"INMORALIDAD TREMENDA": EL FA EXIGE QUE EL ESTADO DEJE DE COBRAR LAS DEUDAS DEL CAE — LOS MISMOS QUE BLOQUEARON EL SECRETO BANCARIO PARA PERSEGUIR AL CRIMEN ORGANIZADO
El sábado 6 de junio de 2026, la diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio, salió a declarar con la indignación característica de quien acaba de descubrir que el Estado tiene el atrevimiento de cobrar lo que prestó. "Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda." Y la presidenta del FA, Constanza Martínez, fue aún más directa en sus redes sociales: "El clasismo de este gobierno no solo es evidente: es inmoral."
Esa es la posición oficial del Frente Amplio ante los embargos de la Tesorería General de la República a deudores del CAE que no regularizaron su situación después de meses de notificaciones y condiciones de pago extraordinariamente flexibles. No "el proceso tiene defectos técnicos que deben corregirse." No "deberían revisarse los criterios de segmentación." Sino "inmoralidad tremenda" y "clasismo inmoral."
VDI Global analiza esas dos frases con la precisión que merecen. Porque revelan — con una transparencia que el FA probablemente no buscaba — exactamente cuál es la visión de ese partido sobre la deuda, el Estado y la responsabilidad individual.
Lo que el FA llama "inmoralidad" — y lo que realmente es
Schneider describe como "inmoralidad tremenda" el hecho de que la TGR haya embargado la totalidad de los fondos de algunas cuentas bancarias de deudores del CAE. Esa descripción tiene un problema fundamental: omite el contexto que hace el embargo legítimo y jurídicamente procedente.
Los deudores cuyos fondos fueron embargados no son personas que no sabían que tenían deuda. Son personas que recibieron notificaciones formales de la TGR. Que tuvieron la oportunidad de regularizar con condiciones extraordinariamente favorables — cuotas del 10% del sueldo, pies máximos de $1 a $1,5 millones según el tramo de renta. Que ignoraron esas notificaciones. Que no se acercaron a regularizar su situación. Y que, después de todo ese proceso, vieron sus cuentas embargadas como consecuencia directa de su propia decisión.
Llamar a eso "inmoralidad tremenda" es invertir completamente la carga moral del episodio. La inmoralidad — si se quiere usar esa categoría — no está en que el Estado cobre lo que prestó. Está en que 550.000 personas recibieron educación universitaria financiada por el Estado chileno, con dinero de todos los contribuyentes, y decidieron no devolver lo que recibieron.
El FA nunca llama "inmoralidad" a eso. Nunca llama "clasismo" al hecho de que personas que accedieron a la universidad — con todo el capital cultural y las ventajas laborales que eso implica — se nieguen a devolver el dinero de quienes financiaron su educación y que en muchos casos nunca fueron a la universidad. Esa asimetría moral — defender al deudor universitario frente al contribuyente que lo financió — dice todo sobre los valores reales del FA cuando habla de "justicia social."
La frase de Constanza Martínez: la ironía que se escribe sola
La presidenta del FA, Constanza Martínez, publicó en X: "Las denuncias de que la Tesorería está sacando todo el dinero de las cuentas de personas con deuda del CAE son gravísimas. La misma semana en que rechazan levantar el secreto bancario para perseguir la plata del crimen organizado, dejan sin un peso a quienes menos tienen. El clasismo de este gobierno no solo es evidente: es inmoral."
Esa frase merece ser leída dos veces, porque contiene la contradicción más perfecta que el FA podría haber construido.
El mismo partido que esta semana bloqueó en el Senado — con un empate 23-23 que incluye votos del bloque afín al FA — el levantamiento del secreto bancario para que la UAF pueda detectar lavado de activos del Tren de Aragua, ahora acusa al gobierno de "clasismo" por usar las herramientas legales disponibles para cobrar deudas estudiantiles.
En lenguaje directo: el FA dice que el Estado no debería poder acceder a las cuentas bancarias de los deudores del CAE. Y simultáneamente dice que el Estado no debería poder acceder a las cuentas bancarias del crimen organizado — o al menos, no sin un procedimiento tan exigente que lo haga prácticamente inútil.
La posición coherente que emerge de ambas posturas es una sola: el FA no quiere que el Estado acceda a cuentas bancarias. De nadie. Ni del universitario que debe el CAE ni del ejecutivo que lavaba $78 mil millones del Tren de Aragua en el Santander. La diferencia es que uno de esos casos lo nombra como "clasismo" y el otro como "garantías del debido proceso."
