Siete funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud fueron despedidos en la Región de Los Ríos, notificados por correo electrónico, dentro del recorte del 47% al presupuesto del organismo que instruyó el Ministerio de Hacienda. El presidente regional de la ANEF, Rodrigo Delgado, precisó que algunos de los desvinculados acumulaban hasta 20 años de trayectoria en el servicio. El dato, más allá de la legítima preocupación gremial que representa, expone sin matices una contradicción que el propio nombre de la institución debería avergonzar: un organismo creado para diseñar política pública de juventud terminó siendo, en los hechos, administrado durante dos décadas por las mismas personas, envejeciendo junto al cargo en lugar de renovarse junto a la población que decía representar.

El dato que nadie quiso decir en voz alta hasta ahora

El recorte presupuestario que el Ministerio de Hacienda instruyó para el Instituto Nacional de la Juventud ya viene siendo documentado región por región: 66 despidos a nivel nacional reportados días atrás, seis funcionarios desvinculados de los nueve que integraban el equipo de La Araucanía, y ahora siete más en la Región de Los Ríos. La cifra agregada y la magnitud del ajuste —47% del presupuesto, más de $3.859 millones menos— ya fueron analizadas extensamente.

Lo que merece destacarse con una claridad que hasta ahora nadie ha puesto en estos términos es el dato que el propio dirigente de la ANEF en Los Ríos entregó casi de paso, como un detalle más de su defensa gremial: algunos de los siete funcionarios despedidos acumulaban hasta 20 años de trayectoria en el INJUV. Veinte años. En un instituto cuyo nombre completo es Instituto Nacional de la Juventud, cuya misión legal es diseñar e implementar política pública orientada a la población joven de Chile.

Hagamos la cuenta más elemental posible: alguien con 20 años de antigüedad en un servicio público chileno difícilmente ingresó después de los 25 o 30 años de edad. Esa misma persona, dos décadas después, está hoy entre los 50 y los 60 años, o más. No es un juicio despectivo hacia la edad de nadie —la experiencia y la trayectoria son, en sí mismas, valores legítimos en cualquier función pública—. Es, sencillamente, la constatación de que el organismo encargado de pensar, diseñar y ejecutar la política de juventud de Chile lleva años funcionando con una planta de funcionarios que, en una proporción significativa, ya superó largamente la edad que la propia ley define como "juventud" para los efectos de las políticas que el instituto debe promover.

Cargos políticos, no vocación generacional

Esta paradoja no es casualidad ni accidente administrativo. El INJUV, como buena parte de los servicios públicos chilenos vinculados a temas sociales, ha funcionado históricamente como un espacio de designación política donde los cargos de dirección y, en muchos casos, posiciones técnicas de relevancia, se han repartido según cuotas de partido y lealtades de coalición, antes que según un criterio de renovación generacional efectiva o de cercanía real con la población joven que el organismo debía atender.

El resultado, expuesto ahora por el propio proceso de despidos, es elocuente: una institución bautizada para representar a la juventud terminó, en la práctica, dirigida y operada en una proporción relevante por personas que llevan dos décadas en el cargo, envejeciendo junto a una institución que, paradójicamente, debía estar permanentemente renovándose para mantenerse al día con las realidades, lenguajes y necesidades de generaciones de jóvenes que se sucedieron una tras otra mientras la planta de funcionarios permanecía, en buena medida, igual.

No es jóvenes dirigiendo políticas para jóvenes. Es, en los hechos, una variante más del fenómeno que la ciudadanía chilena ya identifica con hastío en otros organismos del Estado: cargos que se transforman en posiciones vitalicias de facto, sostenidas por la inercia de la designación política original y por la dificultad estructural del sistema de empleo público chileno para renovar sus plantas, antes que por un criterio activo de pertinencia con la misión institucional declarada.

El recorte que destapó lo que la estructura ya escondía

La propia ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, ya había entregado en abril el diagnóstico que, leído ahora junto a este nuevo dato, adquiere un sentido más completo: "El 90% del presupuesto del Injuv, que es de aproximadamente 8 mil millones de pesos, se gasta en sueldos y en gastos administrativos. Solamente el 10% en programas y de ese 10% la población juvenil que es atendida es un 0,7%." Esa desproporción entre gasto administrativo y gasto programático no es solo un problema de eficiencia presupuestaria abstracta. Es, también, el reflejo de una institución que terminó funcionando primero para sostener su propia estructura de empleo, y solo de manera marginal y residual para cumplir la misión que le dio origen.

El presidente regional de la ANEF, Rodrigo Delgado, criticó con razón el método elegido por el gobierno: "Nos preocupa y nos ocupa lo que este gobierno siempre prometió, que es empezar a gobernar bajo decretos, ya que así disolvieron el Instituto Nacional de la Juventud." Esa crítica al mecanismo —un decreto presupuestario en lugar de una discusión legislativa formal— tiene mérito jurídico y será, previsiblemente, resuelta por la Contraloría y eventualmente por los tribunales, en el marco del requerimiento que la propia ANEF ya presentó.

Pero esa defensa legítima del debido proceso administrativo no debe servir, al mismo tiempo, para invisibilizar la pregunta de fondo que el propio caso de Los Ríos expone sin necesidad de ningún análisis adicional: ¿por qué un instituto de la juventud necesitó casi cuatro décadas de existencia y un recorte presupuestario forzoso para que se notara que parte importante de su personal llevaba veinte años en el cargo, envejeciendo junto a una institución que debía estar, por definición, permanentemente conectada con la próxima generación?

La renovación que nadie exigió hasta que Hacienda la impuso por la fuerza

Hay una lección incómoda en este episodio que trasciende la legítima defensa de los derechos laborales de los siete funcionarios despedidos en Los Ríos, que merecen, como cualquier trabajador del Estado, un proceso de desvinculación que respete sus derechos y la legalidad vigente. La lección es esta: ningún gobierno anterior, de ningún color político, sometió al INJUV a un proceso de evaluación de pertinencia generacional de su propia planta antes de que un decreto de ajuste fiscal lo hiciera de la manera más abrupta y menos planificada posible.

Si la política pública de juventud en Chile requiere, como parece evidente, una conexión genuina y actualizada con las realidades de las nuevas generaciones —los desafíos de empleabilidad frente a la automatización, la salud mental adolescente, la prevención del suicidio juvenil, la inserción laboral de los más jóvenes— esa conexión difícilmente se sostiene con una estructura institucional que, en una proporción relevante, lleva dos décadas ocupando los mismos cargos. La renovación generacional de los organismos que diseñan políticas para jóvenes no debería depender de un recorte presupuestario de emergencia. Debería ser, en cualquier Estado que se tome en serio su propia misión declarada, una exigencia estructural permanente.

Contenido de afiliado. VDI Inversiones es afiliado de FP Markets, broker regulado por ASIC (AFSL 286354) y CySEC (371/18). VDI Inversiones puede recibir una compensación si te registras a través de este enlace. El trading de CFDs implica un riesgo elevado de pérdida de capital y puede no ser adecuado para todos los inversores.