HASTA DONDE AVANZÓ LA CORRUPCIÓN: EL TREN DE ARAGUA TENÍA EJECUTIVOS DENTRO DE BANCOESTADO Y SANTANDER
Subtítulo: La Operación Tokio reveló que el crimen organizado venezolano no solo operaba en las calles chilenas. Había penetrado el sistema financiero formal con ejecutivos propios dentro de los bancos. Una en BancoEstado, uno en Santander. Seis bancos utilizados como canales. 84 millones de dólares sacados de Chile entre 2022 y 2026. Es uno de los mayores lavados de activos de la historia criminal chilena. Y comenzó con un quíntuple homicidio en Lampa.
El 16 de junio de 2024, cinco personas fueron asesinadas en un "parcelazo" en Lampa, en la zona periurbana de Santiago. Era un crimen más en la estadística de violencia que el Tren de Aragua había traído a Chile. Pero en uno de los celulares recuperados en la escena del crimen, la PDI encontró algo que los investigadores no esperaban: no solo pruebas de ese homicidio, sino la ventana hacia uno de los sistemas de lavado de activos más sofisticados que el crimen organizado transnacional había construido en territorio chileno.
Ese celular fue el punto de partida de la Operación Tokio. Dos años después, la operación culminó con 19 detenidos, la formalización de 17 imputados, prisión preventiva para 14 de ellos, y la revelación que nadie quería escuchar: el Tren de Aragua no operaba solo en las calles. Había infiltrado el sistema bancario formal chileno con ejecutivos propios dentro de las instituciones.
Un ejecutivo venezolano de 33 años trabajando en Banco Santander desde 2019. Una ejecutiva de BancoEstado cuya identidad aún no ha sido hecha pública. Seis bancos utilizados como canales del lavado: Santander, BCI, BancoEstado, Falabella, Scotiabank y Banco de Chile. Y 84 millones de dólares sacados de Chile entre 2022 y 2026, enviados principalmente a Colombia, donde se encontraba el líder de la organización conocido como Carlos "Bobby", preso en una cárcel colombiana.
La pregunta que el título de esta nota formula no es retórica. Es la pregunta que la Operación Tokio pone sobre la mesa con una crudeza que el debate político chileno no puede ignorar: ¿hasta dónde avanzó la corrupción del crimen organizado en las instituciones del Estado y del sistema financiero formal de Chile?
EL MECANISMO: ABONANTES, PRESTA-CUENTAS Y RECEPTORES
Para entender la magnitud de lo que la Fiscalía desmanteló hay que entender el mecanismo que el Tren de Aragua construyó para lavar sus activos en Chile. CIPER Chile reconstruyó la arquitectura completa de la operación a partir de los antecedentes de la investigación.
El primer eslabón era la generación de fondos ilícitos. La organización operaba con un sistema de "vacunas" —extorsiones regulares— dirigidas principalmente a los dueños de locales nocturnos del Barrio Bellavista dedicados a fiestas electrónicas y eventos dirigidos a la comunidad venezolana en Chile. También generaba ingresos del tráfico de drogas, el contrabando de vehículos y la trata de personas con fines de explotación sexual.
El segundo eslabón era la captación y distribución inicial de esos fondos, a través de una red de "abonantes" que recogían el dinero directamente de las fuentes criminales y lo distribuían hacia la siguiente capa del sistema.
El tercer eslabón —y el más sofisticado desde el punto de vista financiero— era la red de "presta-cuentas": personas que ponían sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recibir y movilizar los fondos, dándoles una apariencia de legalidad al hacerlos circular por el sistema bancario formal. Los seis bancos mencionados fueron utilizados en esta etapa no porque las instituciones estuvieran corruptas en su conjunto, sino porque la red tenía acceso a cuentas abiertas en todas ellas.
