LA MINISTRA QUE PREDICABA PROBIDAD Y OCULTÓ QUE SU FAMILIA COBRABA MILLONES AL ESTADO: EL ESCÁNDALO DE CAMILA VALLEJO QUE EL LÍBERO DESTAPÓ
LA MINISTRA QUE PREDICABA PROBIDAD Y OCULTÓ QUE SU FAMILIA COBRABA MILLONES AL ESTADO: EL ESCÁNDALO DE CAMILA VALLEJO QUE EL LÍBERO DESTAPÓ
Hay una frase que Camila Vallejo repitió durante cuatro años como ministra Secretaria General de Gobierno del gobierno de Gabriel Boric. La repitió cuando estalló el Caso Convenios. La repitió cuando se descubrió que ministros de su propio gabinete se reunían con gestores de intereses sin declararlos. La repitió con la convicción tranquila de quien sabe que nadie le pedirá cuentas: que era importante "avanzar en temas de probidad y transparencia."
Lo que no dijo — lo que eligió deliberadamente no declarar en el documento oficial que la ley le exigía completar con exactitud — es que mientras ella predicaba probidad desde el podio del gobierno más "feminista y transformador de la historia", la sociedad de su suegra y cuñados estaba cobrando millones de pesos al sistema de salud pública chileno. Y que durante los cuatro años exactos en que ella fue ministra, esa sociedad familiar percibió el 56% de todo el dinero que había ganado contratando con el Estado en los últimos 15 años.
La investigación la publicó El Líbero el 15 de mayo de 2026. Los periodistas Renato Gaggero, Trinidad Matte y Mijal Kleinkopf hicieron lo que la ley del Estado chileno y la conciencia ciudadana exigen: buscar en los registros públicos, cruzar datos, consultar expertos y publicar lo que encontraron. VDI Global lo amplifica porque eso se llama periodismo. Y porque Chile merece conocer este expediente en su totalidad.
La omisión que la ley no permite: la Declaración de Intereses incompleta
La Ley 20.880 de Probidad en la Función Pública es clara. Los secretarios de Estado deben incluir en su Declaración de Intereses y Patrimonio el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta, y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad. Eso incluye expresamente a suegros y cuñados.
La Declaración de Intereses y Patrimonio que Camila Vallejo publicó en la plataforma oficial infoprobidad.cl durante su período ministerial incluía el nombre de sus padres, hijos, hermanos, su cónyuge y solo uno de sus cuñados. No incluía a su suegra. No incluía a sus otros cuñados. La sección "Otras fuentes de conflicto de intereses" estaba en blanco.
No es una omisión de buena fe por desconocimiento de la norma. Vallejo fue ministra durante cuatro años. Su Declaración de Intereses se renueva anualmente. Cuatro veces consecutivas — cuatro renovaciones anuales del documento — el nombre de su suegra y la totalidad de sus cuñados brillaron por su ausencia. La sistematicidad de esa omisión excluye el descuido.
Cuando El Líbero la contactó para preguntarle, su entorno respondió que "fue rectificada a través de la plataforma oficial y cumple con todos los requisitos legales." La rectificación llegó en mayo de 2026 — más de dos meses después de que Vallejo dejó el cargo. No por iniciativa propia. Por presión periodística.
La sociedad: "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada"
La sociedad cuya existencia Vallejo nunca declaró mientras fue ministra se llama "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada." La integran cuatro personas: la suegra de Vallejo, la médico oftalmóloga Andrea Colomba San Martín Palma, con el 9% de participación; los cuñados de Vallejo, Claudio Camilo Zicavo San Martín y Valeria Andrea Zicavo San Martín, con el 31% cada uno; y el cónyuge de la suegra, Osvaldo Armando Aguiló Melo, con el 29%.
La sociedad fue creada en 2003 y tiene como objeto declarado la prestación de servicios profesionales en oftalmología, incluyendo expresamente contratos con "organismos públicos, municipal o privado." Hasta 2018 — cuando Vallejo llevaba dos años en pareja con Abel Zicavo — el marido de Vallejo era el socio mayoritario, con el 71% de la sociedad. Ese año, en una modificación publicada en el Diario Oficial, Abel Zicavo vendió su participación a sus hermanos y al marido de su madre, saliendo completamente de la sociedad.
El entorno de Vallejo enfatiza ese dato: su cónyuge dejó la sociedad antes de que ella asumiera el cargo. Pero el artículo 7 de la Ley 20.880 no exige que el pariente sea socio para que deba ser declarado. Exige que el ministro declare a sus suegros y cuñados. Punto. Sin importar si esos cuñados y suegros tienen o no relaciones comerciales con el Estado. La declaración es preventiva, no reactiva. Sirve precisamente para que organismos de control puedan evaluar si existen riesgos de conflicto de interés antes de que se materialicen.
Que la suegra y los cuñados de Vallejo estuvieran contratatando con el Estado durante los cuatro años de su ministerio no es consecuencia de que ella no los haya declarado. Es la razón por la que la ley exige que los declare.
Los números: $2.156 millones en 15 años, $1.209 millones durante el gobierno de Boric
La investigación de El Líbero consultó el sistema Mercado Público — la plataforma de transparencia del Estado chileno donde se registran todas las contrataciones públicas — ingresando el nombre de la sociedad "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada."
El resultado es el siguiente. Desde 2011 hasta febrero de 2026, la sociedad emitió un total de 299 órdenes de compra aceptadas por el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, por un monto total de $2.156.918.205. Eso es lo que el Estado chileno le pagó en 15 años a la sociedad de la suegra y los cuñados de Camila Vallejo.
