KAST EN ARICA: EL ESTADO CHILENO DEJA DE FINGIR QUE CINCO DÍAS ALCANZAN PARA EXPULSAR A UN MIGRANTE IRREGULAR
Subtítulo: Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, el presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley que modifican en profundidad el marco legal de la migración irregular en Chile. El primero amplía el plazo de retención de 5 a 60 días, prorrogable hasta 180. El segundo convierte en delito penal el traslado de migrantes irregulares dentro del territorio nacional. Es la arquitectura legal que el gobierno anterior prometió construir y nunca terminó.
Hay una frase que el presidente José Antonio Kast pronunció el domingo 7 de junio de 2026 desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en Arica, y que resume con precisión el problema que lleva años sin solución en la frontera norte de Chile: "Hay cinco días donde la pueden tener retenida. Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar."
No es una declaración política abstracta. Es la descripción exacta de una anomalía legal que ha hecho inoperante el sistema de expulsiones en Chile durante años. Un migrante con orden de expulsión vigente puede ser retenido solo cinco días. Si en ese plazo no se concreta la expulsión —lo cual, dadas las complejidades logísticas, consulares y administrativas de la mayoría de los casos, es prácticamente imposible— debe ser liberado. Y el proceso vuelve a cero. Es un ciclo que se reinicia indefinidamente, que consume recursos del Estado y que termina por convertir las órdenes de expulsión en papel mojado.
Desde Chacalluta, Kast firmó los dos proyectos de ley que buscan acabar con ese ciclo. El primero es una reforma constitucional. El segundo es una modificación al Código Penal. Juntos, configuran la arquitectura legal más ambiciosa en materia migratoria que ha presentado un gobierno chileno desde que la crisis en la frontera norte comenzó a escalar hace casi una década.
EL PROBLEMA EN NÚMEROS: LA MAGNITUD DE LO QUE SE INTENTA CONTENER
Para dimensionar la urgencia de estas medidas hay que mirar los datos que el propio gobierno incluyó en la minuta que acompañó los anuncios. Entre 2018 y 2024 se registraron más de 216.000 ingresos por pasos no habilitados en Chile. Al año 2024, la población extranjera representaba el 8,8% del total nacional, un aumento del 115,5% respecto de 2017. Hoy hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Esos números no son solo estadísticas. Son el contexto de una crisis que ha transformado regiones enteras del norte de Chile, que ha generado tensiones sociales documentadas en Arica, Iquique y Antofagasta, y que ha alimentado la percepción ciudadana de que el Estado perdió el control de sus fronteras durante años de inacción o acción insuficiente.
El Plan Escudo Fronterizo, que Kast impulsó desde su llegada a La Moneda e incluye la construcción de zanjas en el desierto de Atacama en la frontera con Perú y Bolivia, fue el primer componente operativo de esa respuesta. Los dos proyectos anunciados en Chacalluta son el componente legal que le da sostén institucional a las operaciones de terreno.
PROYECTO UNO: LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LOS 180 DÍAS MÁXIMOS
El primer proyecto es una reforma constitucional que modifica el artículo 19 N°7 de la Constitución, que regula el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. El texto propuesto establece que "la ley deberá fijar un plazo de detención de entre cinco y sesenta días corridos, renovable hasta por dos períodos adicionales de sesenta días cada uno, debiendo cada renovación ordenarse de manera fundada."
En términos prácticos, esto significa lo siguiente: el plazo base de retención pasaría de 5 días a 60 días corridos. Ese plazo sería renovable hasta dos veces más, en períodos de 60 días cada uno, siempre que cada renovación sea ordenada por resolución fundada. El plazo máximo total de retención ascendería, por tanto, a 180 días.
Kast fue cuidadoso en la caracterización jurídica de la medida: "Son más herramientas que podría tener el Estado para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que cae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión." La distinción es relevante: no se trata de prisión preventiva ni de condena penal. Es una medida administrativa de retención que aplica exclusivamente a personas que ya tienen una orden de expulsión dictada por la autoridad competente y que por lo tanto se encuentran en proceso de ser devueltas a sus países de origen.