El cuarto eslabón era el más crítico: la conversión y exportación. Los fondos eran convertidos en criptomonedas —una técnica que dificulta significativamente el rastreo— y enviados al exterior. El destino principal era Colombia, donde Carlos "Bobby" recibía los recursos desde la cárcel donde cumple condena. Las investigaciones de la Fiscalía identificaron dos sociedades del rubro de servicios digitales e informáticos —BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA— que habrían actuado como receptores finales: la primera recibió 58 mil millones de pesos y la segunda 17.270 millones adicionales.
EL EJECUTIVO DE SANTANDER: UN ESPECIALISTA EN CRÉDITO AL SERVICIO DEL CRIMEN
José Carlos Pérez Asencio tiene 33 años y es de nacionalidad venezolana. Trabajaba en Banco Santander desde 2019 en la sucursal de Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago. En su perfil de LinkedIn se presentaba como especialista de crédito, con experiencia también en el Banco de Venezuela desde 2012.
Según la Fiscalía, fue ese conocimiento profundo del sistema bancario —adquirido en Venezuela y perfeccionado en Chile durante siete años de trabajo en el sector— lo que lo hizo valioso para el Tren de Aragua. No era un matón ni un extorsionador. Era el cerebro financiero que sabía cómo usar el sistema bancario formal para dar "barniz de legalidad" a fondos provenientes de extorsiones, tráfico de drogas y trata de personas.
Durante al menos tres años, según los investigadores, Pérez Asencio habría facilitado la apertura y utilización de cuentas bancarias en múltiples instituciones, no solo en Santander, permitiendo el flujo de decenas de miles de millones de pesos a través del sistema financiero chileno. Su posición como ejecutivo bancario le daba acceso a herramientas y conocimientos que un lavador común no tiene: sabía qué operaciones generan alertas, cómo estructurar los movimientos para evitar los mecanismos de detección de lavado y cómo movilizar los fondos con la apariencia de transacciones comerciales legítimas.
El día de su detención, la PDI allanó la sucursal donde trabajaba en Santiago. Banco Santander emitió una declaración pública afirmando su política de "tolerancia cero" frente a conductas ilegales y su plena colaboración con la investigación.
LA EJECUTIVA DE BANCOESTADO: LA SEGUNDA BOMBA
Si el ejecutivo de Santander generó conmoción cuando fue detenido, la revelación del fiscal Héctor Barros tras la audiencia de formalización del domingo 7 de junio fue aún más impactante: había una segunda funcionaria bancaria imputada. Y era ejecutiva de BancoEstado.
BancoEstado no es un banco privado cualquiera. Es el banco del Estado chileno, la institución financiera pública que tiene presencia en todas las comunas del país, que administra las cuentas RUT de millones de chilenos y que es, por definición, la institución bancaria con mayor presencia en los sectores de menores ingresos. Que una ejecutiva de BancoEstado aparezca imputada como parte de la red de lavado del Tren de Aragua es una señal de penetración del crimen organizado en el aparato financiero del Estado que va más allá de lo que cualquier análisis de riesgo institucional había contemplado.
El fiscal Barros no reveló la identidad de la funcionaria. Sí confirmó que la propia imputada declaró en la audiencia ser ejecutiva de BancoEstado. Ese dato surgió de la defensa y de la propia acusada, no de la investigación de la Fiscalía, lo que sugiere que la revelación tomó incluso a los investigadores con cierta sorpresa respecto al vínculo específico.
BancoEstado no ha emitido declaración pública al respecto al cierre de este informe.
84 MILLONES DE DÓLARES: LA ESCALA REAL DE LA OPERACIÓN
Los primeros reportes de la Operación Tokio hablaban de 75 mil millones de pesos. Fuentes posteriores elevaron la cifra a 78 mil millones. La formalización del domingo 7 de junio dejó la cifra definitiva que maneja la Fiscalía: 84 millones de dólares sacados de Chile entre 2022 y 2026.
Al tipo de cambio actual, eso equivale a aproximadamente 76.500 millones de pesos. Es una cifra que el fiscal Barros calificó como "uno de los mayores lavados de activos en Chile." No es exageración: en términos de montos detectados en una sola investigación vinculada al crimen organizado transnacional, no hay precedente reciente comparable en la historia criminal chilena.
