Chile construyó, entre 2006 y 2016, un colchón fiscal de fondos soberanos por un valor que —sumando aportes históricos al FEES y al FRP— se acerca a los 30.000 y 40.000 millones de dólares, según el rango que citó esta semana el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ese colchón se erosionó de forma sostenida durante casi dos décadas, con una aceleración marcada en los últimos años del gobierno de Gabriel Boric. En paralelo, una auditoría del actual gobierno detectó $1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición acreditada durante el período 2022-2026. Este informe reconstruye ambos procesos con la evidencia disponible, incluyendo el costo real —no solo el saldo— de la deuda que Chile arrastra hoy.

La cifra de los fondos soberanos: entre 30.000 y 40.000 millones de dólares

El FEES y el FRP fueron creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006 como mecanismo para ahorrar en años de bonanza del cobre y poder gastar en años de vacas flacas, sin depender exclusivamente del endeudamiento. El punto máximo combinado documentado de ambos fondos fue de US$22.634 millones al cierre de 2016. Pero la cifra total de recursos que en algún momento pasaron por ambos fondos a lo largo de su historia es mayor: el FEES por sí solo recibió aportes de capital acumulados por US$27.763 millones desde su creación hasta 2024, según el Informe Anual de Fondos Soberanos del Ministerio de Hacienda; sumado a los aportes históricos del FRP —que partió con US$604,5 millones en 2006 y hoy mantiene US$10.512 millones—, la cifra total se acerca, efectivamente, al rango de 30.000 a 40.000 millones de dólares que citó Frei.

Ese ahorro se construyó con esfuerzo fiscal sostenido de gobiernos de todos los sectores durante casi dos décadas. Se ha erosionado en sucesivas etapas: el retiro de US$9.277 millones en 2009 para enfrentar la crisis subprime; la recuperación parcial entre 2010 y 2016; el desplome de 2020-2021 durante la pandemia, con un déficit estructural de 11,4% del PIB —el mayor registrado desde que existe la regla fiscal—; y el uso intensivo de los últimos años del gobierno de Boric, que este informe detalla a continuación.

El "manotazo" al litio: la evidencia más sólida contra la gestión de Marcel

Entre 2023 y 2024, el Ministerio de Hacienda de Mario Marcel solicitó a Corfo seis transferencias que sumaron $3.426.693.555.555 —más de 3,4 billones de pesos, unos US$3.500 millones— provenientes de los excedentes extraordinarios generados por el alto precio del litio en 2022 y 2023, bajo los contratos vigentes con SQM y Albemarle en el Salar de Atacama.

La secuencia, revelada por un reportaje de The Clinic y confirmada por Hacienda y por Corfo, fue la siguiente: en 2023 Hacienda solicitó un primer traspaso; cuando ese monto se agotó, Corfo terminó transfiriendo casi 281 mil millones de pesos adicionales a lo solicitado originalmente —el equivalente a todo el presupuesto anual que Corfo destina a transferencias y apoyo al sector privado—. El 29 de noviembre de 2023, Hacienda pidió un nuevo traspaso de US$1.500 millones, exigiendo el pago "a la brevedad", con plazo de solo una semana. En 2024 hubo un retiro adicional de US$43 millones, para financiar el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) y cubrir el déficit de la estatal Sasipa en Rapa Nui, cuyos fondos se habían agotado a fines de julio, poniendo en riesgo la provisión de agua potable y electricidad en Isla de Pascua.

La Contraloría General de la República abrió una investigación especial para determinar una "eventual afectación patrimonial" de Corfo y esclarecer "el destino de los recursos involucrados", investigación que permanece en curso. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar una de las transferencias de US$1.500 millones, argumentando una "reducción de los fondos patrimoniales" de la institución —una objeción interna del propio directorio de Corfo.

Las reacciones políticas fueron duras. Evelyn Matthei sostuvo que "quienes deben resguardar las arcas fiscales cometen errores tan burdos que hacen dudar si son errores o una estrategia para gastar más de la cuenta". José Antonio Kast, entonces candidato, fue directo: "el ministro Marcel y la directora de Presupuestos son un peligro para las finanzas públicas de Chile. Hay que investigar a fondo y exigir las responsabilidades". El diputado Johannes Kaiser agregó que "no podemos seguir tolerando los niveles de irresponsabilidad que se observan en la administración del erario público".