El fundamento de la reforma es elemental: si la expulsión es la consecuencia legal de ingresar irregularmente, y el Estado tiene la obligación de hacerla efectiva, el plazo de cinco días que establecía la norma vigente era manifiestamente insuficiente para gestionar los trámites consulares, logísticos y administrativos que requiere una expulsión efectiva. El resultado era un sistema que generaba órdenes de expulsión que nunca se cumplían, lo que equivalía a un mensaje de impunidad para quienes ingresaban irregularmente.
La comparación internacional es ilustrativa. La Directiva de Retorno de la Unión Europea establece plazos de hasta 18 meses para la retención de migrantes en proceso de devolución en casos justificados. Estados Unidos ha operado históricamente con plazos de retención significativamente más extensos. Chile, con sus cinco días, era una anomalía que hacía inoperable su propio sistema de expulsiones.
PROYECTO DOS: EL TRASLADO DE MIGRANTES IRREGULARES COMO DELITO PENAL
El segundo proyecto es una modificación al Código Penal que tipifica como delito el traslado de migrantes irregulares dentro del territorio nacional, con agravante. También busca sancionar la salida irregular de migrantes y el tráfico de inmigrantes en su retorno a sus países de origen cuando ese retorno sea irregular.
Kast lo explicó con precisión: "Nosotros tenemos sancionado lo que es la entrada de migrantes irregulares. También queremos sancionar las salidas. Pero más importante que eso, también ir detrás de aquellos que trasladan a los migrantes irregulares dentro de nuestra nación."
Esta segunda iniciativa apunta a un eslabón de la cadena migratoria irregular que hasta ahora operaba con relativa impunidad en Chile: las redes de traslado interno. Una vez que un migrante irregular cruza la frontera, necesita ser trasladado desde las zonas fronterizas hacia los centros urbanos donde busca instalarse. Ese traslado es facilitado por redes organizadas —en algunos casos con vínculos al crimen organizado— que cobran por el servicio y que permiten que el flujo migratorio irregular se consolide territorialmente en el interior del país.
Al tipificar penalmente ese traslado y agregarle el agravante de ser parte del tráfico de personas, el proyecto busca atacar la cadena de valor que hace rentable y viable el negocio de la migración irregular organizada. No es solo una medida contra el migrante individual: es una medida contra las redes que lo explotan.
EL MARCO POLÍTICO: CHACALLUTA COMO ESCENARIO DELIBERADO
El lugar elegido para firmar los proyectos no fue casual. El Complejo Fronterizo Chacalluta, en Arica y Parinacota, es el punto de entrada terrestre más relevante de Chile en su frontera norte con Perú. Es también uno de los epicentros simbólicos de la crisis migratoria que marcó la agenda política chilena en los últimos años, cuando imágenes de familias durmiendo en la calle en Iquique y de caravanas cruzando el desierto se convirtieron en el termómetro de una situación que el Estado no estaba logrando contener.
Kast firmó los proyectos en ese lugar antes de participar en una nueva edición del encuentro ciudadano "Presidente Presente", en el Teatro Municipal de Arica, con presencia de ministros, parlamentarios y autoridades locales. La secuencia fue deliberada: primero la acción concreta en la frontera, luego el diálogo ciudadano. El mensaje político era claro: el gobierno no solo habla de migración desde Santiago. Va al norte, se para en la línea fronteriza, revisa las zanjas en construcción y firma los proyectos en el lugar donde el problema se vive.
Kast también aprovechó la ocasión para revisar el avance del Plan Escudo Fronterizo, cuyo plazo autoimpuesto por el Ejecutivo estaba próximo a vencer. Las zanjas en el desierto de Atacama —infraestructura física que dificulta el cruce por pasos no habilitados— son el componente más visible y más debatido de ese plan. Su construcción ha avanzado en tramos de la frontera con Bolivia, aunque el debate sobre su eficacia real sigue abierto entre expertos en política migratoria.
