LA MÁS PERSPICAZ DEL MAULE: BEATRIZ SÁNCHEZ LLAMA "EXTORSIVA" A LA COBRANZA DEL CAE Y OLVIDA QUIÉN CREÓ EL PROBLEMA

Subtítulo: La senadora frenteamplista por el Maule calificó el cobro del CAE como una "ofensiva extorsiva" y un "mecanismo de amedrentamiento feroz y brutal." Es miembro del partido que prometió condonar la deuda, no lo hizo, disparó la morosidad del 28% al 53% y dejó $4 billones en impagos. Su argumento sobre el rechazo de la derecha al FES existe. Lo que no existe es la lógica de que ese rechazo extingue las deudas ni convierte en extorsión el cobro de lo que se debe.

Hay un tipo de declaración política que revela más sobre quien la hace que sobre el tema que pretende abordar. La que pronunció la senadora Beatriz Sánchez del Frente Amplio el martes 9 de junio de 2026 en Radio Agricultura sobre el cobro del CAE pertenece a esa categoría.

"Una ofensiva de esta naturaleza, como una forma extorsiva para que la gente pague, me parece muy brutal."

Extorsiva. La senadora Sánchez llama extorsión al cobro de una deuda contraída voluntariamente, documentada legalmente, con avisos formales previos, mediante el mecanismo civil que el sistema jurídico establece para ese fin.

Para entender la magnitud del problema con esa afirmación hay que partir por la definición. Extorsión es cuando alguien utiliza la amenaza o la coerción para obtener algo de otra persona que no le pertenece legítimamente. Cobranza es cuando un acreedor recupera, por las vías legales disponibles, dinero que le fue prestado y que el deudor acordó devolver. La diferencia entre las dos cosas no es un matiz semántico. Es la diferencia entre un delito y el funcionamiento normal del derecho civil de obligaciones.

Que una senadora de la república use la palabra "extorsión" para describir la segunda y no la primera no es un error de vocabulario. Es una operación política deliberada: convertir a los morosos en víctimas y al Estado que cobra en agresor. Y esa operación tiene un costo real sobre la cultura del cumplimiento que el país lleva años tratando de construir.

QUIÉN ES BEATRIZ SÁNCHEZ EN ESTE DEBATE

Antes de analizar sus argumentos hay que establecer quién es Beatriz Sánchez en el contexto específico del debate sobre el CAE. No es una figura neutral. Es senadora del Frente Amplio, el partido que fue parte del gobierno de Gabriel Boric durante cuatro años. Es parte política del gobierno que prometió condonar el CAE en campaña, que no legisló para hacerlo con la solidez necesaria, que mantuvo la señal de condonación activa durante cuatro años sin materializarla y que dejó el sistema con una morosidad que pasó del 28% al 53%.

Esos números no los construyó el gobierno de Kast. Los construyó el gobierno del que Sánchez es parte política. La deuda de $4 billones en impagos —ocho veces más que en 2018— no es una herencia de Piñera. Es en buena medida el resultado de cuatro años de señales equivocadas que el propio exdirector de Presupuestos Matías Acevedo describió con claridad: "Si tienen un crédito y una promesa de condonación, ¿lo van a pagar? No lo van a pagar."

Sánchez sale a calificar de "extorsión" el cobro de esa deuda acumulada. Sin mencionar la promesa de su propio gobierno. Sin mencionar la responsabilidad política del FA en el agravamiento de la morosidad. Sin mencionar que los 423 mil morosos actuales son, en una proporción significativa, personas que dejaron de pagar porque su propio partido político les dijo que no tenían que hacerlo.

Esa omisión no es accidental. Es el núcleo de la operación política que Sánchez está ejecutando.

EL ARGUMENTO DEL FES: LO QUE TIENE Y LO QUE NO TIENE

La senadora tiene un argumento que merece ser tomado en serio antes de desmontarlo: "Fue la misma derecha que rechazó la idea de entrar a legislar. Nadie decía que era el proyecto perfecto, pero por lo menos se hacía cargo de la situación."

