LA CUENTA LLEGÓ: EL GOBIERNO KAST COBRA EL CAE Y CHILE DESCUBRE QUE LAS DEUDAS EXISTEN

Subtítulo: La Tesorería General de la República inició el embargo de cuentas bancarias y bienes raíces de deudores morosos del Crédito con Aval del Estado. Los testimonios de personas que encontraron sus cuentas en cero al ir al supermercado generaron conmoción. La ministra Arzola fue directa: hubo avisos, es importante hacer cumplir la ley. El Frente Amplio ofició a la TGR. Lo que nadie dice es que el problema lo creó el gobierno anterior con la promesa de condonación que nunca llegó.

Carla Loezar fue al supermercado. Intentó pagar. La tarjeta no pasó. Abrió la aplicación del banco y encontró el mensaje que miles de deudores del Crédito con Aval del Estado han encontrado en los últimos días: "Embargo TGR." Su cuenta había quedado en cero. La fonoaudióloga tiene ingresos inferiores al umbral de cinco millones de pesos que el gobierno había fijado inicialmente como criterio para los embargos. Pero su cuenta fue vaciada igual.

Ignacio Vigouroux vivió algo similar. Intentó una compra con su tarjeta de débito. No pudo. Miró su saldo. Cero. El dinero había desaparecido, reemplazado por la notificación del embargo de la Tesorería General de la República.

En redes sociales, el hashtag del CAE se llenó de testimonios en la misma línea. "Me dejaron en pelota." "Me sacaron hasta el último peso." "La TGR sacó toda la plata de mi sueldo." Son frases que generan empatía inmediata y que el Frente Amplio y el Partido Comunista recogieron con velocidad para construir un relato de victimización masiva.

Pero hay un contexto que esos testimonios no incluyen y que la ministra de Educación, María Paz Arzola, puso sobre la mesa con una claridad que el debate público necesitaba: "Venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. Y muchos lo hicieron."

Esa frase es el núcleo de todo lo que está ocurriendo. No es solo una historia sobre embargos. Es una historia sobre las consecuencias de una promesa política irresponsable que el gobierno de Gabriel Boric no pudo cumplir y cuyo costo lo está pagando ahora otro gobierno, con otro nombre y otra filosofía, frente a una ciudadanía que esperaba no tener que pagar.

EL ORIGEN: UNA PROMESA QUE CREÓ UN PROBLEMA

El CAE es un sistema de crédito universitario con aval del Estado creado en 2006 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que permitió a cientos de miles de estudiantes de clase media y media baja acceder a la educación superior pagando una tasa de interés del 2% anual con garantía estatal. Con el tiempo, el sistema acumuló críticas por sus condiciones de pago, por el rol de los bancos como intermediarios y por la carga financiera que representaba para graduados con sueldos bajos en mercados laborales complejos.

Esas críticas eran legítimas y abrieron un debate genuino sobre la reforma del sistema. El problema no fue el debate: fue lo que ocurrió después. En la campaña presidencial de 2021, Gabriel Boric prometió la condonación total del CAE. No la reforma. No la reestructuración. La condonación. El borrón y cuenta nueva.

Esa promesa tuvo un efecto inmediato y previsible sobre el comportamiento de los deudores: si el Estado va a condonar la deuda, ¿para qué pagarla? Miles de deudores que venían pagando sus cuotas regularmente decidieron dejar de hacerlo, esperando el decreto de condonación que nunca llegó. La morosidad del sistema se disparó. El gobierno Boric intentó legislar la condonación, no lo logró, e intentó armar un sistema de alivio alternativo que tampoco prosperó con la amplitud prometida.

El resultado, cuatro años después de la promesa de campaña, es que el CAE tiene una morosidad estructural agravada artificialmente por la expectativa de condonación. Y esa morosidad tiene un costo concreto que la ministra Arzola cuantificó con precisión: el ajuste anual de recursos para la gratuidad en educación superior equivale a entre 200 y 300 millones de dólares. Con esa cantidad, dijo, Chile podría equiparar el monto por niño en jardines infantiles, una demanda pendiente desde hace años.

