KAST ACTÚA: REGISTRO DE VÁNDALOS, PLAN RETORNO Y US$6.200 MILLONES DE DEUDA HEREDADA — ASÍ SE GOBIERNA CUANDO SE TIENE CONVICCIÓN
El lunes 1 de junio de 2026, mientras la izquierda marchaba en Plaza Baquedano y Boric daba entrevistas en Londres, el Presidente José Antonio Kast estaba en Cerro Castillo firmando proyectos de ley y decretos. No hablando de lo que haría. Haciéndolo. Esa diferencia, que parece simple, es en realidad la brecha que separa a un gobierno que gobierna de uno que performaba gobernar.
En el Palacio Presidencial de Viña del Mar, con la presencia de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros, el director general de la PDI, el director nacional de Gendarmería, ministros de Estado y parlamentarios, Kast rubricó tres medidas anunciadas horas antes en su primera Cuenta Pública: la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, un proyecto de ley para ampliar la autorización de endeudamiento fiscal, y el decreto que pone en marcha el Plan Retorno para migrantes irregulares. Tres frentes distintos, un mensaje único: este gobierno tiene agenda, tiene dirección y no pide permiso para ejecutar.
VDI Global analiza cada una de estas iniciativas por su contenido real, sus alcances y el contexto político en que se insertan. Porque la oposición ya salió a atacarlas —como era previsible— y los chilenos merecen entender qué hay detrás de cada medida más allá del relato que instalan quienes declararon tener "el deber de obstaculizar sin complejos ni pudor."
Registro Único de Vándalos e Incivilidades: el Estado que finalmente responde
Quien quema un bus, lanza una molotov contra Carabineros o destruye un monumento nacional ha operado durante años bajo una lógica perversa: la sanción penal, cuando existe y cuando efectivamente se aplica, no impide que ese mismo individuo siga recibiendo beneficios del Estado financiados por los mismos ciudadanos a quienes agredió. Esa contradicción —que el sentido común de cualquier chileno de a pie percibe como injusta— es precisamente lo que el Registro Único de Vándalos e Incivilidades viene a corregir.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue claro al explicar el alcance de la iniciativa. Las personas condenadas por delitos asociados a violencia o daños al espacio público —maltrato de obra a Carabineros, daño a la infraestructura del patrimonio nacional, barricadas— podrían perder temporalmente el acceso a beneficios sociales como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal. Adicionalmente, quienes integren el registro podrían quedar impedidos de obtener licencia de conducir, pasaporte o realizar transferencias de vehículos y propiedades. El mecanismo es análogo al ya existente Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que opera con similar lógica de consecuencias administrativas asociadas a conductas reprobables.
Pero el proyecto va más allá de los delitos propiamente tales. Contempla también sanciones para conductas consideradas "incivilidades" —daños a equipamiento comunitario, consumo de drogas en espacios públicos, venta ilegal de alcohol— que hoy quedan en una zona gris donde no hay delito formal pero sí deterioro concreto de la vida en comunidad.
El Presidente Kast lo expresó con la claridad que caracteriza a su estilo: quienes destruyen bienes públicos no pueden beneficiarse después del trabajo de todos los chilenos. Y ante las primeras voces que ya cuestionaron la constitucionalidad o proporcionalidad de la medida, respondió sin eufemismos: "¿Es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir?" La pregunta no es retórica. Es política. Y la mayoría de los chilenos tiene una respuesta clara.
Desde Israel, donde VDI Global opera, conocemos bien la importancia de que el Estado establezca consecuencias reales para quienes atacan la convivencia democrática. Las democracias que no defienden sus instituciones con instrumentos efectivos no sobreviven a la erosión sistemática. Chile ha sufrido durante años un vandalismo político tolerado, en parte, por una clase política que lo relativizaba como "expresión social." El Registro de Vándalos es la respuesta institucional a ese fracaso.
El problema fiscal que Boric dejó: los números que la izquierda no quiere discutir
La segunda iniciativa firmada en Cerro Castillo es la que más incomodidad genera en el establishment político y mediático, porque obliga a una conversación que la izquierda prefiere evitar: el desorden fiscal que el gobierno de Boric dejó como herencia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para ampliar en US$6.200 millones la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026. La cifra se descompone con precisión: US$3.800 millones por mayor déficit fiscal respecto de las proyecciones iniciales, US$900 millones por efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda, y US$1.500 millones por compromisos de pago vinculados a la llamada "deuda flotante" —obligaciones contraídas por la administración anterior que no fueron plenamente contabilizadas en la formulación presupuestaria.
Este punto merece atención especial. La deuda flotante no es una invención del gobierno de Kast para justificar aumentos de endeudamiento. Es una práctica documentada en Chile y en otros países donde la administración saliente contrae compromisos de gasto que se materializan en el siguiente período presupuestario, transfiriendo efectivamente el costo a quien asume después. Que el gobierno de Boric haya dejado US$1.500 millones en compromisos de este tipo no es una acusación sin sustento: es lo que el propio ministro Quiroz explicó con datos desagregados ante la prensa.
