Hay algo que define con precisión el estado de la política chilena en 2026: la capacidad de ciertos sectores de la izquierda para convertir cualquier espacio institucional —incluso el más pequeño y local— en un escenario del conflicto que ellos han decidido que define la moral política de nuestro tiempo. No importa si ese espacio es el Congreso, una universidad, una federación de estudiantes o, como ocurrió esta semana, el concejo municipal de Casablanca, una comuna vitivinícola de la Región de Valparaíso con poco más de 30.000 habitantes.

El jueves pasado, lo que debía ser un trámite administrativo de cinco minutos —autorizar al alcalde a viajar a un evento técnico sobre gestión hídrica en Tel Aviv— se convirtió en una de las sesiones más tensas que ha vivido ese concejo en años. El resultado fue 4 votos a favor, 2 en contra. El conflicto en Gaza, a más de 12.000 kilómetros de distancia, encontró su eco en una sala municipal de la quinta región. Y los vecinos de Casablanca, que tienen sequía, siguieron sin recibir respuestas concretas sobre el agua.

Una invitación técnica, un problema real

El punto de partida es simple. El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, invitó al alcalde Rodrigo Martínez —militante de Renovación Nacional, reelegido con el 54,34% de los votos en octubre de 2024— a participar en la Expo Muni 2026, que se realizará en Tel Aviv los días 23 y 24 de junio. El evento es una feria internacional de municipios orientada al intercambio de experiencias en gestión hídrica, tecnología urbana e innovación en administración local. La totalidad de los gastos de traslado y estadía serían cubiertos por la Embajada de Israel. El municipio no gastaría un solo peso.

La motivación del alcalde era concreta y legítima: Casablanca enfrenta una crisis hídrica estructural que amenaza tanto su actividad agrícola —la viticultura es el eje económico del valle— como el abastecimiento de agua potable de sus vecinos. Israel es, a nivel mundial, una potencia en tecnologías de gestión del agua. Sus innovaciones en desalación, riego por goteo y reutilización de aguas residuales son referencia global. Conocer de primera fuente cómo municipios israelíes han enfrentado la escasez hídrica es, en cualquier análisis racional, una oportunidad valiosa para una comuna que sufre exactamente ese problema.

Pero en el Chile de 2026, ese argumento técnico no fue suficiente para dos concejales que decidieron traer Medio Oriente a la quinta región.

El argumento que no habla de agua

Los concejales que votaron en contra no cuestionaron la utilidad técnica del viaje. No argumentaron que los gastos fueran inapropiados. No plantearon conflictos de interés. No propusieron una alternativa concreta para resolver la crisis hídrica de la comuna. Su argumento fue exclusivamente moral y político: aceptar la invitación israelí equivale a "darle la espalda" a la comunidad palestina.

El vocero más explícito fue el concejal José Manuel Cartagena Ilabaca, quien sostuvo que "darle la espalda a la Comunidad Palestina y a su sufrimiento sería una indiferencia que no estamos dispuestos a asumir." Un segundo concejal acompañó el voto en contra, aunque no fue identificado por su nombre en los reportes disponibles al cierre de esta edición.

Es una declaración que suena contundente hasta que se examina con honestidad. ¿Qué relación existe entre la Expo Muni 2026 —una feria de municipios sobre gestión del agua— y la política militar del gobierno israelí en Gaza? ¿La presencia técnica del alcalde de Casablanca en Tel Aviv constituye un respaldo a las decisiones del Ejecutivo israelí en materia de defensa? ¿O, siguiendo esa misma lógica, cualquier alcalde chileno que viaje a Estados Unidos, Francia o el Reino Unido —países con su propio historial de operaciones militares con víctimas civiles— estará también tomando partido político?

