ESTO NO ESTÁ BIEN, PRESIDENTE KAST: LOS CONSEJEROS REGIONALES CON DOBLE SUELDO EN LA MONEDA SON EXACTAMENTE LO QUE PROMETIÓ NO HACER

Subtítulo: Tres consejeros regionales de la Región Metropolitana —dos republicanos y un UDI— ejercen funciones en el Segundo Piso de La Moneda mientras siguen cobrando sus dietas como CORES. El gobierno los respaldó. Los diputados del PDG presentaron una denuncia en Contraloría y pusieron el dedo en la llaga: esto contradice directamente la promesa de austeridad y fin de los privilegios que Kast hizo en campaña. VDI Global lo dice sin rodeos: tienen razón.

VDI Global apoya al gobierno de José Antonio Kast. Lo ha dicho con claridad editorial en cada análisis de estos noventa días: es un gobierno que está cumpliendo sus compromisos de campaña en materia de seguridad, orden público, migración y rendición de cuentas al gobierno anterior. Esa posición no cambia.

Pero apoyar a un gobierno no significa callar cuando ese gobierno se equivoca. Y en el caso de los consejeros regionales que ejercen funciones en el Segundo Piso de La Moneda mientras siguen cobrando sus dietas como CORES, el gobierno de Kast se equivocó. Los diputados del PDG que lo señalaron tienen razón. Y el gobierno debe corregirlo.

Los hechos son simples. Tres consejeros regionales de la Región Metropolitana ejercen actualmente funciones en el Segundo Piso de La Moneda: los republicanos Ignacio Dulger y Víctor Valdés, y el UDI Álvaro Bellolio. Son parte de los círculos de confianza del gobierno. Son figuras que aportan con sus redes y su conocimiento político. Y mientras realizan esas funciones en La Moneda, siguen siendo CORES —consejeros regionales— con las remuneraciones que ese cargo implica.

Cuando los diputados del PDG —Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Patricio Briones— presentaron una denuncia en Contraloría y exigieron explicaciones al Ejecutivo, no estaban haciendo oposición política de trinchera. Estaban señalando una contradicción real entre el discurso del gobierno y su práctica.

LO QUE PROMETIÓ KAST Y LO QUE ESTÁ OCURRIENDO

La promesa de austeridad y fin de los privilegios fue uno de los ejes centrales de la campaña de Kast. No era un slogan secundario. Era parte del núcleo del mensaje político que lo diferenció de la gestión anterior: mientras el gobierno de Boric acumulaba escándalos de gastos, privilegios y nepotismo, Kast prometía un gobierno sobrio, austero y que daría el ejemplo.

Ese compromiso tiene consecuencias concretas. Una de las más básicas es que las personas que trabajan para el gobierno deben ser remuneradas por el trabajo que hacen, y no deben cobrar dos remuneraciones del Estado simultáneamente por dos cargos que no pueden ejercer a la vez de manera plena.

Un consejero regional tiene obligaciones concretas con su región: participar en comisiones, votar en el Consejo Regional, fiscalizar la gestión del intendente, representar los intereses de la región que lo eligió. Si ese consejero regional está ejerciendo funciones en el Segundo Piso de La Moneda en Santiago, no puede estar cumpliendo sus obligaciones en la Región Metropolitana con la dedicación que el cargo requiere. Y si no las está cumpliendo, está cobrando una dieta que no corresponde al trabajo que está haciendo.

La diputada Flor Contreras lo señaló con precisión: "Dijeron que cuidarían los recursos del Estado pero hoy validan que un funcionario reciba millones de pesos mensuales acumulando cargos, descuidando además sus labores obligatorias en las comisiones de la Región Metropolitana."

No es un argumento de izquierda. Es un argumento de coherencia. Y el gobierno, en lugar de corregir la situación, la respaldó.

EL RESPALDO DEL EJECUTIVO: EL ERROR DENTRO DEL ERROR

Lo que convierte este episodio en un problema político de primera magnitud no es solo la situación en sí misma. Es la reacción del gobierno cuando fue cuestionado.

El Ejecutivo respaldó la labor de los tres consejeros regionales. No ofreció una explicación técnica sobre por qué la acumulación de funciones es legal o compatible con la probidad que el gobierno prometió. No anunció una revisión de la situación. Simplemente los respaldó.