La oposición, previsiblemente, intentará presentar este aumento de endeudamiento como una irresponsabilidad fiscal del gobierno Kast. Es exactamente al revés. El gobierno está siendo transparente respecto a la magnitud real del problema heredado y actuando con responsabilidad para asegurar que el Estado pueda cumplir sus obligaciones. No endeudarse para cubrir compromisos ya contraídos e ineludibles no es una opción: sería dejar al Estado en cesación de pagos. Lo que sería irresponsable es no reconocer el problema y administrar el caos en silencio.
Quiroz fue enfático en que el aumento de autorización de deuda irá acompañado de medidas de austeridad y racionalización del gasto público. El gobierno de Kast no está aumentando el gasto; está ordenando el pasivo. Esa distinción es fundamental y los medios convencionales tienen la responsabilidad —que no siempre ejercen— de transmitirla con precisión.
Plan Retorno: migración irregular con consecuencias, no con premios
La tercera iniciativa es el decreto que implementa el Plan Retorno para migrantes en situación irregular, y es quizás la que mejor ilustra el contraste entre este gobierno y el que lo precedió en materia migratoria.
El biministro del Interior y vocero Claudio Alvarado entregó las cifras de partida: el gobierno de Kast recibió aproximadamente 330.000 migrantes en situación irregular, más de 40.000 decretos de expulsión pendientes de ejecución y miles de solicitudes de nacionalización sin resolver. Ese es el estado de la institucionalidad migratoria que dejó la administración Boric —que durante cuatro años habló de "migración ordenada, segura y regular" mientras los números de ingreso irregular se disparaban y los mecanismos de control se deterioraban.
El Plan Retorno no es una amnistía. Es un mecanismo de excepción con plazo definido: 180 días para inscribirse en una plataforma digital. Quienes se acojan podrán salir de Chile sin enfrentar sanciones migratorias inmediatas y, en principio, sin quedar afectos a las prohibiciones de reingreso que normalmente acompañan a una expulsión por ingreso irregular. La idea es simple: ofrecer una salida voluntaria y ordenada antes de que el Estado deba aplicar la ley de manera coercitiva.
Lo que viene después del plazo es igualmente claro. Alvarado lo dijo sin ambigüedades: quienes no se acojan al programa dentro de los 180 días "quedan expuestos a todas las sanciones y medidas migratorias que correspondan." Y Kast fue todavía más directo: "Aquellas personas que no asuman y no acojan este llamado tendrán que asumir las consecuencias de que se les aplique la ley como corresponde."
Este es el enfoque correcto. Un plan de retorno voluntario con plazo y consecuencias claras para quienes no lo utilicen no es crueldad; es política migratoria seria. La alternativa —que es lo que la izquierda practicó— es dejar acumular decenas de miles de expulsiones sin ejecutar, lo que erosiona la credibilidad del Estado y envía una señal inequívoca a las redes de tráfico de personas: ingresar de manera irregular no tiene costo real.
El gobierno además mantiene activos el Plan Frontera Segura y el Plan Frontera en Ruta, que según el propio Kast están funcionando y achicando espacios al crimen organizado y a la inmigración ilegal. El enfoque integrado —control en frontera, regularización interna para quienes ya están, y consecuencias efectivas para quienes no se regularicen— es el que tiene sentido en términos de gestión migratoria real.
El cuadro político: un gobierno que ejecuta frente a una oposición que solo obstaculiza
Lo que ocurrió el lunes 1 de junio de 2026 en Cerro Castillo debe leerse en el contexto político más amplio. El mismo día, en Plaza Baquedano había una manifestación contra Kast y contra la Megarreforma. Metro cerró ocho estaciones de la Línea 5 por "persona en la vía." La izquierda, que tiene el deber declarado de obstaculizar, operó en todos sus frentes simultáneamente.
Y el gobierno siguió trabajando.
La Megarreforma avanzó en la Cámara —presidida por Jorge Alessandri (UDI)— y va al Senado, donde Núñez opera como pieza central de la obstrucción desde la Mesa presidencial. Ambos, curiosamente, parte de la lamentable existencia de una derecha complaciente y obsecuente con la izquierda y especialmente con Boric, a quien le aprobaron una pensión vitalicia que ya quisieran para sí mismos muchos chilenos que trabajaron toda una vida.
El Registro de Vándalos será atacado en el Tribunal Constitucional si la izquierda puede llevarlo ahí. El Plan Retorno será cuestionado por organizaciones de derechos humanos que nunca dijeron nada sobre la deuda flotante que Boric dejó. El aumento de autorización de deuda será presentado como irresponsabilidad fiscal del actual gobierno, ignorando convenientemente que el 80% de la cifra responde a compromisos y déficits heredados.
VDI Global seguirá documentando cada uno de esos intentos de distorsión. Y seguirá también documentando cada avance real de un gobierno que, a 83 días de asumir, ya tiene más iniciativas concretas firmadas que retórica acumulada.
La posición de VDI Global
Registro de Vándalos, Plan Retorno, orden fiscal con transparencia. Tres medidas distintas, una señal coherente: el Estado chileno está recuperando su capacidad de establecer consecuencias. Para quienes vandalizan. Para quienes ingresan al margen de la ley. Para quienes dejaron las cuentas en desorden. Eso se llama gobernar. Y en Chile, después de cuatro años, se siente como algo nuevo.
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