El Cuerpo del Fiscal General Militar de Israel emitió este miércoles su primer informe integral sobre crímenes de guerra desde el inicio del conflicto con Hamás, abordando más de 150 investigaciones, incluyendo los casos de World Central Kitchen (WCK), el Creciente Rojo islámico y otros tres episodios de alta sensibilidad. Esta columna, que ha defendido de manera consistente el derecho de Israel a existir y a defenderse frente al terrorismo de Hamás y la Yihad Islámica, examina este informe como evidencia concreta de que el sistema de justicia militar israelí opera con mecanismos de rendición de cuentas reales, incluso frente a sus propios errores operacionales más graves.

El balance general: dos investigaciones criminales, dos disciplinarias, un caso cerrado

Las investigaciones del fiscal general militar, general de división Itay Offir, y de su equipo sobre cinco casos principales derivaron en la apertura de dos investigaciones criminales, dos investigaciones disciplinarias, y el cierre completo de uno de los expedientes. Esta columna considera relevante precisar que se trata solo del primer paso de un proceso que continuará con informes adicionales, después de que Israel y las FDI enfrentaran fuertes críticas internacionales por no haber emitido informes finales hasta ahora, pese a los graves casos que se ventilan en su contra ante organismos judiciales internacionales. El propio número de casos bajo investigación criminal —150— representa un salto significativo respecto de los cerca de 100 que se habían informado en junio.

El caso World Central Kitchen: identificación errónea, sin cargo criminal

En el caso de World Central Kitchen, el 1 de abril de 2024 las FDI mataron accidental y erróneamente a siete trabajadores internacionales de ayuda alimentaria. Según el informe, WCK había contratado guardias de seguridad armados sin coordinar específicamente ese punto con las FDI. La propia investigación militar admite que sus oficiales de vigilancia identificaron erróneamente a esos guardias de seguridad de WCK como miembros de Hamás, y posteriormente identificaron también erróneamente como armados a otros funcionarios de WCK que estaban desarmados y que abordaron los vehículos en un punto intermedio del trayecto.

Esta columna considera que este detalle tiene una relevancia mayúscula: altos oficiales de las FDI habían sostenido previamente ante la prensa que una de las principales justificaciones del ataque era la presencia de al menos un combatiente de Hamás involucrado. El informe también critica que WCK permaneciera inubicable durante 30 minutos cuando las FDI intentaron llamar para aclarar la situación. Finalmente, las FDI decidieron mantener la decisión previa del entonces jefe del Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, en el sentido de que, aunque trágicos, los errores debían derivar en medidas disciplinarias, pero no constituían delito.

Esta columna considera revelador un antecedente adicional sobre la propia integridad institucional de este proceso: el propio Offir no tomó la decisión sobre este caso específico, debido a que en roles previos como asesor legal del Ministerio de Defensa trabajó estrechamente con el coronel Nochi Mendel, uno de los principales comandantes sospechosos, y prefirió apartarse para evitar incluso la percepción de favoritismo. Por esa razón, fue el fiscal jefe de las FDI, coronel Eli Levertov, quien emitió la decisión final sobre WCK.

El caso Hind Rajab: investigación criminal completa por negligencia grave

Esta columna considera que el segundo expediente es, probablemente, el más delicado de todo el informe desde el punto de vista humano: la muerte de nueve miembros de la familia Hamada, incluida la reconocida niña palestina Hind Rajab, en Ciudad de Gaza el 29 de enero de 2024. Offir determinó que los oficiales de las FDI involucrados en la coordinación de la llegada de una ambulancia para rescatar a Rajab, tras el ataque inicial, fueron, como mínimo, gravemente negligentes, y ordenó que la investigación continúe como un proceso criminal completo.

Rajab se hizo mundialmente conocida porque llamó a funcionarios externos pidiendo ayuda, y existen grabaciones que muestran que sobrevivió al ataque inicial contra su familia. Sin embargo, ataques posteriores mataron a los rescatistas enviados para salvarla, hasta que ella misma murió por sus heridas iniciales. Esta columna considera especialmente relevante que la parte más grave de esta investigación no recaiga sobre quienes dispararon contra los rescatistas, sino sobre funcionarios del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), acusados de no haber transmitido a los oficiales sobre el terreno un documento de Google Maps que indicaba a los rescatistas una ruta segura específica, lo que habría contribuido directamente a la muerte por error. Esta columna precisa, con el rigor que exige cualquier proceso en curso, que hasta ahora ninguno de los funcionarios de COGAT involucrados ha sido investigado criminalmente de manera formal.

