LA DIPLOMÁTICA QUE BORIC PROTEGIÓ: EL GOBIERNO KAST CIERRA EL CAPÍTULO PAKARATI
LA DIPLOMÁTICA QUE BORIC PROTEGIÓ: EL GOBIERNO KAST CIERRA EL CAPÍTULO PAKARATI
Subtítulo: La exembajadora en Nueva Zelanda que cuestionó la soberanía chilena sobre Rapa Nui fue castigada simbólicamente y luego blindada por la administración anterior. Una historia sobre impunidad institucional, soberanía y el peso ideológico del boricismo en Cancillería.
El sábado 6 de junio de 2026, el gobierno de José Antonio Kast formalizó lo que el boricismo nunca tuvo el coraje de ejecutar: solicitó "por pérdida de confianza" la renuncia de Manahi Pakarati al Servicio Exterior de Chile. La misiva estaba fechada el 3 de junio. Con ella se cerraba un episodio que resumió con precisión la forma en que el gobierno anterior gestionó —o más bien no gestionó— una crisis diplomática de manual: mediante castigos cosméticos, reubicaciones encubiertas y una protección política que contrastó flagrantemente con la gravedad de los hechos.
Para entender por qué este caso importa más allá del nombre propio, hay que retroceder. No solo a diciembre de 2025, que es cuando el asunto explotó públicamente, sino a la raíz ideológica que hizo posible que una funcionaria con las posiciones de Pakarati llegara a representar al Estado chileno ante terceros países, y que se mantuviera dentro del aparato estatal durante meses después de haber cuestionado desde su cargo oficial la soberanía de ese mismo Estado.
QUIÉN ES MANAHI PAKARATI Y CÓMO LLEGÓ HASTA AHÍ
Manahi Pakarati Novoa es la única diplomática del Servicio Exterior de Chile con ascendencia Rapa Nui. Fue también la primera mujer en ejercer como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, con acreditación concurrente en Islas Cook, Niue, Fiji, Samoa y Tonga: un arco diplomático de alta sensibilidad geopolítica, dado que el Pacífico es el espacio natural donde la cuestión del estatus territorial de Rapa Nui resuena con mayor fuerza a nivel internacional.
Pero antes de ser embajadora, Pakarati tuvo un rol central en el cambio de mando de 2022: fue jefa de Protocolo del gobierno entrante, encargada de organizar la ceremonia en que Gabriel Boric asumió la presidencia. Esa posición de confianza máxima —en el núcleo simbólico del nuevo gobierno— no era casual. Pakarati compartía con la administración entrante una visión de fondo sobre los pueblos originarios y el estatus de Rapa Nui que iba bastante más lejos que el reconocimiento cultural.
En julio de 2022, al borde del plebiscito del 4 de septiembre, Pakarati declaró públicamente: "¿Cómo se le puede pedir a un rapanui, a un mapuche, a un aimara que se sienta chileno si no figura en su libro base?". Era entonces funcionaria del gobierno. No era una opinión privada: era una declaración política de alguien que ejercía un cargo de confianza presidencial. Nadie en La Moneda pareció encontrar el problema.
Pocos meses después fue designada embajadora en Nueva Zelanda. El gobierno Boric la puso a representar al Estado chileno ante países del Pacífico, precisamente en la región donde la demanda de "libre determinación" para Rapa Nui tiene más eco internacional.
EL DETONANTE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025
La crisis se fue construyendo en capas. En septiembre de 2025, Pakarati concedió una entrevista al programa Culture 101 de Radio Nueva Zelanda. El conductor la presentó como "embajadora de Chile y Rapa Nui", como si Rapa Nui fuera un Estado soberano separado. Pakarati no corrigió esa presentación. El conductor también preguntó por "la relación entre tu país y Chile, tus dos países", tratando a Isla de Pascua como una nación distinta. Tampoco hubo corrección. La representante oficial del Estado chileno ante Nueva Zelanda dejó pasar, sin objeción alguna, la sugerencia de que Chile y Rapa Nui eran entidades soberanas independientes.
En esa misma entrevista, Pakarati fue explícita respecto a su posición personal: "Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener nuestro autogobierno, porque necesitamos un autogobierno en mi isla." No era una reflexión académica ni un análisis histórico. Era la embajadora de Chile, en ejercicio, expresando en radio internacional su voluntad de separar o autonomizar el territorio que representaba al Estado que la empleaba.
