La paradoja que la propia comunidad no logra explicarse

La Iglesia de la Veracruz, en el barrio Lastarria de Santiago, fue incendiada intencionalmente el 12 de noviembre de 2019, en el marco de las manifestaciones del estallido social. Según material audiovisual disponible desde entonces, un sujeto encapuchado lanzó un elemento acelerante contra la puerta principal del templo, consumiendo por completo el piano, los cuadros, muebles, ventanas y la puerta de acceso de un edificio declarado Monumento Histórico en 1983.

Siete años después, mientras la Fundación Veracruz levanta fondos para una restauración de $1.600 millones que incluirá un centro cultural, persiste un hecho que la propia secretaria ejecutiva de la fundación, Magdalena Pulido, no logra explicar: uno de los sujetos que participó en el incendio está identificado en los registros de video, pero nunca ha sido detenido. "No sabemos por qué sigue libre, pero lo que pretendió dañar está más vivo que nunca", declaró Pulido.

Una causa judicial abierta desde 2020, sin condenados conocidos

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por este incendio en marzo de 2020, cuatro meses después de los hechos, contra quienes resultaran responsables. La investigación estableció, a partir del material audiovisual disponible, la existencia de al menos un sujeto encapuchado que lanzó el elemento acelerante contra la puerta principal. La Veracruz no fue un caso aislado dentro de la ola de ataques a templos católicos durante el estallido: el 8 de noviembre de 2019, apenas cuatro días antes, la Parroquia de la Asunción fue saqueada e incendiada por encapuchados que usaron las bancas del templo como barricada y destruyeron imágenes religiosas; el 3 de enero de 2020, un incendio similar consumió buena parte de la iglesia San Francisco de Borja, propiedad de Carabineros de Chile. En este último caso, la Fiscalía sí llegó a formalizar a un presunto participante, según registró en su momento BioBioChile —lo que hace aún más notorio que en el caso de la Veracruz, pese a existir igualmente un sujeto identificado en video, no se haya producido ninguna detención conocida hasta la fecha.

Convivir con las cicatrices en lugar de esconderlas

Ante la ausencia de una respuesta judicial satisfactoria, la parroquia optó por una estrategia simbólica distinta: no borrar las huellas del fuego. Desde su reapertura en marzo de 2024 —cinco años después del incendio—, los muros cubiertos de hollín y las vigas ennegrecidas permanecen a la vista mientras la vida religiosa y cultural del templo se reactiva. Hoy la parroquia recibe cerca de mil personas al día, ha debido aumentar el número de misas dominicales por falta de cupo, y organiza conciertos, visitas patrimoniales y actividades culturales en el mismo espacio que fue consumido por las llamas.

El proyecto de restauración, a cargo de la oficina de arquitectura Saez Joannon con las tramitaciones correspondientes ante Monumentos Nacionales, contempla en su primera etapa la restauración del altar y el coro, además de la habilitación de un nuevo centro cultural en las casas patrimoniales contiguas al templo, con una línea vinculada al arte sacro pero abierta a públicos y expresiones culturales diversas. Hasta ahora, la Fundación ha reunido poco más de $100 millones de los $1.600 millones que cuesta el proyecto completo, por lo que la restauración se ejecutará en etapas. En paralelo, la Fundación mantiene un litigio contra el propio Estado, buscando establecer responsabilidades por la falta de protección de un inmueble patrimonial durante los hechos de 2019; según Pulido, han perdido las dos primeras instancias de ese proceso.

Pulido fue enfática en aclarar que la decisión de mantener visibles las huellas del incendio no equivale a una mirada complaciente hacia la violencia de octubre de 2019: "desde luego no queremos hacer una oda al octubrismo", declaró.

Lectura editorial

Esta columna sostiene que el caso de la Iglesia de la Veracruz es, en miniatura, el retrato de un problema mucho más amplio que ya hemos documentado en otras causas: la distancia entre la evidencia disponible y la respuesta efectiva del sistema persecutorio chileno frente a los delitos cometidos durante el estallido social. Que exista un registro audiovisual que identifica a un participante del incendio, y que pese a ello no se haya producido una detención en siete años, no es un detalle menor: es exactamente el tipo de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en la justicia, con el agravante simbólico de tratarse del incendio deliberado de un templo religioso, Monumento Histórico de la nación, que había sido construido en el siglo XIX como signo de reconciliación entre Chile y España. La respuesta de la comunidad —reconstruir con sus propios recursos, sin esperar al Estado, y convivir dignamente con las cicatrices— es admirable, pero no debería ser necesaria: la responsabilidad de identificar, perseguir y sancionar a quienes cometieron estos delitos es del Estado, no de la fe y la perseverancia de una parroquia de barrio.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado informen públicamente el estado exacto de la causa abierta en 2020 por este incendio, y expliquen por qué el sujeto identificado en video no ha sido detenido ni formalizado hasta la fecha.
• Que se revise, con el mismo estándar aplicado al caso de la iglesia de Carabineros —donde sí hubo una formalización—, por qué en el caso de la Veracruz el proceso no avanzó de manera equivalente pese a contar con evidencia audiovisual similar.
• Que el Estado asuma con mayor celeridad su responsabilidad en el litigio que mantiene contra la propia Fundación Veracruz, en lugar de prolongar un proceso en el que, según reconoce la propia fundación, ya se perdieron dos instancias.
• Que este caso se sume al catastro más amplio de causas del estallido social con responsables identificados pero sin sanción efectiva, un patrón que esta columna seguirá documentando.

Conclusión

Siete años después de que las llamas consumieran el interior de la Iglesia de la Veracruz, la comunidad que la rodea ha logrado, con recursos propios y una estrategia simbólica notable, devolverle vida a un templo que muchos daban por perdido. Lo que el Estado no ha logrado, en cambio, es explicar por qué un sujeto identificado en video sigue en libertad. Esta columna seguirá esta causa, con la misma exigencia que ha aplicado a otros casos de impunidad del estallido social, hasta que exista una respuesta clara.