Esta columna, que ya documentó en dos entregas sucesivas las omisiones del informe parlamentario sobre el 18-O, examina ahora un antecedente adicional que completa el cuadro de aquel período: el informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que llevó al entonces Presidente Sebastián Piñera a declarar, el 20 de octubre de 2019, que Chile estaba "en guerra contra un enemigo poderoso". Esta columna aplica a este antecedente el mismo estándar de verificación que ha sostenido en toda su cobertura sobre la injerencia externa en el estallido social: la existencia de intentos de aprovechamiento político por parte de actores extranjeros es una hipótesis que esta columna ha respaldado con evidencia documental sólida en investigaciones anteriores, pero eso no exime a esta cobertura de reconocer, con la misma honestidad, cuando una pieza específica de evidencia resultó gravemente errada.

La frase que marcó al gobierno: "estamos en guerra"

Esta columna reconstruye el contexto exacto en que se pronunció una de las frases más recordadas de la historia política reciente de Chile. El 20 de octubre de 2019, apenas dos días después del inicio de la revuelta, Piñera declaró: "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el Metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Esta columna considera relevante el contraste que expone el propio registro histórico: apenas días antes, en pleno estallido y mientras se incendiaba la fachada del edificio de Enel, el propio Piñera había sido fotografiado cenando en un restaurante durante el cumpleaños de su nieto, una desconexión inicial con la magnitud de la crisis que el propio informe de inteligencia contribuyó, horas después, a revertir de manera abrupta y con un tono de una dureza sin precedentes en un gobierno democrático chileno.

El informe que sustentó la frase: un "batallón de 600 agentes"

Horas antes de esa conferencia de prensa, en una reunión sostenida en dependencias del Ejército con la participación del propio Piñera, el entonces ministro de Defensa Alberto Espina, el jefe militar de la Región Metropolitana Javier Iturriaga, y el director de la DINE, general Guillermo Paiva —el mismo oficial que ya había estado envuelto en la polémica Operación Topógrafo de 2018, sobre escuchas telefónicas ilegales dentro de la propia institución—, se presentó al Mandatario el informe N°2 de la DINE, con fecha 20 de octubre de 2019, que sostenía que las inteligencias venezolana y cubana habían estado gestando una "ofensiva insurreccional para Chile". El documento afirmaba, textualmente, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) —caracterizado como una célula del G2, el servicio de inteligencia cubano— contaría "para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero".

El error que desacredita la pieza central del informe

Esta columna considera indispensable, con el mismo rigor que exige a cualquier fuente que cita, exponer con total transparencia el error que terminó minando la credibilidad de esta pieza de inteligencia militar. El informe identificó como "comandante" de este supuesto batallón a Pedro Carvajalino, señalado como jefe de la organización "chavista gubernamental Zurda Konducta". La realidad, verificada posteriormente por la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) —el organismo civil, entonces dirigido por Luis Masferrer—, era considerablemente más prosaica: Zurda Konducta es, en los hechos, un programa de televisión, y Carvajalino es su conductor, un youtuber y tuitero fanático del gobierno de Nicolás Maduro que utilizaba sus redes sociales como mecanismo de agitación política, sin ningún perfil compatible con el de un agente de inteligencia real. La propia ANI fue categórica en su corrección: "ninguna agencia seria o servicio de inteligencia publica abiertamente en redes sociales sus acciones, estrategias y, además, con su nombre real. Este sujeto es tendencia en redes sociales, vocifera y publica todas sus supuestas actuaciones de agitación y organización, situación que probablemente sea una estrategia comunicacional por parte del Gobierno de Nicolás Maduro para exacerbar sus capacidades o adjudicarse acciones que no son generadas por él".

