. Hay condiciones especiales para menores ingresos. No es que la TGR embargue sin ofrecer alternativas. Es que ofrece alternativas y solo cuando esas alternativas no son aprovechadas —y cuando el deudor tiene capacidad de pago— ejecuta el embargo.

Los embargos ejecutados a la fecha son más de 1.500. Eso representa el 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios. Es decir, el 95% de quienes regularizaron su situación lo hicieron sin embargo. El embargo no es la regla. Es la herramienta de última instancia para quien puede pagar, se le ofrece alternativas, y no responde.

Y el dato más importante: la mayor parte de los embargados tienen ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales según sus propias declaraciones de impuestos del Año Tributario 2025. Son personas con capacidad de pago. Son personas que eligieron no pagar. El sistema les cobra. Y la Corte de Valparaíso acaba de decir que tiene derecho a hacerlo.

EL FALLO DISCORDANTE: LO QUE LA TERCERA SALA ARGUMENTÓ

La Tercera Sala del mismo tribunal de alzada llegó a una conclusión diferente en fallo dividido, y ese fallo merece ser analizado con honestidad aunque VDI Global no comparta su conclusión.

La sala concluyó que el accionar de la TGR lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley al "obligar a la parte recurrente a someterse a un procedimiento más restrictivo que el juicio ejecutivo previsto para el cobro de créditos ordinarios."

Y añadió un argumento de política pública que tiene sustancia filosófica aunque no convence en términos jurídicos: el CAE "reconoce una naturaleza especialísima, sui generis, dado que responde a la necesidad de velar por el acceso a la educación de todas las personas que así lo deseen y que no pueden hacerlo por los motivos descritos." La sala argumenta que el origen educacional del crédito le da una naturaleza especial que impide equipararlo a "otras acreencias susceptibles de ejecución mediante la normativa tributaria."

Es un argumento que apela a los valores —el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades— para derivar una conclusión jurídica —el procedimiento tributario no aplica— que no se sigue necesariamente de esos valores.

El acceso a la educación es un derecho que el Estado garantizó otorgando el crédito. Ese derecho fue ejercido: la persona estudió. La contraprestación acordada —devolver el crédito— no fue cumplida. El argumento de la "naturaleza especialísima" del crédito puede justificar condiciones especiales de cobro —convenios, plazos, proporcionalidad a los ingresos— pero no puede justificar que el crédito no se cobre en absoluto.

Si la naturaleza educacional del CAE exime al deudor del procedimiento tributario, eso significa que el crédito educativo tiene un estatus superior al del crédito ordinario en términos de recuperación. Eso no protege el derecho a la educación. Crea un incentivo perverso para no devolver los fondos educativos del Estado, lo que eventualmente hace más difícil financiar la educación de quienes vendrán después.

EL PROBLEMA QUE EL FALLO DISCORDANTE CREA

Que dos salas del mismo tribunal de alzada hayan llegado a conclusiones opuestas en el mismo día sobre la misma materia es jurídicamente problemático. Crea incertidumbre sobre cuál es el estándar aplicable y abre la puerta para que los deudores del CAE presenten recursos de protección con razonable expectativa de que alguna sala los acoja.

La TGR y el gobierno de Kast deberán resolver esa incertidumbre por la vía más directa disponible: llevar el fallo de la Tercera Sala a la Corte Suprema para que el máximo tribunal zanje definitivamente la cuestión jurídica. Si la Corte Suprema confirma la posición de la Quinta Sala —que es la mayoritaria y la más sólida jurídicamente— el debate se cierra. Si confirma la posición de la Tercera Sala, el gobierno deberá legislar para aclarar el marco legal.

En cualquier caso, la ambigüedad jurídica actual no puede mantenerse indefinidamente. La TGR necesita certeza para ejecutar su estrategia de cobro con uniformidad. Los deudores necesitan certeza sobre lo que les corresponde. Y el sistema judicial necesita coherencia para no generar la situación paradójica de que el resultado del recurso dependa de qué sala del mismo tribunal lo conoce.

LA SEMANA QUE TERMINÓ CON BORIC EN LA FEN Y LA CORTE VALIDANDO LOS EMBARGOS

El jueves 11 de junio tuvo una geometría política perfecta que VDI Global no puede ignorar. Mientras Boric aparecía relajado y sonriente en el lanzamiento del libro de Marcel en la FEN —el mismo día en que Tohá admitió que "hubo errores" en el manejo del CAE— la Corte de Apelaciones de Valparaíso validaba los embargos que la promesa de Boric hizo necesarios.

El expresidente que salió a X a preguntar "¿dónde están las prioridades?" y a ofrecer "solidaridad" a los morosos vio ese mismo día cómo el sistema judicial chileno confirmaba que sus herederos políticos —los deudores que no pagan— tienen la obligación legal de hacerlo.

Es la descripción más completa del estado del debate sobre el CAE en este viernes 12 de junio de 2026: el boricismo admite errores en actos privados, ataca la solución en actos públicos, y el sistema judicial valida que la solución es legal.

Los deudores deben pagar. Es lo que corresponde. Y la Corte de Valparaíso lo dijo.

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