La audiencia que otra vez no fue

La audiencia de preparación de juicio oral contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso Farmacias Populares, estaba fijada para este lunes 24 de agosto. No se realizó: una de las defensas pidió una nueva fecha, y el tribunal la reagendó para el 29 de octubre. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte está solicitando más de 18 años de cárcel para el exjefe comunal, quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal.

Jadue, desafiliado del Partido Comunista desde febrero de este año a raíz de su situación procesal, cumple hoy arresto domiciliario nocturno mientras espera el juicio. Antes de eso, pasó casi tres meses en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, y cerca de un año y medio en arresto total en su domicilio.

Seis años de investigación, y el juicio sigue sin fecha firme

Vale la pena poner esta última postergación en su contexto real, porque el episodio de este lunes no es un hecho aislado: es apenas el capítulo más reciente de una causa que arrastra más de seis años sin llegar a juicio oral. La empresa Best Quality SpA se querelló contra Achifarp y contra el propio Jadue en 2020, acusando que no se le pagó la totalidad de un millonario contrato de insumos médicos —mascarillas, pecheras, guantes, alcohol gel— suministrados durante la pandemia a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entidad que Jadue presidía. El perjuicio reclamado por la empresa superaba los mil millones de pesos.

Pero los problemas de Achifarp eran anteriores incluso a esa querella: ya en 2018, una auditoría de la Contraloría había detectado irregularidades en el manejo de los montos de la asociación, con cifras que no cuadraban y un sistema contable que, según declararon a la fiscalía los propios alcaldes que integraron la entidad, adolecía de "desorden administrativo y falta de transparencia". Hoy Achifarp se encuentra liquidada judicialmente, con más de mil millones de pesos en deudas.

La cronología judicial, reconstruida con la información disponible, es la siguiente:

• 2020: Best Quality SpA presenta la querella original por estafa.
• 2018-2023: la investigación avanza con nuevos antecedentes recabados por la Fiscalía Centro Norte.
• 29 de mayo de 2024: Jadue es formalizado por primera vez, en tres extensas jornadas, por cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal, junto a otros ocho imputados vinculados a Achifarp y a la propia empresa querellante.
• 12 de diciembre de 2024: estaba fijada la audiencia de reformalización; se posterga al 19 de diciembre.
• 23 de enero de 2025: la Fiscalía reformaliza a Jadue y a otras siete personas, tras recabar nuevos antecedentes durante lo que ya entonces eran "tres años de investigación".
• Febrero de 2026: el Partido Comunista desafilia a Jadue a raíz de su situación procesal.
• 24 de agosto de 2026: la audiencia de preparación de juicio oral, ya con la Fiscalía pidiendo más de 18 años de cárcel, se posterga nuevamente, esta vez hasta el 29 de octubre.

Es decir: desde la querella original hasta la próxima fecha fijada para siquiera preparar el juicio oral —no el juicio mismo, sino la audiencia previa que lo organiza— habrán transcurrido más de seis años, sin que exista todavía una fecha cierta para que el juicio oral propiamente tal comience.

Lectura editorial

Esta columna comparte, sin matices, la frustración que expresa cualquier ciudadano frente a plazos judiciales de esta magnitud. No se trata de cuestionar el derecho de Jadue a una defensa legítima, ni de prejuzgar su culpabilidad —la presunción de inocencia rige hasta que exista sentencia firme, y así lo consigna esta columna con la misma exigencia que aplica a cualquier otro investigado, sin importar su color político—. El problema de fondo es otro: un sistema procesal que permite que una causa por presunto fraude al fisco por más de mil millones de pesos, con una petición fiscal de 18 años de cárcel, arrastre más de seis años sin siquiera llegar a la etapa de juicio oral, erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado de perseguir con eficacia los delitos de corrupción, independientemente de quién los cometa. Cada nueva postergación —y esta ya es, según el registro público, al menos la segunda de una audiencia clave en esta causa— tiene un costo: mientras el proceso se dilata, Jadue continúa bajo una medida cautelar liviana como el arresto domiciliario nocturno, no en prisión preventiva, y el reproche social del caso se diluye con cada nueva fecha reagendada.

Lo que corresponde exigir

• Que el Poder Judicial explique públicamente qué medidas adoptará para evitar que la audiencia del 29 de octubre sufra una nueva postergación, dado el historial ya extenso de esta causa.
• Que se transparente el motivo concreto por el cual la defensa solicitó la nueva fecha, más allá de la mención genérica ya conocida.
• Que la Fiscalía Centro Norte informe con precisión cuánto tiempo adicional estima necesario, desde la audiencia de preparación, hasta que efectivamente comience el juicio oral.
• Que este caso se sume al debate más amplio sobre plazos procesales excesivos en causas de alta connotación pública, un problema que esta columna ha documentado también en otros casos de corrupción actualmente en tramitación.

Conclusión

Seis años después de la querella original, y con una petición fiscal de más de 18 años de cárcel sobre la mesa, la causa contra Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares todavía no tiene fecha de inicio de juicio oral. Esta columna seguirá de cerca si la audiencia del 29 de octubre finalmente se realiza, o si se convierte en una postergación más dentro de un proceso que, para cualquier ciudadano que siga el caso, ya se ha extendido más allá de lo razonable.