El Consolidado de Información Circularizada N° 22 de la Contraloría reveló que los 345 municipios del país gastaron más de $31.034 millones en celebraciones y conmemoraciones durante 2024 y 2025, mientras al menos siete municipios destinaron más de $90 millones de diferencia entre fiestas y ayuda social a personas naturales, a favor de las primeras. Mientras esos mismos municipios exigen a los vecinos el pago puntual de sus contribuciones de bienes raíces y derechos municipales, financiaron con fondos públicos el "Día del Payador", el "Día del Circo", el "Día de la Sonrisa" y el "Día de los que pasamos agosto".

La pregunta que cualquier contribuyente tiene derecho a hacer

Cuando un municipio chileno envía la boleta de contribuciones de bienes raíces, no ofrece como alternativa "si prefiere, puede pagar al doble el próximo trimestre". Exige el pago dentro del plazo, bajo amenaza de intereses, multas y, en última instancia, el embargo de bienes a través de la Tesorería General de la República. Es exactamente la misma lógica de cobro implacable que esta cobertura ya documentó en extenso al analizar el caso del CAE: el Estado, en cualquiera de sus niveles, no tolera la morosidad de los ciudadanos.

Lo que el CIC N° 22 de Contraloría revela es que esa misma exigencia de rigor fiscal no se aplica con la misma vara hacia adentro de las propias arcas municipales. Mientras le cobran al vecino sus contribuciones con toda la fuerza legal disponible, una parte significativa de esos mismos municipios gastó, durante 2024 y 2025, más dinero en celebraciones y festividades que en asistencia social directa a las personas naturales que más lo necesitan.

Los números: más de $31.000 millones en dos años

La magnitud agregada del hallazgo es considerable. Contraloría, a través del análisis de órdenes de compra registradas en Mercado Público y de los registros presupuestarios municipales en la plataforma SICOGEN, determinó que el gasto total en celebraciones de los 345 municipios del país superó los $31.034 millones durante el período 2024-2025, sin contar gastos de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como las Fiestas Patrias, que quedaron excluidas del análisis precisamente para evitar distorsionar la comparación con conmemoraciones de menor justificación institucional.

De ese monto total, un 39% —equivalente a más de $12.095 millones— se destinó específicamente a la producción de eventos y servicios asociados: arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering. Es decir, más de doce mil millones de pesos en la logística material de fiestas, no en el contenido sustantivo de ninguna política pública.

En 2024, 118 de los 345 municipios del país superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, que Contraloría estimó en $51 millones por comuna. En 2025, esa cifra bajó levemente a 104 municipios que superaron un promedio nacional de $38 millones. Son, en ambos años, más de un centenar de comunas gastando por encima del promedio nacional en un ítem que, por definición legal, no es una función esencial ni obligatoria del municipio.

Los siete municipios donde la fiesta superó a la ayuda social por más de $90 millones

El hallazgo más grave del informe, desde el punto de vista de las prioridades de gasto público, es la identificación específica de los municipios donde la diferencia entre gasto en celebraciones y gasto en asistencia social a personas naturales superó los $90 millones, a favor de las celebraciones.

Durante 2024, esa situación se verificó en Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte. En 2025, el patrón se repitió de manera consistente en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica, lo que confirma que no se trató de un desajuste puntual de un año específico, sino de una prioridad de gasto sostenida en el tiempo para al menos tres de esas comunas.

Es importante precisar lo que esta cifra representa exactamente: no es que esos municipios no hayan destinado nada a asistencia social. Es que, comparando ambos ítems de gasto, la diferencia a favor de las celebraciones superó los $90 millones. En un contexto de necesidades sociales que cualquier municipio chileno enfrenta de manera permanente —adultos mayores con ingresos insuficientes, familias en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad que requieren ayudas técnicas—, que la balanza se incline tan marcadamente hacia el lado de las fiestas es una decisión de prioridades que merece ser explicada por cada una de esas administraciones municipales.

El catálogo de celebraciones: del Día del Payador al Día de "los que pasamos agosto"

Más allá de las cifras agregadas, el detalle de las celebraciones específicas que Contraloría identificó aporta una dimensión adicional al análisis, porque revela cuán alejadas están algunas de estas conmemoraciones de cualquier función social o cultural sustantiva que pudiera justificar el uso de fondos públicos.

El informe documenta gastos municipales asociados a, entre otras: el Día de la Trashumancia, el Día del Juego, el Día del Artesano, el Día del Artista Local, el Día del Circo, el Día del Payador, el Día del Químico Farmacéutico, el Día de la Amistad, el Día de la Cuidadora, el Día de la Sonrisa, el Día de la Primavera, el Día de la Solidaridad, el Día de las Mascotas, el Día de "los que pasamos agosto", el Día de Pascua, el Día del Perro, el Día del Profesional, el Día del Títere y el Día del Rock, sumando en conjunto $136.489.150.

