FUNAS, PANFLETOS Y AMENAZAS: CHILE NORMALIZA LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA LLAMA DEBATE

Subtítulo: Desde marzo de 2026, ministros empujados a salir de universidades, panfletos con la imagen distorsionada del presidente, al menos diez parlamentarios amenazados o agredidos, funas en teatros y charlas. Los expertos lo llaman "crispación." El escritor Sergio Muñoz Riveros lo llama por su nombre: fascismo. VDI Global elige la segunda categoría.

El miércoles 10 de junio de 2026, mientras el Medio Oriente se incendiaba con el derribamiento de un Apache americano y el mundo contenía la respiración ante la posibilidad de un ataque estadounidense a Irán, Chile procesaba su propia crisis de convivencia democrática. Una crisis más silenciosa, más lenta y en cierta forma más profunda porque no llega con misiles sino con empujones, panfletos, amenazas anónimas y la progresiva normalización de la violencia política como herramienta de disputa legítima.

Desde el 11 de marzo de 2026, cuando el presidente José Antonio Kast asumió el gobierno, la lista de incidentes contra autoridades del Estado se fue acumulando con una regularidad que debería alarmar pero que en cambio tiende a ser procesada como ruido de fondo. La ministra Lincolao empujada a salir de la Universidad Austral el 8 de abril. Los ministros Undurraga y Rincón encerrados y pifiados en el Día del Patrimonio el 31 de mayo. El panfleto del PS con la imagen de Kast como Pinocho. Al menos diez parlamentarios amenazados o agredidos desde marzo, incluyendo casos de agresión física, hostigamiento en redes sociales y funas en actos públicos.

El rector de la UDP, Carlos Peña, ofrece una lectura filosófica del fenómeno que intenta comprenderlo sin condenarlo. El escritor Sergio Muñoz Riveros ofrece una lectura histórica que lo condena sin ambigüedad. VDI Global, al leer los datos, elige la segunda.

LA LISTA: LO QUE OCURRIÓ DESDE MARZO

Para entender el fenómeno hay que enumerarlo con precisión, porque la acumulación es parte de lo que lo hace significativo.

El 8 de abril, la ministra de Ciencia Ximena Lincolao debió salir empujada de la Universidad Austral de Chile tras acudir a la inauguración del año académico. Estudiantes le impidieron el acceso normal y la rodearon con manifestaciones que derivaron en contacto físico. No fue una protesta con carteles. Fue una encerrona que requirió que funcionarios y guardias intervinieran para que la ministra pudiera retirarse.

El 31 de mayo, durante el Día del Patrimonio, los ministros Francisco Undurraga (Culturas) y Ximena Rincón (Energía) fueron sometidos a una "encerrona" en la sala Ceina de Santiago antes de la función de La Pérgola de las Flores. El propio Undurraga calificó el episodio como una encerrona y apuntó a la actriz Amparo Noguera como participante. Noguera se defendió. Lo que quedó documentado es que dos ministros del Estado fueron rodeados y hostigados en un espacio cultural.

El panfleto del PS con Kast caricaturizado como Pinocho fue distribuido o preparado para distribución antes de que Vodanovic reconociera el "error." Es el único episodio en que el agresor es una institución formal —un partido político— y no actores difusos o anónimos. Lo que hace ese caso especialmente grave no es el panfleto en sí: es que un partido político con representación parlamentaria utilizó la distorsión de la imagen presidencial como herramienta de comunicación oficial, aunque sea brevemente.

La lista de parlamentarios amenazados o agredidos es extensa para noventa días de gobierno: Javier Olivares (PDG) agredido físicamente en Olmué. Javiera Rodríguez (Republicano) funada en la Universidad de Chile. José Carlos Meza (Republicano), Natalia Romero (UDI), Eduardo Durán (RN), Luis Fernando Sánchez (Republicano), Sebastián Videla (Ind.), Daniel Manouchehri (PS), Tatiana Urrutia (RD) y Jaime Araya (PPD): todos denunciaron acciones violentas en el mismo período, que van desde amenazas anónimas hasta agresiones físicas.

Nótese que la lista incluye a Manouchehri —diputado del PS— y a Urrutia —diputada de Revolución Democrática— es decir, parlamentarios de oposición. La violencia política no discrimina ideológicamente con la misma precisión con que el análisis político tiende a atribuirla.

PEÑA: LA AUTORIDAD TIENE POTESTAS PERO NO AUCTORITAS

El rector Carlos Peña ofrece en su columna una lectura filosófica anclada en la distinción romana entre potestas —el poder derivado del cargo— y auctoritas —la legitimidad moral surgida del prestigio independiente de cualquier función. Para Peña, los episodios de funas y pifias son comprensibles cuando la autoridad tiene potestas pero no ha construido auctoritas. Los actores que abuchearon al ministro Undurraga no reconocen en él legitimidad moral, solo poder institucional. Y desde esa perspectiva, la reacción es comprensible aunque no deseable.

Es una lectura que tiene elegancia intelectual y que en términos descriptivos captura algo real: la crisis de legitimidad de las instituciones chilenas es anterior al gobierno de Kast y trasciende a cualquier partido político. La desconfianza ciudadana en el Estado, en el Parlamento y en los partidos políticos lleva años en niveles que las encuestas documentan consistentemente.

