LA QUINTA COLUMNA DE LA DERECHITA COBARDE: CECILIA PÉREZ DEFIENDE A GRAU, ATACA LA AC Y LE PIDE A RN QUE NO VOTE EN BLOQUE

Subtítulo: La exministra Segegob de Piñera y presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, salió a cuestionar la acusación constitucional contra Grau con un arsenal de argumentos que son copia exacta de los que usa la izquierda para defenderlo. Llamó a las ACs "pataletas." Dijo que "le hace mal a Chile." Sugirió que la responsable real es la directora de presupuestos de la época, no Grau. Y les pidió a los parlamentarios de RN que voten con "discernimiento personal." Tradución: que no voten a favor. La quinta columna no podría ser más explícita.

Cecilia Pérez fue ministra Segegob del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Es hoy presidenta del directorio de Azul Azul, la sociedad que controla Universidad de Chile fútbol. Es una figura de Renovación Nacional. Es, en el mapa político que VDI Global ha documentado bajo el concepto de "derechita cobarde" o "Red Matthei", exactamente el tipo de perfil que este medio identifica como quinta columna dentro del espacio político que debería apoyar al gobierno de Kast.

El martes 9 de junio de 2026, Cecilia Pérez habló en Radio Infinita sobre la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Lo que dijo en esa entrevista es, en términos de alineación política, indistinguible de lo que dijeron los diputados del Frente Amplio, del PC y del PS. Usa exactamente los mismos argumentos. Llega exactamente a las mismas conclusiones. Y además hace algo que ni el FA ni el PC se atrevieron a hacer: sugiere que la responsable real no es Grau sino la directora de presupuestos de la época, quien —convenientemente— no es acusable constitucionalmente.

La quinta columna no podría ser más explícita.

LAS FRASES QUE LO DICEN TODO

Pérez construyó su posición con varias afirmaciones que merecen ser analizadas una por una.

La primera: "La acusación constitucional a esta altura de mi vida, a mí me suenan a meramente pataletas." Es la más brutal y la más reveladora. Una exministra de la Concertación-Chile Vamos que describe el mecanismo constitucional de rendición de cuentas del Parlamento sobre el Ejecutivo como "pataletas." No como un instrumento que se usa mal o que en este caso específico no tiene fundamentos. Como "pataletas" en general, "independiente del gobierno de turno."

Esa afirmación tiene una consecuencia directa que Pérez no parece haber advertido —o que no le importa: si las ACs son "pataletas", también lo fueron todas las ACs que la izquierda presentó contra ministros de Piñera durante sus dos gobiernos. También lo fue la AC contra el ministro Mañalich durante la pandemia, que la izquierda impulsó y que generó una discusión política importante sobre la gestión del COVID. Si la AC es "pataleta" en manos de la derecha contra Grau, era igualmente "pataleta" en manos de la izquierda contra los ministros de Piñera.

Pérez, exministra de Piñera, debería recordar ese antecedente antes de generalizar.

La segunda frase: "La acusación constitucional hace muchísimo tiempo, independiente del gobierno de turno, dejó de ser una vulneración a la Constitución, o a una ley en particular, que es el fundamento, y pasó a ser un juicio político del gustito de turno."

Es un argumento que tiene una apariencia de profundidad institucional y que al ser examinado es vacío. La AC es, por definición, un instrumento político. El Parlamento no es un tribunal penal. Sus votaciones son actos políticos. La pregunta no es si la AC es política —por supuesto que lo es— sino si tiene fundamentos suficientes. Y esa pregunta, en el caso de Grau, tiene una respuesta en los datos: US$10.500 millones de deuda no reportada y 20.000 subsidios habitacionales recortados. Esos datos son políticos y también son jurídicos.

La tercera: "La sanción es muerte política en vida." Es la descripción de las consecuencias de una AC exitosa —la inhabilitación para cargos públicos— presentada como argumento en contra de presentarla. Pero es exactamente la función que el instrumento tiene: sancionar a quienes vulneraron la Constitución con consecuencias que van más allá de las penales. Si la sanción es desproporcionada, hay que modificar la Constitución. No hay que dejar de aplicarla.

EL MOVIMIENTO MÁS HÁBIL: CULPAR A JAVIERA MARTÍNEZ

La maniobra más sofisticada de toda la intervención de Pérez es la que introduce sin que parezca un argumento central pero que es, en realidad, la pieza más dañina de todo el discurso.

"Uno debiese pensar y decir al tiro, 'no, porque estuvo meses en el ministerio'. Uno tal vez debiese fijarlo en el ministro Marcel y particularmente alguien que no es acusable, que es la directora de presupuestos de la época, que era Javiera Martínez, que en voz del exministro Marcel, la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile. Y uno termina focalizándolo en Grau, particularmente por un tecnicismo, porque estamos a tres días de que no sea acusable constitucionalmente."

Hay que detenerse en esa construcción con cuidado porque es extraordinariamente hábil en su formulación y extraordinariamente deshonesta en su contenido.

Pérez está diciendo que la responsable real de las irregularidades no es Grau sino Javiera Martínez, la directora de presupuestos. Y que la razón por la que se acusa a Grau es un "tecnicismo": que Grau todavía es acusable y Martínez no lo es.

Esa afirmación tiene varios problemas serios.

Primero: Grau no es solo un ministro que estuvo "meses" en el cargo. Fue ministro de Hacienda durante una parte significativa del gobierno de Boric. La deuda no reportada y los subsidios recortados no son irregularidades de un día ni de un mes. Son el resultado de decisiones de política fiscal que ocurrieron bajo su gestión y bajo su autoridad.

