Los jueces que presiden el juicio penal contra el primer ministro Benjamín Netanyahu confirmaron este lunes que su posición de 2023, según la cual existen dificultades para probar el cargo de soborno en el Caso 4000, permanece sin cambios tras la conclusión del testimonio del propio Netanyahu. La declaración no desestima la acusación, pero reabre la pregunta de si la fiscalía debería retirarla, justo cuando ambas partes discuten un calendario de audiencias cinco días a la semana que el abogado de Netanyahu, Amit Hadad, comparó con el único otro juicio que se celebró con esa frecuencia en la historia judicial israelí: el de Adolf Eichmann.

Lo que los jueces confirmaron, sin resolver

La jueza presidenta Rivka Friedman-Feldman fue precisa sobre el alcance de la declaración del panel: "Nuestra posición, tal como la expresamos en junio de 2023, permanece sin cambios" respecto a las dificultades para fundamentar el cargo de soborno. Pero esa declaración no constituye una resolución formal que desestime la acusación, ni el Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó a la fiscalía que la retirara.

Lo que cambia, sin embargo, es el contexto práctico de esa misma postura. Hace tres años, la fiscalía podía argumentar que el tribunal aún no había escuchado todos los detalles del caso y que surgirían más pruebas con el tiempo. Hoy, Netanyahu ya concluyó su testimonio completo, incluyendo el contrainterrogatorio de la fiscalía y el reinterrogatorio de su propia defensa, sin que ese proceso alterara la preocupación que el panel ya había expresado sobre la solidez de la acusación de soborno.

La comparación con Eichmann: "Esto es un atajo que, en realidad, es demasiado largo"

El elemento más llamativo de la audiencia fue la oposición frontal del abogado Amit Hadad al calendario de cinco días semanales de audiencias que el panel propone a partir de octubre. Hadad fue categórico: "Si el tribunal quiere acortar este juicio, la solución no puede ser silenciarnos. Esto es un atajo que, en realidad, es demasiado largo." Y entregó la comparación histórica que da título a este informe: "El único juicio que logramos encontrar que se celebró cinco días a la semana fue el de Eichmann."

Es una comparación de una carga simbólica considerable —invocar el juicio del responsable de la logística del Holocausto para describir el ritmo procesal que su defensa considera inadecuado para el caso de un primer ministro en funciones—, y que Hadad utilizó para argumentar que su equipo no tendría tiempo suficiente para preparar testigos, evaluar su relevancia o encontrar sustitutos cuando fuera necesario. Advirtió, además, que si se mantiene el cargo de soborno del Caso 4000, la defensa tendría que presentar "cientos de testigos": "No terminaremos para marzo de 2028" —la fecha en que está prevista la jubilación de la propia jueza Friedman-Feldman.

Netanyahu en primera persona: "Una distorsión masiva de la justicia"

El propio Netanyahu, que no estaba obligado a asistir a esta audiencia específica, decidió comparecer junto a Hadad para oponerse directamente a la medida. Su intervención fue de una intensidad retórica considerable: "Lo que está ocurriendo aquí es una distorsión masiva de la justicia", declaró, calificando el juicio completo de "un uso criminal del sistema de justicia en mi contra". En un cambio de idioma que el propio reportaje registra con precisión, respondió "Absolutamente" en inglés antes de continuar en hebreo: "Nunca hice nada de esto. Todo esto es absurdo." Cerró calificando, una vez más, todo el proceso como una "caza de brujas política."

La fiscal Yehudit Tirosh respondió después de que Netanyahu abandonara la sala: "Rechazamos cualquier acusación de persecución política. Actuamos de acuerdo con las pruebas que tenemos a nuestra disposición y nuestra posición profesional." Pese a esa defensa institucional, Tirosh coincidió con la defensa en un punto técnico relevante: el calendario de cinco días sería "extremadamente difícil" tanto para la fiscalía como para la defensa, y señaló que el actual esquema de cuatro días "nunca se había puesto a prueba por completo", ya que Netanyahu casi nunca compareció durante los cuatro días completos en una misma semana.

