El Imacec de junio de 2026 sorprendió al mercado con un alza de 2,4% anual, la primera cifra positiva tras cinco meses consecutivos de contracción y un dato que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como la confirmación de que "la economía está volviendo a crecer". Pero detrás del titular auspicioso conviven dos economías que se mueven a ritmos opuestos: la de los sectores exportadores y de recursos naturales, que repuntan con fuerza gracias al cobre, y la de los hogares chilenos, que enfrentan el peor mercado laboral en casi cinco años y una confianza del consumidor que sigue hundida. Leer el Imacec de junio como el fin de la crisis económica, sin matices, es una simplificación que los propios datos del Banco Central, el INE y el Instituto de Confianza del Consumidor de Ipsos no respaldan.

Un repunte real, pero angosto

El Imacec, que mide la actividad económica agregada del país, creció 2,4% en junio respecto a igual mes de 2025, superando la proyección de 1,2% que manejaba el propio Banco Central. La serie desestacionalizada avanzó 0,6% respecto de mayo y 1,4% en doce meses, cifras que en conjunto permitieron a Chile esquivar, por ahora, una recesión técnica: el escenario en que el PIB desestacionalizado cae durante dos trimestres consecutivos.

El detalle sectorial, sin embargo, muestra que el repunte está lejos de ser transversal. La minería lideró con un salto de 9,8% anual, explicado en gran parte por una base de comparación extremadamente baja: en junio de 2025 el sector se había contraído 8,4%, de modo que buena parte del "crecimiento" de este junio es en rigor una recuperación desde un piso artificialmente bajo, más que una señal de expansión sostenida. A ello se sumó una mayor producción de cobre respecto de los meses previos, en un contexto de precios internacionales favorables. El comercio, por su parte, avanzó 5,4%, impulsado por el comercio mayorista de maquinaria y equipos y por las ventas online y de vestuario en el segmento minorista. Los servicios crecieron un modesto 1,7% y el resto de bienes 1,0%, mientras que la industria manufacturera retrocedió 0,7%, arrastrada por una menor elaboración de productos pesqueros. El Imacec no minero, que excluye el efecto de la minería y por tanto refleja mejor el pulso de la economía "de a pie", anotó un alza de apenas 1,4% anual.

Esa brecha entre el Imacec total y el no minero es la primera señal de que el festejo oficial merece matices: gran parte del salto de junio corresponde a un sector altamente intensivo en capital y con escasa capacidad de generar empleo masivo, mientras que las actividades que sí emplean a la mayoría de los chilenos —comercio, servicios, industria— muestran un desempeño mucho más moderado o derechamente negativo.

El mercado laboral que no acompaña la recuperación

Si el Imacec fuera el único termómetro de la economía chilena, la conclusión sería que el país dejó atrás sus problemas. Pero el mercado laboral cuenta una historia distinta. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional se ubicó en 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, el nivel más alto desde junio de 2021 y el resultado de 41 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%. La cifra representa un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses y se explica porque la fuerza de trabajo creció más rápido (1,3%) que la cantidad de personas efectivamente ocupadas (0,8%), es decir, más chilenos salieron a buscar empleo del que el mercado fue capaz de absorber.

La composición de ese deterioro es, si cabe, más preocupante que el número agregado. El propio informe del INE, citado por centros de estudios como Libertad y Desarrollo, documenta que en el trimestre marzo-mayo se registró el tercer mes consecutivo de creación de empleo informal —cerca de 42.500 nuevos puestos— acompañada de una destrucción de empleo formal de aproximadamente 112.600 plazas. La tasa de ocupación informal a nivel nacional llegó a 27%, lo que significa que poco más de uno de cada cuatro trabajadores chilenos se desempeña sin contrato, sin cotizaciones previsionales y sin ningún tipo de protección laboral. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la desocupación alcanzó 24,6%, una cifra que compromete directamente la primera experiencia laboral de una generación completa.

La brecha de género tampoco se ha cerrado: la desocupación femenina se mantuvo en 10,5%, frente a 8,6% en los hombres, una diferencia que los propios datos del INE atribuyen a que más mujeres se han incorporado a la búsqueda de empleo de la que el mercado puede ofrecerles. En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación llegó a 9,8%, por sobre el promedio nacional, con la industria manufacturera, las actividades profesionales y el comercio como los rubros con mayores incidencias negativas.

