Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus fueron formalizados este jueves por asociación criminal, tráfico de migrantes agravado y lavado de activos, en una estructura criminal transnacional de seis personas que operó durante al menos dos años cobrando 3 millones de pesos a familias haitianas desesperadas por reunirse con sus hijos en Chile. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Freddy Cubillos, decretó prisión preventiva para ambos, calificándolos de peligro para la sociedad. El dato más devastador de la formalización: seis menores de edad que sus padres ya esperaban en Chile pasaron meses en residencias en República Dominicana, sin contacto con sus familias, hasta que terminaron deportados de vuelta a Haití, sin haber podido viajar nunca.

"Aprovecharon la urgente necesidad de reunificación familiar"

La frase que más repitieron el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, y la fiscal Carolina Suazo durante la audiencia de formalización resume con precisión el modelo de negocio que esta red explotó durante al menos dos años: "Aprovecharon la urgente necesidad de reunificación familiar de ciudadanos haitianos." No se trataba de una red que actuara contra la voluntad de las familias. Se trataba de una estructura que identificó, con frialdad comercial, la desesperación de padres haitianos separados de sus hijos, y construyó sobre esa desesperación un negocio que, solo entre 2024 y junio de 2026, les habría generado ganancias de al menos 800 millones de pesos.

Tras una investigación de meses junto a la PDI, los fiscales establecieron que Rome y Dormeus encabezaban esta estructura, compuesta por al menos otros cuatro sujetos que permanecen fuera del país, utilizando las agencias de viaje Mundo Pam y Cananeen —la misma Cananeen que esta cobertura ya identificó en su informe anterior sobre la detención inicial de ambos imputados.

El mecanismo: tres millones de pesos por un viaje que cruzaba una frontera cerrada

El esquema operaba sobre una restricción geográfica concreta: desde hace varios años no existen vuelos directos desde Haití a Chile, por lo que la alternativa que utilizan los ciudadanos haitianos para llegar al país es a través de República Dominicana. El problema, que la organización conocía perfectamente y explotó de manera deliberada, es que la frontera entre Haití y República Dominicana se mantiene cerrada. Pese a esa restricción, los imputados ofrecían a los padres traerles a sus hijos, previo pago de tres millones de pesos.

El fiscal Jacir fue explícito sobre la consecuencia jurídica de ese mecanismo: aunque los padres contaran con toda la documentación necesaria para el ingreso de su hijo a Chile, el hecho de que el traslado implicara necesariamente promover el cruce ilícito de esos menores desde Haití hacia República Dominicana —por una frontera cerrada— convertía todo el proceso posterior en un acto ilegítimo. "La ilegitimidad en el ingreso facilitado por los imputados a suelo dominicano se traspasa", sostuvo el fiscal. Es decir: la documentación válida en Chile no purificaba retroactivamente el cruce fronterizo ilegal que la propia organización orquestó como primer paso de todo el esquema.

La estructura jerárquica: seis personas, seis roles específicos

La reconstrucción que los fiscales presentaron en la audiencia detalla una organización con división de funciones precisa, propia de una empresa criminal transnacional y no de una operación improvisada.

Ezechiel Rome era, según los antecedentes expuestos, el principal líder. Coordinaba desde Chile el ingreso ilegal de niños haitianos hacia República Dominicana, designaba quién sería el adulto responsable del viaje, enviaba a los padres los datos de esa persona para tramitar la autorización de viaje ante notario —o la falsificaba cuando era necesario—, y se encargaba de ocultar el origen del dinero recibido fraccionándolo entre distintas cuentas bancarias.

Jean Chery Dormeus desempeñaba funciones equivalentes a las de Rome, coordinando desde Chile el mismo tipo de ingresos ilegales, aunque en algunos casos tramitaba directamente el permiso de reunificación familiar de los niños, cobrando un monto adicional específico por esa gestión.

El dominicano Julián Guzmán operaba como el nexo de la organización en territorio dominicano: facilitaba, promovía y ejecutaba el ingreso de los niños a ese país, los recibía, y los acompañaba durante el tránsito hacia Chile presentándose ante las autoridades migratorias como su responsable, sin tener vínculo familiar real con ellos.

El también dominicano Juan Doñe facilitaba el traslado de los menores migrantes desde su ingreso ilegal hasta el aeropuerto de Santo Domingo. Edmon Emile, haitiano y hermano del propio Dormeus, actuaba como el contacto de la organización en Haití, promoviendo y facilitando el ingreso ilegal de los menores hacia territorio dominicano. Y la ciudadana haitiana Damene Pettit Frere ejecutaba los traslados junto a Emile, además de acompañar a los grupos traficados para traducir del creole al castellano cuando era necesario.

El hallazgo de Interpol que destapó toda la trama

El antecedente que permitió desarticular esta red fue una operación de Interpol que se remonta a 2024, en la que diligencias de la policía dominicana fueron clave para detener a sujetos que se preparaban para viajar como responsables de dos grupos de niños. Esos detenidos resultaron ser los brazos operativos en territorio dominicano de la estructura que Rome y Dormeus dirigían desde Chile, lo que confirma que esta investigación tuvo, desde su origen, una dimensión de cooperación internacional que excedió largamente las capacidades de un solo país para desentrañar la red completa.

