LA RED FAMILIAR DE VALLEJO: 29 LICITACIONES, UN PRIMO EVALUADOR, Y UN HOSPITAL QUE ADJUDICÓ DE TODAS FORMAS
Lo que comenzó como una irregularidad en la Declaración de Intereses de la exministra Camila Vallejo se ha convertido, a medida que avanza el periodismo de investigación, en algo considerablemente más grave: una red de vínculos familiares, societarios y laborales que permea décadas de licitaciones en un hospital público chileno, con al menos un funcionario del propio establecimiento evaluando contratos para adjudicárselos a la sociedad de su prima. Y el hospital firmando igual.
VDI Global ha seguido este caso desde que se publicaron los primeros datos. Lo que la nueva investigación publicada el 1 de junio de 2026 por El Líbero, agrega al expediente ya conocido no es un detalle menor: es la columna vertebral de un modus operandi que combina conflicto de interés, uso indebido de cargo público y adjudicación irregular de fondos del Estado. Todo documentado en Mercado Público, la plataforma de transparencia del Estado chileno. Todo ignorado durante años.
Lo que ya sabíamos: la factura de $1.209 millones durante el gobierno de Boric
Para dimensionar la magnitud de lo que se está revelando, hay que partir por los datos que ya estaban sobre la mesa. La sociedad "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada" —integrada por la suegra de Vallejo, Andrea San Martín Palma, sus cuñados Camilo y Valeria Zicavo San Martín, y el cónyuge de Andrea, Osvaldo Aguiló Melo— facturó un total de $2.156.918.205 al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán desde 2011. De ese monto, el 56%, equivalente a $1.209 millones, fue percibido durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric, período exacto en que Camila Vallejo se desempeñaba como ministra Secretaria General de Gobierno.
La ley obliga a los ministros a declarar en su Declaración de Intereses y Patrimonio a los parientes que puedan generar conflictos con su función pública. Vallejo nunca declaró a su suegra ni a sus cuñados durante todo su período ministerial. Rectificó ese documento recién el 14 de mayo de 2026, más de dos meses después de haber dejado el cargo, y únicamente después de que El Líbero la contactara para preguntarle. No fue iniciativa propia. No fue autocrítica. Fue presión periodística.
Ese era el cuadro inicial. Lo que la nueva investigación agrega es el mecanismo.
El primo: coordinador, evaluador y subcontratado
El doctor Raúl San Martín Geisse lleva trabajando en el Hospital Herminda Martín desde 1995. Fue jefe del Servicio de Oftalmología hasta 2018 y desde 2020 ejerce como coordinador de esa unidad. Es funcionario estable del establecimiento. Es también primo de Andrea San Martín Palma, la suegra de Camila Vallejo. Y es socio de ella en una empresa llamada "Oftalmología e Inversiones S.A.", donde tanto la sociedad de Andrea San Martín como la sociedad del doctor Raúl San Martín Geisse tienen cada una un 10% de participación.
Con ese mapa de relaciones sobre la mesa, lo que El Líbero documentó al revisar 29 licitaciones adjudicadas a la sociedad de Andrea San Martín entre 2009 y 2024 es lo siguiente:
En 17 de esas 29 licitaciones aparece involucrado el doctor San Martín Geisse. En una licitación de 2009 figura participando directamente, usando la sociedad de su prima. En 15 licitaciones —que van de 2011 a 2024— aparece como médico subcontratado por esa misma sociedad para ejecutar los servicios que ella ganó mediante licitación, todo esto en el mismo hospital donde él es funcionario remunerado por el Estado. Y en una licitación de 2023 aparece en un rol que resulta particularmente grave: como parte del equipo evaluador, firmando el acta que recomienda adjudicarle el contrato a la sociedad de su prima.
No es un error. No es coincidencia. Es un patrón que se repite durante quince años con total visibilidad en los documentos públicos del Estado.
2023: el evaluador que evaluó a su propia prima
La licitación ID 1057509-222-LE23, del año 2023, para la compra de servicios de consultas oftalmológicas en el Hospital Herminda Martín, es probablemente el episodio más grave de todos los documentados. En esa licitación, el doctor Raúl San Martín Geisse no figura como subcontratado sino como integrante del equipo evaluador. Firmó el acta de evaluación con el título de "jefe del Servicio de Oftalmología" —cargo que, según el propio hospital, ya no ejercía desde 2020, lo que agrega una discrepancia documental adicional— y esa acta recomendó adjudicar el contrato a la sociedad de su prima Andrea San Martín.
El acta de evaluación incluye, según consta en los documentos de Mercado Público, una declaración de todos los miembros de la comisión de que no tienen conflictos de interés que los inhabiliten para participar en el proceso, conforme al Artículo 37 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas. El doctor San Martín Geisse firmó esa declaración. Es primo de la adjudicataria. Son socios en una empresa común. La sociedad de su prima se adjudicó el contrato.
