La Comisión de Hacienda del Senado despachó esta semana la megarreforma tributaria que impulsa el gobierno, con un diseño de invariabilidad tributaria escalonada por tramos de inversión, una tasa corporativa que se mantiene en 23% y un nuevo crédito a la contratación para la exportación de servicios basados en el conocimiento. Más allá de la estrecha votación que obtuvo en comisión —tres votos a favor y dos en contra, solo con el oficialismo— el contenido técnico del proyecto apunta en una dirección que la economía chilena necesita con urgencia: dar certeza jurídica de largo plazo a la inversión, en un momento en que el país compite por capitales con el resto de la región y el mundo.

Invariabilidad por tramos: un diseño más inteligente que el original

El cambio más relevante que introdujo la Comisión de Hacienda fue reemplazar la propuesta original —25 años de invariabilidad plana para toda inversión superior a US$50 millones— por un esquema escalonado en tres tramos: 10 años de invariabilidad para inversiones entre US$50 y US$100 millones, 15 años para aquellas entre US$100 y US$350 millones, y 20 años para los proyectos que superen los US$350 millones, todo ello acompañado de un pago adicional de 1,5% sobre el impuesto de primera categoría.

Este ajuste, resultado del acuerdo alcanzado con la bancada del PPD, es en rigor una mejora técnica sobre el diseño inicial. Un esquema por tramos permite calibrar el beneficio de la certeza tributaria según el tamaño real del compromiso de capital que asume el inversionista, evitando entregar el máximo beneficio de manera uniforme independientemente de la escala del proyecto. Es un diseño más parecido al que utilizan otras jurisdicciones que compiten activamente por inversión extranjera directa, donde los incentivos de estabilidad normativa se gradúan en función del riesgo y el volumen comprometido por el inversionista.

La invariabilidad tributaria no es un capricho técnico: es, en la práctica, la respuesta a uno de los principales reclamos del empresariado y de la inversión extranjera en los últimos años, que es la incertidumbre regulatoria y tributaria como freno a decisiones de inversión de largo plazo, particularmente en sectores intensivos en capital como minería, energía e infraestructura. Que el Ministerio de Hacienda haya definido que la invariabilidad comience a regir desde que el proyecto genere ingresos brutos —y no desde su aprobación formal— es además una salvaguarda razonable: evita que el beneficio se otorgue antes de que el proyecto efectivamente entre en operación y comience a tributar.

La tasa corporativa en 23%: el punto que sí generó fricción, y por qué el desenlace fue el correcto

El episodio más tenso de la negociación en comisión no fue la invariabilidad, sino un intento del propio Ejecutivo de bajar la tasa de impuesto a las empresas del 27% al 22%, en lugar del 23% que contemplaba el texto original acordado con el PPD. Esa modificación unilateral rompió momentáneamente el entendimiento con esa bancada, que interpretó el movimiento como una falta de buena fe en la negociación ya cerrada.

El gobierno terminó retrocediendo y manteniendo la baja en 23%, precisamente para no perder el respaldo del PPD. Desde una perspectiva de política económica, este desenlace es el correcto: una baja de la tasa corporativa desde el actual 27% hacia un nivel más competitivo internacionalmente es una señal necesaria para la atracción de inversión, pero la forma en que se intentó imponer —modificando unilateralmente un punto ya acordado— fue un error táctico que estuvo a punto de costarle al Ejecutivo el respaldo necesario para sacar adelante toda la reforma. La lección de este episodio es clara: la competitividad tributaria y la seriedad en la negociación política no son objetivos contrapuestos, sino que deben ir de la mano para que una reforma de esta magnitud logre la gobernabilidad necesaria para su aprobación e implementación.

Pese a haberse restablecido el acuerdo formal, persiste una fragilidad política relevante: los propios senadores del PPD en la Comisión de Hacienda, pese a haber negociado la fórmula del 23%, adelantaron que votarán en contra o se abstendrán cuando el proyecto llegue a la sala del Senado, argumentando que la negociación quedó "mediada por la falta de buena fe" del episodio previo. Esto anticipa que la aprobación en sala se dará por un margen estrecho, sin los votos de la oposición, lo que —aunque no impide el despacho de la ley— sí debilita la legitimidad política de una reforma que, por su naturaleza y horizonte de aplicación de hasta 20 años, se beneficiaría de un respaldo transversal más amplio.

El crédito al empleo focalizado: una apuesta correcta por los servicios basados en el conocimiento

Uno de los elementos más interesantes de la reforma, y que ha recibido menos atención mediática que la pelea por la tasa corporativa, es la creación de un crédito a la contratación equivalente al 15% de las remuneraciones atribuibles a actividad exportadora, dirigido específicamente a empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento —es decir, servicios sustentados en calificación técnica o profesional, uso intensivo de tecnología de la información o desarrollo tecnológico—, con incrementos adicionales para trabajadores contratados en regiones y en zonas rurales de la Región Metropolitana.

