El Departamento de Guerra de Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin un nuevo contrato de servicios de ingeniería y asistencia técnica para la flota de cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Chile, valorado en más de 31 millones de dólares. Esta columna, que ya documentó extensamente la tensión diplomática entre Chile y Washington en materia de seguridad hemisférica —desde la reactivación de la Doctrina Monroe hasta las condiciones que Chile impuso frente a la coalición contra los cárteles—, examina ahora un frente distinto de esa misma relación bilateral: el respaldo técnico sostenido que Estados Unidos mantiene sobre la capacidad operativa real de las Fuerzas Armadas chilenas, en paralelo a las fricciones políticas que hemos documentado en otros ámbitos.

El contrato: 31 millones de dólares, once países beneficiarios

Esta columna reproduce, con la precisión técnica que exige un contrato de esta naturaleza, los términos exactos del acuerdo. Se trata de un contrato de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por su sigla en inglés), con un valor base de 31 millones 291 mil 904 dólares —casi 29 mil millones de pesos chilenos—, adjudicado bajo la modalidad de fuente única. El propio Departamento de Guerra estadounidense precisó el objetivo declarado del acuerdo: "este contrato prevé servicios de asesoramiento en ingeniería y técnicos hasta que se desarrolle la capacidad de ingeniería orgánica".

El acuerdo no beneficia exclusivamente a Chile: la lista completa de naciones incluidas es Bahréin, Egipto, Indonesia, Jordania, Marruecos, Omán, Taiwán, Tailandia y Turquía, además del propio Chile. Los trabajos se ejecutarán en múltiples ubicaciones, incluyendo la Base Aérea Hill en Estados Unidos, y directamente en territorio de cada uno de los países beneficiarios, entre ellos Chile. La supervisión y gestión del contrato recae en el Centro de Gestión del Ciclo de Vida de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), con sede en la Base Aérea Wright-Patterson, en Ohio.

El programa mayor: 177 millones de dólares para modernizar 36 aeronaves hasta 2032

Esta columna considera indispensable contextualizar este nuevo contrato dentro de un esfuerzo de modernización considerablemente más ambicioso que ya está en marcha desde 2023. El Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó entonces a Lockheed Martin un contrato de 177 millones de dólares, financiado en su totalidad por el gobierno chileno a través de los mecanismos de cooperación militar bilateral, destinado a modernizar 36 unidades de F-16 MLU —originalmente adquiridas a la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos— a la configuración denominada "Standard Tape M6.6".

Según explicó en su momento un representante de Lockheed Martin al portal especializado Defense News, "el programa proporcionará una capacidad avanzada de identificación de aliados o enemigos, además de un sistema de comunicaciones tácticas Link 16" —el mismo estándar de interoperabilidad que utiliza la OTAN—. El propio comandante en jefe de la FACh, general del aire Hugo Rodríguez, confirmó en marzo de 2025 el avance de este programa, señalando que permitiría "mantener operativas a estas aeronaves, impactando en un eficaz, eficiente y económico aprovechamiento de los recursos monetarios".

La flota completa: 46 cazas, y un objetivo declarado de operatividad hasta 2040

Esta columna considera relevante precisar, con el detalle técnico exacto que exige esta cobertura, la composición completa de la flota de combate que la FACh mantiene actualmente: 10 unidades del Block 50+ (6 modelo C y 4 modelo D), complementadas por 36 unidades del Block 15 MLU. La propia Fuerza Aérea de Chile ha expresado su determinación explícita de modernizar y extender la vida útil de esta flota completa, asegurando su eficacia operativa hasta el año 2040, según confirman fuentes especializadas en defensa consultadas para esta cobertura.

Los trabajos de modernización se distribuyen entre instalaciones de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas, y Greenville, Carolina del Sur, así como en los propios talleres de mantenimiento de la FACh en Santiago y Antofagasta —una distribución que confirma que buena parte de la capacidad técnica del proceso se desarrolla directamente en territorio chileno, y no exclusivamente en instalaciones estadounidenses—. Según el último reporte de avance disponible, el programa registraba, hacia abril de 2025, un 16% de ejecución sobre su período total, correspondiente a estudios de ingeniería, planificación técnica y las primeras fases de implementación.