El argumento no resiste el análisis. Lo que opera aquí no es un principio ético aplicado de manera consistente. Es una aplicación selectiva, motivada por la posición que el conflicto israelí-palestino ocupa en el imaginario de cierta izquierda latinoamericana: el único conflicto del mundo que exige de cada autoridad, en cada nivel institucional, un pronunciamiento explícito de rechazo a Israel. No a Rusia por Ucrania. No a China por los uigures. No a ningún otro Estado con historial de conflictos armados. Solo a Israel.

Esa selectividad no es casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo político y cultural que lograron instalar una narrativa específica en el imaginario progresista latinoamericano, y que el gobierno de Boric legitimó y amplificó desde La Moneda durante su mandato, culminando con la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024.

La herencia Boric: lo que dejó sembrado en la institucionalidad chilena

El episodio de Casablanca no puede entenderse sin su contexto político. El gobierno de Gabriel Boric rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, siendo Chile el primer país de América Latina en tomar esa decisión. Durante los años que siguieron, la postura oficial del Estado chileno fue de creciente hostilidad hacia Israel en organismos multilaterales, con declaraciones que fueron más allá de la crítica a políticas específicas para cuestionar aspectos de la legitimidad misma del Estado israelí en ciertos foros.

Esa postura creó, en el espacio político del oficialismo y sus aliados, una normatividad implícita que se filtró hacia abajo a lo largo de toda la institucionalidad: no solo era legítimo criticar a Israel, sino que cualquier relación con ese país —económica, técnica, cultural, municipal— se volvía sospechosa. El gobierno Boric no necesitó dictar una circular ordenando a los concejos municipales que bloquearan viajes a Tel Aviv. La lógica se propagó sola, a través de militantes, activistas y concejales que internalizaron el mensaje y comenzaron a actuar en consecuencia.

Ese es precisamente el tipo de herencia institucional más difícil de revertir: no la que se expresa en leyes o decretos, sino la que se instala en las prácticas, los reflejos y las convicciones de quienes ocupan cargos en todos los niveles del Estado. El gobierno de José Antonio Kast, en ejercicio desde marzo de 2026, ha reorientado la política exterior chilena y ha restablecido relaciones normales con Israel. Pero los concejales que votaron en contra del viaje del alcalde de Casablanca no responden al Ejecutivo: responden a sus propias convicciones y a su base militante. Y esas convicciones fueron formadas y reforzadas durante cuatro años de gobierno Boric.

El resultado sigue siendo visible en junio de 2026: dos concejales de una comuna de la quinta región actúan como si la política exterior del gobierno anterior siguiera vigente, como si su mandato municipal incluyera pronunciarse sobre Medio Oriente, y como si los vecinos de Casablanca estuvieran mejor servidos por gestos simbólicos que por agua en sus casas.

Un patrón continental que se repite

Lo que ocurrió en Casablanca no es un caso aislado. En 2025, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, de Renovación Nacional, enfrentó una situación casi idéntica al aceptar una invitación para participar en una conferencia internacional de municipios en Israel. En su concejo, concejales del Frente Amplio, el PPD y el Partido Socialista votaron en contra y emitieron declaraciones públicas. El Partido Comunista se sumó con un comunicado calificando el viaje como una irresponsabilidad política. Una concejala del Frente Amplio sostuvo que Israel había sido cuestionado mundialmente por no respetar el derecho internacional. El alcalde viajó igual.

En Costa Rica, el patrón se repitió con variantes: varios alcaldes que habían aceptado invitaciones similares terminaron por revertir su decisión ante la presión pública. En Lima, la alcaldesa del distrito de Barranco enfrentó críticas similares al aceptar una invitación comparable a la Muni Expo 2025.

Lo que estos casos tienen en común es una mecánica precisa: una red de activismo pro-palestino, bien organizada y con presencia en medios y redes sociales, convierte cada aceptación de una invitación israelí en un escándalo moral de alcance público. La presión no apela a argumentos técnicos ni jurídicos. Apela a la vergüenza pública: si aceptas esta invitación, estás del lado equivocado de la historia.

