El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó de "vergüenza" la posición del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, que defiende una revisión caso por caso de los indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social, en lugar del indulto general que el PNL y los republicanos impulsan. "Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados", declaró Kaiser. Ramírez, por su parte, mantuvo el tono conciliador que esta cobertura ya documentó, descartando que la diferencia genere tensiones dentro del oficialismo y dejando abierta la puerta a evaluar el proyecto cuando ingrese formalmente al Congreso.

La frase que escala el tono de todo el debate

Esta cobertura ya documentó, hace pocos días, la posición de Guillermo Ramírez sobre este tema: "El indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo." Es una posición que, como ya se señaló en ese informe anterior, no rechaza el resultado final que republicanos y libertarios persiguen, sino el mecanismo: revisión individual en lugar de indulto automático y general.

La respuesta de Kaiser, sin embargo, no se limitó a discrepar de ese mecanismo con argumentos técnicos. Fue una descalificación directa y de alta intensidad emocional: "Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados." Es un salto retórico significativo respecto del tono que había caracterizado este debate hasta ahora: de una diferencia de criterio jurídico sobre el mecanismo más adecuado, a una acusación de que la posición de Ramírez equivale, en los hechos, a sostener deliberadamente la persecución de los propios uniformados.

El contexto que hace esta escalada más significativa

Esta declaración de Kaiser llega justo después de que, según ya documentó esta cobertura, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respaldara sin matices el proyecto de indulto general, y de que diputados republicanos anunciaran formalmente su apoyo a la iniciativa. Es decir, al momento de esta escalada, republicanos y libertarios ya estaban alineados en torno al mecanismo del indulto general, mientras la UDI —a través de su máxima autoridad— se mantenía como la única voz disonante dentro de la coalición de gobierno sobre este punto específico.

Eso convierte la reacción de Kaiser en algo más que una simple discrepancia de opinión: es la confirmación pública de que, en este tema específico, el bloque republicano-libertario ve a la UDI como un obstáculo real para avanzar con la fórmula que consideran correcta, y que esa frustración ha alcanzado un nivel de intensidad retórica que pocas veces se observa entre partidos que, en términos formales, integran la misma coalición de gobierno.

El marco institucional: Kast dispuesto, Rabat cauteloso

Conviene recordar el marco institucional en que se inscribe esta disputa. El Presidente Kast ya manifestó públicamente su disposición a utilizar la facultad presidencial de indultar a uniformados condenados por hechos del 18-O. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ofreció una formulación que se acerca más a la posición de Ramírez que a la de Kaiser: aseguró que cualquier decisión "se adoptará conforme al mérito de los antecedentes" de cada caso, lo que sugiere que el propio Ejecutivo, en su conducción institucional del tema, ya está inclinado hacia el criterio de revisión individual antes que hacia el indulto general automático.

Es un dato relevante para entender el verdadero peso político de la molestia de Kaiser: no se dirige únicamente contra Ramírez como dirigente de la UDI, sino, en los hechos, contra el criterio que el propio gobierno parece estar aplicando a través de su ministro de Justicia. Que Kaiser concentre su ira en el timonel gremialista, sin mencionar directamente la formulación de Rabat, podría leerse como una estrategia deliberada de presionar a un actor de la propia coalición sin confrontar todavía de manera frontal al Ejecutivo.

La respuesta de Ramírez: bajar las tensiones sin cambiar de posición

Pese a la dureza de la acusación de Kaiser, Ramírez mantuvo el mismo tono conciliador que ya caracterizó sus declaraciones anteriores sobre este tema. Valoró que el debate se haya instalado en la conversación pública y descartó explícitamente que la diferencia de criterio genere tensiones dentro del oficialismo. También rechazó la idea de que el gobierno haya incumplido algún compromiso de campaña en esta materia, recordando que la administración de Kast recién superó sus primeros cien días y todavía dispone de tiempo para avanzar en sus promesas.

Sobre el proyecto específico de indulto general impulsado por el PNL y los republicanos, Ramírez fue pragmático: señaló que la iniciativa será evaluada cuando ingrese formalmente al Congreso, y reconoció que, si esa alternativa termina siendo la única vía disponible para beneficiar a uniformados que permanecen presos, será un escenario que deberá ponderarse durante la discusión legislativa. Es una apertura que, sin abandonar su preferencia declarada por la revisión caso por caso, deja espacio para que, en la práctica parlamentaria, termine respaldando una fórmula distinta si las circunstancias lo requieren.

Lo que este episodio confirma sobre el patrón ya documentado en esta cobertura

Este cruce se suma al catálogo de fricciones internas de la coalición de gobierno que esta cobertura ya ha documentado extensamente: el cruce entre Romero y la UDI por los comentarios sobre Matthei, la disputa en el Ministerio de la Mujer, el fuego amigo dentro del propio Partido Republicano contra el jefe de asesores presidenciales, y ahora esta nueva escalada verbal entre el PNL y la UDI por el mecanismo del indulto a uniformados.

Lo distintivo de este episodio, sin embargo, es que no se trata de una disputa sobre poder, vocerías o susceptibilidades personales, sino sobre una diferencia de fondo respecto de cómo debe administrarse la justicia hacia quienes actuaron en nombre del Estado durante el estallido social, un tema de alta sensibilidad para el electorado de derecha en su conjunto. Que esa diferencia, en lugar de procesarse con el rigor técnico que merece, escale hacia acusaciones de "vergüenza" y de sostener deliberadamente la "persecución" de los uniformados, confirma que el patrón de descalificación personal por sobre el argumento de fondo, ya identificado en esta cobertura como una característica recurrente de la convivencia interna de esta coalición, no es exclusivo de las disputas con Chile Vamos: también se reproduce entre los propios aliados más cercanos al ala dura del oficialismo.