Para dimensionarlo en términos de política pública: es equivalente a más de un tercio del presupuesto anual del Ministerio de Vivienda. Es más del doble de lo que el gobierno de Boric dejó sin ejecutar en subsidios habitacionales. Es el dinero que el Tren de Aragua sacó de Chile en cuatro años, generado con extorsiones en Bellavista, trata de personas, drogas y contrabando.
Y circuló por seis bancos chilenos, con al menos dos ejecutivos bancarios que facilitaron el proceso desde adentro.
EL ORIGEN: EL QUÍNTUPLE HOMICIDIO DE LAMPA
La Operación Tokio tiene un punto de inicio preciso y brutal: el quíntuple homicidio registrado en Lampa el 16 de junio de 2024. Cinco personas asesinadas en lo que parecía un ajuste de cuentas entre bandas. En la escena, la PDI recuperó un teléfono celular. Su análisis abrió la investigación que terminaría dos años después con 19 detenidos y el mayor lavado de activos desarticulado en Chile en tiempos recientes.
Es un patrón que se repite en las investigaciones contra el crimen organizado: el error operacional de un miembro de la organización —en este caso, dejar un celular en la escena de un crimen— que abre una ventana hacia la estructura completa. El Tren de Aragua operó en Chile durante años con relativa impunidad, construyó una red financiera sofisticada que penetró el sistema bancario formal y sacó decenas de millones de dólares del país. Y cayó por un teléfono olvidado.
EL LÍDER: CARLOS "BOBBY" EN UNA CÁRCEL DE COLOMBIA
El líder de la operación de lavado en Chile es identificado en la investigación como Carlos "Bobby", actualmente preso en una cárcel de Colombia. Es el receptor final de los fondos lavados en Chile, que llegaban a él vía criptomonedas y a través de las sociedades de servicios digitales identificadas por la Fiscalía.
Que el líder de una organización criminal que operó en Chile durante años esté preso en Colombia y aun así haya seguido recibiendo decenas de millones de dólares provenientes de sus operaciones en territorio chileno dice mucho sobre la naturaleza del crimen organizado transnacional moderno: las fronteras físicas no son obstáculos operativos para organizaciones con acceso a criptomonedas y redes financieras formales infiltradas.
La investigación chilena está coordinada con autoridades colombianas para seguir el rastro de los fondos que llegaron hasta Carlos "Bobby" y eventualmente incluso a las estructuras superiores del Tren de Aragua en Venezuela y en otros países donde opera.
LO QUE ESTO DICE SOBRE CHILE
La Operación Tokio no es solo una noticia policial. Es un diagnóstico sobre el estado de penetración del crimen organizado transnacional en las instituciones chilenas.
El Tren de Aragua no llegó a Chile a cometer delitos menores y luego marcharse. Llegó, se instaló, construyó redes de extorsión en los barrios de entretenimiento nocturno, captó a funcionarios del sistema financiero formal, abrió cuentas en seis bancos, creó sociedades de fachada y sacó 84 millones de dólares del país durante cuatro años. Todo eso mientras millones de chilenos usaban esos mismos bancos para depositar sus sueldos y pagar sus hipotecas.
La pregunta de cuándo se podría haber detectado esto antes es legítima. La investigación partió en junio de 2024. El lavado comenzó en 2022. Dos años de operación antes de que cayera el primer dominó. Dos años en que los mecanismos de detección de lavado de activos del sistema bancario chileno no generaron las alertas suficientes para activar una investigación de este calibre de forma proactiva.
Eso no es una crítica a la PDI ni a la Fiscalía, cuyo trabajo en esta investigación fue impecable. Es una pregunta sobre la robustez de los sistemas de prevención del lavado en el sector bancario chileno, que el gobierno Kast tendrá que responder con política regulatoria concreta en los próximos meses.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y los propios bancos tienen ahora una pregunta incómoda que responder: si dos ejecutivos bancarios podían operar como facilitadores de una red de lavado durante años, ¿qué más está ocurriendo que aún no se ha detectado?
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