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¿UN ERROR SU CONTINUIDAD? LOS DÍAS DIFÍCILES DE STEINERT Y LA PREGUNTA QUE EL GOBIERNO TIENE QUE RESPONDER ANTES DEL 1 DE JUNIO

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¿UN ERROR SU CONTINUIDAD? LOS DÍAS DIFÍCILES DE STEINERT Y LA PREGUNTA QUE EL GOBIERNO TIENE QUE RESPONDER ANTES DEL 1 DE JUNIO

7.000 detenidos, 40 toneladas de droga incautada y la mayor incautación de marihuana en 25 años. Esos son los números de Steinert en 60 días. También son sus días más difíciles: dijo que "no se esperaba" que le exigieran un plan escrito, no llegó a un juicio por extradición donde el Ejecutivo era querellante, y la Contraloría investiga su pedido de antecedentes del traslado de su antiguo equipo de detectives. La oposición la ataca. El oficialismo la defiende. VDI Global hace la pregunta incómoda que nadie dentro del gobierno quiere hacer.


Trinidad Steinert fue designada como ministra de Seguridad con un mandato claro y un historial que la acreditaba para ejercerlo: exfiscal, con experiencia en crimen organizado, trayectoria en persecución penal y un perfil técnico que contrastaba con los perfiles políticos que habían ocupado posiciones similares en gobiernos anteriores. El gobierno de Kast le dio la cartera más difícil — la que todos miran, la que define si el gobierno cumplió o no su promesa central — y le dijo: demuestra que se puede gobernar con resultados en seguridad.

Los resultados en 60 días son reales y verificables. 7.000 detenidos. Más de 40 toneladas de droga incautada. La mayor incautación de marihuana en 25 años. El operativo de Temucuicui — dos ingresos en una semana, cinco detenidos en el primero. Esos son hechos, no relato. Y Steinert los puso sobre la mesa cuando la atacaron esta semana: "El plan existe. Eso es plan en acción."

Pero hay otras cosas que también son verificables y que la defensa de los resultados no puede ocultar indefinidamente.


La frase que no debió decirse — y lo que revela

El martes, Steinert concurrió a una sesión especial de la Cámara de Diputados para presentar el plan de seguridad pública. Expuso verbalmente — porque la oposición no dio unanimidad para que pudiera usar la pantalla de la Sala con sus cifras — los tres objetivos prioritarios del ministerio: recuperación del control territorial, aumento de la eficacia policial y fortalecimiento institucional. Hasta ahí, la exposición era defendible aunque no fue brillante.

El problema llegó después, en Radio Agricultura, cuando Steinert reconoció que "hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda del Congreso que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto."

Esa frase es el tipo de error que define una semana y que la oposición usa durante meses. No porque sea inexplicable en su contexto — Steinert venía del mundo fiscal, no del mundo político, y probablemente genuinamente no anticipó que el Congreso le iba a exigir un documento formal con plazos y metas — sino porque dice, en voz alta, que la ministra de Seguridad de un gobierno que prometió la seguridad como prioridad N°1 llegó a esa cartera sin anticipar una de las exigencias más básicas del escrutinio parlamentario.

El exfiscal José Villalobos lo formuló con la precisión que permite quien conoce el mundo institucional desde adentro: "No es posible que cada aparición pública de la ministra de Seguridad genere comentarios negativos de su gestión, ya sea ante el Congreso, en entrevistas o en cualquier tipo de audiencia pública." Ese no es el diagnóstico de un adversario político. Es el de alguien que observa el patrón con ojos técnicos.


Los dos incidentes adicionales que complican el cuadro

La semana de Steinert no terminó con la frase de Radio Agricultura. Se le sumaron dos incidentes que generaron titulares adicionales y que la ministra no pudo controlar comunicacionalmente.

El primero: la ausencia de representantes del Ministerio de Seguridad en la audiencia de extradición de Kyung Koo Byun, el ciudadano surcoreano acusado de liderar una banda de trata de personas con fines de explotación sexual. La audiencia se realizó en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. La fiscal Carolina Suazo logró que se aceptara la solicitud de extradición. Pero el Ejecutivo — que es querellante en la causa — no envió representantes. Crimen organizado transnacional, explotación sexual, 20 víctimas chilenas, y el ministerio cuya cartera incluye esas materias no estuvo presente.

El segundo: la Contraloría General de la República pidió al ministerio explicar las razones por las cuales Steinert, a 48 horas de asumir el cargo, solicitó antecedentes del traslado de su antiguo equipo de detectives vinculados al caso "Clan Chen" en Tarapacá. Esto relacionado con la remoción de la exsubdirectora de la PDI Consuelo Peña.

Ese segundo incidente es el más delicado porque toca la línea entre la legítima acción de una ministra que quiere tener a su alrededor personas de confianza y la potencial interferencia en investigaciones en curso. La Contraloría no ha emitido todavía resolución. Pero el proceso está abierto — y cualquier resolución desfavorable en ese flanco sería políticamente devastadora para la ministra en el peor momento político del gobierno.