El detonante final llegó el 24 de diciembre de 2025. Pakarati difundió por WhatsApp —entre sus contactos, presumiblemente incluyendo funcionarios y contrapartes diplomáticas— un mensaje en inglés que decía "Libre determinación para Rapa Nui", acompañado de una fotografía de la isla. Esta vez Cancillería reaccionó con mayor velocidad: el canciller Alberto van Klaveren abrió la posibilidad de removerla. Pero la acción concreta fue mínima: una "reprensión" formal. El mismo tipo de sanción simbólica que había recibido el exembajador Javier Velasco en Madrid tras sus propias polémicas, y que tampoco derivó en su destitución.
EL BLINDAJE: BORIC DECIDIÓ NO ACTUAR
Lo que ocurrió a continuación es el núcleo político del caso. Según fuentes de gobierno de la época, el propio Gabriel Boric tomó la decisión de no remover a Pakarati. La razón no era difícil de deducir: en septiembre de 2021, siendo candidato, el propio Boric había escrito en X: "En nuestro gobierno daremos fiel cumplimiento a ese tratado, restituiremos las tierras y avanzaremos hacia el autogobierno rapanui." Destituir a Pakarati por decir en voz alta, desde su cargo de embajadora, lo que él mismo había prometido en campaña habría sido políticamente incoherente para un presidente que construyó parte de su identidad en el reconocimiento de los pueblos originarios.
Finalmente, el 6 de enero de 2026, Pakarati fue destituida de la embajada en Nueva Zelanda. Pero la destitución fue solo del cargo específico, no del Servicio Exterior. Y el gobierno Boric no terminó ahí. Apenas dos días después de que se hiciera efectiva su salida de la embajada, el 1 de febrero, la administración la reubicó como asesora en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública de la Cancillería, conocida como Dirac. Mantuvo su título de embajadora —que en Chile implica contar con la confianza del Presidente de la República— y su remuneración de $3,1 millones mensuales.
En círculos diplomáticos, esto generó una molestia profunda y documentada. Mantener el rango de embajadora tras declaraciones de esa naturaleza era una señal institucional clara: el gobierno Boric no consideraba que cuestionar la soberanía chilena desde un cargo oficial mereciera consecuencias reales. La "reprensión" fue cosmética. El blindaje, concreto y deliberado.
LA DIRAC: EL DEPÓSITO DE LOS INCÓMODOS
La Dirac comenzó a ser descrita en círculos diplomáticos como una "zona de reubicación" para funcionarios que salían de posiciones estratégicas con ruido político, pero a quienes el gobierno no quería desvincular del todo. El patrón se repitió más de una vez durante la administración Boric. Junto a Pakarati, fue destinado allí Mauricio Hurtado, exembajador en China que había tenido problemas de salud sin superar. Años antes había pasado por la misma División Carola Muñoz, ex asesora principal de la canciller Antonia Urrejola, en medio de un reordenamiento interno.
La Dirac, cuya misión formal es la diplomacia cultural, se fue convirtiendo así en algo que sus propias autoridades rechazaban: un estacionamiento institucional para casos incómodos. Otras autoridades defendían con firmeza la gestión real de la División, pero la percepción instalada en el cuerpo diplomático era difícil de desmentir cuando los hechos se repetían con regularidad.
Para Pakarati, el aterrizaje en la Dirac fue una operación de preservación política del gobierno Boric: se podía decir públicamente que había sido "destituida" de la embajada —lo cual era técnicamente cierto— mientras en la práctica seguía dentro del aparato estatal con rango, sueldo y título intactos.
LA CARTA A ADICA: PAKARATI INTENTA BLINDARSE
El 15 de abril de 2026, ya bajo el gobierno de Kast, Pakarati tomó una decisión que reveló su lectura de la situación. Se dirigió por carta a la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) señalando que "he sentido la amenaza de que mi carrera diplomática eventualmente podría ser truncada". Agregó: "No tengo ninguna comunicación oficial, pero de ser así, implicaría mi desvinculación del Servicio Exterior tras 29 años de carrera funcionaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores."
La carta era, en esencia, una apelación corporativa: buscar el amparo de la asociación gremial de diplomáticos ante una remoción que el nuevo gobierno tenía todo el derecho político, institucional y moral de aplicar. La estrategia era presentar la eventual desvinculación como una amenaza injusta a una larga trayectoria funcionaria, en lugar de como la consecuencia natural de haber cuestionado públicamente la soberanía chilena desde un cargo oficial.
