NO SE SALVA UN COMUNISTA: TRIBUNAL DECLARA ADMISIBLE QUERELLA POR FRAUDE AL FISCO CONTRA IRACÍ HASSLER — LA EXALCALDESA DEL PC QUE COMPRÓ CON PLATA PÚBLICA LO QUE NO PODÍA COMPRAR
El jueves 4 de junio de 2026, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler, militante del Partido Comunista y actual diputada, por el delito de fraude al fisco. La querella está dirigida nominativamente contra ella y contra "todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos perpetrados en el marco de la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella."
El tribunal ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que resuelva la pertinencia de las diligencias pedidas. La investigación penal comienza.
Para quienes no han seguido el caso en detalle, VDI Global lo reconstruye con precisión. Porque lo que ocurrió en la Municipalidad de Santiago durante la gestión de Hassler no es una irregularidad administrativa menor: es, según la Contraloría General de la República, "una cadena de actos manifiestamente ilegales" con "vulneración al principio de probidad administrativa" y "responsabilidad administrativa" de la exalcaldesa. Eso no lo dice VDI Global. Lo dice la Contraloría. Y ese informe — la resolución exenta Nº RE14499/2026 — es uno de los antecedentes clave presentados por el municipio para fundar la querella que el tribunal acaba de declarar admisible.
La Sierra Bella: lo que Hassler intentó comprar y cómo lo hizo
La exclínica Sierra Bella es un inmueble ubicado en la comuna de Santiago cuya adquisición Hassler impulsó durante su gestión como alcaldesa. El proyecto de compra, que ascendió a $8.252.873.341 — más de ocho mil doscientos cincuenta millones de pesos — terminó siendo una "fallida adquisición" que dejó al municipio con daño patrimonial, con responsabilidades administrativas establecidas por la Contraloría y ahora con una querella criminal admitida por el tribunal.
Los hechos concretos que la Municipalidad de Santiago acusa en su querella — y que el tribunal estimó suficientes para declararla admisible — son los siguientes.
Primero: el decreto de pago N° 187 fue emitido de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Un pago de esa magnitud requiere respaldo documental previo. Se pagó sin él.
Segundo: el decreto alcaldicio N° 810 — que autorizaba la compra por los más de $8.250 millones — fue firmado por Hassler omitiendo "deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal." Ese visto bueno no es un trámite burocrático menor: es el mecanismo diseñado específicamente para garantizar el "examen previo de legalidad de todo acto administrativo." Hassler lo omitió deliberadamente. Eso es lo que el municipio acusa y lo que la Contraloría había calificado previamente como parte de una "cadena de actos manifiestamente ilegales."
Tercero: la Municipalidad acusa que se otorgó un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora — redactado en colaboración con exfuncionarios municipales. Es decir, funcionarios del municipio colaboraron en la preparación de un mandato que favorecía a la contraparte en la transacción. La gravedad de ese hecho en términos de conflicto de interés institucional no requiere elaboración.
Cuarto y más grave en términos de consecuencias: esa "grave negligencia" — en palabras del propio municipio — permitió a la contraparte intentar forzar la inscripción del inmueble ante el Conservador de Bienes Raíces, "haciendo caso omiso por más de cien días de la instrucción expresa de abstención que había dictado la Contraloría General de la República." Es decir, la Contraloría había dicho expresamente que el proceso debía detenerse. La parte vendedora ignoró esa instrucción durante más de cien días intentando consumar la inscripción. Y eso fue posible porque el mandato que se les había dado les permitía actuar.
La Contraloría habló primero: el antecedente que el PC no puede ignorar
La resolución exenta Nº RE14499/2026 de la Contraloría General de la República es el antecedente más poderoso de esta causa. La CGR — que no es un órgano político sino el principal organismo de control administrativo del Estado chileno — determinó con anterioridad que el proceso de compraventa estuvo marcado por una "cadena de actos manifiestamente ilegales" y una "vulneración al principio de probidad administrativa por parte de funcionarios", y estableció la "responsabilidad administrativa" de Hassler.