De ese total, $1.209.142.236 — el 56% — fue percibido durante los cuatro años del gobierno del Presidente Boric. Es decir: el 56% de todo lo que esa sociedad ganó contratando con el Estado en 15 años lo ganó en los 4 años exactos en que la suegra y los cuñados de la ministra vocera eran parte de ese entorno familiar que ella estaba obligada a declarar y no declaró.
La correlación no es prueba de causalidad. Vallejo no tenía responsabilidad directa sobre las licitaciones del Hospital Herminda Martín. Pero ese no es el estándar que la ley aplica. El estándar que la ley aplica es el de la transparencia preventiva: declarar los vínculos para que otros puedan evaluar si hay riesgo. Que esa transparencia preventiva no existiera durante cuatro años es lo que el expediente documenta.
El primo evaluador: la capa adicional que El Líbero reveló
La investigación de Gaggero, Matte y Kleinkopf no se detuvo en la sociedad y en la omisión de la Declaración de Intereses. Fue más lejos. Y lo que encontró es una capa adicional de vínculos que hace el cuadro considerablemente más grave.
El jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Herminda Martín de Chillán es el doctor Raúl San Martín Geisse. En múltiples licitaciones que ganó la sociedad "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada", San Martín Geisse aparece en dos roles distintos: en algunas, como parte de la comisión evaluadora que recomendó adjudicar el contrato. En otras, como prestador subcontratado por esa misma sociedad para ejecutar los servicios.
Y hay más: el doctor Raúl San Martín Geisse y Andrea San Martín Palma son socios. A través de sus respectivas sociedades familiares, ambos son copropietarios del 10% cada uno de una empresa llamada "Oftalmología e Inversiones S.A."
El Líbero revisó los certificados de nacimiento de ambos. Sus padres comparten los dos apellidos: San Martín González. Son primos.
El resumen: el primo de la suegra de Vallejo es funcionario del hospital que contrató con la sociedad familiar, participó como evaluador en las licitaciones que esa sociedad ganó, fue prestador subcontratado de esa misma sociedad en otras licitaciones, y es socio con ella en una empresa común. Todo esto en el mismo hospital donde trabaja para el Estado.
Jorge Jaraquemada y el estándar que Vallejo no cumplió
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, consultado por El Líbero, fue preciso y contundente en su evaluación: "La omisión de la exministra Vallejo no es un detalle meramente formal, pues la DIP deja de cumplir su función si la información relevante está fragmentada o derechamente ausente."
Y añadió algo que resume con exactitud el problema institucional de fondo: "La carga de transparencia recae en la autoridad y no en el ciudadano o el periodismo que deben hacer malabares para 'descubrir' estos vínculos."
Esa frase merece ser leída dos veces. Los ciudadanos chilenos no tendrían que esperar a que los periodistas de El Líbero revisaran el Mercado Público, cruzaran datos societarios del Conservador de Chillán, consultaran el Diario Oficial y verificaran certificados de nacimiento para enterarse de que la ministra vocera tenía un entorno familiar que facturaba millones al Estado. Eso debería haberlo sabido la ciudadanía desde el primer día del gobierno de Boric, a través del documento oficial que Vallejo tenía la obligación legal de completar correctamente.
No lo hizo. Cuatro veces consecutivas. Y solo rectificó cuando El Líbero le preguntó.
La ministra de la probidad que predicaba lo que no practicaba
El escándalo de Vallejo no es solo jurídico. Es moral y político. La misma persona que durante cuatro años fue la cara del gobierno en materia de comunicaciones institucionales — que defendió el Caso Convenios, que habló de la necesidad de transparencia cuando ministros de su propio gabinete fueron sorprendidos en reuniones indebidas con gestores de intereses — tenía en su propio entorno familiar una situación que la ley le exigía declarar y eligió no declarar.
La izquierda que gritó corrupción contra la derecha durante décadas tenía a su ministra vocera con este expediente. No inventado. No interpretado. Documentado en Mercado Público, en el Conservador de Chillán, en el Diario Oficial y en la propia plataforma infoprobidad.cl que registra sus omisiones.
Hoy Vallejo da conferencias en Madrid sobre "honestidad política." Escribe columnas tituladas "La Gran Estafa" sobre el gobierno de Kast. Habla de los peligros de la "ultraderecha." Y el registro oficial del Estado chileno documenta que durante cuatro años omitió declarar vínculos familiares con contratistas del Estado que cobraron más de mil doscientos millones de pesos durante su período ministerial.
Desde Israel, donde VDI Global opera, conocemos bien la diferencia entre quienes predican la transparencia y quienes la practican. Vallejo predicó. Y el periodismo de El Líbero encontró lo que sus propias declaraciones ocultaban.
La posición de VDI Global
El Líbero hizo periodismo de investigación. Los periodistas Renato Gaggero, Trinidad Matte y Mijal Kleinkopf buscaron en los registros públicos lo que la ley exige que sea declarado y no lo estaba. Encontraron $1.209 millones en contratos del Estado con la sociedad familiar de Vallejo durante su período ministerial. Encontraron la omisión sistemática en cuatro Declaraciones de Intereses consecutivas. Encontraron al primo de la suegra evaluando las licitaciones que ganaba la sociedad de su prima. Y lo publicaron.
VDI Global lo amplifica. Porque Chile merece saber. Y porque quien habla de probidad desde el poder tiene la obligación de ejercerla — no solo de predicarla.
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