La última encuesta Cadem confirmó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantiene en 41%, idéntica a la medición anterior, mientras la desaprobación bajó dos puntos hasta 53%. El promedio de junio fue de 42%, tres puntos por sobre mayo. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, es el ministro mejor evaluado del gabinete con 54%, seguido por el titular de Vivienda, Iván Poduje, con 53% —los mismos dos ministros cuya gestión esta cobertura ya ha documentado extensamente durante esta sesión, en la reconstrucción de Ñuble y Biobío y en la coordinación política de la coalición de gobierno. La encuesta reveló además que el 76% de los chilenos cree que los adolescentes entre 14 y 17 años que cometen delitos graves deberían ser juzgados como adultos.

Una aprobación estable, con una desaprobación que cede terreno

El dato central de esta medición es la estabilidad: Kast se mantiene en 41% de aprobación, exactamente el mismo nivel que la encuesta anterior. Lo que sí se movió fue la desaprobación, que bajó dos puntos porcentuales hasta llegar a 53%. El promedio mensual de junio fue de 42%, tres puntos por encima del promedio de mayo, lo que sugiere una leve tendencia de recuperación dentro del propio mes, aunque sin que esa mejora se traduzca todavía en un salto significativo en la última fotografía disponible.

Es un resultado que, leído en el contexto de todo lo que esta cobertura ha documentado sobre los primeros cien días de gobierno —la fractura en la AC contra Grau, las tensiones entre Chile Vamos y los republicanos, el caso de los niños haitianos, la megarreforma aprobada por márgenes estrechos en el Senado—, confirma que ninguno de esos episodios individuales logró erosionar de manera decisiva el respaldo presidencial, pero tampoco existe, hasta ahora, una señal de consolidación robusta que el propio gobierno pueda exhibir como un triunfo claro de opinión pública.

Alvarado y Poduje: los dos ministros que esta cobertura ya identificaba como pilares de gestión

El liderazgo de Claudio Alvarado y Iván Poduje en esta medición no es una sorpresa para quien ha seguido esta cobertura de manera consistente. Alvarado, biministro del Interior y Segegob, ha sido la figura que esta sesión documentó repetidamente como el coordinador político que intenta contener las tensiones internas de la coalición de gobierno —desde el comité político ampliado por las disputas entre RN y los republicanos, hasta su rol mediando en la crisis del Ministerio de la Mujer. Que sea hoy el ministro mejor evaluado del gabinete, con 54%, confirma que esa labor de contención, pese a no siempre lograr evitar las fricciones públicas que esta cobertura documentó, es valorada por la ciudadanía.

Poduje, por su parte, alcanzó un 53%, consolidándose como el segundo mejor evaluado. Su gestión al frente del Ministerio de Vivienda, centrada en la reconstrucción de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales que dejaron 134 muertos, ya había sido reconocida en esta cobertura como uno de los frentes donde incluso sectores críticos del gobierno valoran su desempeño —exactamente la misma dinámica que explicó, hace pocos días, la defensa que el senador Cruz-Coke hizo de la megarreforma de reconstrucción frente a las críticas de la oposición.

Las caídas que llaman la atención: García Ruminot, Mas y Chomali

El dato más revelador de esta medición, más allá de quién lidera el ranking, es la caída significativa de tres ministros que el mes anterior figuraban entre los mejor evaluados. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, bajó seis puntos hasta 51%. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cayó diez puntos hasta 47%. Y la ministra de Salud, May Chomali, retrocedió doce puntos, registrando 45%.

Son caídas de una magnitud que merece destacarse, particularmente la de Chomali, con doce puntos en un solo mes. Esta cobertura no cuenta, a partir de la sola información de este reporte, con el detalle de qué episodios específicos explicarían esas caídas puntuales, por lo que corresponde señalar el dato sin especular sobre sus causas exactas, dejando abierta la pregunta de si responden a decisiones de gestión concretas en cada cartera o a un desgaste más genérico asociado al paso del tiempo en el cargo.

El fondo del gabinete: Trabajo, Culturas, Mujer y Deporte

En el extremo opuesto del ranking, los peor evaluados son el ministro del Trabajo, Tomás Rau, con 36%; el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, también con 36%; la ministra de la Mujer, Judith Marín, igualmente con 36%; y la ministra del Deporte, Natalia Duco, con el peor resultado de todo el gabinete, 32%.

La presencia de Judith Marín en este grupo conecta directamente con la disputa que esta cobertura ya documentó extensamente entre la ministra y la entonces subsecretaria de RN, Daniela Castro, que terminó con la salida de esta última del cargo tras la intervención directa del Presidente Kast. Que Marín figure entre los peor evaluados del gabinete, en la misma medición que confirma esa crisis ya resuelta administrativamente, sugiere que el costo político de ese episodio de fricción interna pudo haber trascendido el ámbito puramente partidario y afectado también la percepción ciudadana sobre su gestión ministerial.

El 76% que quiere juzgar a los adolescentes violentos como adultos

El dato de mayor relevancia social de toda esta encuesta es la consulta sobre responsabilidad penal adolescente, que llega apenas días después del crimen del niño de 12 años en San Bernardo que esta cobertura ya documentó en extenso, incluyendo el pedido del propio Presidente Kast de que los responsables —dos de ellos menores de edad— sean condenados "por el resto de sus vidas".

El resultado es contundente: un 76% de los encuestados cree que las personas entre 14 y 17 años que cometen delitos graves como homicidios, secuestros o violaciones deberían ser juzgadas como adultas. Es un respaldo ciudadano que excede largamente cualquier mayoría política o parlamentaria, y que confirma que la discusión sobre el régimen de responsabilidad penal adolescente —que esta cobertura ya señaló como la pregunta legítima que el caso de San Bernardo debía abrir, en contraste con el debate sobre pena de muerte, jurídicamente inviable para menores— cuenta con un respaldo social que ningún sector político puede ignorar.

La encuesta añade dos matices adicionales que enriquecen el panorama: un 36% piensa que la edad mínima de responsabilidad penal debería bajarse a los 12 años, mientras que un 42% considera que la edad mínima para ser juzgado como adulto debería fijarse en los 14 años. Son cifras que muestran cierta dispersión sobre los detalles técnicos específicos de cómo debería diseñarse esa reforma, pero que coinciden en un punto de partida común: la convicción mayoritaria de que el sistema actual de responsabilidad penal adolescente no está respondiendo de manera proporcional a la gravedad de los delitos más extremos cometidos por menores.

Lo que esta encuesta confirma en conjunto

El cuadro que esta medición de Cadem entrega —un Presidente estable en su aprobación, dos ministros de gestión territorial liderando el respaldo ciudadano, caídas significativas en carteras que no logran consolidar su evaluación, y una demanda social abrumadora por endurecer la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos graves— confirma que la ciudadanía chilena sigue premiando la gestión concreta y territorial por sobre la administración política general, y que la presión social por una respuesta más dura frente a la criminalidad juvenil extrema, intensificada por el caso de San Bernardo, ya constituye un mandato que cualquier proyecto legislativo futuro sobre esta materia deberá tomar en cuenta como punto de partida.