El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, anunció este domingo que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y confirmó que "un grupo" de parlamentarios de su partido lo acompañará en esa posición. Con Schalper, la lista de disidentes de RN-Evópoli suma al menos seis nombres: Ximena Ossandón, Tomás Kast, Jorge Guzmán, Joanna Pérez, Andrés Celis y ahora el propio jefe de bancada. Schalper reconoció sin matices que "la gestión financiera del gobierno anterior fue desastrosa", pero igualmente votará en contra, argumentando que su "cruzada" es terminar con lo que llama la "guerrilla permanente" de las acusaciones constitucionales.

Lo que Schalper admite y lo que igual decide hacer

Diego Schalper, en conversación con T13, confirmó este domingo su voto en contra de la AC contra Grau y reveló que esa posición será compartida "por un grupo" de diputados de Renovación Nacional, sin precisar cuántos ni quiénes, más allá de los cinco nombres ya conocidos por esta cobertura. "Va a haber un grupo de parlamentarios que vamos a votar en contra de la acusación del ministro Grau", declaró.

Lo más relevante de su intervención, sin embargo, no es el anuncio del voto en sí, sino el reconocimiento explícito que lo antecede. Schalper fue categórico: "Es evidente que la gestión financiera del gobierno anterior fue desastrosa. Yo creo que eso nadie lo discute, y la mejor elocuencia de esto, la mejor sanción, fue que el 58% de los chilenos le dijo que 'no queremos más con ustedes'."

Es decir: el jefe de bancada de RN admite, sin matices ni condicionales, que la gestión financiera de Grau al frente de Hacienda fue "desastrosa". Y acto seguido, anuncia que votará en contra de la herramienta institucional diseñada precisamente para sancionar ese tipo de gestión cuando alcanza la gravedad de un eventual notable abandono de deberes. La contradicción no es menor: reconocer el desastre y, en el mismo aliento, blindar al responsable de ese desastre frente a la única consecuencia institucional disponible distinta de la sanción electoral ya ocurrida.

La "cruzada" de Schalper: terminar con la "guerrilla permanente"

Schalper construyó su argumento no sobre el mérito jurídico específico del libelo contra Grau, sino sobre una crítica sistémica al uso de las acusaciones constitucionales como herramienta política. "Mi cruzada es terminar con la índole y la polarización, la indolencia que supone dedicarle 30 meses a acusaciones constitucionales y la polarización de hacer de la acusación constitucional parte integrante de la guerrilla permanente. Porque al final, terminan pagando los más pobres", sostuvo.

Es un argumento que merece ser leído con la misma vara aplicada a los disidentes anteriores de RN-Evópoli en este mismo proceso. El argumento de Schalper no es, como en algunos casos anteriores documentados en esta cobertura, una negación de que existan méritos en el libelo específico. Es una crítica al instrumento como tal, lo que tiene una coherencia interna mayor que decir "no me he hecho la convicción" sin mayor desarrollo, como ocurrió con otros diputados de su bancada.

Pero esa coherencia interna no resuelve el problema de fondo: si el instrumento de la acusación constitucional, tal como existe hoy, es disfuncional —y Schalper aporta cifras concretas para sostenerlo, como se detalla más adelante—, la solución institucionalmente correcta es reformarlo hacia adelante, no usar esa disfuncionalidad como excusa para no aplicarlo en un caso donde el propio crítico admite que la gestión fue "desastrosa".

Las cifras que Schalper aporta sobre el uso del instrumento

Schalper acompañó su posición con un dato que merece registrarse con precisión, porque aporta sustancia técnica a su argumento sistémico: "En las últimas dos legislaturas, en los últimos dos gobiernos, se han presentado 30 acusaciones constitucionales contra personas políticas... tenemos casi 30 meses perdidos. Casi un tercio de los últimos dos gobiernos."

Es una cifra que, de confirmarse con el detalle exacto del cálculo metodológico —cuántos días de tramitación corresponden a cada una de esas 30 acusaciones y cómo se suman exactamente hasta llegar a 30 meses—, plantea una pregunta legítima sobre el costo de oportunidad legislativo que el uso extensivo de este instrumento genera. Treinta meses de tiempo parlamentario dedicado a un mecanismo de fiscalización es, en efecto, una cifra considerable dentro de cualquier período legislativo.