Es verdad que la derecha rechazó el proyecto FES que el gobierno de Boric presentó para reemplazar el CAE con un nuevo sistema de financiamiento universitario. Ese rechazo es un hecho político documentado que la derecha deberá asumir como parte de su historia legislativa.

Pero ese argumento tiene un problema de lógica que Sánchez no resuelve: el rechazo del FES no extinguió las deudas del CAE. Las deudas existían antes del FES y siguieron existiendo después de que el FES fue rechazado. Eran obligaciones jurídicas contractuales que cada deudor asumió al firmar su solicitud de crédito, independientemente de lo que ocurriera en el Congreso con los proyectos de reforma del sistema.

Si la derecha rechazó el FES, la conclusión correcta desde la perspectiva del Frente Amplio es que hay que presentar un nuevo proyecto con mayor sustento político, no que los deudores quedan eximidos de sus obligaciones porque el Congreso no aprobó la condonación.

Hay además un segundo problema con el argumento de Sánchez sobre el FES: lo presenta como si el único obstáculo para condonar las deudas hubiera sido el rechazo de la derecha. Pero el gobierno de Boric tampoco tenía los votos propios suficientes para aprobar la condonación con sus socios de coalición. La condonación era una promesa de campaña que el gobierno nunca tuvo los números para cumplir. No solo porque la derecha se opuso, sino porque el propio bloque de gobierno no tenía la mayoría necesaria para una medida de esa magnitud fiscal.

"FEROZ Y MUY BRUTAL": EL VOCABULARIO DEL VICTIMISMO SELECTIVO

Lo más revelador de toda la intervención de Sánchez es el vocabulario que eligió. "Feroz." "Muy brutal." "Extorsiva." Son palabras que describen violencia, crueldad, abuso de poder. Son las palabras que se usan cuando un más poderoso aplasta a un más débil de forma ilegítima.

¿Es esa la descripción correcta de lo que está ocurriendo con el cobro del CAE?

El deudor del CAE que tiene un título universitario, trabaja en un empleo formal con sueldo estable y lleva meses o años sin pagar su cuota es alguien que recibió un beneficio real —acceso a educación superior— y que no cumplió la contraprestación acordada. No es una víctima. Es un incumplidor.

El deudor del CAE que genuinamente no tiene ingresos suficientes para pagar, que estudió con el crédito pero terminó en un mercado laboral que no absorbió su carrera con remuneraciones adecuadas, merece un sistema de cobro que contemple su situación. Y ese sistema existe: la TGR ofrece convenios de pago con cuotas que no superan el 10% de la renta mensual.

La descripción de "feroz y muy brutal" puede aplicarse al segundo caso si el cobro se ejecuta sin considerar la real capacidad de pago. Es una crítica legítima al diseño del proceso. Pero Sánchez no hace esa distinción. Habla del cobro del CAE en general, para todos los deudores, como si fuera una ofensiva extorsiva sin excepciones.

Eso es victimismo selectivo: usar los casos más extremos de dificultad real para construir una narrativa que exonera a todos los morosos, incluidos los que pueden pagar y eligieron no hacerlo porque un político les prometió que no tendrían que.

EL MAULE Y KAST: EL ARGUMENTO DE LA TRAICIÓN

El punto más político —y más calculado— de toda la intervención de Sánchez es la referencia al Maule: "El Maule le dio una votación alta a José Antonio Kast, y hoy día les da la espalda."

Es un argumento de traición al electorado propio: los agricultores del Maule votaron a Kast creyendo que él defendería sus intereses, y ahora les sube la bencina y les cobra el CAE.