Este deterioro del empleo no es un fenómeno de un mes: la serie del INE muestra un alza sostenida durante todo el primer semestre de 2026, desde 8,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026, pasando por 8,9% en enero-marzo, 9,1% en febrero-abril, hasta el 9,4% de marzo-mayo. Es, en otras palabras, una tendencia consolidada de deterioro que antecede al repunte puntual del Imacec de junio y que ningún dato de actividad agregada ha logrado revertir hasta ahora.

Un consumidor que sigue sin confiar

El otro termómetro que contradice la narrativa del "punto de inflexión" es la confianza de los hogares. El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) que elabora Ipsos había alcanzado en febrero de 2026 su nivel más alto en más de seis años, con 50,3 puntos, situándose por primera vez desde 2019 en la zona de "optimismo" (sobre 50 puntos). Ese repunte, sin embargo, se revirtió abruptamente con el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el consecuente alza del precio del petróleo: en abril, el índice se desplomó 7,5 puntos hasta 41,3 puntos, su peor registro desde la pandemia de 2020, con caídas de dos dígitos en los subíndices de expectativas económicas e inversión. En mayo, la confianza apenas se movió, cerrando en 40,9 puntos, todavía muy por debajo del umbral de equilibrio y del promedio de otras economías latinoamericanas como Colombia, Argentina o Perú, que sí mostraron recuperaciones significativas en el mismo período.

El propio Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central de Chile, publicado en junio de 2026, reconoce este fenómeno sin ambigüedades: al describir la demanda interna, el instituto emisor proyecta un menor impulso del consumo de los hogares, cuyos fundamentos se han debilitado, al tiempo que revisa a la baja sus estimaciones de inversión para el año. Es, en la práctica, el propio Banco Central admitiendo que el consumo —el motor que históricamente ha explicado buena parte del crecimiento chileno— no está acompañando el repunte de junio, y que ese rezago no es coyuntural sino estructural en sus fundamentos.

Esta desconexión entre actividad y consumo tiene una explicación relativamente directa: cuando el desempleo sube, la informalidad aumenta y los ingresos laborales se debilitan, las familias postergan decisiones de gasto e inversión, incluso si las cifras agregadas de producción mejoran. El Imacec puede crecer por el empuje del cobre y las exportaciones sin que ese dinamismo se traduzca, al menos en el corto plazo, en más empleo de calidad ni en mayor gasto de los hogares.

El contexto: una economía que arrastra un semestre negativo

Poner el dato de junio en perspectiva histórica ayuda a matizar el entusiasmo oficial. Pese al alza de 2,4% anual, la actividad económica acumulada durante el primer semestre de 2026 continúa en terreno negativo, de acuerdo con estimaciones de centros como Libertad y Desarrollo, que sitúan el crecimiento acumulado del semestre en torno a -0,2%. En otras palabras, junio corta una racha de cinco meses en rojo, pero no alcanza todavía a compensar las caídas acumuladas desde enero. El propio Banco Central había anticipado, en su Reunión de Política Monetaria de junio, que la actividad se había contraído en el primer trimestre por debajo de lo esperado en el IPoM de marzo, arrastrada principalmente por el débil desempeño de los rubros de recursos naturales, la misma variable que en junio operó en sentido inverso y explicó buena parte del repunte.

Este patrón de una economía que alterna meses de fuerte contracción con rebotes puntuales, sin lograr una trayectoria de crecimiento sostenido, no es nuevo: desde 2022 Chile ha mostrado tasas de expansión moderadas y volátiles, muy por debajo de su potencial histórico, en un contexto de baja inversión y un mercado laboral que no ha logrado recuperar los niveles de calidad prepandemia. La informalidad de 27% registrada en el trimestre marzo-mayo de 2026 es, de hecho, superior a los niveles observados antes de la crisis del Covid-19, lo que sugiere un cambio estructural en la composición del empleo chileno y no solo un fenómeno cíclico ligado al ciclo económico de corto plazo.

