Elisa Loncon reaparece este sábado en Puente Alto como el nuevo rostro visible de un movimiento de izquierda extraparlamentaria liderado por Rodrigo Mundaca, Fabiola Campillai, Matías Toledo y Joel Olmos. Llega a esa plataforma después de perder la elección al Senado por apenas 976 votos en noviembre pasado, sin militancia partidaria, y con un sumario administrativo de la Universidad de Santiago todavía sin resolución pública conocida, abierto hace más de un año y medio para determinar si hizo campaña por el Apruebo mientras gozaba de un año sabático remunerado. Su trayectoria reciente confirma un patrón que merece ser señalado sin ambigüedad: cada vez que enfrenta un cuestionamiento legítimo a su gestión o a su conducta, su respuesta pública ha sido apelar a su condición de mujer mapuche, calificando el escrutinio de "odio racial" o "neo-apartheid", en lugar de abordar el fondo de lo que se le pregunta.

De la presidencia fallida de la Convención al fracaso electoral de 2025

Elisa Loncon llegó a la presidencia de la Convención Constitucional en 2021 con una proyección internacional considerable —Time 100, Premio Coppieters— y con la investidura de ser la primera mujer mapuche en presidir un órgano constituyente en la historia de Chile. Ese proceso terminó, sin embargo, en el rechazo contundente del 4 de septiembre de 2022, cuando la ciudadanía rechazó por amplio margen la propuesta de nueva Constitución que ese órgano redactó bajo su conducción inicial.

Tres años después de esa derrota histórica, Loncon intentó relanzar su carrera política por la vía institucional tradicional: postuló al Senado por La Araucanía en noviembre de 2025, en un cupo cedido por el Partido Comunista —es decir, sin ser ella misma militante de ese partido, sino beneficiaria de su estructura electoral. Perdió esa elección por apenas 976 votos, un margen estrechísimo que confirma que, pese a toda su proyección mediática internacional, no logró convertir ese capital simbólico en el respaldo electoral concreto que necesitaba para acceder al Congreso.

Es revelador que, tras esa derrota, no haya encontrado espacio de relanzamiento dentro del propio PC, el partido que le cedió el cupo. En cambio, opta ahora por sumarse a un movimiento que se define explícitamente en contra de la lógica de los partidos tradicionales —incluyendo al propio PC y al Frente Amplio que respaldaron en su momento la candidatura de Matías Toledo. Es un patrón consistente con toda su trayectoria: Loncon nunca ha tenido carné de partido, llegó a la Convención por escaño reservado indígena, no por lista partidaria, y ahora repite esa misma lógica de plataforma sin estructura formal, sin que quede claro si esa elección refleja una convicción ideológica genuina sobre la insuficiencia de los partidos tradicionales, o simplemente la ausencia de alternativas mejores tras dos fracasos consecutivos —el plebiscito de 2022 y la elección senatorial de 2025.

El permiso sabático: lo que Contraloría confirmó, y lo que dejó sin resolver

El episodio que mejor ilustra la zona gris entre el privilegio académico y la responsabilidad pública en la trayectoria reciente de Loncon es el del permiso sabático remunerado que solicitó a la Universidad de Santiago al terminar su período como convencional, en julio de 2022. El Consejo de la Facultad de Humanidades de la USACH se lo otorgó por unanimidad, con el respaldo del entonces rector Juan Manuel Zolezzi, invocando sus "diversas actividades de difusión, proyectos de escritura e invitaciones" como justificación de que ese beneficio implicaba "mostrar presencia de la universidad con una figura muy potente en lo académico."

Cuando ese beneficio se hizo público, parlamentarios de Chile Vamos pidieron a Contraloría que aclarara su naturaleza. La respuesta de Loncon, ya en 2022, fue exactamente el patrón que este informe denuncia: acusó "odio racial" y "neo-apartheid" frente a una solicitud de fiscalización administrativa absolutamente ordinaria, del tipo que cualquier funcionario público que recibe un beneficio remunerado del Estado debe esperar que se examine.

El litigio se extendió durante años. El Mercurio solicitó, vía Ley de Transparencia, sus antecedentes académicos —cursos dictados, horas de clase, publicaciones entre 2018 y 2022— para verificar si justificaban el sabático, no sus títulos universitarios como llegó a circular erróneamente después. La USACH se negó a entregar esa información porque la propia Loncon se opuso, invocando protección de datos personales. El Consejo para la Transparencia falló en contra de esa negativa, y tras más de un año de litigio adicional, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que la información debía entregarse. Loncon compareció ante la prensa, nuevamente, apelando a la misma narrativa: "¿Por qué a mí? ¿Será por mi apellido?"

Cuando finalmente se entregó la información en abril de 2024, el informe reveló un dato mucho más delicado que cualquier pregunta sobre publicaciones académicas: Loncon había dejado de cumplir funciones académicas en 2021, lo que ponía en duda si efectivamente cumplía el requisito reglamentario de seis años de servicio "completo e ininterrumpido" que la normativa universitaria exige para acceder a un sabático.

El fallo de Contraloría: la absuelven en una parte, pero abren sumario por la otra

El 31 de diciembre de 2024, Contraloría resolvió este caso con una decisión de dos partes que merece distinguirse con precisión, porque ambos bandos del debate público suelen citar solo la mitad que les conviene. Sobre si Loncon cumplía los requisitos para recibir el sabático, Contraloría determinó que sí los cumplía —en ese punto específico, la favoreció, y cualquier narrativa que sugiera que el sabático en sí mismo fue irregular desde su origen no se sostiene con el resultado real de la fiscalización.