El argumento sobre la bencina tiene sustancia propia que merece atención. Los agricultores del Maule —y de muchas regiones— dependen del combustible para sus operaciones, y el alza de precios tiene un impacto real en sus costos de producción. Esa es una crítica política legítima que el gobierno de Kast debe responder con política agrícola concreta, no solo con el argumento de que los precios los fija el mercado.

Pero mezclar ese argumento con el del CAE es una operación de confusión deliberada. Los deudores del CAE en el Maule no son principalmente agricultores que necesitan combustible para sus cultivos. Son graduados universitarios que tomaron un crédito estatal para estudiar y que no lo han devuelto. Son dos grupos distintos con situaciones distintas que Sánchez amalgama para construir una narrativa de victimización regional.

El Maule votó a Kast con expectativas concretas: más seguridad, fin de la impunidad, control de la migración irregular, rendición de cuentas al gobierno anterior. No votó para que el Estado no cobrara las deudas universitarias. Sánchez usa la lealtad electoral del Maule a Kast como argumento en contra del cobro del CAE, cuando esa lealtad tiene poco que ver con ese tema específico.

LA MEGARREFORMA Y EL 1%: EL ARGUMENTO DEL CONTRASTE

Sánchez también atacó la megarreforma con el argumento más usado por la izquierda chilena: que beneficia al 1% más rico del país. "Estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico de Chile le dice a usted no le voy a aplicar los impuestos, a usted le voy a bajar los impuestos."

Es una simplificación de lo que la megarreforma hace —que incluye tanto la baja de algunas cargas tributarias para empresas como la simplificación regulatoria y otros elementos— pero es políticamente efectiva porque conecta el cobro del CAE con la rebaja de impuestos a los ricos en una narrativa de "los pobres pagan y los ricos no."

El problema con esa narrativa es que ignora el argumento que la ministra Arzola y el propio Kast han formulado con claridad: el dinero que no se cobra al deudor del CAE no desaparece. Va a financiar garantías bancarias ejecutadas, que salen del presupuesto público, que podrían financiar jardines infantiles y educación básica para los sectores más vulnerables. El debate no es entre ricos y pobres. Es entre distintos grupos de beneficiarios del Estado, algunos de los cuales cumplen sus compromisos y otros no.

Sánchez prefiere el enmarcamiento "gobierno de los ricos contra los pobres" porque es más fácil de comunicar que el argumento real. Esa facilidad comunicacional no lo hace más verdadero.

LO QUE EL GOBIERNO DEBERÍA RESPONDER

La senadora Sánchez plantea en el fondo dos problemas reales mezclados con un arsenal retórico que distorsiona el debate.

El problema real número uno: hay deudores del CAE con genuina incapacidad de pago que merecen un proceso de cobro que contemple esa realidad. El gobierno tiene la obligación de afinar ese proceso. Que los convenios de pago existan no significa que sean accesibles para todos ni que el proceso de llegada a esos convenios sea lo suficientemente claro.

El problema real número dos: la derecha rechazó el FES y no ha propuesto una alternativa estructural al sistema del CAE. Cobrar las deudas actuales es correcto y necesario. Pero cobrar las deudas sin reformar el sistema que las generó es una respuesta incompleta que deja a las generaciones futuras en la misma trampa.

Esos dos problemas reales merecen respuesta política concreta del gobierno de Kast. Lo que no merece respaldo es la narrativa de Sánchez que los envuelve: llamar "extorsión" al cobro de deudas legítimas, presentar a los morosos como víctimas sin distinción y omitir completamente la responsabilidad del propio FA en el agravamiento de la morosidad durante cuatro años de promesas incumplidas.

La senadora más perspicaz del Maule puede hacer críticas legítimas al gobierno de Kast. Tiene razones para hacerlas. Lo que no puede hacer con credibilidad es defender a los morosos del CAE sin mencionar que su propio partido fue el primero en enseñarles que no pagar era una estrategia racional.

Eso no es perspicacia. Es el cinismo político de quien siembra el viento y culpa a otros por la tormenta.

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