¿HACE BIEN KAISER EN RESPONSABILIZAR AL PRESIDENTE? LA PREGUNTA QUE EL CASO PODLECH LE HACE AL GOBIERNO DE KAST — Y QUE KAST TIENE QUE RESPONDER

Johannes Kaiser asistió al funeral de Alfonso Podlech y luego dijo en su programa lo que pocos dentro del sector se atrevieron a decir con ese nombre: "El Presidente de la República se tiene que llevar esto a la tumba. Es una decisión política que se tomó en La Moneda." ¿Tiene razón Kaiser? ¿O le está haciendo el juego a la izquierda en el peor momento? El análisis sin anestesia de la pregunta más incómoda de la semana en la política chilena.

Johannes Kaiser no es un actor político menor en el ecosistema de la derecha chilena. Es el presidente del Partido Nacional Libertario, excandidato presidencial, figura con base electoral propia y con una consistencia doctrinaria — libertarismo duro, Estado mínimo, derechos individuales — que lo distingue dentro de un sector que frecuentemente mezcla las convicciones con las conveniencias. Cuando Kaiser habla, habla con coherencia. Y cuando señala al Presidente de la República, no lo hace desde la envidia del que perdió ni desde la agenda del que quiere debilitarlo. Lo hace desde un principio que aplicaría de la misma forma si el afectado fuera de cualquier partido.

Eso hace que la pregunta que plantea el caso Podlech sea más seria que si viniera de un adversario político. Kaiser le preguntó al gobierno de Kast algo que los propios Republicanos no le preguntaron, que RN no le preguntó, que la UDI no le preguntó: ¿qué pasó con el indulto de un hombre de 90 años que murió en la UTI mientras el papel estaba en el escritorio del ministerio?

¿Hace bien Kaiser en responsabilizar al Presidente? La respuesta requiere separar el argumento jurídico, el argumento político y el argumento moral. Porque los tres apuntan en direcciones que no siempre coinciden.

El argumento jurídico: el indulto es prerrogativa presidencial

Kaiser tiene razón en los hechos jurídicos y no hay manera honesta de negarlo. El indulto presidencial en Chile es exactamente eso: presidencial. Lo establece el artículo 32 N°14 de la Constitución — es una atribución especial del Presidente de la República, no del subsecretario de Derechos Humanos, no del Ministerio de Justicia como institución, no del Tribunal Supremo. Del Presidente.

El proceso administrativo tiene etapas — la solicitud ingresa, el Ministerio de Justicia la tramita, el Ministerio de Derechos Humanos emite un informe, la Corte Suprema puede ser consultada. Pero la decisión final, la firma que convierte la solicitud en realidad, corresponde al Presidente.

La solicitud de indulto para Podlech ingresó el 5 de mayo. Podlech murió el 15 de mayo. Diez días. En esos diez días, un hombre de 90 años con Parkinson, secuelas de ACV, enfermedad coronaria, neumonía y sonda foley estaba en la UTI de la Clínica Dávila. La urgencia médica era verificable, documentada y conocida por el sistema. El proceso administrativo siguió su ritmo normal.

Desde esa perspectiva, Kaiser tiene razón. El indulto es una prerrogativa presidencial. Si el Presidente hubiera querido que ese proceso tuviera urgencia prioritaria, habría bastado una instrucción. Esa instrucción no llegó.

El argumento político: ¿a quién le sirve esta crítica?

Aquí el análisis se complica. Porque en política, tener razón en los hechos no es suficiente para determinar si una crítica es oportuna, bien dirigida o bien calibrada en sus consecuencias.

Kaiser apunta al Presidente en el peor momento político de su mandato. La Megarreforma llega el miércoles a la Sala de la Cámara. La aprobación de Kast cayó al 36% según la última Cadem — el peor registro de su mandato. La oposición ya celebró el caso Podlech como prueba de que el gobierno "no tiene valentía para hacer lo correcto." Matthei ya usó el episodio para cuestionar al Ejecutivo. La izquierda ya tiene el argumento listo para el debate de la Cuenta Pública del 1 de junio.

En ese contexto, ¿hace bien Kaiser en agregarle leña al fuego desde el propio sector?

La respuesta depende de qué se entiende por "hacer bien." Si el criterio es la coherencia de principios, Kaiser hace exactamente lo correcto: un libertario que defiende los derechos individuales por encima de la conveniencia política no puede guardar silencio cuando el Estado deja morir a un anciano en la UTI con un papel sin tramitar. Eso sería exactamente la hipocresía que Kaiser denuncia en otros.

Si el criterio es el impacto político sobre el gobierno que el PNL apoya en la Megarreforma y en la agenda de seguridad — donde Kaiser ha votado consistentemente con el oficialismo — la crítica tiene un costo que el sector paga colectivamente. Cuando Kaiser dice en su programa de streaming que "el Presidente se tiene que llevar esto a la tumba", esa frase no queda en el streaming. Llega a los medios, llega a la oposición, se transforma en titular y en argumento contra un gobierno que ya tiene suficientes frentes abiertos.

Lo que Kaiser dijo bien — y lo que dijo mal

Kaiser acertó en el diagnóstico de fondo: hubo una falla del Estado que costó la dignidad de un hombre de 90 años en sus últimos días. Esa falla tiene responsables. Y el responsable último de la prerrogativa presidencial del indulto es el Presidente.

