LO QUE TOCARON, LO PUDRIERON: EL CENSO 2024 BAJO LA LUPA — DELINCUENTES CONTRATADOS, EXTRANJEROS CON ORDEN DE EXPULSIÓN Y 515 CENSISTAS QUE COBRARON SIN TRABAJAR
Subtítulo: El Informe N°194-2025 de la Contraloría General de la República radiografió el Censo 2024 con resultados que definen un patrón que el gobierno de Boric reprodujo en demasiadas instituciones: ausencia de controles, pagos sin justificación, contratos irregulares y una cadena de omisiones que el organismo fiscalizador remitió al Ministerio Público. El INE ya confirmó la apertura de sumario.
El Censo 2024 fue presentado por el gobierno de Boric como un hito estadístico de primer orden: la operación más grande de recolección de datos en la historia reciente de Chile, con decenas de miles de censistas movilizados en todo el territorio nacional, tecnología moderna en forma de computadores y smartphones, y una promesa de calidad que justificaba el gasto de cientos de millones de pesos en contratos, arriendo de locales y equipamiento.
La Contraloría General de la República lo auditó. Y lo que encontró no es un conjunto de errores menores ni de imprecisiones administrativas. Es un catálogo de irregularidades que, sumadas, configuran exactamente el tipo de gestión descuidada, cuando no deliberadamente negligente, que el gobierno de Kast llegó prometiendo erradicar.
El Informe N°194-2025 tiene hallazgos que merecen ser enumerados en su totalidad porque cada uno es grave por sí solo y el conjunto es devastador.
HALLAZGO UNO: 16 PERSONAS CON ANTECEDENTES PENALES CONTRATADAS COMO CENSISTAS
El primer y más impactante hallazgo es que el INE contrató a 16 personas con antecedentes penales para trabajar como censistas en el Censo 2024. Los delitos por los cuales esas personas tenían antecedentes incluyen estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
Personas condenadas por robo y hurto —los delitos más directamente relevantes para alguien que entra a los hogares chilenos en nombre del Estado— fueron contratadas para hacer exactamente eso: entrar a los hogares chilenos en nombre del Estado.
La Contraloría explica cómo ocurrió. En 6 de los 16 casos, las personas sí presentaron certificados de antecedentes donde constaban las condenas, pero la empresa encargada del reclutamiento no cumplió con su deber de validarlos ante el Registro Civil, por lo que no advirtió que esas personas tenían condenas. En los otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó haber requerido tales certificados al realizar las contrataciones.
Dos fallas distintas que producen el mismo resultado: delincuentes contratados para visitar los hogares de Chile. La primera es negligencia de la empresa subcontratada. La segunda es negligencia del INE como contratante que no verificó que la empresa cumplía sus obligaciones básicas.
Ambas fallas son del gobierno de Boric.
HALLAZGO DOS: 14 EXTRANJEROS SIN HABILITACIÓN PARA TRABAJAR EN CHILE
El INE también contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. Cinco de ellos eran exresidentes a los que se les había revocado la residencia. Y uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país.
Un extranjero con orden de expulsión administrativa pendiente fue contratado por el Instituto Nacional de Estadísticas del Estado chileno.
La conexión con el debate migratorio que el gobierno de Kast está abordando con el Plan Escudo Fronterizo no puede ser ignorada: el mismo gobierno que no controlaba las fronteras tampoco controlaba a quiénes contrataba en sus propias instituciones.
HALLAZGO TRES: MÁS DE 130 PERSONAS SIN ACREDITAR ANTECEDENTES EDUCACIONALES
El INE no acreditó que más de 130 personas contratadas como coordinadores de local censal y gestores administrativos contaran con los antecedentes educacionales requeridos para esos cargos. No verificó si tenían o no los requisitos. Control básico de cualquier proceso de selección. No se hizo.
