Las palabras que encendieron la alarma

El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó a Magallanes dentro de una referencia a la soberanía de su país, en declaraciones emitidas este domingo 23 de agosto durante una entrevista en el canal de YouTube "La Fábrica del Podcast". Al abordar la presencia argentina en el extremo sur del continente, Valverde señaló textualmente: "y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico Pacífico y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas".

La Cancillería chilena respondió de inmediato a la consulta de Emol: "tal como lo ha señalado el canciller, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y de 1984".

Una reacción transversal, sin distinción de bloques políticos

Lo más notable de este episodio es la unanimidad con que reaccionó la clase política chilena, de derecha a izquierda, integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa de ambas cámaras. El senador Iván Moreira (UDI) calificó las declaraciones de "gravísimas" y exigió una rectificación clara, subrayando que "en materias de soberanía no hay oficialismo ni oposición, hay una sola posición, la defensa de Chile", y pidió explícitamente que "el Presidente Milei no permita estos excesos". El diputado Álvaro Carter (Republicanos), presidente de la Comisión de Defensa, fue más duro aún: "el estrecho de Magallanes es Chileno de principio a fin, no hay duda alguna sobre eso", y advirtió que la declaración "demuestra que nuestros vecinos siguen siendo igual que siempre y miran a nuestro país como una tierra a expropiar". El diputado Omar Sabat (UDI) exigió "una respuesta diplomática inmediata", señalando que "nuestra integridad territorial no se negocia ni se relativiza".

La reacción no vino solo de la derecha. Desde el Partido Socialista, el diputado Nelson Venegas advirtió que, en derecho internacional, "cuando no se envía una nota de protesta respecto de este tema, se reconoce soberanía extranjera sobre nuestro territorio", y recordó que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 consagra que Argentina no puede impedir ni entorpecer el tránsito por el estrecho. El senador Pedro Araya (PPD) fue más allá, planteando una hipótesis política sobre el origen de la controversia. Y el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) fue categórico: "el único derecho que tiene Argentina sobre el estrecho de Magallanes es el derecho a pedirle permiso a Chile para transitar por él", y pidió al gobierno de Kast "ser más prudente respecto a su relación con el gobierno argentino del presidente Milei", advirtiendo que lo contrario "estará dando señales de debilidad".

La hipótesis de la cortina de humo: el caso Cerimedo

El planteamiento más elaborado vino del senador Pedro Araya, quien sugirió que las declaraciones de Valverde "parecen responder a un libreto destinado a instalar una polémica artificial, un verdadero volador de luces o cortina de humo", justo cuando el gobierno de Milei enfrenta cuestionamientos por la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, asesor cercano al mandatario argentino.

Vale la pena dimensionar de qué controversia habla Araya. Cerimedo, cofundador de La Derecha Diario y figura clave en el armado digital que llevó a Milei a la presidencia en 2023, fue detenido la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, acusado de ser el autor intelectual de un ataque a balazos contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió al ataque de dos sicarios. La Justicia boliviana decretó 180 días de prisión preventiva por riesgo de fuga. Cerimedo se desempeñaba, además, como asesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, y previamente había reconocido públicamente operar con "miles" de cuentas automatizadas o "trolls" en redes sociales para influir en el debate público, un esquema que ya había generado polémica en Chile en 2020, cuando una encuesta de su consultora Numen sobre el plebiscito constitucional —financiada por sectores del "Rechazo"— mostró una brecha muy inferior a la que anticipaban otros estudios, previo a que el "Apruebo" se impusiera finalmente con 78% de los votos. Cerimedo enfrenta además investigaciones en Brasil por desinformación electoral y ha sido señalado por el gobierno de México por operar redes de desinformación contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta columna presenta la hipótesis de Araya como lo que es: una interpretación política de un senador de oposición, no un hecho comprobado. No existe, al cierre de esta nota, evidencia que vincule directamente las declaraciones del general Valverde con el caso Cerimedo. Pero la coincidencia temporal —que un jefe militar argentino haga una declaración de esta magnitud sobre soberanía territorial justo cuando el círculo íntimo de Milei enfrenta un escándalo de gravedad creciente en Bolivia— es, como mínimo, un antecedente que merece quedar consignado.

Lectura editorial

Esta columna respalda sin reservas la respuesta unánime del espectro político chileno frente a estas declaraciones. La soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no admite ambigüedad: está consagrada en el Tratado de Límites de 1881 y reafirmada expresamente en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que además garantiza a Argentina el derecho de tránsito, no la soberanía compartida. Que un alto oficial de las Fuerzas Armadas de un país vecino —no un comentarista ocasional, sino el jefe del Estado Mayor General de su Fuerza Aérea— haga declaraciones que introducen aunque sea la más mínima ambigüedad sobre este punto, exige una respuesta diplomática formal y explícita del gobierno de Chile, no solo una declaración de prensa a través de Emol. Esta columna coincide con el diputado Brito en un punto poco habitual entre bloques distintos: el gobierno de Kast, pese a su cercanía ideológica y estratégica con la administración Milei en otros frentes, no puede permitirse ambigüedad alguna cuando está en juego la integridad territorial de Chile. La amistad entre gobiernos de un mismo signo político no puede traducirse jamás en tibieza frente a un cuestionamiento, así sea indirecto, a la soberanía nacional.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe una nota de protesta formal al gobierno argentino, no solo una declaración de prensa, dado que —como advirtió el propio diputado Venegas— la ausencia de una nota formal puede interpretarse en derecho internacional como un reconocimiento tácito.
• Que el gobierno de Kast exija una rectificación pública y expresa del brigadier general Valverde o de las autoridades argentinas correspondientes.
• Que se investigue, sin prejuzgar, si existe alguna conexión entre estas declaraciones y el momento político que atraviesa el gobierno de Milei a raíz del caso Cerimedo, tal como plantea el senador Araya, sin que ello reste urgencia a la respuesta diplomática inmediata que amerita el fondo del asunto.
• Que la Cancillería informe públicamente los canales diplomáticos específicos que activará frente a este episodio, y en qué plazo espera una respuesta oficial de Buenos Aires.

Conclusión

Pocas veces se ve al espectro político chileno completo, de la UDI y Republicanos hasta el Partido Socialista y el Frente Amplio, coincidir con esta claridad en una misma exigencia. Eso, en sí mismo, debería ser una señal inequívoca para La Moneda de que la respuesta a estas declaraciones no puede quedar en una frase de Cancillería a un medio de prensa. Esta columna seguirá de cerca si el gobierno de Kast está a la altura de la firmeza que el propio Congreso, en todos sus sectores, ya exigió este lunes.