Kaiser acertó también en señalar al subsecretario Pablo Mira de RN como el funcionario con responsabilidad directa en la tramitación. Mira fue el responsable administrativo del proceso que no se tramitó con urgencia. La descripción de Kaiser — que Mira tiene "una postura más bien cercana a la izquierda en la materia" — es consistente con el patrón de RN que hemos documentado en VDI Global: militantes de ese partido en cargos del gobierno que no ejecutan la agenda del gobierno.

Donde Kaiser se excedió — o donde su crítica pierde precisión — es en la formulación "se tiene que llevar esto a la tumba." Esa frase no describe una responsabilidad institucional. Describe una culpa moral personal que Kaiser le atribuye al Presidente de manera permanente e irrevocable. Eso es diferente. Y esa diferencia importa no porque Kast no tenga responsabilidad — la tiene, como dijimos — sino porque la formulación cierra cualquier posibilidad de que el gobierno aprenda, corrija y proceda diferente con los casos similares que vienen.

El secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, fue más preciso: "Cuando un gobierno de derecha está liderando el país, debe tomar decisiones que pueden ser complejas, en aras de que todas las personas sean juzgadas de acuerdo a un mismo sistema penal y que se respeten sus derechos, incluso tratados internacionales, como aquellos relacionados con el adulto mayor. Son situaciones que requieren de tomas de decisiones políticas, en aras de la paz de la comunidad nacional."

Esa formulación es la correcta. No condena al Presidente por lo que ocurrió. Lo emplaza para lo que viene. Hay más casos en Punta Peuco con estados de salud comparables al de Podlech. La pregunta no es si el gobierno fue responsable en este caso — lo fue, en el sentido de que la prerrogativa estaba disponible y no fue ejercida. La pregunta es qué hace el gobierno con los próximos casos. Si Mira sigue y el proceso sigue igual, el gobierno va a tener más Podlechs. Si el gobierno corrige el proceso y actúa con criterio humanitario en los casos terminales — sin que eso implique indultos generalizados a todos los condenados por crímenes de la dictadura — demuestra que aprendió.

La trampa que la izquierda tiende — y en la que Kaiser no debería ayudar a caer

Hay una dimensión del caso Podlech que la izquierda chilena está explotando con una habilidad que merece ser nombrada: la conversión del caso de un hombre específico — 90 años, enfermedad terminal, Parkinson, UTI — en un argumento generalizado sobre todos los condenados por crímenes de la dictadura.

La izquierda quiere que el debate sobre Podlech sea el debate sobre los "presos de Punta Peuco" en abstracto — sobre si deben o no estar presos, sobre si la justicia de transición chilena fue suficiente o excesiva, sobre si el gobierno de Kast tiene o no una agenda de reivindicación de la dictadura. Eso es lo que le interesa políticamente, porque ese debate le favorece.

El debate real — el que Kaiser planteó con mayor precisión en sus primeras declaraciones del viernes — es más acotado y más difícil de refutar: ¿puede el Estado chileno mantener en prisión a una persona de 90 años con enfermedad terminal sin explorar los mecanismos humanitarios disponibles? La respuesta a esa pregunta no requiere opinar sobre la dictadura ni sobre la condena de Podlech ni sobre si hizo lo que lo llevó a esa condena. Requiere solo aplicar el principio de que la ejecución de la pena debe ser proporcional a las circunstancias del condenado — y que los mecanismos de humanización de esa ejecución existen precisamente para casos como este.

Cuando Kaiser va más allá de ese argumento y dice que el Presidente "se tiene que llevar esto a la tumba", está saliendo del territorio firme del argumento humanitario específico para entrar en el territorio movedizo del juicio político generalizado — que es exactamente donde la izquierda quiere que se lleve el debate.

Lo que el gobierno de Kast debería hacer ahora

La respuesta correcta del gobierno ante la crítica de Kaiser no es ni la negación ni la disculpa pública. Es la acción concreta que impida que el próximo caso tenga el mismo resultado.

Primero: revisar el estado de salud de todos los condenados por crímenes de la dictadura que están actualmente en prisión o con domiciliaria, con criterio médico objetivo. No para indultarlos a todos — eso sería una decisión política que el gobierno no tiene mandato para tomar — sino para identificar los casos en que el estado de salud hace que la ejecución de la pena sea materialmente inhumana.

Segundo: establecer un protocolo de tramitación de urgencia para las solicitudes de indulto en casos terminales. Que el ingreso de una solicitud con certificados médicos que describen el estado que tenía Podlech active automáticamente un proceso acelerado con plazos de días, no de semanas.

Tercero: evaluar si Pablo Mira de RN es la persona correcta para gestionar esa política. Kaiser tiene razón en que alguien con "una postura más bien cercana a la izquierda en la materia" no debería ser el subsecretario de Derechos Humanos de un gobierno de derecha que tiene compromisos específicos con sus electores sobre cómo gestionar estos casos.

Kaiser hace bien en responsabilizar al Presidente. Porque la responsabilidad existe y negarla sería deshonesto. Pero la responsabilidad que Kaiser nombra correctamente debería traducirse en corrección y en acción — no en condena permanente. Kast tiene la capacidad de aprender de esto. La pregunta es si lo hará antes de que el próximo caso llegue a los medios de la misma manera.

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