HIZO DE RN SU ASILO PARA ROBAR: 28 AÑOS DE CÁRCEL PARA TORREALBA, EL EXALCALDE DE VITACURA QUE CONVIRTIÓ LA MUNICIPALIDAD MÁS RICA DE CHILE EN SU CAJA PERSONAL

Subtítulo: La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó una acusación de 1.533 páginas contra el exalcalde Raúl Torrealba, exRN, pidiendo 28 años de cárcel. 29 delitos de fraude al Fisco, 6 de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, 1 de obtención indebida de devolución de impuestos y lavado de activos. El mecanismo: sobres con dinero en efectivo, choferes como testaferros, cuentas de la esposa, y una parcela de $200 millones en la Novena Región. No es un caso de mal manejo. Es corrupción organizada y sistemática en la alcaldía de la comuna con más recursos per cápita de Chile.

Hay una paradoja que el caso Torrealba expone con una crudeza que ningún análisis político puede suavizar. Vitacura es la comuna con mayores ingresos per cápita de Chile. Sus habitantes pagan las contribuciones más altas del país. Sus calles son las más limpias, sus plazas las mejor mantenidas, su infraestructura la más moderna. Es, en términos de recursos municipales, la alcaldía con más medios del sistema.

Y Raúl Torrealba la robó de todas formas.

No por necesidad. No por desesperación. No por la presión de un sistema que lo puso en una posición imposible. La robó porque podía hacerlo. Porque construyó una red organizada de personas —funcionarios municipales, organizaciones comunitarias, testaferros— que ejecutaron el sistema de desvío de fondos con la precisión y la sistematicidad que solo da el tiempo y la impunidad acumulada.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir y la persecutora Alicia Ascencio, presentó este martes 10 de junio de 2026 una acusación de 1.533 páginas. Es el documento más extenso que la Fiscalía ha presentado en un caso de corrupción municipal en la historia reciente de Chile. Su extensión dice algo sobre la profundidad de la investigación y sobre la complejidad del sistema que Torrealba construyó.

La pena solicitada es 28 años de cárcel.

LA ACUSACIÓN: QUÉ HIZO TORREALBA Y CÓMO LO HIZO

El fiscal Jacir describió el mecanismo con una precisión que no deja espacio para la interpretación benévola. Torrealba y sus coimputados "se concertaron para la realización de acciones tendientes a defraudar a la Municipalidad de Vitacura, mediante distintas modalidades, a través de las organizaciones comunitarias funcionales denominadas Vita y el Consejo Local de Deportes de Vitacura, respecto de las cuales se desviaban fondos provenientes de subvenciones municipales otorgadas a las mismas."

Las organizaciones comunitarias —Vita y el Consejo Local de Deportes— eran los vehículos del desvío. Recibían subvenciones municipales para fines declarados: actividades culturales, deportivas, comunitarias. En lugar de usar esos fondos para los fines que justificaban las subvenciones, los desviaban hacia el bolsillo de Torrealba y sus cómplices.

Pero la sofisticación del sistema no se limitó al desvío. Incluía también el lavado de los fondos desviados para incorporarlos al patrimonio personal de Torrealba de manera que resultara difícil de rastrear. El mecanismo fue descrito por la Fiscalía con detalle: "Luego de la recepción de sobres con dinero en efectivo de los otros coimputados, el acusado Raúl Torrealba se valió de terceras personas para la incorporación de las ganancias ilícitamente recibidas dentro de su patrimonio."

Las "terceras personas" eran funcionarios municipales que actuaban como testaferros: los choferes y auxiliares de la alcaldía. Torrealba les entregaba el efectivo. Ellos lo depositaban en sus propias cuentas. Luego Torrealba giraba cheques desde sus cuentas corrientes —en Banco Santander, Scotiabank, Itaú y Banco de Chile— a nombre de esos funcionarios, quienes los cobraban en caja y depositaban el dinero de vuelta en las cuentas de Torrealba y de su esposa.

Es el circuito clásico del lavado de activos mediante testaferros: el dinero sale sucio, da una vuelta que le da apariencia de legalidad, y regresa al patrimonio del beneficiario final. En este caso, el beneficiario final era el alcalde de la municipalidad que había generado los fondos que estaba lavando.

El monto que la Fiscalía pudo acreditar de este mecanismo específico supera los $80.100.000. Es la cifra documentada. El total del fraude al Fisco que motivó los 29 delitos de esa categoría es significativamente mayor.

EL PATRIMONIO OCULTO: LA PARCELA Y EL EFECTIVO

Entre los bienes que la Fiscalía solicitó comisar —recuperar para el Estado como compensación por el fraude— aparece una parcela de casi cinco mil metros cuadrados en la comuna de Cunco, en la Novena Región, valorada en casi $200 millones. También dinero en efectivo y dólares.