Los resultados que justifican la continuidad

Antes de responder la pregunta del titular, hay que poner los resultados en perspectiva porque son reales y meritorios.

7.000 detenidos en 60 días es un número que ningún gobierno anterior habría presentado en el mismo plazo. Supone una tasa de detenciones que refleja operativos activos y coordinados, no la gestión reactiva que caracterizó la seguridad pública durante el gobierno de Boric. El Fiscal Nacional, hablando de la situación de la cúpula del Tren de Aragua, dijo que "estamos mal" — y ese diagnóstico se produjo antes de que Steinert asumiera. Lo que ella está haciendo es enfrentar ese "estamos mal" con resultados operacionales, no con diagnósticos.

Las 40 toneladas de droga incautada en 60 días son igualmente significativas. La mayor incautación de marihuana en 25 años no es un hecho de agenda — es el resultado de inteligencia policial acumulada y ejecutada con criterio. Y el operativo de Temucuicui — dos ingresos en una semana donde el gobierno anterior salió a balazos una vez y no volvió — es el contraste más elocuente disponible sobre lo que cambia cuando hay voluntad política detrás de los operativos.

Esos resultados dicen que Steinert está haciendo el trabajo operacional. Que la maquinaria policial está funcionando. Que las instrucciones desde el ministerio están produciendo acción.

Lo que los resultados no dicen es que la ministra tenga el manejo comunicacional, el dominio de la arena parlamentaria y la visión estratégica de largo plazo que el cargo también exige. Esas son habilidades diferentes a las que hace buena a una fiscal. Y la semana que vivió Steinert evidenció que esa brecha existe.


La pregunta que el gobierno tiene que responder

¿Es un error la continuidad de Steinert? La respuesta honesta — la que VDI Global está obligado a dar desde su posición editorial de respaldo con exigencia — es: todavía no, pero la ventana para que eso cambie se está cerrando.

Steinert tiene dos plazos críticos. El primero es el 2 de junio, cuando el gobierno anunció que presentará al Congreso los proyectos de ley en materia de seguridad. Esos proyectos son la prueba de que el plan no es solo operacional sino también legislativo — que el gobierno sabe qué leyes necesita para dar a las policías las herramientas que el crimen organizado exige. Si el 2 de junio llega y los proyectos son sólidos, específicos y con respaldo técnico, la narrativa de la "improvisación" se derrumba con evidencia concreta.

Si el 2 de junio llega y los proyectos son genéricos, incompletos o formulados de manera que revelan que fueron apurados para cumplir el plazo más que para cambiar el marco legal, el daño será mayor que si no hubieran anunciado esa fecha.

El segundo plazo es la Contraloría. Si el organismo resuelve que el pedido de antecedentes sobre el traslado de los detectives fue irregular, el gobierno tendrá que tomar una decisión que hoy dice que no está en la mesa: la continuidad de Steinert se volvería insostenible. No porque los resultados operacionales no sean buenos, sino porque ningún ministro puede seguir ejerciendo la autoridad que su cargo exige con un proceso de Contraloría activo sobre una decisión tomada en sus primeras 48 horas.

El diputado Eduardo Cretton de UDI lo explicó con la interpretación más favorable posible a la ministra: que cuando dijo que "no se esperaba" la exigencia del plan escrito, se refería a que "no esperaba que hubiese una oposición que en dos meses le exigiera lo que no se hizo en cuatro años en materia de seguridad." Puede ser. Pero si esa es la interpretación correcta, Steinert debería haberlo dicho así en Radio Agricultura — no dejar que la frase circulara con la interpretación que circuló.


Lo que el gobierno debería hacer — sin esperar al 2 de junio

El gobierno tiene esta semana una oportunidad para corregir el problema sin cambiar a la ministra. La Cuenta Pública del 1 de junio es el escenario natural para presentar ante el país el plan de seguridad con la misma contundencia con que Kast ha presentado otras medidas del gobierno.

Pero antes del 1 de junio, el gobierno debería hacer lo que no ha hecho todavía: ponerle a Steinert el respaldo comunicacional que necesita. No con frases de apoyo en Twitter. Con la estructura de apoyo que permite a una ministra técnicamente capaz manejar las arenas para las que no fue entrenada — el Congreso, la prensa, el relato político. Ese respaldo puede venir del Ministerio del Interior, puede venir del Segundo Piso, puede venir del vocero del gobierno.

Lo que no puede seguir pasando es que Steinert salga sola a enfrentar sesiones especiales del Congreso, que llegue a exposiciones sin apoyo técnico para proyectar sus cifras en pantalla, y que en una entrevista de radio diga lo que dice porque nadie la asesoró sobre qué no decir.

Steinert tiene los resultados. Le falta el equipo de soporte que esos resultados merecen. Eso es un error del gobierno — no de la ministra.


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