EL ANTECEDENTE BORIC: LO QUE EL GOBIERNO ANTERIOR NO HIZO
El contexto de estos anuncios no puede entenderse sin el antecedente del gobierno de Gabriel Boric, que enfrentó la misma crisis migratoria con instrumentos insuficientes y una filosofía de fondo distinta.
El gobierno Boric heredó una crisis migratoria de proporciones y la gestionó con una mezcla de medidas operativas puntuales y una resistencia ideológica a adoptar los instrumentos de disuasión que la oposición reclamaba. El resultado fue un sistema que siguió generando órdenes de expulsión que no se cumplían, que mantuvo el plazo de cinco días que hacía inoperante la retención y que no avanzó en la tipificación penal del traslado de migrantes irregulares.
La crisis de Iquique de 2021, cuando imágenes de chilenos quemando las pertenencias de migrantes en la plaza de la ciudad sacudieron a todo el país, fue la señal más brutal del fracaso de la gestión migratoria de los gobiernos anteriores. Esa crisis no empezó con Boric, pero tampoco se resolvió durante su mandato.
Lo que Kast está construyendo en Chacalluta es, en parte, la respuesta legal a ese fracaso acumulado. Y lo está haciendo con una coherencia que va desde las zanjas físicas en el desierto hasta la reforma constitucional que permite retener a quien tiene orden de expulsión el tiempo necesario para que esa orden se cumpla.
LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA: EL TEST QUE VIENE
Kast fue explícito sobre sus expectativas parlamentarias: "Esperamos que cuente con el respaldo transversal de todos los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara." Y agregó: "Este es un problema de todos los chilenos y en esto sí necesitamos unidad legislativa."
El llamado a la transversalidad no es retórico. Es también una trampa política para la oposición. Votar en contra de ampliar el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión —en un contexto de 330.000 migrantes irregulares y 216.000 ingresos por pasos no habilitados en seis años— equivale a defender un sistema que todos saben que no funciona. El costo político de ese voto, ante una ciudadanía que en amplias mayorías demanda más control migratorio, es enorme.
La reforma constitucional requiere quórum calificado, lo que significa que el gobierno necesitará votos de la oposición para aprobarla. Eso obliga a una negociación parlamentaria que pondrá a prueba la capacidad del gobierno de construir mayorías en el Senado, donde su base es más ajustada que en la Cámara.
La modificación al Código Penal requiere quórum simple y es, en ese sentido, más fácil de aprobar. Pero también es más sensible a las objeciones de quienes argumentarán que criminalizar el traslado puede afectar a personas que ayudan a migrantes en situaciones humanitarias genuinas. El gobierno deberá afinar la redacción para distinguir con claridad entre el traficante que lucra con la miseria ajena y el ciudadano que ayuda a un conocido en situación irregular.
LA FRASE QUE LO DEFINE TODO
Kast cerró sus anuncios en Arica con una frase que condensa la filosofía detrás de toda esta agenda: "Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley."
Es una frase que aplica a la migración irregular, pero que en el contexto de la agenda más amplia del gobierno —el Registro de Vándalos, la cobranza del CAE, las sanciones al evasor del transporte— tiene una resonancia que va mucho más lejos. Es la declaración de principio de un gobierno que llegó al poder con el mandato de revertir una década de erosión del Estado de derecho en Chile.
El plazo de cinco días que hacía inoperante el sistema de expulsiones no fue un accidente legislativo. Fue el resultado de años de un sistema que prefirió la apariencia del control a su ejercicio real. Lo que Kast está haciendo en Arica no es solo presentar dos proyectos de ley. Es intentar que las leyes vuelvan a ser lo que deben ser: instrumentos que se cumplen.
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