Televisión Nacional de Chile transparentó ante el Senado, en una sesión especial, que su deuda asciende a $69 mil millones. El presidente del directorio, Patricio Dussaillant, fue enfático: cerrar el canal no está en los planes de La Moneda, pero si no se acuerda un nuevo diseño de financiamiento antes de que termine el año, el canal podría irse a negro por fuerza mayor en 2027. "Estamos obligados a acordar algo", sentenció.

Lo que esa frase no dice —y que los números sí— es que este momento de "urgencia máxima" no es nuevo. Es la cuarta vez en una década que TVN llega a un punto similar, y la tercera administración presidencial distinta que debe lidiar con el mismo problema sin resolverlo de fondo.

Una deuda que ya tiene tres gobiernos encima

El origen del salvavidas actual se remonta a 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, cuando el Estado avaló un crédito con el Banco BCI para reprogramar los pasivos de la empresa. Ese mismo crédito —que hoy asciende a unos $56 mil millones— es el que TVN deberá empezar a pagar o renegociar a partir de 2027.

Bajo el gobierno de Gabriel Boric, la fórmula se repitió: se autorizó un nuevo préstamo con aval del Estado por $24 mil millones, del cual se usaron $12 mil millones en 2025 y los $7 mil millones restantes en 2026. En enero de 2025, además, TVN debió pedir un crédito de emergencia adicional de $12 mil millones al Banco Security solo para mantenerse operativo, luego de que el auditor PwC advirtiera formalmente sobre la capacidad del canal para continuar como empresa en marcha.

Y ahora, bajo el gobierno de Kast, la situación llegó a un nuevo techo: la deuda total ascendió a $69.618 millones en 2025 —un alza de $14.232 millones respecto del año anterior—, explicada por un nuevo crédito con aval del Estado de $12 mil millones y por la actualización de la deuda en UF. El patrimonio de la empresa se desplomó a $14.634 millones, y la relación deuda financiera sobre patrimonio pasó de 1,76 a 4,76 veces en solo doce meses. El propio auditor PwC volvió a emitir su opinión con salvedades, cuestionando $24.289 millones registrados como activos por impuestos diferidos —dado que TVN no tiene proyecciones tributarias que respalden que algún día podrá recuperarlos— y marcando, otra vez, las pérdidas acumuladas y los flujos operacionales negativos como factores que obligan a evaluar la continuidad del negocio.

Piñera avaló. Boric avaló. Kast, ahora, advierte que "está obligado a acordar algo". Tres gobiernos, un mismo mecanismo: patear el problema hacia el año siguiente sin resolver la causa de fondo.

La causa de fondo, dicha por dos gobiernos distintos con las mismas palabras

Lo notable es que la explicación de por qué esto ocurre ha sido prácticamente idéntica bajo administraciones de signos opuestos. El expresidente del directorio bajo Boric, Francisco Vidal, explicó en su momento que la deuda se explica principalmente porque la ley obliga al canal a autofinanciarse mediante publicidad, sin aporte estatal directo, mientras carga con obligaciones de "misión pública" —cobertura regional, señal internacional, el canal cultural e infantil NTV— que no generan ingresos.

Dussaillant, el actual presidente designado por Kast, repite exactamente el mismo diagnóstico: la ley de 100% autofinanciamiento "no es viable", porque la industria publicitaria cambió y la torta se movió hacia lo digital. Su propuesta —coincidente con lo que la propia administración ejecutiva del canal viene planteando desde hace años— es avanzar a un modelo mixto, donde el Estado cubra los costos específicos de la misión pública (antenas, regiones, NTV, señal internacional, archivo histórico) y la publicidad cubra el resto.

Es decir: dos gobiernos de signo político opuesto, dos directorios designados por presidentes distintos, coinciden en el diagnóstico exacto del problema. Y aun así, ninguno lo ha resuelto. Eso no es un fracaso de gestión de una sola administración: es la evidencia de que el modelo de financiamiento de TVN lleva más de una década roto, y que cada gobierno ha preferido administrar la crisis con créditos puente antes que forzar la discusión legislativa de fondo.

La farra sigue, aunque las pérdidas bajen

Hay una paradoja que conviene no pasar por alto: mientras el directorio advierte sobre el riesgo de "irse a negro" en 2027, TVN sigue produciendo contenido de entretenimiento de alto costo. Este año la apuesta es "MasterChef", con casting abierto a nivel nacional, después de que el año pasado se optara por "Mi nombre es" con el argumento de ser más económico para la caja del canal. Son decisiones editoriales legítimas de cualquier canal de televisión, pero conviven, incómodamente, con el discurso de austeridad y "plan de ahorro" que el directorio repite ante cada sesión del Congreso.

A esa tensión se suma un antecedente histórico que los sindicatos de TVN han denunciado por años: mientras se aplicaban recortes de personal —casi un centenar de despidos en 2018, reducciones de dotación de hasta 7% y de la plana ejecutiva de 15% en el ajuste más reciente—, la escala de sueldos de ejecutivos y "rostros" del canal se ha mantenido opaca. Un documento sindical presentado al Congreso en 2018 detalló sueldos ejecutivos de hasta $18 millones mensuales y casos históricos de animadores contratados por $23 millones al mes, en momentos en que el canal ya arrastraba pérdidas de $9 mil millones en un semestre.

Lo que corresponde exigir, sin importar qué gobierno esté en La Moneda

Un grupo transversal de senadores —Gustavo Sanhueza (UDI), Sergio Gahona (UDI), Javier Macaya (UDI), Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN)— ya presentó un proyecto para forzar a TVN a transparentar en detalle su presupuesto, gastos, contratos, licitaciones y asignaciones. Es, hasta ahora, el intento más concreto de romper con el ciclo de "cuenta pública, advertencia de crisis, nuevo crédito con aval del Estado, repetir el próximo año" que ha definido la última década de TVN bajo tres gobiernos distintos.

Ese es, precisamente, el estándar que corresponde exigir aquí, sin distinción de sector político: no más avales de emergencia sin una reforma estructural de fondo. Si el proyecto de ley que hoy discute la Comisión de Cultura de la Cámara —el mismo que Dussaillant y el ministro Segegob, Claudio Alvarado, — no resuelve el modelo de financiamiento de manera permanente, la farra seguirá exactamente igual bajo el próximo gobierno, sea del color que sea.