El caso del Creciente Rojo: censura de un coronel y destitución de un mayor

El 23 de marzo de 2025, las FDI mataron por error a 15 palestinos vinculados al cuerpo de bomberos, ambulancias y la ONU en Tel Sultan, Rafah, mientras se dirigían a rescatar a otras personas. Según Offir, se trató de tres incidentes separados en los que las FDI dispararon sucesivamente contra distintos vehículos de rescatistas, en el marco de una emboscada que creían tender contra Hamás una hora después de que un vehículo de esa organización hubiera pasado por esa misma zona. Aunque las FDI vincularon posteriormente a seis de los 15 rescatistas con Hamás, el fiscal militar ordenó continuar la investigación criminal, además de censurar al comandante de la 14ª Brigada de las FDI (rango de coronel) y destituir al subcomandante del Batallón de Reconocimiento de la Brigada Golani (rango de mayor).

En abril de 2025, las FDI ya habían reconocido que en este mismo incidente mataron por error a 15 médicos de la Media Luna Roja Internacional y hirieron a otro, al identificarlos erróneamente como terroristas de Hamás pese a que iban desarmados y conduciendo ambulancias, lo que derivó en la destitución del subcomandante de la Brigada Golani y la censura de un comandante de brigada. En ese momento, las FDI declararon: "lamentamos este grave incidente y continuamos realizando procesos de revisión exhaustivos para extraer lecciones operacionales y evaluar medidas adicionales para prevenir este tipo de eventos en el futuro (...) expresamos nuestro profundo pesar por la pérdida y enviamos nuestras condolencias a la familia".

Los dos casos de Médicos Sin Fronteras: un cierre y una sanción disciplinaria

Esta columna reproduce, con la misma precisión, los dos episodios que involucraron a Médicos Sin Fronteras (MSF). El primero ocurrió el 20 de febrero de 2024 en Khan Yunis, donde la identidad de dos funcionarios de MSF resultó confusa para las fuerzas militares, que creyeron enfrentar a operativos de Hamás; Offir ordenó medidas disciplinarias, pero no una investigación criminal. El segundo, ocurrido el 18 de noviembre de 2023 en Ciudad de Gaza, involucró la muerte de otros dos funcionarios de MSF por fuego indirecto, no directo; Offir decidió cerrar completamente ese caso, sin consecuencias criminales ni disciplinarias.

Lo que fuentes legales de las FDI reconocen: demoras, pero necesidad de decisiones duras

Esta columna considera relevante reproducir la autocrítica que fuentes legales de las propias FDI entregaron a esta cobertura: reconocieron que las decisiones tomaron demasiado tiempo, pero explicaron que se trataba del momento de emitir tantas decisiones como fuera posible tras la guerra más larga y compleja de la historia de Israel, un conflicto que en muchos sentidos todavía no ha terminado. Agregaron, además, un argumento estratégico que esta columna considera central: una decisión firme contra soldados de las FDI es fundamental para defender a Israel ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, además de preservar la recepción de armamento militar desde Estados Unidos y otros aliados.

Lectura editorial: la rendición de cuentas como fortaleza institucional, no como debilidad

Esta columna considera que este informe, lejos de constituir una admisión de culpabilidad generalizada contra Israel, confirma exactamente lo contrario de lo que sus críticos internacionales han sostenido de manera sistemática: que las Fuerzas de Defensa de Israel cuentan con mecanismos internos de investigación y rendición de cuentas que operan, aunque con demoras que la propia institución reconoce, de manera genuina y con consecuencias reales —investigaciones criminales abiertas, oficiales censurados y destituidos—. Esta columna ha respaldado consistentemente el derecho de Israel a defenderse frente al terrorismo, y considera que ese respaldo es plenamente compatible con exigir, como hace este mismo informe militar israelí sobre sí mismo, la máxima rigurosidad en la investigación de errores operacionales que costaron vidas de civiles y trabajadores humanitarios.

Esta columna considera, además, que el hallazgo específico sobre el caso Hind Rajab —que la responsabilidad más grave podría recaer en funcionarios de COGAT que no transmitieron información de rutas seguras, y no directamente en quienes abrieron fuego— es un ejemplo de la complejidad real que estas investigaciones exigen desentrañar, evitando conclusiones simplistas sobre responsabilidad individual en escenarios de guerra urbana de la complejidad que caracteriza al conflicto en Gaza.

Conclusión: un primer paso de rendición de cuentas, con más informes por venir

Esta columna concluye que este primer informe integral del Cuerpo del Fiscal General Militar israelí, aunque tardío según reconocen las propias fuentes legales de las FDI, representa un ejercicio de transparencia institucional que merece ser reconocido, particularmente en medio de la ofensiva de deslegitimación internacional contra Israel que esta columna ya ha documentado en coberturas anteriores. VDI Global seguirá de cerca los informes de actualización adicionales que las FDI ya anticiparon, así como el desarrollo específico de las dos investigaciones criminales que este primer informe confirmó.