MOROSOS QUE SE SIENTEN VÍCTIMAS: EL DESCARO DE QUIEN DEBE, PUEDE PAGAR Y ELIGE NO HACERLO

Subtítulo: Kast respaldó los embargos de la TGR a deudores del CAE con un argumento que ningún político chileno había tenido el coraje de formular con esa claridad: los niños que no tienen jardines infantiles financiados son el costo del impago universitario. La Coordinadora de Deudores respondió acusando "criminalización" y declarándose "víctimas." El cinismo de esa respuesta merece ser analizado sin anestesia.

Hay una escena que el presidente Kast construyó en Tocopilla el lunes 8 de junio y que merece ser guardada en la memoria colectiva de Chile. Frente a los micrófonos, señalando al grupo de niños de un coro que acababa de ver actuar, dijo: "Estos niños necesitan un futuro y ese futuro requiere recursos. Y aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo hacerlo, bueno, que piense en estos niños."

Es una frase que en la política chilena contemporánea, acostumbrada a la comodidad del eufemismo, resulta casi revolucionaria en su directitud. No habla de "reajuste fiscal." No habla de "racionalización del gasto." Habla de la relación concreta entre el dinero que no se cobra a quien puede pagar y el niño que no tiene jardín infantil porque ese dinero no llegó.

La Coordinadora de Deudores del CAE respondió a esas declaraciones con una afirmación que resume perfectamente la operación cultural que subyace a todo este debate: "Somos víctimas." Y añadió que el presidente los está "criminalizando."

Víctimas. Esa palabra merece ser detenida y examinada.

¿DE QUÉ SON VÍCTIMAS LOS DEUDORES DEL CAE?

La respuesta honesta a esa pregunta tiene varias capas y no todas apuntan en la misma dirección.

Hay deudores del CAE que genuinamente son víctimas de un sistema mal diseñado. Estudiantes de primera generación en educación superior que ingresaron a carreras que el mercado laboral no absorbió bien, que se graduaron con sueldos insuficientes para enfrentar una deuda que con los intereses acumulados supera con creces lo que originalmente pidieron prestado. Para esos casos, la complejidad del debate es real y merece una respuesta de política pública que vaya más allá del simple embargo.

Pero ese no es el caso que la Coordinadora de Deudores del CAE está describiendo cuando dice "somos víctimas." La coordinadora habla de las personas que recibieron el crédito, que terminaron sus estudios, que están trabajando —en muchos casos en empleos que ese título universitario financiado por el Estado les permitió obtener— y que dejaron de pagar sus cuotas, en buena medida porque el gobierno de Boric les prometió que la deuda sería condonada.

Esas personas no son víctimas del sistema del CAE. Son, en el mejor de los casos, víctimas de una promesa política irresponsable que nunca se cumplió. Y en el peor de los casos, son personas que tomaron una decisión racional —si me van a condonar la deuda, no la pago— y que ahora enfrentan las consecuencias de esa decisión.

Llamarse "víctimas" en ese contexto es apropiarse de una categoría que pertenece a quienes genuinamente no tienen otra opción. Es una operación retórica que mezcla casos reales de vulnerabilidad con casos de incumplimiento deliberado, y que usa la mezcla para reclamar exención de consecuencias para todos.

EL ARGUMENTO DE LA "CRIMINALIZACIÓN": LO QUE ESCONDE

La acusación de "criminalización" que hace la Coordinadora de Deudores merece también ser desempaquetada.

¿Qué significa criminalizar a alguien? Significa tratarlo como si hubiera cometido un delito cuando no lo ha cometido. Significa usar el aparato penal del Estado para perseguir conductas que deberían ser tratadas como cuestiones civiles o administrativas.

El embargo de una cuenta bancaria por deuda con el Estado no es una acción penal. No hay cargos criminales. No hay arresto. No hay registro en el Registro Civil como antecedente penal. Es una acción civil de cobro forzado de una deuda reconocida, usando el mecanismo legal que el sistema establece para ese fin.

Si el deudor del CAE tiene una deuda con la TGR y no la paga voluntariamente, el Estado tiene el derecho —y la obligación legal— de usar el mecanismo de embargo para hacer efectivo ese cobro. Eso no es criminalización. Es el funcionamiento normal del derecho civil de obligaciones en cualquier sistema legal del mundo.

Lo que la coordinadora está haciendo al usar la palabra "criminalización" es intentar trasladar el debate del terreno jurídico —donde los deudores no tienen argumentos sólidos— al terreno moral y emocional, donde la imagen del embargo es más fácil de presentar como injusticia. Es una operación retórica hábil. No es honesta.

KAST Y LOS NIÑOS: EL ARGUMENTO QUE NADIE QUERÍA DECIR

La fuerza del argumento que Kast construyó en Tocopilla no está en el embargo en sí mismo. Está en la conexión que establece entre dos realidades que el debate público chileno tiende a mantener separadas: el impago universitario y el subfinanciamiento de la educación temprana.

