Johnny Lagos, de 30 años, formalizado esta semana por amenazar al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decidió salir a dar la cara públicamente. Pero en lugar de hacerse cargo de la gravedad de lo que la propia Fiscalía y un tribunal de garantía consideraron suficiente para formalizarlo, Lagos optó por presentarse como víctima: víctima de "daño a su imagen pública", víctima de la pérdida de su privacidad, y víctima, según sus propias palabras, del odio de "la ultraderecha". Para VDI Global, ese giro retórico —de amenazar con un objeto simulando un arma a autoridades del Estado, a erigirse como perseguido político— es, lisa y llanamente, un ejercicio de hipocresía.

Lo que dice el proceso judicial

Lagos fue detenido el miércoles 19 de agosto en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, por personal del OS-9 de Carabineros, tras una investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte originada en una denuncia del 15 de agosto. El hecho que motivó la causa fue un video publicado en redes sociales, en el contexto del debate legislativo sobre la caza de perros asilvestrados, en el que Lagos exhibía un encendedor con apariencia de arma de fuego mientras emitía expresiones amenazantes contra el Mandatario y el ministro Quiroz.

Formalizado de manera telemática por el delito de amenazas no condicionales, el tribunal descartó la prisión preventiva y el arresto domiciliario, pero le impuso arraigo nacional, firma quincenal en la comisaría local y prohibición de acercarse a las autoridades mencionadas. Según antecedentes policiales, Lagos no registra condenas penales previas, aunque sí mantiene diversas detenciones anteriores por hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y porte de elementos para cometer delito.

El descargo: de imputado a "víctima"

Tras conocerse su identidad, Lagos publicó su propio certificado de antecedentes penales para desmentir versiones que le atribuían condenas previas, sosteniendo que "están dañando mi imagen pública". Relató además que su teléfono está incautado como parte de la investigación, pidiendo a sus contactos no escribirle por WhatsApp porque "están viendo todo en tiempo real" y que "perdió toda su privacidad".

En un extenso video de desahogo, sostuvo que el clip de la amenaza era solo humor, y cerró definiéndose como "trabajador de las artes y la cultura, comunicador político, activista medioambiental" y "todo lo que la ultraderecha odia".

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, la palabra que mejor describe este descargo es hipocresía. Es legítimo que cualquier imputado corrija información falsa sobre sus antecedentes penales, y en ese punto específico Lagos tiene razón: no registra condenas previas, solo detenciones anteriores por hechos distintos. Pero de ahí a presentarse como víctima de una persecución ideológica hay un salto que no resiste el más mínimo análisis: la Fiscalía no lo formalizó por sus opiniones políticas, sino por un video en el que exhibió un objeto con apariencia de arma mientras amenazaba al Presidente de la República y a un ministro de Estado. Ese hecho no lo calificó "la ultraderecha": lo calificó el Ministerio Público, y lo confirmó un tribunal de garantía al imponerle medidas cautelares, incluida la prohibición expresa de acercarse a ambas autoridades.

Llamar "humor" a una amenaza que motivó la intervención del OS-9, una investigación de la Fiscalía y una formalización judicial, para luego reclamar que le están "dañando la imagen", es precisamente el tipo de doble estándar que este medio no está dispuesto a dejar pasar. Este medio ha respaldado consistentemente la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, y esa agenda pierde sentido si, al mismo tiempo, se normaliza en el debate público que amenazar a la máxima autoridad del país es solo un chiste que se puede reencuadrar después como censura política.

Lo que corresponde exigir

• Que el proceso judicial contra Johnny Lagos siga su curso con normalidad, respetando su derecho a defensa y la presunción de inocencia que lo ampara respecto del delito imputado.
• Que los medios y las plataformas digitales distingan con claridad entre el legítimo derecho a corregir información falsa sobre un historial penal, y la instrumentalización de un proceso judicial para construir una narrativa de víctima política.
• Que se refuercen los protocolos de seguridad y análisis de riesgo del OS-9 frente a amenazas contra autoridades emitidas en redes sociales, considerando que este es el segundo caso de esta naturaleza conocido públicamente en pocos días.

Conclusión

El caso de Johnny Lagos combina un proceso penal legítimo —que debe resolverse con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia— con un descargo público que busca invertir los roles: de imputado por amenazar a la máxima autoridad del país, a supuesta víctima de una persecución ideológica. Para VDI Global, esa inversión no resiste el análisis de los hechos: la seriedad con que la Fiscalía y el tribunal trataron este caso debe primar por sobre cualquier relato posterior que pretenda minimizarlo.