Un rezago que no es solo chileno, pero que golpea distinto

La debilidad de la confianza de los consumidores chilenos no ocurre en el vacío: buena parte del mundo experimentó un shock similar tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que en abril de 2026 provocó la segunda mayor caída histórica del Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos, solo superada por el desplome registrado al inicio de la pandemia en 2020. Sin embargo, la comparación regional resulta desfavorable para Chile: mientras el índice global mostraba señales de recuperación hacia mayo y junio, con un repunte de dos meses consecutivos, el country manager de Ipsos Chile atribuyó la persistencia de la caída local a un factor "profundamente idiosincrático" vinculado al alza de los combustibles y al ánimo económico interno de personas y empresas, más allá del shock petrolero externo. En el informe de enero de 2026 de Ipsos, previo al estallido del conflicto en Medio Oriente, ya se documentaba que el optimismo chileno crecía apenas 0,7 puntos frente a alzas de 6,5 puntos en Argentina, 3,4 en Colombia y 3,1 en Perú, lo que sugiere que el rezago de la confianza chilena no es enteramente atribuible a factores externos, sino que antecede al shock geopolítico y responde también a condiciones internas del mercado laboral y del costo de vida.

Este patrón no es inédito en la historia económica reciente del país. Desde el estallido social de octubre de 2019, la economía chilena ha atravesado sucesivos episodios en que la recuperación de los indicadores agregados de actividad antecede, por meses o incluso años, a la recuperación del empleo formal y de la confianza de los hogares. Durante la pandemia y su posterior reactivación, Chile registró tasas de crecimiento del PIB históricamente altas en 2021, impulsadas por el retiro de fondos previsionales y el gasto fiscal extraordinario, sin que ese repunte se tradujera de inmediato en una recuperación proporcional del empleo formal, que demoró varios trimestres adicionales en normalizarse. La informalidad laboral, que hoy alcanza 27%, ya mostraba entonces una tendencia al alza estructural, agravada por la destrucción de pequeñas y medianas empresas durante los confinamientos, muchas de las cuales no lograron reabrir en el sector formal. El ciclo actual, con un Imacec que repunta por el empuje puntual del cobre mientras el empleo formal se contrae, reproduce ese mismo desacople entre las cifras macro y la experiencia laboral de los hogares, aunque con un origen distinto: no una crisis sanitaria, sino más de tres años de bajo crecimiento tendencial, alta incertidumbre regulatoria y, más recientemente, shocks externos como la guerra en Medio Oriente y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Lo que viene: las próximas señales que definirán si el punto de inflexión es real

La confirmación —o el desmentido— de la lectura optimista sobre el Imacec de junio llegará en las próximas semanas a través de una serie de datos clave. El primero es el propio Imacec de julio, para el que Hacienda anticipa un crecimiento más moderado, en un contexto en que el impacto de la nueva "megarreforma" introducirá, según el propio ministerio, un componente positivo en materia de confianza que aún debe verificarse en las cifras efectivas. El segundo hito es la publicación, el 18 de agosto, de los resultados preliminares del PIB del segundo trimestre y las revisiones del primero, que permitirán establecer con mayor precisión si Chile efectivamente evitó la recesión técnica o si el resultado de junio fue insuficiente para revertir la trayectoria del semestre. El tercer punto de referencia es la próxima Encuesta Nacional de Empleo del INE, correspondiente al trimestre abril-junio, que mostrará si la destrucción de empleo formal observada en el trimestre marzo-mayo se profundiza o comienza a revertirse conforme avanza la implementación de la Ley de Reconstrucción. Finalmente, la Reunión de Política Monetaria de septiembre del Banco Central será determinante para saber si la TPM permanece congelada en 4,5% o si el instituto emisor encuentra margen para retomar el ciclo de recortes, en un escenario internacional que continúa marcado por la volatilidad del precio del petróleo y la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La apuesta del Gobierno: la Ley de Reconstrucción como salvavidas

El Gobierno de José Antonio Kast ha depositado buena parte de sus expectativas de reactivación en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la megarreforma impulsada por el ministro Quiroz que completó su tramitación legislativa a fines de julio de 2026, con la aprobación de 27 de sus 28 artículos en la Cámara de Diputados y el respaldo transversal de distintas bancadas. La iniciativa combina medidas de facilitación regulatoria, simplificación de permisos ambientales y consolidación fiscal, además de destinar 400 mil millones de pesos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en Valparaíso, Ñuble y Biobío. Entre sus componentes más publicitados figuran el fin del anatocismo, el derecho al olvido financiero y rebajas de impuestos orientadas a mejorar la competitividad tributaria del país.