Es una ecuación que la izquierda chilena prefiere no pronunciar en voz alta: el dinero que no se cobra a los deudores del CAE es dinero que no llega a los jardines infantiles, a la educación básica, a los programas sociales que benefician a quienes no tuvieron acceso a la educación superior. La solidaridad mal entendida con el deudor universitario tiene víctimas concretas en los sectores más vulnerables que el Estado no puede financiar porque el presupuesto está comprometido en un crédito que no se paga.

EL MECANISMO: CÓMO FUNCIONA EL EMBARGO Y POR QUÉ ALGUNOS CASOS GENERAN PROBLEMAS

El proceso de cobro que la TGR activó por instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sigue una cadena institucional precisa. La decisión política de reactivar el cobro viene de Hacienda. Hay una determinación judicial que ordena la cobranza. La Comisión para el Mercado Financiero le indica a la TGR quiénes tienen cuentas bancarias. La TGR ordena a los bancos embargar el dinero disponible en esas cuentas. Los bancos ejecutan la orden sin distinguir si los fondos corresponden a sueldos o a ahorros acumulados.

Ahí está el problema técnico que generó los casos más escandalosos. Los bancos no están obligados a distinguir entre dinero de sueldo y dinero de ahorro al ejecutar la orden de embargo. La persona que tiene su sueldo del mes recién depositado y no lo ha gastado puede encontrarse con la cuenta en cero, aunque técnicamente ese dinero es remuneración protegida.

La forma de revertirlo existe: el deudor puede, a través de un abogado, presentar un recurso ante la TGR solicitando el alzamiento del embargo sobre la parte que corresponde a remuneraciones. Pero ese trámite requiere tiempo, recursos y conocimiento legal que no todos los afectados tienen. Para alguien que encontró su cuenta en cero un viernes por la noche antes de ir al supermercado, la existencia de ese recurso es poca consolación.

La TGR reaccionó ante la polémica anunciando nuevas modalidades de pago adaptadas a los ingresos: cuotas que no superan el 10% de la renta mensual, eliminación del pie del 10% de la deuda total que se exigía inicialmente. Son ajustes que la propia institución reconoció como necesarios ante la realidad de que algunos afectados tenían ingresos más bajos de lo que el sistema había considerado inicialmente.

LA MINISTRA ARZOLA: CLARIDAD SIN CONCESIONES

La ministra de Educación, María Paz Arzola, enfrentó la polémica con una posición que no cedió en lo fundamental pero que reconoció los matices que el caso amerita.

En lo fundamental, fue categórica: "Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley, porque si no hacemos cumplir la ley, nada, ninguna relación que tenemos acá adentro de este país va a poder sostenerse."

Es una frase que trasciende el CAE. Es la misma lógica que subyace al Registro de Vándalos, a las sanciones al evasor del transporte, a la cobranza del CAE y a la reforma migratoria de Arica: el Estado tiene reglas, las reglas tienen consecuencias, y un Estado que no aplica sus propias consecuencias no es un Estado funcional.

Arzola también fue honesta sobre el contexto que creó el problema: la promesa de condonación del gobierno anterior generó un incentivo perverso para dejar de pagar. Y ese incentivo tuvo consecuencias reales sobre la morosidad del sistema. Al decirlo públicamente, la ministra está atribuyendo responsabilidad donde corresponde: en la gestión anterior que prometió lo que no podía cumplir.

Respecto a los casos de personas con ingresos bajo el umbral de cinco millones que fueron embargadas, Arzola explicó que el proceso de cobranza "ha priorizado primero más alto y se va cada vez bajando." Lo que esto significa en la práctica es que el umbral de $5 millones era el punto de partida, no el límite absoluto. A medida que avanza el proceso, el rango se amplía. Es información que debería haber sido comunicada con mayor claridad desde el principio para evitar la sensación de que el gobierno anunció un criterio y luego lo cambió silenciosamente.