HALLAZGO CUATRO: 515 CENSISTAS QUE COBRARON SIN TRABAJAR
La Contraloría no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas. Por esas tareas no realizadas, esos 515 censistas recibieron $166.356.508.
No es un problema de documentación incompleta. Son 515 personas que cobraron dinero del Estado por trabajo que la Contraloría no pudo verificar que hubieran hecho.
HALLAZGO CINCO: 267 PERSONAS CON DOBLE EMPLEO PÚBLICO NO DECLARADO
La Contraloría detectó que 267 personas prestaron servicios al INE mientras simultáneamente estaban contratadas por otras instituciones públicas entre marzo y junio de 2024. No lo declararon pese a estar obligadas por declaración jurada. El Estado pagó dos veces por 267 personas en el mismo período. Estos casos serán remitidos al Ministerio Público.
HALLAZGO SEIS: LA EXASESORA CON CONFLICTO DE INTERÉS EN LA LICITACIÓN
Una exasesora contratada por el INE participó como experta en la comisión evaluadora de una licitación pese a ser representante legal de una de las empresas postulantes. Es el conflicto de interés en su forma más elemental: quien califica las propuestas tiene interés directo en el resultado.
HALLAZGO SIETE: $49 MILLONES EN ARRIENDOS QUE DURARON EL DOBLE QUE EL CENSO
El INE suscribió 77 contratos de arriendo sin fundamentos técnicos que justificaran la selección de los inmuebles. Cinco contratos duraron hasta 12 meses cuando el Censo duró aproximadamente 5. El pago no justificado por los meses adicionales asciende a $49.430.231.
HALLAZGO OCHO: $134 MILLONES PAGADOS EN DÍA FERIADO SIN TRABAJO
El 1 de mayo de 2024 —Día del Trabajo, feriado irrenunciable— el INE pagó $134.243.088 para traslado de funcionarios y censistas. Ese día no se realizaron labores censales. El INE pagó por traslados que no ocurrieron porque nadie trabajaba.
HALLAZGO NUEVE: 29.000 SMARTPHONES EN BODEGAS POR MESES
El INE adquirió 4.588 computadores y 37.529 smartphones para el Censo sin planificar su destino posterior. Los equipos estuvieron 5 meses en bodegas arrendadas. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Casi 30.000 teléfonos inteligentes pagados con fondos públicos acumulando polvo en bodegas mientras el Estado no había decidido qué hacer con ellos.
LAS CONSECUENCIAS: REPARO, SUMARIO Y MINISTERIO PÚBLICO
La Contraloría formuló un reparo por $315.645.819. Está analizando la reevaluación de $166.356.508 adicionales. Ordenó al INE instruir sumario administrativo. Remitió el informe al Ministerio Público. Dio plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para el destino de los equipos.
El INE confirmó la apertura del sumario y la denuncia al Ministerio Público.
La respuesta institucional es la correcta. Lo que no borra es que todo esto ocurrió bajo el gobierno de Boric, en la operación estadística más grande y más visible de su período. El título de este informe no es una hipérbole. Es la descripción más precisa disponible del patrón de gestión que la Contraloría documenta: lo que tocaron, lo pudrieron.
EL PATRÓN QUE SE REPITE
INDAP con créditos a cultivadores de marihuana. Plan habitacional con 24% de cumplimiento. Caso Convenios con 90 mil millones en transferencias irregulares. Codelco con producción inflada. Y ahora el INE con delincuentes contratados, extranjeros con órdenes de expulsión, censistas que cobraron sin trabajar y smartphones en bodegas.
El denominador común no es la maldad individual de cada funcionario. Es la ausencia sistemática de controles. La cultura de gestión que prioriza la apariencia de cumplimiento sobre la verificación real. El Estado que subcontrata funciones críticas y no verifica que los subcontratados las ejecuten correctamente.
Lo que tocaron, lo pudrieron. La Contraloría lo documenta uno por uno. Y el gobierno de Kast recibe los expedientes.
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