Esta columna considera este último punto de la máxima relevancia analítica: incluso el propio informe corrector de la ANI reconoce que el gobierno venezolano buscaba activamente exacerbar su propia influencia y adjudicarse acciones ajenas con fines propagandísticos, una distinción crucial entre "intento de aprovechamiento político" y "organización material efectiva" de la violencia, que esta columna considera el estándar correcto para evaluar cualquier hipótesis de injerencia extranjera.

La prueba fotográfica que resultó ser un montaje

Esta columna reproduce, por su relevancia para ilustrar la fragilidad de la evidencia original, el detalle específico que el propio informe militar utilizó como sustento de la presencia de Carvajalino en Chile: una fotografía que el propio youtuber había subido a sus redes sociales, mostrándolo posando frente a La Moneda, que resultó ser un evidente montaje digital, contrastado por otra imagen real que lo ubicaba, en el mismo período, en Argentina. La propia Policía de Investigaciones debió salir públicamente a desmentir su ingreso al país, ante la efervescencia que generaron estos posteos dentro de la propia comunidad venezolana residente en Chile, que repudió y denunció activamente al agitador por su montaje.

El caso Belandria: una activista antichavista señalada como cabecilla chavista

Esta columna considera que el segundo error del informe militar es, si cabe, todavía más grave que el primero, por la injusticia directa que representó contra una persona identificable. El informe identificó a la ciudadana venezolana Judith Belandria como organizadora de las manifestaciones violentas en Chile, basándose en una convocatoria a protestar que ella misma había publicado. La verificación posterior de la ANI estableció que Belandria era, en realidad, una conocida activista antichavista y antimaduro, titular de una visa de refugiada, y que la convocatoria específica que el informe militar utilizó como evidencia databa, en realidad, de siete meses antes del estallido —marzo de 2019, no octubre—, correspondiendo a una actividad de solidaridad con el pueblo venezolano liderada por Guarequena Gutiérrez, representante en Chile del líder opositor venezolano Juan Guaidó. Esta columna considera que atribuir a una activista opositora al chavismo el rol de instigadora chavista de la violencia constituye, sin matices, un error de inteligencia de gravedad mayúscula, que compromete seriamente la solidez técnica de todo el documento.

El Foro de São Paulo: la hipótesis mayor que la propia inteligencia civil rechazó

Esta columna considera relevante reconstruir la hipótesis de fondo que sustentaba el informe de la DINE: que los hechos de violencia desatados desde el 18 de octubre tenían relación directa con el Foro de São Paulo, la reunión de partidos y movimientos de izquierda latinoamericana celebrada en Caracas en julio de 2019. La propia ANI, en su informe corrector, fue explícita en desestimar esa hipótesis central: "no existen antecedentes o evidencias suficientes para establecer que desde esta actividad se organizó o planificó los hechos desarrollados desde el día 19/10/19 en nuestro país, mucho menos afirmar que estos hechos se encuentran articulados y dirigidos desde el gobierno de Nicolás Maduro". Esta columna reproduce con la misma fidelidad la matización que el propio informe civil sí mantuvo: "es posible sostener un aprovechamiento desde el gobierno venezolano de los hechos de efervescencia social actuales para atribuirse la organización de estos y lograr generar un impacto a nivel internacional".

Lo que sí funcionó: las alertas tempranas de la ANI sobre la violencia interna

Esta columna considera que este episodio no debe leerse únicamente como el fracaso de una hipótesis de injerencia extranjera, sino también, y de manera igualmente relevante, como evidencia de que el propio sistema de inteligencia chileno sí generó alertas tempranas precisas sobre la violencia doméstica organizada, que las autoridades de la época no lograron capitalizar a tiempo. Doce días antes del informe militar, el 8 de octubre, la propia ANI había despachado a Interior, Carabineros, Metro, el Ministerio de Transportes, el Ejército y la Armada un informe titulado "Llamado a una semana de Sabotaje y evasión del Transporte Público", que anticipó con notable precisión buena parte de lo que ocurriría después: la convocatoria de estudiantes del Instituto Nacional a evadir el pago del Metro, la eventual unión de encapuchados que provocarían daños con artefactos incendiarios tipo molotov, y la proyección de que "organizaciones de distintos sectores de la izquierda y anarquistas" convocarían a nuevas manifestaciones con alta probabilidad de ataques a la infraestructura de transporte público. Un segundo informe, seis días después, detalló cerca de una decena de estaciones específicas de Metro que podrían ser gravemente vandalizadas: la mayoría de ellas terminó incendiada.