Lo que nadie había dicho hasta ahora: seis niños perdidos meses en República Dominicana

El elemento más grave de toda esta formalización, y el que justifica el título de este informe, es la confirmación judicial de que esta red no solo defraudó económicamente a las familias: expuso directamente a menores de edad a meses de incertidumbre y separación forzada. Los fiscales acreditaron, gracias al testimonio de padres que pagaron para traer a sus hijos a Chile, que seis menores de edad ampliamente esperados en territorio nacional nunca pudieron viajar, porque justo antes del vuelo programado, parte de la estructura criminal fue detenida.

Esos seis niños, según confirmaron los persecutores, pasaron meses en residencias en República Dominicana, sin contacto con sus familias, y posteriormente fueron deportados de regreso a Haití. Los fiscales fueron explícitos en calificar esa consecuencia como una responsabilidad directa de los imputados: la organización no solo los expuso a viajar en condiciones que no correspondían, sino que fue la responsable directa de esa vulneración específica a sus derechos.

Es el dato que, hasta esta formalización, ninguna pieza anterior de esta cobertura había podido confirmar con esta precisión: niños concretos, identificables, cuyos padres ya los esperaban en Chile, que quedaron varados durante meses en un tercer país, sin sus familias, hasta terminar deportados al lugar exacto del que sus padres habían pagado para sacarlos.

El rastro del dinero: la UAF, las cuentas y un sueldo de $500 mil que no explica $190 millones

La acreditación del delito de lavado de activos se sustentó en antecedentes financieros que, por sí solos, ya constituyen una prueba contundente de la dimensión del negocio ilegal. Consultada la Unidad de Análisis Financiero por eventuales reportes de operaciones sospechosas, se acreditó que ambos imputados ya tenían avisos previos, por registrar transferencias e ingresos en sus cuentas que no se condecían con los ingresos formales que declaraban.

En el caso de Rome, en un período de solo un año, registró ingresos por más de 190 millones de pesos, pese a que su sueldo formal era cercano a los 500 mil pesos mensuales. Dormeus, en un período similar, acumuló ingresos por más de 839 millones de pesos. Esos montos tampoco se explicaban al revisar las declaraciones de impuestos de las propias agencias de viaje que representaban, por lo que el juez Cubillos dispuso adicionalmente que la Fiscalía oficiara al Servicio de Impuestos Internos para profundizar esa línea de investigación tributaria.

La prisión preventiva y el argumento de la defensa que el fiscal desarmó

El juez Cubillos estimó que ambos imputados representan un peligro real para la seguridad de la sociedad y decretó la prisión preventiva para los dos, en una decisión que el fiscal Jacir valoró explícitamente: "El tribunal acogió en su plenitud los planteamientos del Ministerio Público, disponiendo la prisión preventiva respecto de ambos imputados, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, en el entendido de que los delitos por los cuales fueron formalizados se encuentran acreditados y su participación también."

La defensa, representada por el abogado Sergio Salazar, planteó un argumento que merece ser registrado porque toca un punto sensible de este caso: que si efectivamente hubo tráfico de migrantes, los propios padres que pagaron por el traslado de sus hijos también podrían ser responsables penalmente. El fiscal Jacir fue categórico en descartar esa tesis: "La situación de precariedad en la que se encuentran las familias, y así mismo la falta de oportunidades, los ha llevado a actuar de este modo con el objeto de reunirse con su familia, pero aquello se efectuó y se hizo de un modo que es ilegítimo respecto de los menores y respecto de quienes lucran con ellos. Pero los papás no lucran con sus hijos en estos casos."

Es una distinción jurídica y moral que esta cobertura ya había sugerido en informes anteriores: los padres que pagaron por la reunificación con sus hijos son, en esta reconstrucción, víctimas de la desesperación y de un sistema migratorio que no les ofrecía alternativas legales viables, no cómplices de la red que lucró con esa desesperación. La defensa anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago, insistiendo en que el delito de tráfico de migrantes no se configura en estos hechos.

Lo que esta formalización confirma sobre todo el caso

Con los nombres, los montos exactos y la estructura jerárquica completa ya establecidos judicialmente, esta formalización cierra el círculo que esta cobertura ha seguido desde la filtración del preinforme de Contraloría: lo que comenzó como una crisis de control migratorio documentada en cifras agregadas —doce adultos, 486 niños, memorandos sin atribuciones legales— tiene hoy, en su núcleo más oscuro, una organización criminal concreta, con nombre, apellido y ganancias de 800 millones de pesos, que convirtió el dolor de la separación familiar haitiana en un negocio sistemático, y que dejó a seis niños deportados de vuelta al país del que sus padres pagaron, con lo que tenían, para sacarlos.