Marcel defendió la operación calificándola de "altamente conveniente para el sector público" y destacó que el patrimonio financiero de Corfo "se ha multiplicado por 10" durante su gestión, de US$160 millones a más de US$1.500 millones al cierre de 2024. Documentos internos de Corfo revisados por The Clinic matizan esa defensa: un acta del consejo de noviembre de 2023 indicaba que el fondo patrimonial ascendía en ese momento a US$2.757 millones —US$1.163 millones más que la cifra de referencia usada después por el gobierno—, lo que sugiere que la comparación pudo haber sido metodológicamente favorable a la propia gestión de Hacienda.

Es relevante precisar la naturaleza exacta de lo ocurrido: no se trató de una sustracción o desaparición de fondos en sentido penal, sino del traspaso de utilidades extraordinarias de una empresa estatal al Fisco central, para financiar gasto corriente ante la caída de otros ingresos —en particular, la abrupta baja de 79% en el precio del litio durante 2024, que redujo los ingresos esperados por Corfo en 1,1 billones de pesos frente a lo presupuestado—. Es, en ese sentido, exactamente lo que plantea la crítica más seria: dinero extraordinario que en circunstancias distintas podría haberse capitalizado o reservado para fomento productivo, y que terminó sosteniendo el presupuesto general de la nación.

El FEES: caída de 51% en dos años

A esto se suma el uso directo del FEES: en 2024, el gobierno retiró US$2.407 millones del fondo, reduciendo su saldo a US$3.700 millones —un 51% menos que los US$7.514 millones que el fondo tenía en 2022, el primer año de la administración Boric—. El centro de estudios Clapes UC de la Universidad Católica calificó este uso como "inédito" en la historia de la regla fiscal chilena: el FEES fue utilizado para financiar directamente el déficit del año "hasta reducirlo a su mínima expresión", en una decisión que calificaron como "fuertemente discutible" por privilegiar no aumentar la deuda visible a costa de vaciar el colchón de ahorro líquido del Estado.

Los $1,4 billones sin rendir en fundaciones: un tercer frente, de naturaleza distinta

A este cuadro se suma un hallazgo adicional, de naturaleza jurídica distinta pero perteneciente al mismo panorama de deterioro en el control de recursos públicos: la auditoría del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instaurado por el gobierno de José Antonio Kast dentro de su plan de Inspección Total al Estado, detectó que de más de $5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones que debían rendir cuenta de su uso durante el período 2022-2026, más de $1,4 billones de pesos no acreditan rendición alguna.

El hallazgo incluye un dato especialmente grave sobre la creación de nuevas fundaciones: entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición, de los cuales más de 6.500 millones —cerca del 60%— no cuentan con rendición acreditada. De esas 177 fundaciones, 79 no tienen registro alguno de rendición: no una rendición incompleta, sino la ausencia total de cualquier comprobante sobre el destino de los recursos entregados a casi la mitad de las fundaciones creadas en el período.

El comité instruyó investigaciones específicas en los ministerios de Deporte (sobre el Instituto Nacional de Deportes), Energía (Agencia de Sostenibilidad Energética), Agricultura (transferencias a organismos ejecutores) y Salud (compras y contrataciones del Minsal). Los servicios con mayor proporción de recursos no rendidos son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

Es importante precisar, con el mismo rigor aplicado al resto de este informe, qué es y qué no es este hallazgo. Se trata de una falta de rendición administrativa acreditada, detectada por una auditoría que cubre un período que incluye tanto años completos del gobierno de Boric como los primeros meses del gobierno de Kast —no es, hasta ahora, una determinación de que esos recursos hayan sido malversados, robados o usados para fines distintos a los declarados. El propio comité ha sido explícito en que su rol en esta etapa es identificar focos de riesgo e instruir investigaciones, no establecer responsabilidades individuales. Que el dinero "no acredite rendición" significa que no existe el comprobante administrativo que pruebe su uso correcto, lo cual es en sí mismo un problema serio de control del Estado —pero es una categoría distinta, y jurídicamente menos grave hasta que se investigue, que la sustracción deliberada de fondos públicos. Las investigaciones instruidas en Deporte, Energía, Agricultura y Salud son las que deberán determinar, caso por caso, si detrás de esa falta de rendición hay negligencia, uso irregular de recursos o responsabilidades que ameriten sanciones.