La parcela en Cunco es el activo más revelador de todos porque habla del destino final del dinero robado. No es una inversión financiera sofisticada ni un bien raíz de alta gama en Santiago. Es una parcela en la Novena Región, alejada de cualquier escrutinio. El tipo de activo que alguien elige cuando quiere que su patrimonio esté fuera del radar de la fiscalización normal.

Además del comiso, la Fiscalía pide 12 años de cárcel por los 29 delitos de fraude al Fisco, 6 años por lavado de dinero más multas, 6 años por los delitos de declaración maliciosamente incompleta de impuestos y 4 años por obtención indebida de devoluciones de impuestos. La suma de esas penas, aplicadas en la máxima extensión posible, llega a los 28 años que el Ministerio Público solicita.

LA FECHA DEL JUICIO: EL 13 DE JULIO

El tribunal fijó para el próximo 13 de julio la audiencia de apertura del juicio oral, que se extenderá por cuatro jornadas. Posterior a esa audiencia se fijará la fecha del juicio oral propiamente tal. Es el trámite que antecede al veredicto final: la etapa en que ambas partes presentarán su evidencia, sus testigos y sus argumentos ante los jueces.

Torrealba tendrá su momento de defensa. El sistema constitucional le garantiza ese derecho. Lo que no puede cambiar es que una Fiscalía con 1.533 páginas de acusación y con el detalle de los mecanismos de lavado que la investigación reconstruyó —los sobres de efectivo, los choferes testaferros, los cheques en múltiples bancos— llegó a ese juicio con una preparación que habla de años de trabajo investigativo serio.

EL PARTIDO QUE LO COBIJÓ: RN Y LO QUE DEJA EL CASO

El titular editorial de este informe dice "Hizo de RN su asilo para robar." Merece ser explicado con precisión para que no sea leído como un ataque genérico al partido.

Raúl Torrealba fue alcalde de Vitacura por Renovación Nacional. No fue un episodio menor ni marginal dentro del partido: fue uno de sus alcaldes más longevos y más visibles, en la comuna más emblemática del territorio que RN considera su bastión natural. Vitacura es el símbolo del Chile acomodado, profesional y de centroderecha que históricamente vota por RN.

Que en ese contexto, bajo ese emblema, con ese respaldo partidario, Torrealba haya construido una red de corrupción organizada y sistemática dice algo sobre el partido que no puede ser ignorado con el argumento de que fue un individuo que actuó solo. Los sistemas de corrupción que se extienden durante años no operan en el vacío: requieren de un entorno institucional —municipal, partidario, fiscalizador— que no detecte o no quiera detectar lo que está ocurriendo.

El partido, RN, tiene la obligación de hacer esa reflexión. No para autoflagelarse. Para entender cómo ocurrió y cómo se evita que ocurra de nuevo.

Y tiene también la obligación de aplicar a sus propias filas el mismo nivel de exigencia que aplica cuando denuncia la corrupción del gobierno anterior. La coherencia del discurso anti-corrupción no puede ser selectiva: aplica para Hassler y la Sierra Bella, para los convenios del Caso Boric, para el Tren de Aragua con sus tentáculos en la banca estatal. Y aplica también para el exalcalde de Vitacura que robó con sobres de dinero en efectivo y choferes testaferros.

LA LECCIÓN SISTÉMICA: LA CORRUPCIÓN NO TIENE COLOR POLÍTICO

El caso Torrealba es el recordatorio más útil que la política chilena puede tener en este momento: la corrupción no tiene ideología. No es patrimonio de la izquierda. No es inmune a la derecha. Es el resultado de la concentración de poder sin controles suficientes, de la ausencia de fiscalización efectiva y de la cultura institucional que permite que un alcalde reciba sobres de efectivo durante años sin que nadie dentro del sistema lo detecte.

La izquierda tiene el caso Convenios, el caso Monsalve, el INDAP con créditos a cultivadores de marihuana, el plan habitacional con 24% de cumplimiento. La derecha tiene a Torrealba con 29 delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y $200 millones en una parcela en Cunco.

El ciudadano chileno que votó a Kast con el mandato de acabar con la corrupción tiene todo el derecho de exigir que ese mandato se aplique con coherencia. No puede ser un mandato que apunta solo hacia el gobierno anterior. Tiene que apuntar también hacia adentro, hacia el partido que cometió sus propios escándalos con la misma impunidad que los que se denuncia.

El 13 de julio comienza el juicio. Chile debe seguirlo con la misma atención que siguió el caso Hassler, el caso Hermosilla y el caso Grau. La corrupción se combate en todos los partidos o no se combate en ninguno.

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