Seis exautoridades —entre ellas el propio exdirector del INDH, Sergio Micco— publicaron una columna en El Mercurio advirtiendo la "urgencia" de reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su diagnóstico de los problemas es, en buena parte, real y compartido incluso por comisiones designadas por el propio gobierno anterior. Su solución, en cambio, merece un examen mucho más cuidadoso: proponen que la dirección superior del INDH pase de un Consejo plural, designado por múltiples instituciones, a un Consejo Directivo elegido íntegramente por el Congreso.

Eso no es un ajuste técnico menor. Es cambiar el diseño institucional que existe precisamente para que un organismo de derechos humanos no dependa de qué coalición controle el Parlamento en un momento dado.

Lo que la columna sí acierta en diagnosticar

Antes de cuestionar la solución, hay que reconocer que el diagnóstico no es una invención de sus firmantes. El INDH arrastra, según reconoce incluso la Comisión Asesora Presidencial convocada en el gobierno anterior, un "colegiado disfuncional", requisitos deficientes para la selección técnica de consejeros y ausencia de especialización en su composición. A esto se suma un antecedente concreto y grave: la ocupación ilegal de la sede central del Instituto durante cinco meses en el estallido social de 2019, episodio que organismos iberoamericanos de derechos humanos condenaron por atentar contra la autonomía de la institución.

La columna también apunta a un problema real de diseño: las decisiones más sensibles del Consejo se han resuelto históricamente por mayorías simples y estrechas, lo que alimenta la percepción —compartida por sectores de todo el espectro político en distintos momentos— de que el organismo responde a las mayorías circunstanciales de su Consejo antes que a un criterio técnico estable.

Hasta aquí, el diagnóstico resiste el escrutinio. El problema empieza en la receta.

La solución propuesta invierte la lógica de la autonomía

El diseño actual del INDH —un Consejo de 11 integrantes, con mandatos de seis años y un mecanismo de designación repartido entre distintas instituciones, entre ellas el Presidente de la República, que solo nombra a dos de sus miembros— existe precisamente para que ningún poder político, por sí solo, controle la composición del organismo. Es una arquitectura imperfecta, y los propios episodios de crisis institucional lo demuestran. Pero su defecto no es que sea "demasiado plural": es que el reparto de cuotas entre instituciones no ha logrado, en la práctica, blindar al Consejo de la percepción de sesgo que sus críticos denuncian.

La propuesta de Micco y sus coautores no corrige ese defecto: lo profundiza en la dirección contraria. Trasladar la elección completa del Consejo Directivo al Congreso significa que la composición del organismo de derechos humanos de Chile pasaría a depender, en cada renovación, de qué coalición tenga los votos en el Parlamento en ese momento. Eso es exactamente lo opuesto al principio que organismos internacionales de derechos humanos —a través de los llamados Principios de París de Naciones Unidas— exigen para instituciones como el INDH: independencia respecto de los ciclos político-electorales, no subordinación a ellos.

Es cierto que la propuesta incluye quórums más altos para decisiones sensibles, como salvaguarda. Pero la experiencia reciente con otros organismos chilenos que usan mecanismos similares —como el Consejo Directivo del Servicio Electoral, que requiere dos tercios del Senado para nombrar a sus integrantes— muestra que los quórums altos no eliminan la lógica de cuoteo político: la trasladan a una negociación previa entre las bancadas, donde cada sector "instala" a sus representantes de confianza a cambio de aprobar los del otro. El resultado puede ser un organismo más despolitizado en el papel, pero igual de político en la práctica —solo que con menos actores repartiéndose las cuotas.

Cada intento de "reforma" reciente ha nacido de un desacuerdo de fondo, no de un diseño técnico neutral

Lo que hace más difícil tomar esta propuesta como un ejercicio puramente técnico es el patrón reciente de iniciativas sobre el INDH, todas surgidas de conflictos sustantivos específicos y no de un rediseño institucional pensado en frío.

La bancada de RN en la Cámara de Diputados ingresó, en abril de este año, un proyecto centrado en transparencia y rendición de cuentas —publicación de actas, votaciones, indicadores, asistencia periódica a la Comisión de Derechos Humanos—, después de que oficiaran al director del INDH para que justificara sus críticas jurídicas a la Ley Nain-Retamal. Es decir: la reforma nació de una molestia puntual con una posición institucional del INDH sobre una ley específica.

El senador de RN Andrés Longton presentó, por su parte, un proyecto que va en sentido inverso: ampliar las facultades del INDH para que pueda querellarse por vulneraciones a los derechos humanos cometidas por particulares, con foco en la Macrozona Sur y el crimen organizado. Esa propuesta generó el rechazo directo de la actual consejera del INDH y exministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Boric, Antonia Urrejola, quien respondió públicamente cuestionando ampliar el concepto de "violación a los derechos humanos" a hechos de privados.

Y hace cuatro años, en 2021, fue el Frente Amplio el que pidió reformar —incluso reemplazar por un "nuevo instituto"— al INDH, en ese entonces dirigido por el propio Sergio Micco, acusándolo de minimizar el número de víctimas con daño ocular durante el estallido social al pasar de reportar 462 casos a solo 173 con acciones judiciales activas.

El patrón es evidente: la izquierda pidió reformar el INDH cuando lo dirigía Micco y consideraba que este suavizaba las cifras de violencia estatal. La derecha empuja ahora una reforma después de que el INDH cuestionara una ley de seguridad que el sector respalda. Y el propio Micco, que en 2021 fue objeto de esas críticas desde la izquierda, es hoy uno de los principales impulsores de trasladar la elección del Consejo al Congreso. Cuatro años, dos sectores políticos distintos, y la misma conclusión de fondo: cuando el INDH toma una posición que incomoda a un sector, ese sector propone reformarlo. Eso no descalifica automáticamente ninguna de las propuestas —los problemas de diseño son reales—, pero sí exige mirar con extremo cuidado cualquier fórmula que termine concentrando el poder de nombramiento en la institución más sujeta, por definición, a las mayorías políticas del momento: el Congreso.

Lo que correspondería exigir en cualquier reforma real

Un rediseño del INDH que efectivamente resuelva sus problemas de origen tendría que ir en la dirección de blindar más, no menos, su proceso de selección de consejeros de las mayorías políticas de turno: perfiles técnicos verificables, procesos de selección con participación de la sociedad civil y el mundo académico —no solo de los partidos con representación parlamentaria—, y mecanismos de remoción que respondan a faltas graves y verificables, no a la incomodidad política de una bancada con una posición institucional del organismo.

La columna de Micco y sus coautores tiene razón en identificar que el INDH necesita una reforma. Pero la solución de entregar su composición al Congreso resuelve el problema del cuoteo institucional actual reemplazándolo por una forma de cuoteo más directa y más expuesta a los vaivenes de cada elección parlamentaria. Antes de aprobar cualquier fórmula así, el Congreso debería explicar por qué esta vez el resultado sería distinto al de otros organismos "despolitizados" mediante elección congresal, y no una simple redistribución de las cuotas entre las mismas coaliciones que hoy discuten el proyecto.