El argumento de los "29 años de carrera" merece ser analizado con precisión. La antigüedad en el servicio es un antecedente relevante para evaluar la trayectoria de un funcionario. No es, sin embargo, una exención frente a las consecuencias de declaraciones que contravienen directamente los intereses y la posición oficial del Estado al que ese funcionario representa. Si acaso, 29 años en el Servicio Exterior deberían haber implicado un conocimiento más profundo —no menor— de las reglas del juego diplomático y de lo que significa hablar en nombre del Estado.
EL GOBIERNO KAST ACTÚA: PÉRDIDA DE CONFIANZA
El 3 de junio de 2026, el gobierno de José Antonio Kast envió la misiva formal solicitando la renuncia de Pakarati por "pérdida de confianza". El 6 de junio se hizo pública su salida definitiva del Servicio Exterior de Chile.
La causal elegida —"pérdida de confianza"— es la estándar para la remoción de funcionarios de confianza política, y es la que corresponde con precisión al caso. En rigor, esa confianza se había perdido en septiembre de 2025, cuando Pakarati cuestionó desde su cargo la soberanía chilena en una radio internacional. Que la formalización de esa pérdida tardara más de ocho meses dice menos del gobierno Kast —que la ejecutó apenas pudo— que del gobierno que la precedió y que la postergó deliberadamente.
La decisión del gobierno Kast fue limpia desde el punto de vista institucional: no hubo persecución, no hubo drama, no hubo discurso. Solo una misiva que aplicó la consecuencia que correspondía aplicar, con la fórmula correcta, en el momento en que el nuevo gobierno tuvo la conducción de Cancillería.
EL PATRÓN BORIC EN CANCILLERÍA: CASTIGAR LA FORMA, PROTEGER EL FONDO
El caso Pakarati no es un hecho aislado. Es la expresión más nítida de un patrón que la administración Boric desarrolló en el manejo de sus funcionarios diplomáticos en crisis: castigar la forma —la visibilidad del error, la exposición pública— sin tocar el fondo, es decir, sin aplicar las consecuencias reales que los hechos ameritaban.
El exembajador Javier Velasco en Madrid protagonizó sucesivas polémicas a lo largo del gobierno Boric. Recibió reprensiones formales. Siguió en Madrid. La pauta se repitió: sanción simbólica, protección real. En ambos casos, la variable determinante no fue la gravedad de los hechos, sino la afinidad ideológica del funcionario con la administración que debía sancionarlo.
Eso no es gestión. Es lealtad corporativa disfrazada de procedimiento institucional.
SOBERANÍA NO ES UN CONCEPTO NEGOCIABLE DESDE ADENTRO
Es necesario separar dos debates que en este caso tienden a mezclarse. El primero es el debate legítimo, histórico y pendiente sobre los derechos del pueblo rapanui, su relación con el Estado chileno, el cumplimiento o incumplimiento del Acuerdo de Voluntades de 1888, y las demandas de autonomía cultural y territorial que existen en la isla. Ese debate es real, merece ser tomado en serio y tiene canales institucionales —el Congreso, la Convención, los tratados internacionales— para desarrollarse.
El segundo debate es completamente distinto: si un funcionario designado por el Estado para representarlo ante terceros países puede utilizar ese cargo como plataforma para promover posiciones que contradicen la posición oficial del Estado, sin corrección y sin consecuencias. La respuesta a esa segunda pregunta no admite ambigüedad: no puede. No porque las posiciones de ese funcionario sean necesariamente erróneas en términos históricos o morales, sino porque la diplomacia tiene una regla elemental que no depende de la ideología: el embajador representa al Estado, no a sí mismo.
Cuando esa línea se cruza, el Estado tiene no solo el derecho sino la obligación de actuar. El gobierno de Boric eligió no actuar durante cinco meses, protegiendo a la funcionaria con reubicación, sueldo y rango intactos. El gobierno de Kast eligió cerrar el capítulo con la causal que correspondía.
Esa diferencia, en apariencia administrativa, tiene un contenido político muy preciso: la soberanía territorial chilena no es una variable ideológica. No puede ser relativizada desde dentro del propio aparato diplomático del Estado, y cuando lo es, las consecuencias deben ser reales, no cosméticas.
El capítulo Pakarati está cerrado. Lo que queda abierto es la pregunta sobre cuántos otros casos similares permanecen aún dentro del Servicio Exterior, aguardando la misma revisión que este gobierno acaba de aplicar.
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