LA REACCIÓN DE LA IZQUIERDA: EL FRENTE AMPLIO DEFIENDE A LOS MOROSOS

La bancada del Frente Amplio ofició a la TGR exigiendo conocer los criterios utilizados para los embargos y si efectivamente se limitaron a personas con ingresos superiores a $5 millones. Las diputadas Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans habían presentado en abril un proyecto de ley para establecer un umbral de protección para deudores con ingresos menores a $1,5 millones, evitando que fueran objeto de embargos.

La posición del FA es políticamente comprensible: la base electoral de la izquierda chilena incluye a una proporción significativa de deudores del CAE, personas que estudiaron en universidades con el crédito estatal y que hoy cargan con deudas que sienten injustas dado el costo de la educación superior en Chile.

Pero la posición del FA tiene también un problema de fondo que sus propias declaraciones exponen sin querer. Si el umbral de protección que proponen es $1,5 millones mensuales, eso significa que quien gana más de $1,5 millones mensuales sí debería pagar su deuda. Eso es exactamente lo que el gobierno Kast está haciendo, comenzando por los ingresos más altos. La diferencia entre el FA y el gobierno no es si cobrar, sino desde qué nivel de ingresos cobrar primero.

Lo que el FA no dice es que la promesa de condonación de Boric fue la causa principal del agravamiento de la morosidad. Denunciar los embargos sin reconocer ese antecedente es política sin contexto.

LO QUE EL GOBIERNO DEBIÓ HACER MEJOR: LA COMUNICACIÓN

La gestión del gobierno en este episodio tuvo un punto débil claro que merece ser señalado: la comunicación previa fue insuficiente para lo que estaba a punto de ocurrir.

La TGR había notificado a los deudores. Hubo avisos, como dijo Arzola. Pero la magnitud del impacto —cuentas en cero, personas que van al supermercado y no pueden pagar— generó una reacción de indignación en redes sociales que el gobierno no anticipó con la comunicación preventiva necesaria.

Un proceso de cobro de esta escala, que afecta a decenas de miles de personas y que involucra el vaciamiento de cuentas bancarias, requiere una campaña de comunicación masiva que explique con claridad quién será afectado, cuándo, por cuánto y qué puede hacer quien reciba el embargo. Esa campaña no llegó con la anticipación suficiente.

La reacción posterior de la TGR —anunciando nuevas modalidades de pago más flexibles, adaptadas a los ingresos— fue correcta en el fondo pero llegó después del escándalo. Habría sido mucho más efectiva si hubiera sido anunciada simultáneamente con el inicio de los embargos.

Ese es el aprendizaje que el gobierno debe incorporar para las próximas fases del proceso, que incluyen los embargos sobre bienes raíces que la TGR ya anunció como siguiente paso.

EL FONDO DEL DEBATE: ¿PUEDE CHILE PERMITIRSE NO COBRAR?

La pregunta de fondo que el episodio del CAE plantea no es si el gobierno tiene el derecho legal de cobrar —lo tiene, está en la ley— sino si puede permitirse el costo político de hacerlo y si el sistema de cobro es lo suficientemente justo en su diseño para ser sostenible.

La respuesta a la primera pregunta es clara: no cobrar es más caro que cobrar. La ministra Arzola lo dijo con números concretos. Entre 200 y 300 millones de dólares anuales en recursos que se van a la educación superior en lugar de llegar a los niveles educativos más básicos. Esa es la consecuencia de un sistema de crédito que no se paga.

La respuesta a la segunda pregunta es más compleja. El diseño del embargo que vacía cuentas sin distinguir entre sueldos y ahorros es un problema técnico que genera injusticias concretas y que el gobierno tiene la obligación de corregir. No porque los deudores no deban pagar, sino porque el método de cobro debe ser proporcional y no puede generar situaciones en que personas que van al supermercado encuentran su cuenta en cero sin previo aviso práctico.

El gobierno Kast está haciendo lo correcto al cobrar. Está corrigiendo en tiempo real los problemas de implementación. Y está comunicando, a través de la ministra Arzola, el argumento de fondo con una claridad que el debate público necesitaba: las deudas existen, los recursos son finitos, y el dinero que no se cobra al deudor del CAE es el dinero que no llega al jardín infantil.

Eso no es crueldad. Es aritmética.

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