Las voces que piden retirar el cargo: desde dentro y desde fuera de la fiscalía

El reportaje documenta dos llamados específicos para que la fiscalía retire la acusación de soborno, provenientes de figuras de peso institucional considerable. El exvicefiscal general Raz Nizri, que estaba en el cargo cuando se decidió acusar a Netanyahu, declaró en una entrevista radial que se había opuesto al cargo de soborno desde el principio, y que tras la audiencia preliminar recomendó retirarlo y archivar también el Caso 2000. Sostuvo que la fiscalía había "perdido tiempo y perjudicado el interés público" al no aceptar antes la postura de los jueces.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar —la misma figura que esta cobertura ya documentó en su rol diplomático recibiendo al canciller de Sudán del Sur—, también pidió a la fiscalía que retire la acusación de soborno, llegando a calificar de "una vergüenza" la negativa continuada a hacerlo después de que los jueces reiteraran su posición.

Lo que retirar el cargo de soborno cambiaría, y lo que no

El reportaje es preciso en delimitar el alcance real de un eventual retiro del cargo de soborno: no pondría fin al Caso 4000 en su totalidad. Netanyahu seguiría enfrentando la acusación de fraude y abuso de confianza dentro de ese mismo caso, además de las acusaciones de fraude y abuso de confianza en los Casos 1000 y 2000. Lo que sí eliminaría es la única acusación de soborno que enfrenta el primer ministro, y podría reducir sustancialmente el número y la relevancia de los testigos que el tribunal estaría obligado a escuchar en la fase de defensa restante.

Esa reducción tendría, además, un efecto directo sobre la disputa actual por el calendario de audiencias: un Caso 4000 más acotado ofrecería al panel una vía más realista para concluir la fase probatoria sin necesidad de imponer el ritmo acelerado de cinco días semanales que tanto la defensa como otras partes representadas en el juicio consideran inviable.

La complejidad del caso completo: Bezeq, Walla, y los Elovitch

El cargo de soborno se centra exclusivamente en el Caso 4000, que investiga si Netanyahu promovió beneficios regulatorios para la empresa de telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable del sitio de noticias Walla. Otras partes del proceso, representadas por sus propios abogados, también se opusieron al calendario acelerado: Jacques Chen, en representación de Shaul e Iris Elovitch —los propietarios de Bezeq, también imputados en este mismo caso—, calificó el esquema de cinco días de "inhumano, poco realista y totalmente incompatible con las capacidades humanas." Sharon Klainman, representante de Arnon "Noni" Mozes en el Caso 2000, sostuvo de manera similar que las consecuencias para su cliente no podían desestimarse "después de años de procedimientos."

La conexión con los mercados: la incertidumbre política como factor de riesgo país

Más allá de su dimensión judicial, este proceso tiene una conexión directa con la percepción de riesgo que los mercados internacionales asignan a Israel en este momento específico. El país atraviesa, según ya documentó esta cobertura, una negociación delicada y todavía inconclusa con Líbano e Irán, decisiones sobre zonas de seguridad con costos militares y diplomáticos considerables, y una crisis interna de reclutamiento que el propio jefe del Estado Mayor de las FDI ya calificó de riesgo de colapso. Que el liderazgo político que conduce esas negociaciones —el propio Netanyahu— enfrente simultáneamente un juicio penal que podría extenderse hasta 2028, con la incertidumbre adicional de si el cargo más grave en su contra será retirado o sostenido, añade una capa de inestabilidad institucional que las agencias de calificación de riesgo y los inversionistas extranjeros con exposición a activos israelíes —desde bonos soberanos hasta el sector de alta tecnología que esta cobertura ya documentó en su informe sobre la inversión récord en startups locales— necesariamente incorporan en su evaluación del país. Un desenlace que prolongue la incertidumbre política hasta bien entrado 2028 implica, en los hechos, varios años adicionales en que la conducción del gobierno israelí estará simultáneamente respondiendo a un tribunal penal y a la negociación de los acuerdos de seguridad regional más decisivos de la última década.