Este instrumento apunta correctamente a uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para una economía como la chilena: la exportación de servicios digitales y de conocimiento, que no depende de la extracción de recursos naturales y que genera empleo de alta calificación. El diseño técnico del beneficio —con un tope de 75 UTM por trabajador al año y un catálogo de servicios elegibles que definirá el Ministerio de Hacienda mediante decreto, previo informe del Ministerio de Economía— busca evitar que el incentivo se disperse hacia actividades que no cumplan con el objetivo de fomentar exportación de alto valor agregado.

El costo fiscal proyectado de esta medida es, además, notablemente más acotado de lo que contemplaba el proyecto original: se estima en US$150 millones hacia 2050, frente a los US$1.670 millones que preveía la versión inicial del articulado, una reducción de casi 93% en el costo fiscal de mediano plazo. Esto sugiere que el ajuste técnico del instrumento —focalizándolo mejor y acotando su alcance— permitió mantener el objetivo de fomento a la exportación de servicios sin comprometer de forma desproporcionada las arcas fiscales, un equilibrio que cualquier reforma tributaria seria debe buscar.

El punto pendiente: el impuesto específico a los combustibles

Uno de los frentes de tensión que persiste, y que probablemente resurgirá en la votación en sala, es la demanda del senador independiente-PPD Pedro Araya de reabrir la discusión sobre el impuesto específico a los combustibles como condición para retomar el diálogo con el Ejecutivo. El ministro de Hacienda fue categórico en cerrar esa puerta, argumentando que "la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo" y que ese impuesto específico "nunca ha estado arriba de la mesa".

Esta postura del Ejecutivo es, desde una perspectiva de disciplina fiscal, defendible: ceder en cada mesa de negociación a demandas sectoriales adicionales, por muy legítimas que sean en otros contextos, erosiona la capacidad del gobierno de mantener una trayectoria fiscal responsable, especialmente en un proyecto que ya contempla beneficios tributarios de largo alcance como la invariabilidad a 20 años para las inversiones más grandes. Ahora bien, esa misma firmeza fiscal debe ir acompañada de un manejo político que evite fracturas innecesarias con senadores cuyo voto puede ser decisivo en la votación final, algo que el episodio de la tasa corporativa ya demostró que no está garantizado.

Otros elementos aprobados: cobro de deudas de aseo y Fondo Común Municipal

La comisión también aprobó, únicamente con votos oficialistas, el cobro de las deudas de derechos de aseo, medida que generó críticas de la oposición por su potencial impacto en los sectores de menores recursos, lo que motivó que la senadora Karol Cariola solicitara al Ministerio de Hacienda antecedentes sobre quiénes serían los más afectados por esta norma. Asimismo, se aprobó el reemplazo del aporte adicional al Fondo Común Municipal —hasta ahora fijado anualmente mediante la Ley de Presupuestos— por un mecanismo permanente establecido en la Ley de Rentas Municipales, equivalente a 1.500.000 UTM anuales, lo que otorga mayor previsibilidad de financiamiento a los municipios del país, un cambio estructural que reduce la discrecionalidad presupuestaria año a año.

Lo que viene: la sala del Senado y el riesgo del Tribunal Constitucional

El proyecto está previsto para ser analizado por la sala del Senado este miércoles, aunque existe la posibilidad de que la votación se adelante a este martes, según lo señalado por el vicepresidente del Senado. La oposición ya anunció que presentará una reserva de constitucionalidad, lo que anticipa que el proyecto podría terminar siendo revisado por el Tribunal Constitucional una vez aprobado, un paso que agregaría incertidumbre adicional al cronograma de implementación de una reforma cuyo principal atractivo, precisamente, es entregar certeza de largo plazo a los inversionistas.

Conclusión: una reforma técnicamente sólida que necesita blindaje político

El diseño final que salió de la Comisión de Hacienda —invariabilidad escalonada según el tamaño de la inversión, una tasa corporativa competitiva en 23%, y un crédito al empleo focalizado en servicios de alto valor agregado— constituye un paquete técnicamente razonable para el objetivo declarado de traer de vuelta la inversión y el crecimiento a la economía chilena. El riesgo mayor no está en el contenido de la reforma, sino en su fragilidad política: una aprobación por márgenes estrechos, sin respaldo transversal, y con una eventual revisión en el Tribunal Constitucional, son factores que podrían terminar erosionando justamente la certeza jurídica de largo plazo que la reforma busca ofrecer a quienes inviertan en Chile durante las próximas dos décadas.