El reparo que la Contraloría formalizó ante el Juzgado de Cuentas

La Contraloría Regional de Valparaíso inició un juicio de cuentas por $587.011.530 contra la diputada y exdelegada presidencial por Valparaíso, Sofía González (PC), y el también exdelegado presidencial Yanino Riquelme (PC), además de otros tres funcionarios de la Delegación Presidencial Regional y del Ministerio de Obras Públicas. El proceso, formalizado el 30 de julio ante el Juzgado de Cuentas de Primera Instancia, busca determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las exautoridades y conseguir la restitución de los recursos fiscales cuestionados, vinculados a contratos celebrados durante la emergencia del megaincendio de Valparaíso de febrero de 2024.

Los sobreprecios: hasta 557% de diferencia

El origen del reparo es el Informe Final N°528/2025 de la Contraloría, que detectó pagos a las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA por servicios no ejecutados o que no pudieron ser debidamente acreditados, además de fotografías repetidas o inconsistentes utilizadas como respaldo documental y duplicidad de pagos.

Las cifras son contundentes. Entre ambas empresas se adjudicaron más de $7.200 millones en contratos de remoción de escombros y otros servicios de emergencia. La Contraloría detectó una diferencia de hasta 557% entre lo que el Estado pagó a San Nicolás SpA y lo que realmente costaron los servicios tercerizados, configurando un eventual sobreprecio de $4.219.156.397. En el caso de Río Grande SpA, el sobreprecio detectado fue de 378%, equivalente a $453.264.000.

La causa penal en paralelo, y la incautación del teléfono de Riquelme

Además del juicio de cuentas administrativo, la Fiscalía anunció en febrero una investigación penal a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), liderada por el fiscal Claudio Rebeco. Una semana después, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI incautó dispositivos electrónicos de la Delegación Presidencial Regional y de la Dirección de Arquitectura del MOP, incluyendo el celular del exdelegado Yanino Riquelme.

Reacciones transversales: "gravísimo", "indignante"

La diputada Chiara Barchiesi (Republicano) calificó los antecedentes de "gravísimos" y sostuvo que el caso "vuelve a poner bajo la lupa la gestión del gobierno de Gabriel Boric y, particularmente, la actuación de autoridades vinculadas al Partido Comunista", exigiendo que la Fiscalía investigue "hasta las últimas consecuencias" si existen antecedentes de fraude al fisco.

La senadora Camila Flores (RN) fue más dura aún: "es indignante que quienes tenían el deber de proteger y acompañar a las familias en el momento más doloroso que ha vivido nuestra región, hoy deban explicar cómo administraron los recursos de la emergencia". Apuntando directamente contra González, agregó: "se llenaron la boca hablando de dignidad y justicia social, pero cuando llegó la hora de actuar, abandonaron a las víctimas (...) quienes utilizaron la tragedia como vitrina para construir una carrera política deben responder por sus decisiones antes de pretender dar lecciones desde el Congreso".

Ni siquiera el propio sector de Boric se lo perdona

Lo más revelador de este episodio, y que esta columna destaca especialmente, es que el cuestionamiento no vino solo de la oposición. La diputada María Francisca Bello, del Frente Amplio —el mismo bloque que gobernó junto al PC durante la administración de Boric—, exigió que "la fiscalización debe hacerse con el mismo rigor para todos, independiente del sector político al que pertenezcan, porque la probidad no puede depender de quién esté siendo investigado", y pidió que los investigadores "lleguen hasta el final y esclarezcan completamente lo ocurrido", advirtiendo que "estas son las cosas que terminan dañando la confianza de las personas en el Estado".

La defensa del PC

La división regional V Costa del Partido Comunista expresó su "solidaridad y respaldo" a ambos exdelegados, recalcando —con razón jurídica— que un juicio de cuentas "no equivale a una condena ni acredita por sí mismo la existencia de corrupción". El diputado Luis Cuello (PC) llamó a considerar que "se trata de un proceso que recién se está iniciando" y afirmó que "me consta que ambas autoridades trabajaron ardua y responsablemente durante la emergencia".

Lectura editorial

Esta columna respeta, como corresponde, la presunción de inocencia de todos los investigados, y reconoce que el propio Partido Comunista tiene razón en un punto técnico: un juicio de cuentas no es una condena penal. Dicho esto, las cifras que arroja el propio informe de la Contraloría —sobreprecios de 557% y 378% en contratos de emergencia, pagados con recursos destinados a familias que lo perdieron todo en la peor tragedia que ha vivido la región de Valparaíso en décadas— no son un tecnicismo administrativo menor: son, en los hechos, dinero público que debía llegar a las víctimas del megaincendio y que, según la propia Contraloría, terminó en sobrecostos de una magnitud difícil de explicar como un simple error de gestión. Que la exigencia de rendición de cuentas venga esta vez incluso desde el propio Frente Amplio —el socio de gobierno del PC durante esos años— confirma que este no es un cuestionamiento partidista de la derecha, sino una preocupación legítima y transversal sobre cómo se administró la ayuda a las víctimas de una tragedia.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía, a través de la URAC, determine con celeridad si los antecedentes configuran responsabilidad penal, más allá del juicio de cuentas administrativo ya en curso.
• Que se transparente el contenido del celular incautado del exdelegado Riquelme, en la medida en que la investigación lo permita, para esclarecer si hubo coordinación deliberada en la fijación de los sobreprecios detectados.
• Que González y Riquelme entreguen explicaciones públicas detalladas sobre cada uno de los contratos cuestionados, más allá de la defensa genérica entregada por su partido.
• Que se investigue también la responsabilidad de las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA, más allá de la de los funcionarios públicos que autorizaron los pagos.
• Que, de confirmarse las irregularidades, los $587 millones cuestionados sean efectivamente restituidos al Fisco, tal como exige el propio objetivo declarado del juicio de cuentas.

Conclusión

Un incendio que arrasó con la vida de cientos de familias en Valparaíso terminó, según la Contraloría, generando sobreprecios de hasta 557% en los contratos destinados a ayudarlas. Esta columna seguirá de cerca tanto el juicio de cuentas como la investigación penal paralela, y exigirá el mismo estándar de rigor que ya reclamó el propio Frente Amplio: que la probidad no dependa de qué sector político esté siendo investigado.