El proyecto de reforma: elevar el estándar para acusar

Schalper vinculó su posición con un proyecto de reforma constitucional que busca elevar los requisitos para presentar y aprobar acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. Según explicó, la iniciativa busca "subir de 10 a 20 las firmas para presentar estas acusaciones" y modificar el quórum de aprobación a 78 votos —el umbral que, de hecho, ya rige actualmente y que esta misma cobertura ha documentado extensamente en el seguimiento de la AC contra Grau.

Su crítica de fondo al diseño institucional actual es la siguiente: "Es absolutamente absurdo que para interpelar a un ministro, tu necesites más firmas que las que necesites para acusar a alguien de ese nivel, y peor aún, que para aprobar una acusación constitucional a un ministro, ni siquiera necesites la mayoría en la Cámara." Es un argumento sobre el diseño institucional que tiene mérito técnico propio y que merece debate legislativo serio. Pero, igual que con el argumento de la "guerrilla permanente", no logra explicar por qué la solución a un problema de diseño institucional de largo plazo debe aplicarse retroactivamente, votando en contra de un libelo específico cuyo mérito de fondo Schalper no llegó a cuestionar en ningún momento de su intervención.

Lo que esto suma al mapa ya documentado

Con la incorporación de Schalper, la lista de disidentes de RN-Evópoli en la votación de esta semana queda configurada, hasta donde esta cobertura ha podido reconstruir, por Ximena Ossandón, Tomás Kast, Jorge Guzmán, Joanna Pérez, Andrés Celis, y ahora el propio jefe de bancada de RN. Que sea precisamente la máxima autoridad de la bancada en la Cámara quien confirme y encabece públicamente esta posición eleva el peso político del bloque disidente: ya no se trata de un grupo de diputados individuales con posiciones dispersas, sino de una postura que cuenta con el respaldo, o al menos con la conducción comunicacional, de la jefatura de bancada del partido.

Esto reconfigura nuevamente la aritmética que esta cobertura ha seguido desde la presentación del libelo: la derecha llega a la sala con menos votos efectivos de los 76 que en teoría representa, y la suerte de la acusación sigue dependiendo, como ya se documentó, del voto en bloque del Partido de la Gente y de la posición final de los tres diputados del Partido Liberal.

El nombre que empieza con "M"

Lo que conecta a Schalper con el patrón ya documentado extensamente en esta cobertura sobre la "derechita cobarde" tiene, efectivamente, un nombre propio que esta sesión editorial ya analizó en detalle: Evelyn Matthei. Schalper es una de las figuras de Renovación Nacional más identificadas con la conducción institucional y el estilo de moderación que Matthei representó durante su carrera política, incluyendo su candidatura presidencial de 2025.

Es el mismo perfil que ya se documentó cuando Matthei firmó la carta "El valor de las trayectorias" junto a Carmen Frei y Carolina Goic para respaldar a una exministra de Boric en la Secretaría del Senado: la convicción de que la institucionalidad, el cuidado de las formas y la prudencia frente a los instrumentos más drásticos de la política son, en sí mismos, virtudes que deben primar incluso cuando el propio actor reconoce el desastre de gestión que se está evaluando. Es el mismo razonamiento que llevó a Ossandón a votar en contra porque "en mi distrito nadie me lo pidió", y que ahora lleva a Schalper a votar en contra pese a admitir, sin condiciones, que la gestión de Grau fue "desastrosa".

El patrón es consistente y tiene, en efecto, una genealogía identificable dentro de Chile Vamos: la escuela de conducción política que prioriza la institucionalidad y la moderación de tono por sobre la exigencia de consecuencias concretas, incluso cuando esa misma escuela reconoce, sin ambigüedad, que las consecuencias están plenamente justificadas.

Contenido de afiliado. VDI Inversiones es afiliado de FP Markets, broker regulado por ASIC (AFSL 286354) y CySEC (371/18). VDI Inversiones puede recibir una compensación si te registras a través de este enlace. El trading de CFDs implica un riesgo elevado de pérdida de capital y puede no ser adecuado para todos los inversores.