Algunas de estas celebraciones tienen, sin duda, algún valor comunitario o cultural defendible —el Día del Adulto Mayor, el Día de las Infancias, el Día de la Madre y el Día del Padre, que también figuran entre los ítems de mayor gasto, corresponden a conmemoraciones con un sentido social reconocible. Pero otras, como el "Día de los que pasamos agosto" o el "Día de la Sonrisa", son del tipo de efemérides que cualquier ciudadano razonable cuestionaría como destino legítimo de fondos públicos municipales, especialmente cuando esos mismos fondos compiten directamente, en el presupuesto de la comuna, con las partidas destinadas a asistencia social.

El gasto per cápita: Río Verde gasta casi $982.000 por habitante en fiestas

El dato más llamativo del informe, en términos de desproporción estadística, es el ranking de gasto per cápita en celebraciones. Mientras el promedio nacional por persona alcanzó los $9.064, ese promedio es ampliamente superado por comunas como Río Verde, con $981.871 por habitante; Sierra Gorda, con $201.964; Camarones, con $198.915; Laguna Blanca, con $154.081; y Torres del Paine, con $105.109.

Es importante contextualizar estas cifras: las comunas mencionadas tienen, en su mayoría, poblaciones muy reducidas, lo que matemáticamente eleva de manera artificial el gasto per cápita incluso ante montos absolutos moderados. Río Verde, en la Región de Magallanes, es una de las comunas menos pobladas de Chile, por lo que un gasto total relativamente modesto en términos absolutos puede traducirse en una cifra per cápita aparentemente desproporcionada. Esa precisión estadística no exime, sin embargo, a esas administraciones municipales de explicar por qué destinaron esos recursos a celebraciones en comunas con necesidades de infraestructura básica que, en muchos casos de la zona austral, son considerablemente más urgentes.

Los once municipios que acumulan más de $360 millones en el período

El informe identifica además a once municipalidades cuyo gasto acumulado en celebraciones durante el período analizado superó los $360 millones, concentrando los mayores montos absolutos a nivel nacional: Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla figuran entre ellas. Es notable que tres de estos nombres —Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte— coincidan exactamente con los municipios que ya aparecían en el listado de comunas donde la diferencia entre gasto en celebraciones y asistencia social superó los $90 millones en ambos años analizados, lo que confirma que no se trata de casos aislados sino de un patrón de gestión sostenido en esas administraciones específicas.

El marco legal que estos municipios estarían incumpliendo

Contraloría fue explícita en recordar el marco normativo que rige el gasto municipal: conforme a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los gastos deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del municipio y orientados al beneficio de la comunidad local, respetando los principios de eficiencia y economicidad en el uso de los recursos públicos.

El organismo contralor fue igualmente claro en su interpretación jurisprudencial: el gasto en celebraciones debe constituir un medio para cumplir fines municipales, no un fin en sí mismo. Es decir, una celebración puede ser legítima si efectivamente contribuye a objetivos municipales reconocibles —cohesión comunitaria, promoción cultural, fomento del comercio local— pero no puede transformarse en el destino prioritario del gasto municipal por sobre funciones más directamente vinculadas al bienestar de los habitantes más vulnerables de la comuna.

Como consecuencia de este análisis, Contraloría anunció que dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas específicos respecto de aquellos municipios que no hayan dado cumplimiento a esta normativa, o que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores tanto al gasto social propio como al promedio nacional. Es decir, los siete municipios identificados con la mayor diferencia desfavorable entre celebraciones y asistencia social —Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte— deberían encontrarse, según el propio criterio que Contraloría estableció, entre los primeros en recibir fiscalización adicional.

La contradicción que ningún alcalde puede explicar con comodidad

Este hallazgo conecta directamente con el patrón que esta cobertura ya documentó al analizar el caso de los más de 146.000 permisos de circulación irregulares entregados por municipios a deudores con multas impagas: una administración municipal que exige rigor fiscal absoluto a sus vecinos —pagar contribuciones, pagar multas, pagar permisos— mientras ella misma exhibe, en sus propias decisiones de gasto, un nivel de laxitud que ningún contribuyente individual podría permitirse frente al Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería General de la República.

Ningún alcalde de las comunas identificadas en este informe puede, con comodidad argumental, exigirle a un vecino moroso en sus contribuciones que regularice su situación con la urgencia que la ley exige, mientras su propio municipio prioriza, en los hechos, el financiamiento del Día del Circo o el Día de la Sonrisa por sobre la ayuda social directa a las personas que más la necesitan. La consistencia entre lo que el Estado exige a los ciudadanos y lo que el Estado exige de sí mismo es, precisamente, la base de la legitimidad fiscal que sostiene cualquier sistema tributario democrático. Cuando esa consistencia se rompe de manera tan documentada y verificable como en este CIC N° 22, la confianza ciudadana en el cobro de contribuciones y otros tributos municipales tiene, con toda razón, un terreno legítimo para erosionarse.

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