LA GRAN ESTAFA DEL GOBIERNO DE BORIC: EL CAE, LA PROMESA QUE NUNCA FUE Y LOS $4 BILLONES QUE CHILE PERDIÓ
Subtítulo: La morosidad del CAE pasó del 28% al 53% bajo el gobierno de Boric. De 163 mil deudores morosos a 423 mil. La deuda creció de $500 mil millones a $4 billones —ocho veces más. La causa documentada por expertos, ministros y ex directores de Presupuestos es una sola: la promesa de condonación que Boric nunca pudo cumplir pero que convenció a cientos de miles de personas de dejar de pagar. Es una de las estafas más costosas que un gobierno chileno le ha hecho a su propio Estado.
En noviembre de 2025, María Paz Arzola —entonces experta del Instituto Libertad y Desarrollo, hoy ministra de Educación del gobierno de Kast— expuso en un seminario del Senado una cifra que debería haber generado una crisis política inmediata pero que pasó con relativa calma en el ruido del fin del gobierno de Boric: "El CAE tiene una altísima tasa de morosidad que al mes de junio de este año está en 67,9%. Eso probablemente se debe a las expectativas de condonación debido a la promesa del gobierno durante la campaña."
67,9%. Dos de cada tres deudores del CAE no pagaban en junio de 2025. No porque no pudieran. Muchos de ellos, como demostraron los 1.500 embargos ejecutados por la TGR en las primeras semanas del gobierno de Kast, tenían capacidad de pago. Simplemente habían decidido no pagar porque un presidente les dijo, en campaña, que la deuda sería condonada.
Esa promesa —que no se cumplió, que nunca tuvo sustento legislativo real y que el propio gobierno de Boric terminó reconociendo que no podía materializarse— es lo que este informe llama, con precisión editorial y sin eufemismos, una estafa. No una estafa con intención criminal en el sentido penal. Una estafa política: la manipulación deliberada de las expectativas de cientos de miles de personas para obtener beneficio electoral, con consecuencias fiscales devastadoras que pagarán todos los chilenos durante años.
LOS NÚMEROS DE LA CATÁSTROFE
Para entender la magnitud de lo que ocurrió bajo el gobierno de Boric con el CAE, hay que poner los números en perspectiva.
En 2018, los impagos por CAE ascendían a $500 mil millones. Al cierre de 2025, la cifra era de $4 billones. Ocho veces más. En siete años. La mitad de ese crecimiento —las cuatro primeras veces— corresponde a los años previos al gobierno de Boric. La otra mitad —de $2 billones a $4 billones— ocurrió en los cuatro años de su administración.
La morosidad entre egresados pasó del 28% en diciembre de 2021 —cuando Boric asumió— al 53% en diciembre de 2025. De 163 mil deudores morosos a 423 mil. Un incremento de 260 mil personas que dejaron de pagar durante el gobierno de Boric.
Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, lo explicó con una claridad que no admite interpretación alternativa: "Si yo les pregunto a ustedes, y tienen un crédito y una promesa de condonación, ¿lo van a pagar? No lo van a pagar. Eso significó que la morosidad pasó de 30% al 60% en cuatro años."
El stock total de deuda del CAE creció de US$11,6 mil millones en 2021 a US$14,1 mil millones en 2025. Un crecimiento del 22% en cuatro años. Y para 2026 se proyectan $408,3 mil millones solo por ejecución de garantías por no pago —es decir, lo que el Estado debe pagar a los bancos cuando los deudores no cumplen—, con proyecciones que podrían llegar a $493,7 mil millones el año siguiente.
Son números que en cualquier gobierno responsable habrían generado una alarma de gestión de primer orden. En el gobierno de Boric, generaron silencio y, eventualmente, un proyecto de ley para reemplazar el CAE con el FES que nunca prosperó.
LA PROMESA DE BORIC: CUÁNDO, CÓMO Y POR QUÉ
La promesa de condonación del CAE no fue un desliz de campaña ni una declaración ambigua que pudiera interpretarse de varias formas. Fue un compromiso explícito, repetido, central en la narrativa de la candidatura de Boric ante el electorado universitario y post universitario que constituía parte fundamental de su base de apoyo.
En septiembre de 2021, durante la campaña, Boric escribió en X: "En nuestro gobierno daremos fiel cumplimiento a ese tratado, restituiremos las tierras y avanzaremos hacia el autogobierno rapanui." La misma lógica de promesa incondicional se replicó sobre el CAE: condonación, borrón y cuenta nueva, fin del crédito universitario con deuda acumulada.
La promesa resonó especialmente entre los 444 mil egresados morosos al término de 2024 —personas que habían estudiado con el crédito, se habían graduado y cargaban con deudas que en muchos casos superaban los $10 millones o $15 millones. Para esas personas, la promesa de Boric no era retórica de campaña. Era la solución concreta a un problema real que llevaban años enfrentando.
El problema fue que la promesa era irrealizable sin una mayoría legislativa sólida que Boric nunca tuvo. El proyecto de ley para condonar el CAE fue presentado, debatido y no prosperó. El proyecto FES —que buscaba reemplazar el CAE con un nuevo sistema— tampoco avanzó con la velocidad ni la amplitud que los deudores esperaban.
