ESCUELAS PROTEGIDAS ES LEY: EL GOBIERNO DE KAST CONVIERTE EN NORMA LO QUE BORIC NUNCA PUDO O NO QUISO HACER
El martes 2 de junio de 2026, el Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, lo celebró sin eufemismos: "La idea es que los colegios puedan implementar esto cuanto antes y poder disponer de las herramientas que les permitan hacer frente a hechos de violencia y delitos que hoy día les están impidiendo estar en un entorno seguro."
Una ley. Concreta. Aprobada. Despachada. En menos de tres meses de gobierno.
Eso es lo que distingue a este gobierno de lo que Chile vivió durante cuatro años de administración Boric: la diferencia entre hablar de los problemas y legislar soluciones reales para ellos.
El origen: la tragedia de Calama que no podía quedar sin respuesta
La ministra Arzola fue precisa en recordar el origen de esta iniciativa: "Es una demanda que surgió a raíz de la tragedia que ocurrió en Calama." No hay que olvidar ese punto de partida. Detrás de esta ley no hay un ejercicio ideológico ni una operación política: hay una comunidad escolar que fue víctima de violencia real y que le exigió al Estado herramientas para protegerse.
Que esa demanda haya tardado meses en convertirse en ley —y que haya necesitado un cambio de gobierno para lograrlo— dice algo sobre la prioridad que el gobierno anterior le asignaba a la seguridad en las escuelas. Boric gobernó cuatro años mientras la violencia en los establecimientos educacionales fue escalando. Sus aliados del Frente Amplio y el Partido Comunista se dedicaron a hablar de causas estructurales y contextos socioeconómicos. El gobierno de Kast habló de herramientas concretas y las convirtió en ley.
Lo que establece la Ley de Escuelas Protegidas
La ley establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Su contenido formaliza y potencia prácticas a las que los colegios ya estaban recurriendo por necesidad propia pero sin respaldo legal. Como señaló la ministra Arzola: "Este proyecto viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir, y por lo tanto necesitamos avanzar con ellas cuanto antes en su implementación."
Esa frase revela una verdad importante: en Chile, la violencia escolar llegó a tal nivel que los colegios ya estaban actuando por su cuenta, sin marco legal que los respaldara. La ley llega a ordenar y respaldar lo que la realidad ya imponía. No es solo una declaración de intenciones —es el reconocimiento institucional de un problema que existía y que el Estado finalmente aborda con instrumentos jurídicos.
En cuanto a la disposición que inhabilita al estudiante condenado para acceder a la gratuidad universitaria, la ministra Arzola la conectó directamente con el Registro de Vándalos anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública: "Hay que cambiar el foco y que los beneficios se puedan re-pensar para aquellos que cometen delitos o incivilidades, y esta ley ahora es un primer paso para avanzar hacia allá." La coherencia del proyecto de gobierno es visible: quienes dañan el bien común no pueden seguir beneficiándose de él.
Las reservas de constitucionalidad: la izquierda que no puede con la seguridad
Tres diputados presentaron reservas de constitucionalidad durante la votación, cuestionando específicamente la disposición sobre pérdida de gratuidad como "doble sanción." Es el recurso predecible de una izquierda que cuando no puede impedir que se legisle seguridad, recurre al argumento jurídico para intentar echar abajo en el Tribunal Constitucional lo que no pudo bloquear en el Congreso.
La ministra Arzola respondió con la calma que da la solidez jurídica: "Estamos tranquilos con lo que se ha discutido, con lo que se ha tramitado, y pensamos que la reserva de constitucionalidad es parte del proceso. Los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias, pero nosotros estamos tranquilos, hemos estudiado bien las disposiciones que contiene este proyecto."
Esa serenidad no es improvisación. El gobierno tenía claro desde el diseño de la iniciativa que enfrentaría impugnaciones. La solidez jurídica fue parte del trabajo previo. Y la confianza de la ministra —que no es arrogancia sino convicción fundada— es la de un equipo que hizo bien la tarea.
El contexto más amplio: seguridad como proyecto de civilización
La Ley de Escuelas Protegidas no existe en el vacío. Se inserta en un conjunto coherente de medidas que el gobierno de Kast está construyendo pieza a pieza: el Registro de Vándalos anunciado en la Cuenta Pública, el Plan de Infraestructura Penitenciaria, el Plan Frontera Segura, el despliegue en 50 barrios críticos. Todas apuntan a lo mismo: restablecer el principio de que las conductas tienen consecuencias reales, que el Estado existe para proteger a los ciudadanos que cumplen las normas, y que quienes atacan la convivencia no pueden seguir siendo tratados como si nada hubiera pasado.
En las escuelas chilenas, ese principio se había erosionado gravemente. Profesores agredidos sin consecuencias. Estudiantes que vandalizan y vuelven al aula al día siguiente. Establecimientos que no podían ni siquiera controlar el acceso a sus dependencias. La Ley de Escuelas Protegidas no resuelve todo eso de un plumazo — pero establece el marco legal para que los establecimientos tengan herramientas reales y para que las conductas violentas tengan costos concretos.
La posición de VDI Global
Escuelas Protegidas es ley. En menos de tres meses de gobierno. Aprobada por amplia mayoría. Con el respaldo técnico para enfrentar las impugnaciones constitucionales que ya se avecinan. Es una buena noticia para los padres y profesores que llevan años exigiendo que el Estado tome en serio la violencia en las aulas. Y es una señal más de que este gobierno no legisla para la galería: legisla para resolver los problemas que los chilenos viven todos los días.
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