Kast lo dijo con una claridad que merece ser reproducida en extenso: "Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al desarrollo y progreso de la nación si es que es un crédito que dio el Estado en base a los impuestos que recaudó. Vas a tener que optar por dar educación superior o dar educación en primera infancia."

Y luego añadió la autocrítica histórica que ningún gobierno anterior había formulado: "Se hizo una opción y claro, se optó por la educación superior porque había que potenciar nuestro capital humano, pero quizá desprotegimos a los más pequeños no dando los recursos necesarios."

Esas palabras no son retórica de campaña. Son la descripción precisa de un trade-off real que el sistema educativo chileno ha enfrentado durante décadas sin nombrarlo. El dinero que fue al CAE —a financiar educación superior para personas que en muchos casos terminaron en sueldos medios o altos— es dinero que no fue a jardines infantiles, a educación preescolar, a programas de primera infancia que la evidencia internacional muestra que tienen el mayor retorno social por peso invertido.

La ministra Arzola lo cuantificó antes: el ajuste anual equivale a entre 200 y 300 millones de dólares. Es decir, el impago del CAE le cuesta al sistema de primera infancia chileno entre 200 y 300 millones de dólares anuales que no llegan a los niños más pequeños y más vulnerables del país.

Cuando la Coordinadora de Deudores dice "somos víctimas", está ignorando a esos niños. Está poniendo su propia comodidad financiera —la de personas con títulos universitarios y empleos formales— por encima de los jardines infantiles de los hijos de quienes no tuvieron acceso a la educación superior que el CAE financió.

Ese es el descaro que el titular de este informe nombra sin eufemismos.

LA PROMESA DE BORIC Y LA RESPONSABILIDAD PERSONAL

Kast fue explícito sobre el factor político que agravó la morosidad del sistema: "Una cosa es el mensaje que pueda mandar alguien desde la política, pero cada uno es responsable de sus propios actos."

Es la referencia directa a la promesa de condonación del gobierno de Boric. Esa promesa tuvo un efecto previsible y documentado: miles de deudores que venían pagando sus cuotas regularmente decidieron dejar de hacerlo, esperando un borrón y cuenta nueva que nunca llegó. La morosidad estructural del sistema se agravó artificialmente por una señal política irresponsable.

La Coordinadora de Deudores usa ese antecedente como exculpación total: si Boric prometió y no cumplió, nosotros somos víctimas de esa promesa y no debemos pagar. Es una lógica que tiene un componente real —la promesa existió y generó expectativas legítimas— y un componente que no resiste el análisis.

El componente que no resiste el análisis es el siguiente: la promesa de Boric no extinguió la deuda legal. La deuda siguió existiendo como obligación jurídica independientemente de lo que dijo el candidato en campaña. Un candidato no tiene poder legal para condonar deudas con el Estado mediante una declaración de campaña. Quien dejó de pagar basándose en esa promesa tomó una decisión de riesgo —apostar a que la promesa política se convertiría en legislación— y ese riesgo resultó desfavorable.

Eso no es una injusticia del sistema. Es el resultado de una apuesta que no salió bien. Y las apuestas que no salen bien tienen consecuencias.

LO QUE EL GOBIERNO ESTÁ HACIENDO BIEN Y LO QUE DEBE MEJORAR

La posición de fondo del gobierno de Kast sobre el CAE es correcta. Las deudas deben pagarse. El Estado no puede tolerar indefinidamente el impago de un sistema de crédito educativo que cuesta cientos de millones de dólares anuales en recursos que no llegan a donde más se necesitan.

Hay dos cosas que el gobierno está haciendo bien. La primera es cobrar. La segunda es ofrecer alternativas de renegociación para quienes genuinamente no pueden pagar.

Hay dos cosas que debe mejorar. La primera es la comunicación previa: los embargos masivos sin campaña de información suficiente generan el escándalo de las cuentas vaciadas en el supermercado que fue el combustible para la narrativa de las "víctimas." Una mejor comunicación preventiva habría reducido ese impacto. La segunda es la diferenciación: los casos de deudores con ingresos genuinamente insuficientes merecen un tratamiento específico distinto al de quienes pueden pagar y no pagan.

El gobierno ha reconocido parcialmente esos problemas y ha ajustado el proceso. Eso es lo correcto.

Lo que no es correcto es la respuesta de la Coordinadora de Deudores. Llamarse víctimas cuando se tiene título universitario, se está empleado formalmente y se dejó de pagar una deuda real esperando una condonación política que no llegó, no es denuncia de injusticia. Es una operación de evasión de responsabilidad personal que la sociedad chilena no tiene por qué validar.

Kast dijo que hay que pensar en los niños del coro. Tiene razón. Esos niños no tienen lobby. No tienen coordinadora. No salen a las redes sociales a hablar de sus "derechos." Solo esperan que el dinero del Estado llegue a su jardín infantil. Y mientras los morosos que pueden pagar sigan sin hacerlo, ese dinero no llega.

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