Esa mecánica ha probado ser efectiva en varios casos. Que en Casablanca no lo haya sido —el alcalde Martínez mantuvo su posición— es un dato alentador. Pero que la presión haya existido, que haya conseguido dos votos en contra en un concejo municipal, y que esos votos se hayan emitido sin proponer ninguna alternativa concreta para la crisis hídrica de la comuna, describe con exactitud el problema.

Lo que la mayoría de los chilenos no sabe y no tiene por qué saber

Aquí aparece un dato que merece ser dicho con claridad: el conflicto israelí-palestino es, para la mayoría de los chilenos, un asunto distante, complejo y ajeno a su vida cotidiana. No porque los chilenos sean indiferentes al sufrimiento humano, sino porque se trata de un conflicto con raíces históricas, religiosas, territoriales y geopolíticas que se remontan al siglo XIX, que involucra actores regionales e internacionales de enorme complejidad, y que no tiene ninguna incidencia directa en la vida de un vecino de Casablanca que necesita agua en su casa.

La mayoría de los chilenos no sabe distinguir con precisión entre Hamas y la Autoridad Palestina. No conoce en detalle la historia del Mandato Británico. No tiene opinión formada sobre los Acuerdos de Oslo ni sobre el derecho al retorno. Y eso no es ignorancia reprochable: es la distribución normal de atención en una sociedad con sus propios problemas urgentes: inflación, seguridad, salud, pensiones, agua.

Lo que resulta inaceptable es que una minoría política que sí ha tomado partido en ese conflicto —de manera militante, sin matices y con información frecuentemente parcial— pretenda imponer ese posicionamiento como condición para el ejercicio normal de la gestión municipal. Que dos concejales de Casablanca puedan casi bloquear el viaje de su alcalde a aprender sobre agua, porque ese alcalde va a un país que ellos han decidido que es moralmente inaceptable, es una distorsión institucional que no debería normalizarse.

Eso no es política exterior. Es la exportación de una agenda ideológica al último rincón de la institucionalidad chilena. Y es, en buena medida, la herencia más persistente del gobierno Boric: no las leyes que promulgó ni los decretos que firmó, sino el clima moral que instaló y que sus herederos políticos siguen reproduciendo desde los espacios institucionales que aún ocupan.

Lo que Israel sabe del agua y Casablanca necesita

Conviene detenerse en lo que el alcalde Martínez irá a buscar a Tel Aviv, porque es la parte de la historia que los concejales disidentes prefirieron ignorar completamente.

Israel es, objetivamente, el país del mundo que más ha desarrollado tecnologías para vivir con escasez hídrica. Partiendo de una condición geográfica que hacía inviable la agricultura intensiva y el crecimiento urbano en buena parte de su territorio, Israel construyó a lo largo de décadas un ecosistema de innovación hídrica sin precedentes: sistemas de desalación que hoy abastecen más del 80% de las necesidades de agua potable del país, tecnología de riego por goteo que revolucionó la agricultura mundial, sistemas municipales de reutilización de aguas grises y negras, y modelos de gestión de cuencas que han permitido revertir procesos de desertificación en zonas que parecían irrecuperables.

Casablanca no tiene océano a la mano para desalar a gran escala, pero sí tiene una crisis de disponibilidad de agua subterránea y superficial que afecta directamente la calidad de vida de sus vecinos y la viabilidad de su actividad económica principal. La viticultura del Valle de Casablanca —responsable de algunos de los mejores vinos blancos de Chile— depende de fuentes hídricas cada vez más precarias. Los viñedos que han dado fama internacional a la zona están bajo presión. Las comunidades rurales de la comuna conviven con escasez que en algunos períodos del año se vuelve crítica.

Conocer cómo municipios israelíes han gestionado situaciones de escasez estructural no es un lujo ideológico: es administración pública responsable. Es exactamente lo que un alcalde bien elegido debería hacer cuando tiene la oportunidad de aprender gratuitamente de quien más sabe del tema en el mundo.