Pero la lectura de Peña tiene un problema que el propio texto del rector no resuelve: si la ausencia de auctoritas justifica la funa, entonces cualquier ciudadano que no reconozca legitimidad moral a una autoridad tiene licencia para hostigarla físicamente en el espacio público. Y esa conclusión destruye las bases del Estado de derecho que Peña mismo dice defender.

El análisis descriptivo de Peña —la autoridad recibe funas porque no tiene auctoritas— no puede convertirse en justificación normativa sin suprimir la distinción entre la crítica legítima y la violencia. Y la supresión de esa distinción es exactamente el problema que el análisis debería señalar, no contribuir a disolver.

MUÑOZ RIVEROS: EL FASCISMO QUE NADIE QUIERE NOMBRAR

El escritor Sergio Muñoz Riveros usa un vocabulario diferente al de Peña y llega a conclusiones radicalmente distintas. Para Muñoz Riveros, las funas "no tienen relación alguna con la libertad de expresión. Constituyen una turbamulta manifestación de totalitarismo, cancelación de las personas, formas de intolerancia y fanatismo que registra la historia, preámbulo de persecuciones y crímenes. Estas, pues, emparentadas con el fascismo y el estalinismo."

Y agrega la advertencia más importante: "Las funas suelen preparar el terreno a la agresión directa, como lo constatamos dolorosamente en octubre de 2019."

Es el antecedente que el análisis de Peña ignora y que Muñoz Riveros pone al centro: el estallido de 2019 no comenzó con la quema del Metro. Comenzó con una acumulación de episodios de violencia menor —funas, hostigamientos, ataques verbales— que fueron siendo tolerados, normalizados y en algunos casos aplaudidos por sectores que luego se sorprendieron cuando la violencia escaló a una categoría diferente.

Chile tiene ese antecedente documentado. Y lo está ignorando.

LA NORMALIZACIÓN: EL PROBLEMA MÁS PROFUNDO

Los analistas consultados por Emol coinciden en que el fenómeno no es nuevo pero está exacerbado. Marco Moreno de la U. Central señala que "la confrontación, la ironía y la descalificación se han normalizado como herramienta de disputa política, incluso entre actores que tradicionalmente privilegiaban formas más institucionales de oposición."

Esa normalización es el problema central. No la funa individual ni el panfleto específico. La normalización.

Cuando la presidenta del PS reconoce el panfleto como "error" pero inmediatamente acusa a la derecha de "usarlo como pretexto", está normalizando la lógica del panfleto: el error no fue usar la imagen distorsionada del presidente, sino que la imagen específica que se eligió resultó políticamente inconveniente. La próxima vez, la imagen será diferente. La lógica de destrucción personal del adversario seguirá siendo la misma.

Cuando los estudiantes que funaron a la ministra Lincolao no enfrentan consecuencias institucionales, se normaliza la funa como forma de oposición legítima a las políticas universitarias. La próxima vez, la funa será más violenta porque la anterior no tuvo costo.

Cuando el actor cultural que hostigó a los ministros en el teatro no es sancionado por la institución que lo emplea o que financia su trabajo, se normaliza el uso del espacio cultural como plataforma para la violencia política. La próxima vez, la encerrona durará más y el hostigamiento será más intenso.

La normalización funciona así: cada episodio sin consecuencias define el nuevo piso desde el cual el siguiente puede escalar.

EL ESTALLIDO DE 2019 COMO ADVERTENCIA

Muñoz Riveros tiene razón cuando dice que el 2019 viene a la memoria. No porque la situación actual sea idéntica ni porque el gobierno de Kast vaya a vivir lo mismo que el de Piñera. Las circunstancias son diferentes, el contexto político es diferente y el gobierno tiene una base electoral más sólida en materia de seguridad y orden.

Pero el mecanismo de escalada es el mismo. La tolerancia a la violencia menor crea condiciones para la violencia mayor. Y Chile tiene el antecedente más reciente y más doloroso de Latinoamérica sobre lo que ocurre cuando esa tolerancia se extiende demasiado tiempo.

El gobierno de Piñera también intentó responder con firmeza en algunos momentos. También hubo momentos de diálogo. También hubo comisiones y mesas de conversación. Y también hubo un momento en que la violencia superó la capacidad del Estado de contenerla dentro de los marcos institucionales.

El gobierno de Kast tiene la ventaja de llegar con una agenda de seguridad explícita y con el respaldo ciudadano que esa agenda generó. Tiene el Plan Escudo Fronterizo, el Registro de Vándalos, la agenda de orden público. Pero ninguna de esas herramientas está diseñada específicamente para la violencia política de baja intensidad que describe la nota de Emol: las funas, los panfletos, las amenazas en redes sociales, las encerronas en actos culturales.

Para esa violencia específica, el instrumento más importante no es la ley sino la cultura política. Y esa cultura política se construye —o se destruye— con las decisiones que los líderes de todos los partidos toman cuando sus propios seguidores o sus propios militantes cruzan las líneas.

Vodanovic reconoció el panfleto como error. Eso es un paso. Pero el paso que falta es que el PS le diga a sus propios activistas que hostigar a una ministra en la calle no es activismo. Es violencia. Y que tiene consecuencias.

Ese paso nadie lo está dando. Y mientras nadie lo dé, el piso seguirá bajando.

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