MUY GRAVE: LA IZQUIERDA AMENAZA DE MUERTE A LA DIPUTADA RODRÍGUEZ POR HABLAR EN LA U. DE CHILE — Y ELLA VA DE TODAS FORMAS

El viernes 29 de mayo de 2026, la diputada Javiera Rodríguez del Partido Republicano acudió a las dependencias de la Brigada del Cibercrimen de la PDI para interponer una denuncia formal. El motivo: amenazas de muerte explícitas recibidas en sus redes sociales después de confirmar su participación en un foro sobre liderazgo estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La diputada lo describió con la precisión que el caso exige: "Me encuentro, lamentablemente, en la Policía de Investigaciones para hacer una denuncia por amenazas de muerte. Este viernes haré una charla en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, sobre el liderazgo estudiantil universitario. Y entre todos los comentarios recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk, quien fue un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad."

La referencia a Charlie Kirk es el elemento más grave de todo el episodio. No es una amenaza genérica de las que circulan en redes sociales como ruido de fondo ideológico. Es una amenaza que invoca explícitamente el asesinato de un activista político durante una conferencia pública como el destino que debería tener la diputada por hacer exactamente lo mismo: dar una charla en una universidad defendiendo ideas que la izquierda no quiere escuchar en sus espacios.

Desde Israel, donde VDI Global opera y donde el terrorismo político — en sus distintas formas y escalas — no es una categoría abstracta sino una amenaza documentada contra la vida democrática, esto es muy grave. No por su escala — que es la de una amenaza en redes sociales, no la de un atentado consumado. Sino por lo que revela sobre el estado de la cultura política de una izquierda que considera que una diputada electa democráticamente no debería poder hablar en una universidad pública sin que su vida sea amenazada.

La Facultad de Derecho de la U. de Chile: el territorio que la izquierda considera propio

Para entender por qué este episodio tiene la dimensión que tiene, hay que ubicarlo en su contexto específico. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no es cualquier espacio universitario. Es históricamente uno de los epicentros del pensamiento jurídico progresista chileno. Sus aulas han formado a generaciones de abogados que luego fueron ministros, parlamentarios y dirigentes de los partidos que hoy integran la oposición al gobierno Kast.

Que una diputada republicana — hija de dos carabineros, conocida como "La Capitana Rodríguez", fundadora de una organización de liderazgo femenino, ganadora de 25.145 votos en el Distrito 9 de la Región Metropolitana en noviembre de 2025 — haya sido invitada a dar una charla sobre liderazgo estudiantil en ese espacio es una señal positiva de apertura institucional. Y que esa invitación haya generado amenazas de muerte explícitas en sus redes sociales es la señal más clara posible de que hay sectores de la izquierda chilena que no conciben la universidad pública como un espacio plural. La conciben como un territorio ideológico que debe ser defendido de la contaminación del pensamiento disidente.

Esa concepción — la universidad como bunker ideológico, no como espacio de debate — es incompatible con cualquier definición seria de democracia liberal. Y quienes la sostienen con amenazas de muerte deben ser identificados, procesados y condenados con toda la fuerza del Estado de derecho.

La respuesta de la diputada: el valor que la democracia necesita

La reacción de Javiera Rodríguez ante las amenazas merece ser subrayada porque es exactamente la actitud que la democracia necesita de sus representantes cuando son objeto de intimidación política. No canceló la charla. No pidió protección policial para no ir. No convirtió el episodio en una excusa para alejarse de los espacios donde su presencia incomoda.

Dijo lo contrario: "La verdad es que todas estas cosas a mí no me dan miedo ni me amedrentan, al contrario, me hacen seguir luchando por las ideas que creo y pienso. Así que voy a seguir dando charlas, voy a asistir a esta actividad y a todas las que me inviten, porque creo que la defensa de la libertad no tiene descanso."

Y remató con la frase más importante del episodio: "Muchas gracias por el apoyo y también a todos quienes también defienden las ideas de la libertad y están haciendo un trabajo increíble en las universidades y colegios, dando la cara a una izquierda que busca amedrentar y amenazar a quien piensa distinto. Vamos con todo y vamos a seguir haciendo patria en todos los espacios que Chile requiera."

Esa actitud merece ser reconocida sin reservas. La intimidación política funciona cuando logra su objetivo: que la persona amenazada cancele, se retire o reduzca su presencia pública. Cuando no lo logra — cuando la persona amenazada va de todas formas, denuncia ante la PDI y anuncia que seguirá yendo a todos los espacios donde sea invitada — la amenaza fracasa como instrumento de control político. Rodríguez le quitó a sus amenazantes el único resultado que buscaban.

El patrón sistemático: la izquierda y el amedrentamiento en universidades

Este episodio no ocurre en el vacío. Se inscribe en un patrón documentado de amedrentamiento político en espacios universitarios chilenos que lleva años operando contra figuras que no comparten la visión de la izquierda dominante en esos espacios. Desde las tomas feministas de 2018 — donde la propia Rodríguez, entonces estudiante de la PUC, recibió amenazas, rayos láser y escupitajos por su posición política — hasta este foro de liderazgo en la U. de Chile en mayo de 2026, el método es el mismo: generar suficiente intimidación para que quien piensa distinto decida que no vale la pena el costo personal de aparecer.

La diferencia con 2018 es que ahora la persona amenazada es una diputada de la República. Una representante electa democráticamente por 25.145 ciudadanos del Distrito 9. Amenazar de muerte a una diputada por dar una charla en una universidad pública no es activismo político. Es un delito grave que la PDI debe investigar con toda la contundencia disponible y la Fiscalía debe procesar con la misma urgencia que aplicaría a cualquier amenaza de muerte contra cualquier ciudadano.

Lo que el gobierno Kast debe exigir

El gobierno tiene una obligación en este episodio que va más allá de la solidaridad verbal con la diputada Rodríguez. La PDI inició las diligencias para rastrear el origen de las cuentas digitales desde donde se emitieron los mensajes. Bien. Lo que el gobierno debe exigir es que esas diligencias se completen con urgencia, que los responsables sean identificados e imputados y que el resultado sea público.

Las amenazas de muerte contra figuras políticas por el ejercicio de su función pública — dar charlas, participar en foros, defender ideas en espacios universitarios — son un delito contra la democracia misma. Que ocurran en el contexto de una universidad pública financiada por el Estado chileno agrava la responsabilidad institucional de esa universidad de garantizar que sus espacios sean seguros para el debate plural.

La U. de Chile tiene una oportunidad aquí: respaldar públicamente la charla de la diputada Rodríguez, condenar las amenazas sin ambigüedades y demostrar que su compromiso con la pluralidad no es retórico. Si la universidad guarda silencio, el silencio dirá más sobre la cultura institucional de ese plantel que cualquier declaración de valores que publique en su sitio web.

Javiera Rodríguez va a dar su charla. Con todo. Y VDI Global lo registra con el reconocimiento que merece.

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