Lo que Schneider no dice: el contexto que el FA omite siempre
Schneider dice que el proceso de cobro es "una inmoralidad tremenda." Lo que no dice es la cadena de hechos que precedió al embargo.
No dice que los deudores fueron notificados meses antes del inicio del proceso. No dice que la TGR ofreció convenios de pago con cuotas del 10% del sueldo — que para alguien con renta de $1 millón son $100.000 al mes, es decir, aproximadamente $3.300 al día. No dice que los embargos aplicaron principalmente a quienes se negaron a regularizar incluso con esas condiciones. No dice que 18.700 personas sí regularizaron su situación — porque recibieron las mismas condiciones y tomaron la decisión responsable de honrar su deuda.
No dice tampoco que el proyecto de ley que el FA presentó junto a Schneider, Schonhaut y Yeomans para "humanizar" el cobro del CAE — y que lleva semanas parado sin avanzar — es en realidad un instrumento diseñado para hacer el cobro tan complejo y tan condicionado que en la práctica resulte inoperante.
Y no dice lo más importante: que los $4 billones que 550.000 deudores no han devuelto son dinero que falta en el presupuesto de salud, de educación, de seguridad y de infraestructura que todos los chilenos necesitan. Incluyendo quienes nunca fueron a la universidad y que con sus impuestos financiaron la educación de alguien que ahora se niega a devolver lo que recibió.
"Los que menos tienen": el argumento de clase que no cierra
Tanto Schneider como Martínez usan el lenguaje de la clase para presentar a los deudores del CAE como víctimas del sistema. "Quienes menos tienen." "Familias de la clase media." "El clasismo de este gobierno."
Pero hay un problema estructural con ese argumento: el CAE fue un crédito para estudios universitarios. Las personas que accedieron al CAE lo hicieron para financiar educación universitaria — un bien cuyo acceso en Chile está estadísticamente correlacionado con mejores ingresos futuros. Las personas con estudios universitarios ganan en promedio significativamente más que quienes no los tienen.
Llamar "los que menos tienen" a personas que accedieron a la universidad con financiamiento estatal y que ahora tienen ingresos superiores al promedio — en muchos casos — no es análisis de clase. Es uso estratégico del lenguaje de la vulnerabilidad para proteger a un grupo con capacidad de pago que eligió no ejercerla.
El FA sabe esto. Lo sabe porque sus propios militantes — muchos de ellos con carreras universitarias financiadas o parcialmente financiadas por el Estado — están entre los deudores del CAE. No es un partido de los pobres que no fueron a la universidad defendiendo a los pobres que no fueron a la universidad. Es un partido de universitarios defendiendo a universitarios que no quieren pagar sus deudas universitarias.
Eso también es clasismo. Solo que en la dirección contraria a la que Constanza Martínez nombra.
El proyecto de ley del FA: el instrumento para no cobrar
Schneider mencionó un proyecto de ley que su bancada presentó junto a las diputadas Schonhaut y Yeomans para "hacer más humano" el proceso de cobro del CAE. Lo describe como enfocado en "la capacidad de pago de las personas" y en "tomar en cuenta la realidad de las y los deudores, sus ingresos y sus gastos."
VDI Global observa ese proyecto con la misma atención que observa cualquier iniciativa legislativa que toca derechos y obligaciones reales. Y lo que ese proyecto hace — en la práctica — es agregar capas de condicionamiento al proceso de cobro que ya tiene condicionamientos razonables.
La TGR ya diferencia por tramos de ingreso. Ya ofrece cuotas del 10% del sueldo. Ya tiene mecanismos de convenio de pago flexible. Lo que el FA quiere agregar es más complejidad procesal — más audiencias, más consideración de "gastos", más criterios subjetivos — que en la práctica hacen más difícil el cobro sin hacerlo más justo.
No es humanizar el proceso. Es paralizarlo. Y si el gobierno lo hubiese patrocinado — como Schneider exige — habría convertido en ley la impunidad del no-pago con lenguaje de "justicia social."
La posición de VDI Global
Emilia Schneider llamó "inmoralidad tremenda" a cobrar deudas legales con condiciones de pago flexibles después de meses de notificaciones. Constanza Martínez llamó "clasismo inmoral" a que el Estado use sus herramientas legales para recuperar $4 billones que le prestó a estudiantes que eligieron no devolverlo. El mismo FA que bloqueó el secreto bancario para perseguir al Tren de Aragua ahora defiende que las cuentas de los deudores del CAE sean inembargables.
Eso no es defensa de los que menos tienen. Es la política del no-pago institucionalizada como bandera electoral. Y Chile ya pagó demasiado por esa política durante los cuatro años de gobierno que el FA lideró.
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