Pero sobre su conducta durante ese mismo sabático, el ente contralor fue mucho más severo: advirtió la ejecución de actividades que podrían constituir promoción de una de las alternativas del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 —es decir, campaña activa por el Apruebo mientras gozaba de un permiso remunerado pagado por una universidad estatal, supuestamente dedicado a actividades académicas y de difusión, no a campaña política partidaria. Por eso, Contraloría ordenó a la USACH abrir un proceso disciplinario para determinar si esas actividades excedieron lo que el permiso autorizaba.

El rector Rodrigo Vidal instruyó el sumario administrativo el 6 de enero de 2025, designando como fiscal investigador al profesor César Ross Orellana. Y aquí está el dato que cualquier seguimiento riguroso de este caso debe destacar con la misma claridad con que se destacó su apertura: a la fecha más reciente con información pública disponible, siete meses después de instruido el sumario, no existía ningún reporte público, ni de la USACH ni de Contraloría, sobre su avance. No hay evidencia de que ese proceso haya concluido con sanción, archivo o cualquier otra resolución formal. Dicho de manera directa: un sumario administrativo abierto hace más de año y medio para determinar si Loncon hizo campaña política con dinero público mientras se suponía que estaba en sabático académico, sigue, hasta donde se puede verificar, sin resolución pública conocida.

El mito de los títulos: lo que sí está claro, y por qué conviene decirlo con la misma precisión

En honor al rigor que esta cobertura exige incluso cuando eso favorece a la persona que se está criticando, corresponde desmentir con claridad un mito que circuló ampliamente en redes sociales: la idea de que Loncon nunca exhibió sus títulos universitarios, o que existe alguna duda real sobre sus credenciales académicas. Eso es falso. Sus títulos están documentados y validados: Profesora de Estado con mención en inglés por la Universidad de La Frontera (1986), postítulos en la Universidad de Regina en Canadá y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, un magíster en Humanidades y Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y dos doctorados —en Humanidades por la Universidad de Leiden, y en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El propio exrector Zolezzi ya había señalado en 2022, con razón, que buena parte de la indignación pública sobre sus credenciales surgía de que "la gente no se ha dado el trabajo de investigar a fondo, de ver Wikipedia para saber qué cosas ha hecho." Es un punto válido que merece reconocerse: la controversia sobre sus títulos académicos fue, en esencia, un rumor sin sustento que la propia información pública desmiente con facilidad, y que no debe confundirse con el problema real y todavía no resuelto del sumario por el uso del sabático.

El patrón que conecta ambos episodios: la victimización como respuesta estándar

Lo que ambos episodios —el sabático y el rumor sobre los títulos— tienen en común, y lo que merece ser señalado como el verdadero patrón de conducta pública de Loncon durante estos años, es la respuesta sistemática que ofrece frente a cualquier escrutinio: en lugar de abordar directamente el fondo de la pregunta o la fiscalización, su primera reacción pública ha sido, de manera reiterada, calificar el cuestionamiento de "odio racial" o "neo-apartheid", apelando a su condición étnica como escudo frente a un control que, en su forma, es exactamente el mismo que cualquier funcionario público —indígena o no, de izquierda o de derecha— debe esperar enfrentar cuando recibe beneficios remunerados del Estado o cuando ejerce cargos de representación pública.

Esa estrategia discursiva tiene un costo real para el debate público chileno: convierte cada pregunta legítima sobre el uso de fondos públicos o sobre el cumplimiento de obligaciones académicas en una acusación de racismo, lo que dificulta que cualquier fiscalización ordinaria pueda desarrollarse sin ser inmediatamente reencuadrada como una agresión identitaria. Es un mecanismo que, además, termina siendo injusto con las causas legítimas de discriminación que sí existen contra las comunidades indígenas en Chile, porque diluye la seriedad de esas denuncias genuinas al usarlas, en este caso específico, como cortina frente a preguntas administrativas concretas que no tienen ninguna relación con su origen étnico.

Lo que su reaparición en Puente Alto confirma

Que Loncon reaparezca este sábado como rostro visible de un movimiento extraparlamentario, sin militancia formal, sin escaño, y con un sumario administrativo todavía pendiente de resolución, confirma que su estrategia de proyección política sigue dependiendo más de su capital simbólico internacional —la primera presidenta de la Convención, la dirigenta con reconocimiento global— que de un historial de gestión institucional que pueda exhibirse sin reservas. El movimiento que hoy la incorpora se proyecta con un horizonte electoral hacia 2028, no hacia el corto plazo, lo que sugiere que ni sus propios nuevos aliados —Mundaca, Campillai, Toledo, Olmos— consideran que su sola incorporación sea, por ahora, suficiente para traducirse en un resultado electoral inmediato.

La pregunta que cualquier ciudadano informado debería hacerse, ante esta nueva etapa de su carrera pública, es si Loncon utilizará esta nueva plataforma con la misma disposición a esquivar el escrutinio mediante la apelación identitaria que ha mostrado hasta ahora, o si finalmente ofrecerá una explicación de fondo sobre el sumario pendiente que sigue, hasta el día de hoy, sin resolución pública conocida.