Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, un presidente de Chile decidió no realizar ninguna actividad oficial, ceremonia, misa o mensaje presidencial por el aniversario del 11 de septiembre. José Antonio Kast, en su primer 11-S en el poder, mantuvo su agenda de trabajo habitual, viajando a la Región de Los Ríos, y defendió públicamente su decisión con una frase que resume su postura frente a la memoria histórica: "no puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia".

Un quiebre respecto de 36 años de práctica institucional

El contraste con las administraciones anteriores es elocuente. Gabriel Boric encabezó ceremonias oficiales durante los cuatro años de su mandato: en 2022 en el Patio de Los Naranjos, en 2023 un acto central en la Plaza de la Constitución que reunió a más de 3.000 personas por los 50 años del golpe, y en 2024 nuevamente en La Moneda, además de un acto en el Memorial de Paine. Incluso Sebastián Piñera, en su segundo mandato, sostuvo actividades conmemorativas: en 2018 encabezó una ceremonia ecuménica en La Moneda junto a capellanes católico y evangélico, y llegó a afirmar en esa oportunidad que así como la izquierda había aprendido a condenar la violencia, la derecha había aprendido a condenar las violaciones a los derechos humanos.

Kast, en cambio, optó por un camino completamente distinto: ninguna ceremonia, ningún mensaje presidencial, ninguna actividad institucional vinculada a la fecha. El propio presidente confirmó esta decisión con antelación y la sostuvo el día mismo del aniversario, marcando un quiebre explícito con la tradición sostenida por gobiernos de todos los signos políticos durante más de tres décadas.

La defensa de Kast: "tengo que velar por políticas públicas que mejoran la calidad de vida"

Consultado en la comuna de Corral, Región de Los Ríos, sobre las críticas generadas por esta decisión, Kast fue enfático en priorizar su rol de gestión sobre cualquier gesto simbólico: "hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos". Reconoció explícitamente que "la historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones", y admitió que "es muy probable que aquí mismo en Corral haya sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años".

Consultado directamente sobre por qué decidió romper con la tradición, el Presidente fue categórico: "está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Chile, estar en terreno viendo cuáles son los dolores de los chilenos hoy". Su frase más citada durante la jornada resumió el espíritu de esta decisión: "no puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia".

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que la decisión de Kast, aunque rupturista respecto de la tradición institucional de las últimas tres décadas, merece un análisis matizado que evite tanto la condena automática como la celebración acrítica. Existe un argumento legítimo detrás de esta postura: un Estado que cada año destina energía política y mediática a reabrir una herida que, 53 años después, sigue sin cicatrizar, corre el riesgo real de perpetuar la polarización en lugar de superarla. La frase de Kast sobre no querer que Chile permanezca "condenado" por su historia conecta con un sentimiento genuino de una parte de la ciudadanía, cansada de que cada aniversario se convierta en un nuevo campo de batalla político.

Al mismo tiempo, y con la misma honestidad que aplicamos en nuestro ejercicio de memoria histórica publicado esta semana, reconocemos que la ausencia total de cualquier gesto institucional —ni siquiera una misa opcional, como el propio Kast había planteado semanas atrás como posibilidad— deja un vacío que, como veremos en nuestra siguiente cobertura sobre la reacción opositora, terminó siendo ocupado por la calle y por declaraciones cruzadas, en lugar de por un ejercicio institucional de memoria conducido desde el propio Estado. La neutralidad institucional, llevada al extremo del silencio absoluto, puede terminar generando el efecto contrario al buscado: en vez de despolitizar la fecha, la convierte en un símbolo aún más cargado de significado por su propia ausencia.

Consideramos que la posición más sólida, y la que hemos sostenido en nuestro propio ejercicio editorial sobre el 11 de septiembre, es reconocer ambas verdades sin miedo: que el Pronunciamiento Militar tuvo una justificación histórica real frente a la crisis de 1973, y que las violaciones a los derechos humanos posteriores merecen condena permanente y sin ambigüedades. Un presidente puede, perfectamente, sostener esa doble verdad en un breve pronunciamiento institucional, sin que ello implique "quedar condenado" por la historia ni caer en el relato unilateral que durante años caracterizó a la izquierda gobernante.

Lo que corresponde exigir

• Que el Gobierno explique con mayor claridad si esta decisión de no conmemorar oficialmente el 11 de septiembre será una política permanente durante todo el mandato de Kast, o una decisión específica de este primer año.
• Que, independientemente de la decisión sobre actos oficiales, el Estado mantenga y refuerce las políticas de memoria histórica ya institucionalizadas, como el apoyo a sitios de memoria y comisiones de verdad.
• Que se evite que la ausencia de conmemoración oficial sea interpretada, dentro o fuera de Chile, como un desconocimiento de las violaciones a los derechos humanos documentadas por los informes Rettig y Valech.
• Que el debate sobre esta fecha se sostenga con el mismo rigor histórico que exigimos en nuestro propio análisis: reconociendo tanto el contexto de crisis de 1973 como la gravedad de los crímenes posteriores.

Conclusión

La decisión de José Antonio Kast de no realizar ningún acto oficial por el 11 de septiembre marca un quiebre histórico respecto de 36 años de práctica institucional en Chile, y confirma que la disputa por la memoria de 1973 sigue tan viva como siempre, incluso cuando el propio Estado decide no pronunciarse sobre ella. VDI Global seguirá de cerca cómo esta decisión repercute en el debate político chileno en los próximos años.