Ese respaldo es un error de mayor gravedad que el error original. El error original —permitir que consejeros regionales acumulen funciones en La Moneda sin claridad sobre la compatibilidad legal y ética— es un problema de gestión que podría haberse resuelto con una decisión administrativa temprana. El respaldo posterior es una decisión política que convierte el problema de gestión en un problema de credibilidad.

Cuando el gobierno dice "esto está bien", está diciendo implícitamente que la promesa de austeridad y fin de los privilegios tiene excepciones cuando se trata de sus propios aliados políticos. Esa es exactamente la lógica que Kast prometió eliminar. Y verla reproducirse a los noventa días del gobierno es decepcionante para quienes depositaron su voto en esa promesa.

EL PDG Y SUS PROPIAS CONTRADICCIONES: UNA ACLARACIÓN NECESARIA

Es importante señalar que el PDG no es un interlocutor sin contradicciones propias en este debate. El partido ha tenido sus propios escándalos de gestión y sus propios problemas de coherencia interna. Javier Olivares, diputado del PDG, firmó el libelo contra Grau y luego el partido no definió posición unificada. La historia del PDG incluye episodios que no son exactamente un modelo de probidad institucional.

Dicho eso, el hecho de que quien levanta la crítica tenga sus propias contradicciones no invalida la crítica. El argumento de Ossandón, Contreras, Ramírez y Briones es correcto independientemente de quién lo formule. Y la exigencia de que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de las funciones simultáneas es exactamente el tipo de control institucional que cualquier gobierno que se precia de respetar la institucionalidad debería acoger con apertura, no con respaldo automático a las personas cuestionadas.

LO QUE EL GOBIERNO DEBE HACER: TRES PASOS CONCRETOS

VDI Global no hace críticas sin propuesta. Esto es lo que el gobierno de Kast debe hacer para resolver esta situación de manera coherente con sus propias promesas.

El primero: esperar el pronunciamiento de Contraloría con apertura real. No blindar a los consejeros regionales de antemano. Dejar que el organismo fiscalizador haga su trabajo y comprometerse públicamente a acatar su dictamen, sea cual sea.

El segundo: si Contraloría determina que la acumulación de funciones es incompatible con la probidad o con el ejercicio pleno del cargo de CORE, actuar en consecuencia. Eso significa que los consejeros regionales deben elegir: o son CORES con dedicación completa a su región, o son asesores del Segundo Piso con renuncia al cargo regional. No pueden ser las dos cosas simultáneamente si eso implica cobrar dos remuneraciones del Estado por trabajos que no se pueden hacer a la vez.

El tercero: comunicar esa decisión con claridad. No como una concesión forzada por la presión del PDG o de los medios, sino como una aplicación voluntaria de los estándares de probidad que el propio gobierno estableció como su marca de gestión.

Esos tres pasos no debilitan al gobierno. Lo fortalecen. Un gobierno que aplica sus propios estándares cuando son cuestionados demuestra que esos estándares son reales y no retórica de campaña. Un gobierno que los defiende con respaldo automático cuando son cuestionados demuestra que son retórica.

EL ESTÁNDAR QUE KAST ELIGIÓ

Kast eligió un estándar alto. Prometió austeridad cuando es más fácil el gasto. Prometió fin de los privilegios cuando es más cómodo distribuirlos entre los propios. Prometió probidad cuando es más práctico hacer la vista gorda.

Ese estándar alto es lo que lo distingue del gobierno que lo precedió y lo que le dio el respaldo ciudadano que hoy tiene. Mantenerlo cuando es incómodo —cuando los cuestionados son aliados propios, cuando el respaldo político es más fácil que la corrección— es exactamente lo que define si un gobierno cumple sus promesas o solo las usa como herramienta de campaña.

El diputado Ossandón lo formuló con la precisión que este gobierno debería agradecer: "Si el Presidente cree que esta situación está bien, que lo diga. Y si cree que está mal, que pida las renuncias. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado frente a una situación que pone en duda la coherencia de los compromisos que asumió con el país."

Tiene razón. El gobierno no puede mirar para otro lado. No porque el PDG sea un interlocutor moralmente impecable, sino porque la ciudadanía que votó por Kast merece un gobierno que aplica sus propios estándares sin excepción.

Esto no está bien, Presidente Kast. Y usted lo sabe.

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