El propio Quiroz ha sido explícito respecto de los tiempos: en distintas presentaciones ante el mercado, el ministro ha señalado que el verdadero impulso de la reforma —en inversión, empleo formal y actividad— debiese materializarse recién a partir de 2027, una vez que las nuevas reglas regulatorias y tributarias comiencen a operar en régimen. Esa misma expectativa es compartida por buena parte de los economistas de la banca privada: instituciones como BTG Pactual, Banco Santander y BCI coinciden en que el segundo semestre de 2026 mostrará mayor dinamismo, pero a tasas todavía moderadas, mientras que el salto más relevante en la actividad se vería recién el próximo año, apalancado en la propia Ley de Reconstrucción.

Esa brecha temporal —entre una reforma recién aprobada y sus efectos esperados para 2027— es precisamente el problema para los cerca de 850 mil chilenos que hoy están desempleados o para el más de un cuarto de la fuerza laboral que trabaja en la informalidad: la recuperación estructural que promete el Gobierno llega, en el mejor de los casos, con más de un año de rezago respecto del deterioro que el mercado laboral viene acumulando desde 2023.

El Banco Central, sin margen para acelerar la reactivación

A la espera de que la reforma estructural rinda sus frutos, la política monetaria tampoco ofrece un alivio inmediato. El Consejo del Banco Central mantuvo en julio de 2026, por unanimidad y ya van varias reuniones consecutivas, la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, el mismo nivel desde diciembre de 2025, cuando se interrumpió el ciclo de recortes iniciado en 2023. La decisión se explica por el resurgimiento de las tensiones en Medio Oriente tras una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán —pese a un cese al fuego previo—, que empujó nuevamente al alza el precio del petróleo y con ello las expectativas de inflación, tanto a nivel global como local. El propio instituto emisor ha señalado que evaluará la evolución de la tasa "reunión a reunión", lo que en la práctica significa que no existe hoy una hoja de ruta clara hacia una baja de tasas que abarate el crédito para hogares y empresas.

Esta pausa monetaria tiene un correlato directo en el bolsillo de las familias: con una TPM congelada, las tasas de créditos de consumo, hipotecarios y comerciales seguirán, en lo inmediato, en niveles restrictivos, lo que dificulta que el consumo privado —ya debilitado según el propio IPoM— pueda repuntar con la misma fuerza que la minería o el comercio exportador. A ello se suma el frente externo: la reciente controversia por la exigencia de Estados Unidos de modificar aspectos del Tratado de Libre Comercio con Chile, calificada por el propio Gobierno como una presión desproporcionada, añade un elemento adicional de incertidumbre para la inversión y el comercio exterior en los próximos meses.

Lectura editorial: el riesgo de declarar una victoria prematura

El Imacec de junio es, sin duda, una buena noticia después de cinco meses consecutivos de cifras negativas, y sería un error negar que el dato representa un cambio de tendencia en la actividad agregada. Pero convertir ese dato puntual en el relato de que "la economía chilena superó su crisis" —como ha tendido a instalarse en el discurso oficial tras la publicación de la cifra— choca con la evidencia que entregan, en paralelo, el mercado laboral y la confianza de los hogares. Un país no se recupera económicamente mientras mantiene 41 meses consecutivos de desempleo sobre el 8%, mientras uno de cada cuatro trabajadores carece de contrato y protección social, y mientras la confianza de los consumidores permanece anclada en niveles que no se veían desde la pandemia.

La brecha entre el Imacec y estos indicadores sociales no es un simple matiz estadístico: es la diferencia entre una recuperación que se mide en las cifras agregadas del Banco Central y una que se siente en el bolsillo de las familias chilenas. La apuesta del Gobierno —que la Ley de Reconstrucción destrabe inversión y empleo formal hacia 2027— es razonable en el papel, pero exige paciencia de un electorado que lleva más de tres años conviviendo con un mercado laboral deteriorado. Mientras esa reforma no rinda frutos tangibles en las cifras de empleo formal, cualquier lectura triunfalista del Imacec de junio corre el riesgo de desconectarse de la experiencia cotidiana de buena parte del país, algo que la propia autoridad económica debiese sopesar al comunicar estos resultados. El desafío, en definitiva, no es solo que la economía vuelva a crecer en el papel, sino que ese crecimiento efectivamente llegue a quienes hoy no encuentran trabajo formal ni ven mejorar su capacidad de consumo.