Lo que si es innegable, y conecta este hallazgo con el resto del informe, es el patrón: un Estado que en los mismos años en que agotaba sus fondos soberanos, extraía utilidades extraordinarias de una empresa estatal para cuadrar caja, y transfería más de 5 billones de pesos a fundaciones sin garantizar sistemas de rendición adecuados para una cuarta parte de esos recursos.

El costo real de la deuda: donde el deterioro es más difícil de discutir

Más allá del debate sobre qué gobierno acumuló más deuda como proporción del PIB —un terreno donde las comparaciones dependen de la métrica exacta y del período de medición—, hay un indicador donde el deterioro bajo la administración Boric es más difícil de relativizar: el costo de financiar esa deuda.

Según proyecciones de Hacienda citadas por La Tercera, el gobierno de Boric (2022-2025) pagará en total US$15.288 millones en intereses de deuda pública a lo largo de su período, un 45,8% más que lo pagado durante todo el gobierno de Piñera y un 107,1% más que durante el segundo gobierno de Bachelet. En 2025 el pago de intereses alcanzó 1,2% del PIB —US$4.616 millones—, un crecimiento real de 7,1% respecto de 2024, consolidando lo que los análisis técnicos describen como "un nuevo piso estructural del gasto fiscal": dinero que el Estado ya no puede destinar a política pública porque debe pagarlo en intereses de una deuda creciente, con una tendencia al alza que se proyectaba llegar a un peak de US$4.747 millones en 2026.

Este indicador —el costo de servir la deuda, no solo su tamaño relativo— es el que mejor refleja el deterioro real de las cuentas fiscales heredadas: independientemente de cómo se mida el crecimiento porcentual de la deuda respecto al PIB, el gasto en intereses que el Fisco debe pagar cada año prácticamente se duplicó frente a la administración de Bachelet y creció con fuerza frente a Piñera, consolidando una carga estructural que condiciona el margen de maniobra del gobierno de Kast desde su primer día.

Responsabilidad de Marcel: lo que la evidencia permite sostener

Sumando el conjunto de la evidencia —el retiro histórico del FEES (51% de caída en dos años), los traspasos extraordinarios de Corfo por US$3.500 millones para cuadrar caja, el uso de saldos de caja fiscal admitido por el propio Marcel para cerrar el Presupuesto 2024, los sucesivos incumplimientos de las metas de balance estructural en 2023, 2024 y 2025, y el costo de intereses que casi se duplicó frente a Bachelet— es razonable sostener que la conducción de Hacienda bajo Marcel privilegió sistemáticamente el financiamiento de gasto corriente mediante la liquidación de activos extraordinarios y fondos de ahorro, por sobre la reconstrucción de las reservas fiscales, en un contexto de ingresos tributarios persistentemente sobreestimados.

Marcel ha respondido cada una de estas críticas con cifras propias, atribuyendo el grueso del deterioro a una caída de ingresos no anticipada —de litio, de impuesto a la renta no minero, del precio del dólar, del orden de US$5.000 millones solo en 2024— más que a un aumento descontrolado del gasto, que se mantuvo relativamente estable como porcentaje del PIB durante buena parte de su gestión. La Contraloría, hasta la fecha de este informe, no ha establecido conclusiones sobre eventuales responsabilidades administrativas por los traspasos de Corfo; su investigación permanece en curso, al igual que las investigaciones sobre fundaciones instruidas por el comité de auditoría del gobierno de Kast.

Conclusión

El cuadro que emerge de esta investigación confirma, con evidencia documental sólida, varios elementos centrales de la crítica que se ha instalado en el debate público: los fondos soberanos de Chile se agotaron en una magnitud cercana a los 30.000-40.000 millones de dólares acumulados en casi dos décadas; la conducción de Hacienda bajo Marcel recurrió de forma extraordinaria —y cuestionada por el propio directorio de Corfo— a recursos excepcionales del litio para financiar gasto corriente; el uso del FEES en 2024 fue calificado como "inédito" incluso por centros de estudio no identificados con la izquierda; el costo de la deuda casi se duplicó frente a administraciones anteriores; y, en paralelo, una auditoría detectó más de 1,4 billones de pesos sin rendición acreditada en transferencias a fundaciones durante el mismo período. Lo que la evidencia todavía no permite establecer, mientras las investigaciones de Contraloría y del comité de auditoría sigan en curso, es si detrás de estos hallazgos hay negligencia administrativa, decisiones de gestión discutibles pero legales, o responsabilidades que ameriten consecuencias mayores. Esa determinación —la que falta— es la que el país todavía espera.