El 7° Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago condenó a nueve médicos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad colombiana, a penas de entre 12 y 21 años de presidio efectivo por liderar una red que emitió más de 80 mil licencias médicas falsas entre 2020 y 2022, generando un perjuicio estimado de $31.571.798.633 al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El Ministerio Público calificó la condena como histórica.

"Doctor Mitite": un tarifario público de licencias falsas

La organización operaba bajo la fachada de "Doctor Mitite", un centro médico fraudulento que ofrecía licencias médicas con tarifario abierto según la cantidad de días solicitados: 11 días por 30 mil pesos, 15 días por 40 mil, 21 días por 55 mil y 30 días por 70 mil. Las licencias se vendían directamente a través de redes sociales, sin respaldo clínico alguno.

La progresión del fraude, documentada por la Fiscalía, es elocuente sobre su escalada: en abril de 2020, las licencias emitidas por el líder de la red no superaban las 50; para 2021, la cifra ya superaba las 400 mensuales, y al cierre de ese año se habían emitido más de 1.700. En total, entre 2020 y 2022, la organización llegó a emitir más de 80 mil licencias médicas fraudulentas.

Los líderes: una pareja de médicos colombianos al centro de la trama

Samir Enrique Rivaldo Hernández, médico colombiano de la Universidad Simón Bolívar, llegó a Chile en 2019 como turista y, tras regularizar su situación profesional en 2020, instaló los centros de salud de fachada que dieron origen a la operación. Fue condenado a 21 años de presidio por fraude de subvenciones reiterado, emisión y tramitación de licencias falsas, asociación ilícita y lavado de activos.

Su pareja, también médica colombiana, Yésica María Donado Alvis, operó como su mano derecha en la coordinación de los centros médicos de fachada, emitiendo más de 9 mil licencias entre abril de 2021 y junio de 2022, por un total de 3.100 millones de pesos. Recibió idéntica condena: 21 años de presidio.

El resto de la red médica también fue condenado con penas severas: Ana Beatriz Toncel Peña, 16 años; Obed Urrea, 16 años; Yainer Olivero Álvarez, 15 años; Karen Cecilia Mejía, Lisney Loreth de la Hoz Orozco Cantillo y José Gnecco Cervantes, 13 años cada uno; y Jorge González Guerrero, 12 años.

Captadores y compradores: la cadena completa detrás del fraude

El tribunal también condenó a quienes captaban pacientes dispuestos a comprar licencias falsas: Rodrigo Campos recibió 17 años, Álvaro Gnecco 12 años, y Nancy y Javiera Verdejo 3 años cada una. Cuatro compradores de licencias falsas —Miguel Hidalgo, Luis Jeria, José Araya Barraza y Marcelo López— fueron condenados a 3 años y un día cada uno.

Bienes decomisados: propiedades, vehículos y cooperación con Colombia

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, valoró que el tribunal impusiera, además de las penas privativas de libertad, multas equivalentes al perjuicio específico causado individualmente por cada médico. Precisó que ya se han decomisado bienes en Chile —principalmente bienes raíces y vehículos— obtenidos mediante lavado de activos, además de más de mil millones de pesos incautados en cuentas corrientes de la asociación. El fiscal informó que también existen bienes en Colombia sujetos a comiso, y que la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional coordinará con su par colombiana para ejecutar esos activos.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que este caso confirma, con cifras y sentencias concretas, algo que hemos denunciado sistemáticamente respecto al Estado chileno: la enorme vulnerabilidad de sus sistemas de fiscalización frente al fraude organizado. Que una red liderada por un extranjero que llegó a Chile como turista lograra escalar, en apenas dos años, de 50 licencias mensuales a más de 80 mil licencias totales, con un perjuicio superior a los 31 mil millones de pesos, revela una falla estructural de control en Fonasa que va mucho más allá de la responsabilidad individual de los condenados.

Es revelador, además, que la organización operara con un tarifario público en redes sociales, sin mayor sigilo, durante un período de dos años completos antes de ser detectada y desarticulada. Ese es, precisamente, el "todo a vista y paciencia del Estado" que denunciamos en el titular: un fraude que no requirió sofisticación extraordinaria para sostenerse en el tiempo, simplemente aprovechó la ausencia de controles cruzados efectivos entre la emisión de licencias médicas y la fiscalización real del sistema público de salud.

Valoramos que el Ministerio Público haya logrado una condena que califica como histórica, con penas de hasta 21 años y decomiso de bienes tanto en Chile como en Colombia mediante cooperación internacional. Es exactamente el tipo de persecución penal sostenida y con resultados concretos que hemos exigido en otros casos de fraude al Estado, como el de la Beca Vocación de Profesor o los saldos sin movimiento detectados por Contraloría.

Lo que corresponde exigir

• Que Fonasa y el Ministerio de Salud revisen y fortalezcan de inmediato los mecanismos de validación cruzada para la emisión de licencias médicas, de modo que un fraude de esta escala y duración no vuelva a repetirse.
• Que se transparente públicamente cuánto del perjuicio de $31.571 millones ha sido efectivamente recuperado mediante el decomiso de bienes en Chile y Colombia.
• Que se investigue si existieron responsabilidades administrativas dentro del propio Fonasa por no haber detectado antes el patrón de crecimiento exponencial de licencias emitidas por esta red.
• Que se audite retroactivamente a otros centros médicos con patrones de emisión de licencias similarmente atípicos, para descartar la existencia de redes semejantes aún no detectadas.

Conclusión

Ochenta mil licencias médicas falsas, más de 31 mil millones de pesos defraudados a Fonasa, y dos años de operación sostenida con un tarifario público en redes sociales antes de ser desarticulada: el caso "Doctor Mitite" es, a la vez, una condena judicial ejemplar y una radiografía incómoda de cuán expuesto estuvo el sistema de salud pública chileno frente a una organización criminal que no necesitó sofisticación extrema para sustraerle al Estado una cifra multimillonaria. VDI Global seguirá de cerca la recuperación efectiva de estos fondos.