El paralelo estratégico: firmeza política, cooperación técnica sostenida

Esta columna considera que este contrato debe leerse en conjunto con la cobertura que ya desarrollamos sobre la posición de firmeza que el propio ministro de Defensa, Fernando Barros, sostuvo frente a la reactivación de la Doctrina Monroe y frente a las condiciones de soberanía que Chile impuso en el foro de Panamá sobre la Coalición Contra los Cárteles de las Américas. Esta columna sostuvo entonces, y reafirma ahora, que Chile puede y debe sostener una posición de firmeza política frente a Washington sin que ello comprometa la cooperación técnica genuina que sí beneficia a la capacidad operativa real de sus propias Fuerzas Armadas.

Este contrato confirma, precisamente, esa distinción: mientras el gobierno chileno negocia con cautela los términos políticos de su participación en estructuras militares multilaterales lideradas por Estados Unidos, la cooperación técnica bilateral específica sobre el mantenimiento y la modernización de la flota de combate de la FACh continúa avanzando sin sobresaltos, con un compromiso financiero íntegramente asumido por el propio Estado chileno. Esta columna considera que esta distinción —entre cooperación técnica soberanamente contratada y adhesión política a estructuras de mando externas— es, precisamente, el modelo de relación bilateral que el propio ministro Barros defendió cuando declaró que Chile "no es el patio trasero de ningún país".

Por qué esta capacidad importa: disuasión, no ofensiva

Esta columna considera relevante el argumento estratégico de fondo que sustenta la relevancia de este tipo de programas: mantener actualizada la capacidad de combate de la fuerza aérea propia cumple, ante todo, una función disuasiva. Contar con una flota de F-16 modernizada, con sistemas de identificación amigo-enemigo actuales y comunicaciones tácticas interoperables con estándares internacionales, constituye una señal de capacidad de respuesta creíble frente a cualquier escenario regional adverso, en un contexto donde esta misma columna ya documentó las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio occidental derivadas de la disputa entre Washington y Beijing por su influencia en la región.

Esta columna considera, además, que este tipo de programas de modernización defensiva —centrados en mantenimiento, actualización de sistemas y extensión de vida útil, no en adquisición de nuevo armamento ofensivo— es plenamente coherente con el perfil estratégico que Chile ha sostenido históricamente: una capacidad de defensa robusta y creíble, sin participación en estructuras de intervención regional que comprometan su autonomía, exactamente la distinción que esta columna ya defendió en su cobertura sobre las condiciones impuestas frente a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas.

Lectura editorial: la cooperación técnica que sostiene la alianza real

Esta columna respalda plenamente la continuidad de este tipo de programas de cooperación técnica bilateral, que fortalecen la capacidad operativa real de las Fuerzas Armadas chilenas sin comprometer su soberanía política ni su autonomía estratégica regional. Considera, además, que este contrato confirma que la relación entre Chile y Estados Unidos, pese a las fricciones políticas puntuales que esta columna ha documentado extensamente en las últimas semanas —el arancel de 12,5%, la exigencia de modificar el TLC, la reactivación de la Doctrina Monroe—, mantiene un componente de cooperación técnica sostenida y funcional que ambos países tienen interés mutuo en preservar.

Esta columna considera que la firmeza política que el gobierno de Kast ha exhibido en los frentes ya documentados —arancelario, de coaliciones militares multilaterales, de soberanía sobre operaciones en territorio propio— no solo es compatible con este tipo de cooperación técnica bilateral específica, sino que la fortalece: un país que negocia desde una posición de capacidad militar creíble y actualizada tiene, objetivamente, mayor margen de maniobra para sostener condiciones de soberanía en negociaciones políticas más amplias, exactamente el escenario que esta columna ya documentó en la cobertura sobre las condiciones que Chile impuso en Panamá.

Conclusión: dos frentes de la misma relación, que Chile debe seguir gestionando con firmeza y pragmatismo

Esta columna concluye que este nuevo contrato de Lockheed Martin confirma que la relación de defensa entre Chile y Estados Unidos opera, en la práctica, en dos planos simultáneos y no necesariamente contradictorios: uno de firmeza política y defensa activa de la soberanía nacional, que esta columna ha documentado y respaldado extensamente; y otro de cooperación técnica bilateral sostenida, que fortalece la capacidad real de disuasión de las propias Fuerzas Armadas chilenas. VDI Global seguirá de cerca el avance del programa de modernización M6.6 hacia su fecha de finalización proyectada en 2032, así como la evolución paralela de las negociaciones políticas entre ambos países en los frentes de seguridad hemisférica ya documentados.