Segundo: Javiera Martínez era la directora de presupuestos, no el ministro. La responsabilidad política y constitucional del ministerio recae sobre el ministro. El hecho de que Martínez haya sido una excelente directora de presupuestos —en palabras de Marcel— no exculpa a Grau de las decisiones que se tomaron bajo su conducción ministerial.

Tercero: y este es el más importante. Pérez está usando la indisponibilidad de Martínez como acusada —ella no es acusable porque ya no ejerce el cargo— para sugerir que Grau tampoco debería serlo. Pero Grau sí es acusable. Y los plazos constitucionales existen precisamente para que haya un período durante el cual los exministros puedan rendir cuentas. Que ese plazo esté a punto de vencer no es un "tecnicismo": es el fundamento para actuar ahora.

En términos coloquiales: Pérez está diciendo que como no pueden acusar a quien ella cree que es la verdadera culpable, tampoco deberían acusar al que sí pueden acusar. Es la lógica de que si no puedes sancionar a todos los culpables, no deberías sancionar a ninguno. Esa lógica destruye cualquier sistema de rendición de cuentas.

"MUERTE CÍVICA" Y EL LLAMADO A NO VOTAR EN BLOQUE

Pérez también apeló a la categoría de "muerte cívica" —la inhabilitación para cargos públicos que una AC exitosa implicaría— para pedirles a los parlamentarios de RN que no voten mecánicamente a favor.

"Yo creo que en algo tan importante como es la muerte cívica, la muerte política eventualmente que se está jugando sobre una persona donde objetivamente, y yo no soy ni amiga ni cercana del exministro Grau, yo siento que no pueden existir votaciones de mayoría de cómo se actúa en algo tan importante."

Es una apelación al "discernimiento personal" de los diputados de RN. Que cada uno estudie el mérito. Que no voten en bloque siguiendo instrucciones del partido.

Esa apelación tiene un problema obvio: Pérez solo la hace cuando la mayoría del partido iría a votar a favor de la AC. Si la mayoría de RN estuviera inclinada a votar en contra, Pérez no estaría apelando al "discernimiento personal". Estaría aplaudiendo la cohesión partidaria.

La apelación al "discernimiento personal" es, en este contexto, la forma académica de decir: "Los que quieran votar en contra de la AC tienen mi respaldo intelectual y moral para hacerlo sin sentirse traidores al partido."

Es también la intervención de alguien que tiene influencia dentro de RN —como exministra, como figura pública, como presidenta de Azul Azul— para orientar a los diputados indecisos en la dirección que protege a Grau.

LA COMISIÓN CON MAYORÍA DE OPOSICIÓN: EL DATO QUE LO CAMBIA TODO

En paralelo a las declaraciones de Pérez y Ossandón, La Tercera reporta que la comisión revisora de la AC contra Grau quedó conformada con mayoría de oposición. Eso significa que el primer filtro del proceso —la comisión que analiza la admisibilidad del libelo— está controlado por los defensores de Grau.

Es el escenario que el PNL y el Partido Republicano temían: que la "derechita cobarde" de RN no solo se abstuviera de votar a favor en sala sino que cediera la representación en la comisión a la oposición, entregando el control del proceso a quienes quieren hundirla.

Si la comisión con mayoría opositora produce un informe desfavorable a la AC, eso condiciona el debate en sala y puede ser suficiente para que los diputados indecisos de RN —que ya escucharon a Pérez hablar de "pataletas" y a Ossandón hablar de "disparo en las piernas"— se sientan respaldados para votar en contra o abstenerse.

La arquitectura de la quinta columna está completa: Ossandón introduce el "efecto boomerang." Pérez llama a la AC "pataleta" y sugiere que la culpable real es otra. La comisión queda con mayoría opositora. Y el voto en sala de RN queda "libre", es decir, sin disciplina de partido en la dirección del gobierno.

El gobierno de Kast, que dijo "está bien que se analice y se vote", puede terminar viendo cómo sus propios aliados parlamentarios entierran el instrumento de rendición de cuentas que le prometieron a la ciudadanía.

LO QUE LA DERECHITA COBARDE NO COMPRENDE: EL COSTO POLÍTICO DE PROTEGER A GRAU

Pérez, Ossandón y los sectores de RN que se resisten a la AC parecen no calcular el costo político de proteger a Grau. O lo calculan y deciden que ese costo es menor que el costo de establecer el precedente de la AC contra ministros de Hacienda.

Pero hay un dato que esa calculadora omite: el 58% de respaldo ciudadano a la AC contra Grau que las encuestas han documentado. Es decir, más de la mitad de los chilenos quiere que Grau rinda cuentas ante el Senado por los US$10.500 millones y los 20.000 subsidios.

Si RN vota en contra o se abstiene y la AC no prospera en la Cámara, ese 58% sabrá exactamente quiénes la bloquearon. Y ese 58% incluye, con alta probabilidad, a votantes que apoyaron a Kast en primera y segunda vuelta con la expectativa de que el nuevo gobierno haría exactamente lo que la AC busca: exigir rendición de cuentas al gobierno anterior.

La derechita cobarde puede ganar la batalla táctica de proteger a Grau. Y perder la guerra estratégica de mantener la credibilidad del gobierno de Kast ante sus propios votantes.

Eso no es lealtad. Es exactamente lo contrario.

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