Cuando la Contraloría habla de "cadena de actos manifiestamente ilegales", no está usando lenguaje moderado. Está diciendo que los actos que se realizaron no estaban en una zona gris de interpretación administrativa: eran ilegales de manera manifiesta, es decir, evidente, sin necesidad de análisis jurídico sofisticado para reconocerlo.
Y cuando establece "responsabilidad administrativa" de Hassler, está señalando que la exalcaldesa no es solo titular del cargo donde ocurrieron las irregularidades: es responsable de ellas.
Ese antecedente —junto a los demás documentos presentados por el municipio— fue suficiente para que el Séptimo Juzgado de Garantía declarara la querella admisible. El tribunal estimó que hay mérito suficiente para que el Ministerio Público investigue. Eso no es una condena. Pero es el inicio formal de un proceso penal contra una militante del PC que hoy es diputada y que durante su gestión como alcaldesa de Santiago presuntamente firmó decretos omitiendo controles de legalidad, autorizó pagos sin respaldo documental y permitió que se entregara un mandato a la contraparte de una transacción que luego violó instrucciones expresas de la Contraloría.
Hassler diputada: la inmunidad que el PC puede intentar usar
Hay un elemento procesal que merece ser anticipado: Irací Hassler es hoy diputada de la República. En Chile, los parlamentarios tienen fuero constitucional que impide su detención o procesamiento sin que la Corte de Apelaciones correspondiente lo autorice mediante un desafuero. Si la investigación del Ministerio Público avanza hacia una formalización, el proceso de desafuero será el próximo escollo.
El PC y la izquierda en general conocen ese mecanismo y saben cómo usarlo políticamente: presentar cualquier proceso de desafuero como "persecución política" y movilizar a sus parlamentarios para oponerse al mismo independientemente del mérito jurídico del caso. Es la misma lógica que usan cuando cualquier figura de su sector enfrenta consecuencias legales: la narrativa de víctima se activa inmediatamente.
Pero aquí el contexto es difícil de torcer. La Contraloría ya estableció responsabilidad administrativa. El municipio — ahora bajo conducción diferente — presentó una querella con documentación sólida. El tribunal la declaró admisible. No estamos ante una acusación política sin sustento: estamos ante un expediente que incluye actos documentados, una resolución de la Contraloría calificándolos como manifiestamente ilegales y ahora un tribunal que estimó que hay mérito para investigar penalmente.
El PC y el estándar que exige a los demás
VDI Global lo dice con la claridad que corresponde: el Partido Comunista de Chile ha sido durante años uno de los actores más activos en exigir transparencia, probidad y rendición de cuentas al gobierno de Kast y a la derecha en general. Camila Vallejo — ministra del PC en el gobierno de Boric — hoy da discursos en Madrid sobre "honestidad política." El PC denuncia la "concentración del poder económico" y la "gestión al servicio de los ricos."
Y Irací Hassler — militante del mismo partido, exalcaldesa de la capital del país — enfrenta una querella admitida por presuntamente haber omitido deliberadamente controles de legalidad para firmar la compra de un inmueble por más de ocho mil millones de pesos con fondos municipales, en un proceso que la Contraloría calificó de "manifiestamente ilegal."
El estándar que el PC exige a los demás es exactamente el que no puede cumplir con los suyos. Eso no es ideología de izquierda en acción. Es la política del poder sin consecuencias que el PC practica donde llega a gobernar.
La posición de VDI Global
No se salva un comunista. Al menos no este jueves. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por fraude al fisco contra Irací Hassler. La Contraloría ya habló. El municipio presentó la documentación. El tribunal estimó que hay mérito. El Ministerio Público investiga. Lo que venga después — desafuero, formalización, juicio — dependerá de cómo avance la investigación. Pero el inicio de este proceso penal es en sí mismo una señal: en Chile, las instituciones funcionan. Aunque lentamente. Aunque con obstáculos. Aunque el PC intente convertir cada consecuencia legal en persecución política.
Las conductas tienen consecuencias. Eso es exactamente lo que el gobierno de Kast está instalando como principio. Y aplica para todos. Incluidas las alcaldesas del PC.
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