Los concejales que votaron en contra no ofrecieron ninguna alternativa. Dijeron, vagamente, que el alcalde debería explorar visitas a otros países con experiencias positivas en gestión hídrica. ¿Cuáles? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué nivel de expertise comparable al israelí? La respuesta fue el silencio. No hay otra embajada que haya cursado una invitación equivalente. No hay otra Expo Muni financiada. Solo hay una crisis hídrica real y una oportunidad que dos concejales estuvieron a punto de hacerle perder a su propia comuna.

La trampa del boicot simbólico

El boicot a Israel es, en su formulación más honesta, un instrumento de presión política sobre un Estado. Como tal, tiene su lugar en el debate sobre política exterior de los Estados soberanos. Lo que no corresponde es trasladar ese instrumento al nivel de la gestión municipal de una comuna que no tiene política exterior, que no tiene ningún mandato para pronunciarse sobre conflictos internacionales, y cuyos concejales fueron elegidos para velar por los intereses concretos de sus vecinos.

Cuando los concejales de Casablanca votan en contra de autorizar un viaje técnico por razones de política exterior, no están protegiendo a ningún palestino. No están cambiando absolutamente nada en Gaza. No están modificando en lo más mínimo la situación humanitaria en Medio Oriente. Lo que sí están haciendo es privando potencialmente a su comuna de conocimiento útil, bloqueando la gestión de un alcalde electo con mayoría clara, y convirtiendo el concejo municipal en un foro de política exterior para el que nadie les dio mandato.

El boicot simbólico tiene un costo real y un beneficio nulo para quienes supuestamente busca proteger. Los palestinos no están mejor porque el alcalde de Casablanca no haya viajado a Tel Aviv. Los vecinos de Casablanca sí podrían haber estado peor si esa decisión hubiera prosperado. Esa asimetría es la que los concejales disidentes eligieron ignorar.

El alcalde viajará. Pero el legado de Boric en los municipios queda

Rodrigo Martínez consiguió su autorización por cuatro votos contra dos. Viajará a Tel Aviv, participará en la Expo Muni 2026 y —si hace bien su trabajo— volverá con información útil para una comuna que la necesita con urgencia.

Pero el precedente queda. Dos votos se emitieron en contra de una decisión técnica rutinaria por razones de política exterior. Dos concejales de un municipio chileno decidieron que su mandato incluye pronunciarse sobre el conflicto israelí-palestino y actuar en consecuencia, aunque eso signifique perjudicar a los mismos vecinos que los eligieron.

Chile cambió de gobierno en marzo. José Antonio Kast llegó a La Moneda con una agenda que incluye restablecer la normalidad en las relaciones exteriores del país, incluyendo con Israel. Ese giro es bienvenido y necesario. Pero los efectos de cuatro años de gobierno Boric no se revierten con un cambio de mando. Se revierten lentamente, a medida que la institucionalidad va procesando el cambio y que los actores políticos en todos los niveles van recalibrando sus prioridades.

En Casablanca, ese proceso todavía no ha llegado. Dos concejales siguen operando con la lógica del gobierno anterior, usando sus cargos municipales para proyectar una agenda de política exterior que ya no representa la posición oficial del Estado chileno y que nunca representó los intereses reales de sus vecinos.

El caso Casablanca no es una anécdota local. Es un síntoma de algo más profundo: la dificultad de una izquierda derrotada electoralmente para aceptar que su agenda moral —importada, selectiva y ajena a los problemas cotidianos de los chilenos— no encontró respaldo suficiente en las urnas. Y la determinación de seguir imponiéndola, de todos modos, desde los espacios institucionales que aún controla.

Los chilenos ya votaron. El alcalde de Casablanca viajará a buscar soluciones para el agua de su comuna. Eso es, en definitiva, para lo que fue elegido.