Que eso haya pasado no es solo una falla del evaluador. Es también una falla del sistema de control del hospital, que debía conocer los vínculos de sus funcionarios antes de asignarlos como evaluadores. La pregunta que el Hospital Herminda Martín no ha respondido es cómo ocurrió esto, y quién autorizó la composición de esa comisión evaluadora.
2024: el hospital supo, pidió el cambio, y firmó de todas formas
Si el episodio del evaluador-primo de 2023 es grave, lo ocurrido en octubre de 2024 es directamente inexplicable. En la licitación ID 1057509-406-LQ24, el propio hospital detectó que cuatro de los cinco prestadores que la sociedad de Andrea San Martín inscribió para ejecutar los servicios —entre ellos el doctor Raúl San Martín Geisse— eran funcionarios del establecimiento. Citando un Dictamen de la Contraloría General de la República, el hospital exigió formalmente el cambio de esos profesionales como condición previa para poder firmar el contrato.
La sociedad respondió ese mismo día, 30 de octubre de 2024, que no contaba con prestadores adicionales para reemplazar a los incluidos en la oferta. Es decir, admitió que no podía cumplir con la condición impuesta.
El hospital firmó el contrato ese mismo día y lo adjudicó por $332.788.500 —el monto más alto de todos los contratos identificados en esta investigación— con Raúl San Martín Geisse aún en la nómina de prestadores. En julio de 2025 se incorporaron dos nuevos prestadores, pero ningún documento acredita la remoción de los funcionarios cuestionados. En octubre de 2025 el convenio fue renovado por doce meses más, con el mismo monto, vigente hasta noviembre de 2026.
El hospital detectó el problema, exigió la corrección, recibió una respuesta que reconocía la imposibilidad de corregirlo, y firmó de todas formas. Eso no es un error administrativo. Eso requiere explicación.
El cuadro completo: lo que esto significa políticamente
Repasemos los elementos que componen este caso con la precisión que corresponde, distinguiendo entre hechos probados en documentos públicos y análisis interpretativo:
Hechos documentados en Mercado Público y fuentes institucionales: la sociedad de la suegra y cuñados de Vallejo facturó más de $2.100 millones al Hospital Herminda Martín desde 2011. El 56% durante el gobierno de Boric. Vallejo nunca declaró el vínculo durante su período ministerial. El primo de la suegra es funcionario del mismo hospital desde 1995. En 17 de 29 licitaciones aparece involucrado ese primo. En 2023 evaluó y recomendó adjudicar a la sociedad de su prima. Ambos son socios en una empresa común. En 2024 el hospital detectó la irregularidad, exigió corrección, recibió una negativa y firmó de todas formas.
Análisis editorial: lo que este caso revela es que el gobierno de Boric no fue solo ideológicamente progresista y administrativamente ineficiente. Fue también un gobierno en el que figuras de primer nivel —la vocera oficial, la cara pública del ejecutivo durante cuatro años— gestionaron el poder público con una opacidad que solo la presión del periodismo de investigación ha logrado iluminar. Vallejo no declaró a su suegra por error. Lo hizo —o más precisamente, no lo hizo— durante cuatro años consecutivos, en cada renovación anual de su Declaración de Intereses. Ese nivel de sistematicidad no es descuido. Es decisión.
Lo que falta saber
Las preguntas que este caso todavía no tiene respuesta son varias y todas relevantes. ¿Cuándo exactamente se incorporó Andrea San Martín Palma como funcionaria del Hospital Herminda Martín? El hospital no ha respondido esa consulta. ¿Quién compuso la comisión evaluadora de 2023 y autorizó la participación del doctor San Martín Geisse sabiendo su vinculación con la adjudicataria? ¿Quién tomó la decisión de firmar el contrato de 2024 después de que la sociedad admitió no poder cumplir con la condición de reemplazar a sus prestadores-funcionarios? ¿Existe una investigación abierta por parte de la Contraloría o del Ministerio Público sobre estas adjudicaciones?
Camila Vallejo dejó el cargo. El Partido Comunista, del que forma parte, sigue siendo uno de los actores centrales de la oposición que hoy obstaculiza al gobierno de Kast. Sus militantes y figuras públicas exigen transparencia al gobierno. El caso Vallejo —que es, en sus dimensiones reales, el caso de una ministra que ocultó sistemáticamente vínculos con una red de contratistas del Estado durante cuatro años— es el estándar con el que el PC debería ser medido cuando habla de honestidad pública.
Desde Israel, donde VDI Global opera, conocemos bien la diferencia entre quienes denuncian la corrupción como bandera electoral y quienes la practican mientras gobiernan. Chile lo está aprendiendo.
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