Esta columna considera que este antecedente confirma, con evidencia documental adicional, exactamente el mismo diagnóstico que el fiscal Patricio Cooper ya entregó en su testimonio judicial, que esta columna reprodujo en su cobertura anterior: existía información de inteligencia real y precisa sobre estructuras organizadas detrás de parte de la violencia, pero esa información no se tradujo en una respuesta institucional coordinada y oportuna, sino que convivió, en el peor de los casos, con un informe militar paralelo plagado de errores que terminó determinando el tono comunicacional del propio Presidente.

Lectura editorial: la coexistencia de dos verdades que exigen ser separadas con precisión

Esta columna considera que este episodio exige, con la misma exigencia de rigor que ha aplicado en toda su cobertura sobre el estallido social, una distinción metodológica clara que no debe diluirse por conveniencia narrativa hacia ningún lado del debate. Por un lado, existe evidencia sólida y verificable —el propio informe de la ANI del 8 de octubre, el testimonio judicial del fiscal Cooper, y otros antecedentes que esta columna ya ha documentado en investigaciones previas— de que parte de la violencia del 18-O respondió a estructuras organizadas con capacidad de convocatoria y coordinación real, no a un fenómeno exclusivamente espontáneo. Por otro lado, y con la misma firmeza, esta columna reconoce que la pieza específica de evidencia que llevó a Piñera a hablar de "guerra" contra una injerencia venezolana y cubana estructurada —el informe N°2 de la DINE— estuvo construida sobre errores de identificación graves, verificados y corregidos por el propio sistema de inteligencia civil chileno en cuestión de días.

Esta columna considera que ambas verdades pueden y deben coexistir sin contradecirse: que hubo intentos reales de aprovechamiento político por parte del régimen venezolano —como reconoce la propia ANI— no equivale a que existiera el batallón de 600 agentes clandestinos que el informe militar describió con tanta contundencia como falta de rigor. Confundir ambas cosas, en cualquier dirección, sería exactamente el tipo de imprecisión que esta columna ha exigido evitar en su cobertura completa sobre este período.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que cualquier revisión institucional futura sobre los hechos de octubre de 2019 —incluyendo el informe parlamentario ya aprobado que esta columna ha criticado por sus omisiones— incorpore también este antecedente específico: la manera en que un informe de inteligencia militar mal verificado llegó a determinar, en cuestión de horas, el tono con que el propio Estado chileno caracterizó públicamente la crisis, con consecuencias comunicacionales y políticas que se extendieron durante meses.

Conclusión: el colapso institucional tuvo muchas caras, y todas merecen ser contadas

Esta columna concluye que este informe de inteligencia militar confirma, desde un ángulo distinto al ya documentado en nuestras coberturas anteriores, la misma tesis de fondo que hemos sostenido a lo largo de todo este seguimiento: octubre de 2019 fue un período de colapso institucional generalizado, que incluyó tanto la incapacidad del Estado para prevenir la violencia organizada pese a contar con alertas tempranas precisas, como la propia fragilidad de los mecanismos de verificación de inteligencia que llevaron a un Presidente de la República a declarar la guerra contra un enemigo cuya existencia, en los términos exactos en que fue descrito, nunca logró comprobarse. VDI Global continuará exigiendo que la historia completa de ese período —con todas sus caras, incluidas las que resultan incómodas para cualquier lectura simplificada— sea finalmente contada con el rigor que Chile merece.