Durante cuatro años, el gobierno de Boric mantuvo la señal de que "algo" iba a pasar con el CAE —que habría condonación o alivio significativo— sin poder concretarlo. Esa señal fue suficiente para que cientos de miles de personas tomaran la decisión racional de no pagar: si te van a condonar la deuda, cada peso que pagas es un peso que podrías haber guardado.
LA LEY CHAO DICOM: EL MULTIPLICADOR DE LA SEÑAL EQUIVOCADA
Hay un elemento adicional que la ministra Arzola señaló y que amplificó el efecto de la promesa de condonación: la Ley Chao Dicom, promulgada en 2020, que establece que la deuda del CAE no queda registrada en los sistemas de información comercial.
En términos prácticos, eso significa que quien no paga el CAE no ve afectado su historial crediticio de la manera en que lo vería si dejara de pagar una deuda bancaria comercial. No hay DICOM. No hay registro en el sistema. Las consecuencias del no pago son, en el corto plazo, prácticamente invisibles para el deudor.
La combinación de esos dos factores —promesa de condonación y ausencia de consecuencias inmediatas en el historial crediticio— creó el entorno perfecto para la explosión de morosidad que los números documentan. El exdirector de Presupuestos lo llamó "la cultura del no pago." Los economistas que el Emol consultó advirtieron sobre el riesgo sistémico: "La morosidad agregada en Chile hoy llega a casi 3% del PIB, plata que la economía pierde y deja de circular para crear más crédito y más barato."
EL EXFRENTEAMPLISTA QUE RECONOCIÓ EL PROBLEMA
Entre las voces que el artículo de Emol recoge sobre las señales que incitaron el no pago del CAE hay una que merece atención especial: la del exalcalde de Valparaíso y exfrenteamplista, quien reconoció que la promesa de condonación generó el efecto de desincentivo al pago que los números confirman.
Que alguien del propio ecosistema político de Boric reconozca el problema dice algo sobre la magnitud del daño que la promesa incumplida generó. No es solo la derecha ni el gobierno de Kast quienes señalan la responsabilidad del gobierno anterior en la explosión de morosidad. Es gente que apoyó a Boric y que hoy reconoce que la señal fue equivocada.
La vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, lo formuló con precisión en abril de 2026: "No vamos a dar señales equivocadas como en el gobierno anterior." Y añadió que los montos recuperados en los primeros embargos eran "señales claras de que había gente que podía pagar y no lo estaba haciendo."
EL COSTO REAL: QUIÉN LO PAGA
La pregunta más importante que el escándalo del CAE plantea no es cuántos morosos hay ni cuánto deben. Es quién paga las consecuencias de esa morosidad.
La respuesta es doble. Primero, el Estado paga cuando ejecuta las garantías que avaló: los $408 mil millones proyectados para 2026 en ejecución de garantías son dinero que sale del presupuesto público y va a los bancos que otorgaron los créditos. Es dinero que no va a jardines infantiles, a hospitales, a carreteras.
Segundo, el sistema de crédito universitario paga en su credibilidad futura. Si el Estado avala créditos que luego no cobra, los bancos exigirán mejores condiciones para otorgarlos en el futuro, lo que encarece o dificulta el acceso al crédito universitario para las generaciones que vienen.
Matías Acevedo lo proyectó con números concretos: los errores en la proyección tanto del CAE como de la gratuidad universitaria han significado cerca de US$11.400 millones extra para el Estado, cifra que podría llegar a los US$21 mil millones en 2030.
US$21 mil millones. Es el costo de una promesa de campaña que nunca debió hacerse sin sustento legislativo real. Es la factura que la irresponsabilidad política del gobierno de Boric le está pasando al Estado chileno —es decir, a todos los chilenos— durante los próximos años.
LA ESTAFA QUE NADIE LLAMA ESTAFA
El debate político chileno sobre el CAE tiende a presentar la situación como una víctima de circunstancias: la promesa de condonación fue bien intencionada, el gobierno intentó cumplirla, la derecha bloqueó el proceso legislativo, los deudores reaccionaron razonalmente ante la señal.
Esa narrativa tiene el problema de que ignora la responsabilidad específica del gobierno de Boric en la creación de esa señal. Ningún gobierno responsable promete condonar una deuda de US$11 mil millones sin tener asegurada la mayoría legislativa para hacerlo. Ningún gobierno responsable mantiene esa promesa activa durante cuatro años mientras la morosidad se dispara, los recursos fiscales se comprometen en garantías ejecutadas y los jardines infantiles esperan el financiamiento que no llega.
Boric prometió porque convenía electoralmente. No cumplió porque no tenía los votos. Y los 260 mil chilenos adicionales que dejaron de pagar durante su gobierno —racionalmente, siguiendo la señal que él mismo envió— son el costo humano y fiscal de esa promesa que nunca fue.
Eso tiene un nombre. VDI Global lo usa sin eufemismos: la gran estafa del gobierno de Boric con el CAE.
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