NIÑOS HAITIANOS SIN RASTRO EN CHILE: EL ESCÁNDALO MIGRATORIO QUE EL GOBIERNO DE BORIC NO QUISO VER

Hay informes que incomodan por lo que revelan. Y hay informes que aterran por lo que implican. El preinforme reservado de la Contraloría General de la República sobre el ingreso masivo de niños haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar pertenece a la segunda categoría.

Lo que la Contraloría documentó no es una falla administrativa menor. No es un error de formulario ni una descoordinación burocrática. Es un patrón sistemático de ingreso de cientos de menores de edad al país sin verificación efectiva de quién los traía, sin validación de los vínculos familiares declarados, sin controles en los domicilios de destino, y con al menos un caso documentado en que tres niños viajaron a Chile en un vuelo chárter cuyo supuesto tutor había muerto un mes antes de que partieran.

Y ocurrió durante el gobierno de Gabriel Boric. Con vuelos autorizados por las instituciones de ese gobierno. Con un sistema migratorio que descansó en información declarada por los propios interesados sin controles efectivos de validación. Con adultos que figuraban a cargo de grupos de niños en distintos vuelos sin que nadie preguntara quiénes eran ni por qué tenían tantos menores a su cargo.

El resultado: niños haitianos que ingresaron a Chile y que la Contraloría no pudo ubicar en los domicilios declarados. Niños sin rastro. En Chile.

Los números que no admiten relativización

Los datos del preinforme son concretos y verificables. De las 2.792 personas que ingresaron a Chile por reunificación familiar en el período analizado, 1.476 lo hicieron en vuelos chárter —vuelos no regulares, organizados fuera de los circuitos habituales de transporte comercial, con autorización de la DGAC y la PDI.

Al examinar una muestra de 366 personas que ingresaron en esos vuelos no regulares, 333 correspondían a niños, niñas y adolescentes. Es decir, el 91% de los pasajeros en esa muestra eran menores de edad. Ese no es un flujo de reunificación familiar. Eso es un puente aéreo de menores.

Las aerolíneas identificadas en estas operaciones incluyen Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines. Esta última operó un Boeing 737 que aterrizó en Chile en octubre de 2025, en plena campaña presidencial, con múltiples irregularidades documentadas: falta de listado de pasajeros, menores sin documentación vigente y ausencia de validación del adulto acompañante. Al menos 44 menores viajaron en ese vuelo bajo la figura de reunificación familiar.

Nadie pagó las consecuencias de eso durante el gobierno de Boric.

El caso que lo dice todo: tres niños cuyo tutor estaba muerto

Entre los antecedentes que la Contraloría revisó, hay uno que merece especial atención porque es el más difícil de explicar como negligencia accidental.

El 13 de febrero de 2025, las autoridades chilenas aprobaron permisos de reunificación familiar para tres niños haitianos. Los permisos fueron solicitados por su padre, quien residía en Chile. El trámite fue procesado entre Chile y Haití siguiendo los canales formales. Los permisos fueron aprobados.

El problema: ese padre había muerto un mes antes de que los niños viajaran.

Cuando los tres menores llegaron al aeropuerto en el vuelo chárter, su supuesto tutor estaba muerto. No hubo alertas. No hubo protocolos. No hubo coordinación institucional que detectara la inconsistencia. Los niños igual viajaron.

¿A dónde fueron esos niños cuando llegaron a Chile? ¿Quién los recibió? ¿Dónde están hoy? El informe de la Contraloría no pudo responder esas preguntas porque no pudo ubicarlos.

El patrón del adulto responsable: una pregunta que nadie hizo

Uno de los hallazgos más inquietantes del preinforme apunta a la figura del adulto responsable en estos vuelos. En los registros examinados, la Contraloría detectó personas que aparecían a cargo de múltiples menores en distintos vuelos, sin que se verificara de forma rigurosa el vínculo familiar o legal con ninguno de ellos.

La misma fuente consultada por BioBioChile describió el patrón con una imagen que resulta escalofriante en su contexto: parecía una gira de estudio, cuando llega a otro país un profesor con un par de apoderados y una lista de niños. Solo que aquí el contexto era brutalmente distinto.

Un adulto. Múltiples niños. Distintos vuelos. Sin verificación de vínculos. Sin preguntas de las autoridades.

Ese patrón tiene un nombre en la terminología internacional de protección infantil: es consistente con esquemas de facilitación migratoria o tráfico de menores. No significa que todos los casos sean tráfico. Significa que sin controles efectivos, el sistema no puede distinguir la reunificación familiar legítima del tráfico organizado. Y el gobierno de Boric decidió operar sin esos controles.

La responsabilidad institucional del gobierno de Boric

El mecanismo de reunificación familiar existe en la ley chilena y tiene propósitos legítimos. No es el problema. El problema es cómo fue administrado durante el gobierno de Boric: sin verificación efectiva de vínculos, sin validación de domicilios, sin protocolos ante inconsistencias documentales, y con una disposición institucional que priorizó la fluidez del proceso por sobre la protección de los menores involucrados.

El Servicio Nacional de Migraciones no verificó los datos autorreportados por los solicitantes. La PDI no validó los vínculos en todos los casos. La DGAC autorizó los vuelos. Las embajadas procesaron los trámites. Todo el aparato del Estado funcionó —pero funcionó para dejar pasar, no para proteger.

Eso no es una falla de un funcionario. Es una falla de diseño institucional que requiere responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades corresponden al gobierno que diseñó y administró ese sistema: el gobierno de Gabriel Boric.

Lo que el gobierno de Kast debe hacer

El gobierno de Kast tiene ante sí una agenda urgente en esta materia que va más allá de las declaraciones de indignación.

Primero: la Fiscalía debe iniciar una investigación penal de oficio. Los antecedentes documentados por la Contraloría —menores sin rastro, adultos con vínculos no verificados a cargo de grupos de niños, permisos aprobados para niños cuyo tutor estaba muerto— son suficientes para iniciar una investigación por tráfico de menores sin esperar una denuncia formal.

Segundo: el Servicio Nacional de Migraciones debe auditar la totalidad de los casos de reunificación familiar del período, con foco en los vuelos chárter identificados, para determinar el paradero actual de cada menor que ingresó bajo ese mecanismo.

Tercero: los funcionarios que autorizaron los vuelos y procesaron los permisos sin verificación efectiva deben ser identificados e investigados disciplinariamente.

Cuarto: el mecanismo de reunificación familiar debe ser rediseñado con controles efectivos, verificación independiente de vínculos y protocolos obligatorios ante inconsistencias documentales, antes de que vuelva a operar a escala.

Lo que no puede ocurrir es que este informe de la Contraloría siga la trayectoria habitual del escándalo gestionado en Chile: explosión pública, comisión, ajustes anunciados, y archivo silencioso. Hay niños sin rastro. Eso no se archiva.

Una última pregunta que Chile debe hacerse

Hay una dimensión de este caso que trasciende la gestión migratoria y toca algo más profundo: ¿cómo es posible que un gobierno que se presentó como defensor de los derechos humanos y de las poblaciones vulnerables haya administrado el ingreso de cientos de menores extranjeros al país con controles tan deficientes que hoy no puede dar cuenta de su paradero?

La respuesta incómoda es que la ideología de la apertura migratoria —legítima en sus principios— fue aplicada sin los controles que la protección efectiva de los más vulnerables requiere. Y los más vulnerables en este caso no son los adultos que gestionaron los trámites. Son los niños que viajaron en vuelos chárter acompañados por adultos cuya relación con ellos nadie verificó.

Esos niños merecen que el Estado chileno los encuentre. Todos. Sin excepción.